LA PALABRA ENSEÑA, PERO EL EJEMPLO GUÍA

LUIZ BERNARDO PERICAS

La cuestión ambiental adquiere cada vez más centralidad entre los temas que preocupan a los políticos y a la población a nivel mundial. Logra movilizar a un amplio espectro de actores que abarca desde autoridades gubernamentales hasta organizaciones de la sociedad civil. Los activistas que manifiestan su insatisfacción con las posturas negacionistas y rapaces de las grandes empresas y Estados nacionales son heterogéneos: celebridades mediáticas ecocapitalistas, ecopopulistas de izquierda y liberal-radicals. La comunidad científica y las entidades como Greenpeace y WWF también se involucran en este tema candente (y urgente) que cada día suscita más reacciones (y presiones) de oenegés de todo el mundo contra la degradación acelerada de la naturaleza.

Sin duda, todos estos actores actúan como una caja de resonancia de las denuncias cotidianas contra la condición crítica en la que se encuentra el planeta. Señalan problemas que incluyen el cambio climático, el desmonte, los incendios, la contaminación de los ríos, el aumento de la polución en las grandes ciudades, la extinción de especies animales, el avance del agronegocio, de la minería ilegal y de las madereras, la utilización desenfrenada de pesticidas en el campo, el desmantelamiento de las instituciones encargadas de cuidar las selvas y los bosques y la falta de una política decidida en favor del medioambiente. Por cierto, estos individuos y grupos tienen su relevancia y otorgan visibilidad a la causa ecológica en la escena internacional, aun cuando sus ideas y acciones son limitadas y reformistas. De hecho, en ninguno de estos casos se discute con seriedad alternativas o propuestas «socialistas».

Pero en Cuba la historia es distinta. La crisis ambiental es una cuestión de vida o muerte para la isla. Los huracanes, las sequías prolongadas y el aumento del nivel del mar son solo algunos de los elementos que preocupan a las autoridades cubanas. En este sentido, el esfuerzo de La Habana para lidiar con el cambio climático es ejemplar. Pocos países desempeñaron un rol tan resuelto y eficiente como Cuba en cuanto a la preservación de la naturaleza.

Si bien durante los años 1970 se creó la Comisión Nacional para la Protección del Medio Ambiente y la Conservación de los Recursos Naturales, y durante la década siguiente se promulgó la Ley 33 del 10 de enero de 1981, que profundizaba las tareas de este órgano, fue sobre todo a partir de 1992 cuando la cuestión ecológica ganó un fuerte impulso en el país.

El Decreto-Ley 118 de 1990, que estructuraba, organizaba y definía el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente, también fue un elemento importante en este sentido. Pero es probable que el parteaguas haya sido la decisiva intervención de Fidel Castro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (conocida también como ECO 92 o Cumbre de la Tierra).

En su discurso en aquel evento, que se celebró en Río de Janeiro a comienzos de 1992, Castro indicó que las sociedades de los países del capitalismo avanzado —antiguas metrópolis coloniales cuyas políticas imperiales provocaron, en última instancia, el atraso y la pobreza que asola a la mayor parte de la humanidad— eran las principales responsables de la destrucción de la naturaleza. Fue enfático al afirmar que, «con apenas el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer». Además, recordaba que «los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir, aun a costa de la naturaleza».

Ilustración: Panco Sassano

Sin embargo, según Castro no se podía privar a los países periféricos del derecho a desarrollarse social y económicamente. Después de todo, la culpa de la degradación del planeta no debía imputárseles a ellos, pueblos históricamente explotados y saqueados por un orden económico mundial injusto: «el intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medioambiente». Entonces, concluía: «Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. […] Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre».

La crítica de Fidel mete el dedo en la llaga. Según el dirigente, el capitalismo y la ecología no caminan de la mano. Y, en un mundo en el que las personas y la naturaleza convivan en equilibrio, el hombre deberá ser el eje central de las preocupaciones. La preservación del ecosistema y la garantía de una vida digna para la humanidad deben ser partes integrales de un mismo proyecto civilizatorio mundial.

