¿Una tregua en el choque de poderes?
Las acciones de un grupo de fiscales que no habrían impedido el presunto asesinato de 200 personas fue el inicio de una disputa entre el presidente y el titular del Ministerio Público.
Miembros del Clan del GolfoAutodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
La Fiscalía de Colombiana finalmente atendió la solicitud que le hiciera reiteradas veces el presidente Gustavo Petro, quien solicitó a la dependencia que proporcionase información de sus acciones en contra del grupo criminal Clan del Golfo.
El organismo dio a conocer este viernes que ya notificó al Ejecutivo sobre ese caso, que ha generado un choque de poderes avivado en las últimas semanas.
En un comunicado publicado en sus redes, el Ministerio Público manifestó que ofreció respuesta al requerimiento hecho por el Gobierno, a través del ministro de Justicia. Sin embargo, hizo algunas salvedades sobre las líneas investigativas que siguió.
El Ejecutivo pidió acceder a la información sobre las acciones del ente acusador contra el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), en la costa norte del país.
Hace un mes, el mandatario publicó un trino donde se refería a la denuncia que hizo en 'La Nueva Prensa' el periodista Gonzalo Guillén, quien sostiene que un grupo de fiscales del Ministerio Público supuestamente conocía una lista con los nombres de 200 personas que serían ultimadas por el Clan del Golfo. Según la investigación periodística, los funcionarios públicos no hicieron nada para proteger a las víctimas e impedir los homicidios, que finalmente se llevaron a cabo.
"Nuestro fiscal general quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista que el resto de la prensa quiere evadir. ¿La Fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el (narcotraficante José) 'Ñeñe' Hernández y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos?", se preguntó el mandatario en un tuit.
Daniel Munoz / AFP
Este requerimiento fue el inicio de una nueva disputa entre Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, en la que tuvieron que mediar las altas cortes para apaciguar los ánimos.
Este conflicto, que se ha radicalizado en el último mes, ha situado en dos extremos a Petro y a Barbosa, que se acusan mutuamente. El mandatario ha expuesto el argumento de que su "lucha contra la impunidad" es la principal razón para que algunos sectores influyentes y con nexos con el narcotráfico quieran darle un "golpe blando".
Por otro lado, el titular del Ministerio Público ha señalado al presidente de excederse en sus funciones y de no respetar la independencia de poderes, lo que en su opinión podría hacer que se convirtiera eventualmente en un "dictador".
¿Qué dice el informe de la Fiscalía?
En el escrito, el Ministerio Público afirma que "aporta información sobre el caso en concreto, con la advertencia de que se encuentra protegida por la reserva".
El ente acusador establece un corte entre el periodo 2008-2010, "que hace referencia a la indagación objeto de la solicitud" hecha por el Ministerio de Justicia, y el lapso 2020-2023, "con la metodología y estrategia investigativa de la Fiscalía" bajo la gestión de Barbosa.
La Fiscalía hace distinción entre la investigación que abarca 2008 y 2010 y el "esclarecimiento de 21 homicidios ocurridos entre 2021 y 2022" e insiste en que son eventos distintos.
Juan Carlos Rojas / Gettyimages.ruEl ente acusador sostiene que los hechos ocurridos entre 2021 y 2022, que fueron "mencionados en un reportaje periodístico (…) son ajenos a esa indagación".
En el artículo de la Nueva Prensa, medio que lleva a cabo la investigación periodística referida por Petro en su tuit, se afirma que los asesinatos de las personas incluidas en el listado del Clan del Golfo no cesaron en 2010, sino que se extendieron hasta 2022 y "continúan ocurriendo".
Datos de 2020-2022
El Ministerio Público manifiesta que entregó además "un informe minucioso en materia de investigación y judicialización de la criminalidad organizada en la Costa Atlántica, con énfasis en el grupo ilegal Clan del Golfo".
En esta línea investigativa, "se hace énfasis en los logros investigativos y judiciales" obtenidos contra esa organización narcoparamilitar en los departamentos de Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena.
Del mismo modo, se presentan "cifras de la estrategia en materia de homicidios en contra de defensores de derechos humanos" y la "afectación a las finanzas ilícitas de ese grupo armado ilegal".
Más señalamientos
Petro ha manifestado en varias ocasiones que los sectores políticos y empresariales vinculados con el narcotráfico y la corrupción estarían detrás de las acciones para deponerlo.
Según ha explicado, estos grupos quieren impedir a toda costa que escoja la terna de candidatos a fiscal general que debe enviar a la Corte Suprema antes de que termine el año.
El periodo de Barbosa culmina en 2024, por lo que le corresponde a la máxima instancia de Justicia definir quien lo sustituirá en el cargo.
El líder del Pacto Histórico ha responsabilizado al actual titular del Ministerio Público de defender los intereses de las élites colombianas vinculadas con el narcotráfico.
Uno de los casos más relevantes que han quedado en el tintero es la denuncia de la presunta compra de votos en la campaña electoral del expresidente Iván Duque, en 2018, donde estaría involucrado el fallecido narcotraficante 'Ñeñe' Hernández, quien habría actuado bajo las órdenes del exmandatario Álvaro Uribe.
Hasta el momento, el presidente colombiano, que se encuentra en La Habana para el cierre del tercer ciclo de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no ha emitido algún comentario.
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