Gustavo Petro, el presidente colombiano, no es el único que está rechazando la política antinarcóticos y el modelo de prohibición de Washington
Una inveterada costumbre de la clase política estadounidense es la culpar a los países latinoamericanos por los problemas de consumo de drogas que azotan a sus comunidades y de explotar la xenofobia de una parte de sus ciudadanos para evadir la responsabilidad de las autoridades y encubrir que el comercio de narcóticos se origina en EU.
Este discurso trata de instalar un mano de olvido sobre los probados casos como la entrega de armas mediante los esquemas Receptor abierto y Rápido y furioso de la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); o la ayuda de la DEA para trasegar y lavar millones de dólares de los carteles colombianos y la banda criminal mexicana La familia michoacana.
El señalamiento recurrente de una supuesta pérdida de control de México y Colombia sobre parte de su territorio es un bumerán que vuela de regreso a Washington, pues, a juzgar por el desenfrenado consumo de drogas y la facilidad de su trasiego, todo EU se encuentra bajo control del narconegocio.
Señala La Jornada de México que la narrativa de que al norte del río Bravo no existen cárteles refuerza la certeza de lo infiltrados que se encuentran estos grupos criminales en las esferas del poder político y económico de Estados Unidos, las cuales viven en el absurdo de pretender que las drogas se distribuyen por sí mismas, sin estructuras y complicidades que puedan explicar su ubicuidad.
El Departamento de Estado estadounidense lanzó alertas que recomiendan no viajar a 30 de 32 entidades mexicanas por cuestiones de seguridad. El presidente mexicano aseveró que México es, sin dudas, más seguro que EU: “Ésto ha sido usado por congresistas republicanos para proponer enviar tropas a México, en tanto que los medios quieren crear una percepción de inseguridad para decir que no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador”.
Criticó en cambio que algunos medios no hablen de los cárteles en Estados Unidos. “Es como si llegara la droga en submarinos, ¿no? Ahora que están de moda los globos, bajan, ¿no?, toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos. Allá, como está todo tan avanzado, se pide por Internet y se surte, y es una red invisible. ¿Allá no hay narcotraficantes? ¿Cómo le llega al joven la droga? ¿Quién le vende? ¿O es nada más acá? Y de eso no hablan (…) allá es como El castillo de la pureza”.
Pero Washington sigue con su cantinela: a medida que más gobiernos de la región rechacen el modelo de prohibición y guerra contra las drogas impulsado por Estados Unidos, habrá un marcado aumento en la producción de cocaína, así como una continua proliferación de drogas sintéticas en la región. Lo que olvidan de citar es que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas de toda especie y sin consumo no habría producción ni distribución.
Bonnie Klapper, ex fiscal federal de Nueva York, apuntó contra el último informe de la DEA: “para ser un reporte que costó al gobierno más de 1,4 millones de dólares -y, cabe acotar, tardó casi dos años en elaborarse-, no parece recomendar el tipo de cambios que realmente evitarían un nuevo caso Irizarry u otros delitos”.
El informe de la DEA, un verdadero carpetazo a la corrupción del organismo, insiste en la principal de las metas -el desmantelamiento de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que operan en más de 40 países- de forma que provoca suspicacias por su alineamiento con las voces de la ultraderecha de EU y de México que claman por clasificar a estos grupos criminales como organizaciones terroristas y dar pie al envío de tropas estadounidenses.
Pero un aspecto revelador de las intenciones imperialistas detrás de la campaña republicana en pos del envío de tropas a México, es el de judicializar y sancionar a China por el simple hecho de que allí se producen químicos precursores para la elaboración de fentanilo, el opioide que causa estragos en la sociedad estadounidense.
Ante el Senado de su país, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, respondió cuestionamientos sobre los esfuerzos en el combate al narcotráfico. Presionado por el ultraderechista legislador republicano Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, concedió que sería justo afirmar que sí hay zonas de México donde el gobierno no tiene control ante los cárteles.
Durante una audiencia en el Senado sobre las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, el republicano Jim Risch sacó a relucir el tema de la política antinarcóticos de Petro, cuyo enfoque se centra en la prevención del consumo en lugar de la persecución de los cultivadores de la hoja de coca, la base de la cocaína.