Desde ese año aumentaron los esfuerzos para lidiar con este problema. En 1994 se fundaron el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (que se convirtió en el «organismo de la administración central del Estado encargado de proponer la política ambiental y de dirigir su ejecución sobre la base de la coordinación y del control de la gestión ambiental del país») y el Departamento de Agricultura Urbana. Luego, en 1997, el parlamento cubano aprobó la Ley 81 (principal reglamentación ecológica de la isla), con el objetivo de elaborar la denominada Estrategia Ambiental Nacional. En este marco se pusieron en marcha una serie de instrumentos jurídicos para tratar el asunto, y uno de los objetivos principales fue «promover la participación ciudadana en la protección del medioambiente y el desarrollo sustentable», además de «propiciar el cuidado de la salud humana, la elevación de la calidad de vida y el mejoramiento del medioambiente en general».

Los principales problemas que las autoridades constataron en aquel momento fueron la degradación de los suelos (que incluía aspectos vinculados a la salinidad, la erosión y a un drenaje insuficiente), el deterioro del saneamiento, las condiciones de los asentamientos humanos, la contaminación de las aguas terrestres y marinas (se concluyó que el 3% de los arrecifes y el 30% de los manglares habían sido afectados de alguna forma y que la mayor parte de la región costera presentaba algún grado de desgaste), el desmonte y la pérdida de la diversidad biológica.

En 1997, el 21% del territorio estaba cubierto por junglas, distribuidas en 652 cuencas hidrográficas. Entre estas, se consideraban de «interés nacional» unos quince mil km2, en donde vivía el 40% de la población y se registraba el 60% de la actividad económica nacional. El potencial de la cobertura boscosa del país se estimaba entonces en 28%. Cabe recordar que la superficie boscosa en 1959 era de 14% y que aumentó a 19,5% en 1991, a 19,8% en 1995 y alcanzó el mencionado 21% en 1997. El proceso de reforestación se aceleró a partir de 1998 y se superaron las metas planteadas: hoy las zonas boscosas representan el 30,6% de la superficie del país.

Más allá de eso, a los especialistas cubanos les preocupaban en aquel momento las cuestiones relacionadas con las alteraciones o con la fragmentación de los hábitats y con la contaminación de los suelos, del agua y del aire. También les inquietaba la introducción de especies extranjeras capaces de generar un desequilibrio en la fauna local. Los sectores que hacían sonar las alarmas de los gobernantes en términos de contaminación atmosférica eran los de la región minera de Moa y Nicaro, la industria del cemento de Mariel y Nuevitas, las industrias eléctrica y alimentaria de Santa Cruz del Norte y la alta concentración de actividades económicas en La Habana. Cabe recordar que en el año 2000, las provincias que presentaban el suelo menos productivo eran Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Con todo, entre 2001 y 2010, los proyectos agroecológicos de combate a la degradación de la tierra lograron recuperar aproximadamente mil hectáreas en diferentes partes del país.

Con el tiempo, se mejoró la legislación. La Ley 85, por ejemplo, promulgada el 21 de julio de 1998, se consolidó como la principal normativa sobre bosques. Su objetivo era establecer principios y regulaciones generales para la protección, el incremento y el desarrollo sustentable del patrimonio forestal del país, el control de los recursos naturales, el incentivo y la promoción de la reforestación, la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas locales, la protección de las zonas boscosas de la destrucción humana (como la que produce el avance de la ganadería), las plagas naturales y la sistematización de la gestión de la madera y su aprovechamiento.

Es importante señalar que en 1999, Cuba presentaba una cobertura de saneamiento urbano de 97,1% y rural de 87,1%, mientras que la de agua potable en las ciudades era de 98,9% y en el campo era de 85,2%, cifras sin duda envidiables para cualquier país del planeta, que por sí mismas colocaban a la isla a la vanguardia internacional en calidad de vida y respeto al Holoceno. Ese año logró disminuir la «carga contaminante», que era de 6,9%. En 2000 la reducción fue todavía mayor y alcanzó el 9,7%. Hay quienes interpretaron esto último como un efecto de la recesión económica, pero lo cierto es que parece haber sido el resultado del esfuerzo deliberado y eficiente de combate contra la contaminación.

Además, el Acuerdo N°3880 del 1° de febrero de 2001, aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, estableció 32 áreas protegidas en la isla, entre las cuales se cuentan siete parques nacionales, dos reservas ecológicas, un «elemento natural destacado», seis reservas selváticas, doce refugios de fauna, un paisaje natural y tres zonas de recursos gestionados. Con los años, estos números crecieron y en la actualidad el CECM está a cargo de 45 áreas. Los instrumentos de control y gestión fueron considerados como un elemento fundamental de la estrategia. Se generaron programas técnico-científicos y sistemas de inspección en todo el territorio. Los especialistas cubanos tuvieron que lidiar entonces con el tratamiento de residuos, el uso de recursos naturales y la ausencia de indicadores ambientales que afectaba a los planes técnico-económicos.

Cuba, que tiene uno de los litorales mejor preservados de todo el planeta —además de poseer la mayor biodiversidad de las Antillas—, protege el 25% de sus hábitats marinos (mucho más, en términos proporcionales, que países como los Estados Unidos, donde las áreas resguardadas representan solamente entre el 3 y el 5%). Se destacan en el programa ecológico de la isla las seis reservas de la biósfera de la UNESCO (Península de Guanahacabibes, Sierra del Rosario, Cuchillas del Toa, Baconao, Buena Vista y Ciénaga de Zapata, esta última la más grande de todas, con 628171 hectáreas), constituidas gradualmente a partir de mediados de la década de 1980 (las dos más recientes son del año 2000). Cabe recordar también el Parque Natural Topes de Collantes (en la Sierra de Escambray), el Parque Nacional Desembarco del Granma y el Parque Nacional La Guira (en la Sierra de los Órganos), todas áreas reconocidas nacionalmente por su preservación.

La exigencia de autorizaciones legales de impacto ambiental se tornó cada vez más frecuente. Este mecanismo puede ser considerado como una forma de analizar los proyectos y los efectos que tendrán en la naturaleza, con el objetivo de garantizar que el desarrollo y la preservación sean considerados dos variables en permanente diálogo, y de asegurar también el respeto a las normas jurídicas y a la integridad del medio físico. Por eso, los Ministerios de Turismo, Industria Básica y Agricultura solicitaron, en 1998, 717 licencias; 915 en 1999 y 1098 en 2000.

La educación ambiental fue otra estrategia adoptada por el gobierno para impulsar la concientización popular sobre el tema. Lo logró a través de convenios con sectores clave de la economía, una política informativa y de divulgación de la Agencia del Medio Ambiente, la elaboración de una serie de estudios vinculados a la cuestión, la formación y capacitación de recursos humanos (incluso a nivel superior) y la constitución del Sistema de Reconocimiento Ambiental (SNRA). La formación ecológica se expandió y fue llevada a distintos espacios institucionales hasta volverse un tema que está presente en la formación académica desde la infancia hasta la universidad.

Además de todo eso, Cuba es signataria de distintos acuerdos internacionales muy importantes. La lista es representativa. Entre los diferentes tratados firmados se cuentan el Convenio sobre la Diversidad Biológica (que surgió de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992), la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (1994), la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (2001), el Protocolo de Kioto (a partir de 2002), el Marco de Acción de Hyōgo (entre 2005 y 2015), el Acuerdo de París y, finalmente, el Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea (estos dos últimos firmados en 2016), en el cual se establecen directrices y medios de apoyo para el desarrollo sustentable, la prevención de desastres naturales y la preservación ambiental.

El siglo XXI dejó en claro que Cuba sigue comprometida con la protección de la naturaleza. Las autoridades del gobierno aprobaron en 2007 el Programa Nacional de Enfrentamiento al Cambio Climático; en 2011 fue el turno de las Directivas para la Implementación del Macroproyecto Peligros y Vulnerabilidad Costera (2050-2100); un año más tarde, se puso en marcha la Política Nacional de Agua y, en 2017, el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida), que pone el énfasis en la protección de los asentamientos costeros y en la adaptación y compatibilidad de las tareas agropecuarias con el medio ambiente.

Al mismo tiempo, Cuba debe ser considerada pionera de la agroecología a nivel mundial. La mayor parte de sus cultivos proviene de cooperativas que producen alimentos generalmente sin utilizar pesticidas químicos, fertilizantes ni semillas genéticamente modificadas (en los últimos veinte años, la isla redujo en un 75% el uso de agrotóxicos). Para hacerse una idea del proceso, debe recordarse que en 1989 apenas el 15% de las tierras eran trabajadas en cooperativas y en 2019 esa cifra llegó a más del 70%, lo que muestra un avance considerable de esta modalidad de trabajo en la isla. El país también posee más de 30 centros de investigación dedicados a desarrollar soluciones económica y ecológicamente viables para los pequeños productores. Es decir que la agricultura sustentable es una prioridad de los gobernantes.

Nunca está de más destacar que Cuba fue el primer país del planeta en utilizar ampliamente fertilizantes orgánicos y biopesticidas, y que sus cultivos urbanos (por ejemplo, los llamados «organopónicos») están muy difundidos y demostraron ser muy eficientes a la hora de aprovechar racionalmente los espacios metropolitanos disponibles y garantizarles a los municipios una parte de autoabastecimiento. Al menos la mitad de las frutas y vegetales consumidos localmente se producen de esa forma. El programa agrícola urbano, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, es responsable, según algunos autores, de la generación de aproximadamente 300 000 puestos de trabajo, de los cuales el 50% son ocupados por mujeres.

Por último, no puede dejar de mencionarse que el país tiene como objetivo generar el 24% de toda su producción energética por medio de matrices renovables para el año 2030. La mayor parte de la energía será generada mediante la biomasa de caña de azúcar, aunque también aprovechará otras formas: torres eólicas (como las que se encuentran en las wind farms de Las Tunas, «Herradura 1», con 34 aerogeneradores de 1,5 MW y «Herradura 2», con 20 turbinas de 2,5 MW); energía solar (como la que ya se utiliza en la fábrica de Guantánamo, en los parques fotovoltaicos de Cárdenas I, en la ZED de Mariel y en el complejo Pinar 220 A 1) y, por último, una fracción menor será generada mediante hidroeléctricas.

Otras medidas que implementará el gobierno son un proceso de sustitución gradual de lámparas convencionales por tubos o focos de diodo emisor de luz (conocidos popularmente como LED) y la implementación de un sistema de transporte público no contaminante (colectivos eléctricos, por ejemplo) en las principales ciudades cubanas. Para terminar, la nueva Constitución, promulgada en 2019 luego de un intenso debate en toda la isla, consolida también la preocupación por el medio ambiente y amplía y refuerza las herramientas legales para la preservación de la naturaleza y el desarrollo humano en el país.

Estamos acostumbrados a que distintos indicadores sociales posicionen a Cuba en un lugar destacado a nivel mundial. La isla se convierte de esta manera en un permanente recordatorio de que existe otra forma de hacer las cosas. Su política medioambiental es un ejemplo que debería servirnos de guía a la hora de abordar el colapso ecológico que enfrentamos.

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LUIZ BERNARDO PERICAS

Profesor de Historia en la Universidad de San Pablo y autor de varios libros, entre ellos Che Guevara y el debate económico en Cuba (Fondo Editorial Casa de las Américas, 2014) y Os cangaceiros: ensaio de interpretação histórica (Boitempo, 2010). Ganó el Premio Jabuti en 2017 en la categoría de mejor biografía por su libro Caio Prado Júnior: uma biografia política (Boitempo, 2016).