Colombia “por primera vez en dos décadas, no ha logrado erradicar una sola hectárea de coca” y “las incautaciones de heroína y cocaína han disminuido drásticamente mientras que su producción ha aumentado”, afirmó el senador.
Desde que, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró “el consumo de drogas […] como el enemigo público número uno”, Washington trató de imponer a los líderes de la región que acataran las políticas antidrogas de línea dura del gobierno de EU. Pero esa era parece haber llegado a su fin, al menos para los nuevos líderes latinoamericanos. Colombia, uno de los aliados más fieles de Washington en esta guerra, se ha distanciado definitivamente, lo que consolida esta tendencia.
“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión en agosto de 2022. Petro habló más sobre el tema durante una visita a las Naciones Unidas en Nueva York, un mes después.
“El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis […]; en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad”, dijo el mandatario. Parte de la respuesta frente al narcotráfico en Colombia se enmarca en términos ambientales, la reforestación de las zonas de cultivo de coca a través de subvenciones para los agricultores. Y el presidente de Colombia ha planteado la idea de despenalizar la cocaína, aunque no unilateralmente.
Respeto a la soberanía
López Obrador ha declarado que la guerra contra las drogas ha terminado, aunque continúa con un enfoque militarizado para enfrentar a las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas en medio de los crecientes niveles de violencia.
El mandatario enfatizó que si bien hay colaboración en materia de seguridad con la Casa Blanca, ésta se da con base en el respeto a la soberanía, por lo que permitir la actuación de la DEA en el país, como ha planteado la oposición, sería una intromisión.
“Es permitir que pisoteen nuestra soberanía. Pero no sólo es eso: ¿Cómo confiar en la DEA? ¿Lo han hecho muy bien? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna en tanto tiempo? Ellos nos deben una explicación. Ojalá y antes de que García Luna pueda convertirse en testigo protegido, que ellos digan qué sabían de él y de sus jefes (los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón). ¿Por qué se han quedado callados?”, señaló.
Hoy García Luna, anteriormente llamado zar antidrogas, está preso en Estados Unidos y hace unas semanas fue hallado culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico en México, entre ellos recibir sobornos por parte del crimen organizado a cambio de protección y de dejarlos operar. Este junio se dará a conocer la condena de García Luna, el primer exfuncionario mexicano de alto nivel enjuiciado en EU.
El contrabando de armas lo realizó la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), con el pretexto de que se buscaba rastrear las rutas de aprovisionamiento de fusiles de asalto por parte del citado cártel. No fue el único episodio en el que las autoridades estadounidenses colaboraron con el narcotráfico en lugar de combatirlo.
Entre 2009 y 2011, durante el gobierno de Calderón, la propia DEA ayudó a la misma organización delictiva y a La familia michoacana a trasegar y lavar millones de dólares e incluso les cobró una comisión por tales operaciones ilícitas, según señaló el The New York Times en diciembre de 2011. Asimismo, facilitó operaciones de compra de casi siete toneladas de cocaína en territorio estadounidense, bajo el pretexto de que con esos actos ilícitos se buscaba información que permitiera desmantelar a los narcotraficantes.
México y Colombia
Sin México ni Colombia, Estados Unidos se queda sin una estrategia regional antinarcóticos. Y un rápido vistazo al mapa de los aliados de Estados Unidos en América Latina y el Caribe muestra que Washington ha perdido una gran influencia en la última década.
Según las fuentes estadounidenses, las organizaciones criminales mexicanas han visto cómo se reducen sus fuentes de ingresos tradicionales -marihuana, heroína y cocaína-: primero por la legalización en varios estados de Estados Unidos; segundo, debido a las cambiantes regulaciones frente a los opioides y su consumo, desde las inyecciones hasta las píldoras falsificadas; y finalmente por la disminución del consumo en el mercado de cocaína más grande del mundo, Estados Unidos.
El negocio parece claro: si en 2023 hay un exceso de 2.500 toneladas en la producción de cocaína, y si los precios se mantienen estables en 30.000 dólares el kilo, las ganancias podrían superar los 75 mil millones de dólares. Si a estos se suman miles de millones provenientes de la producción y venta de drogas sintéticas, los ingresos criminales en América Latina y fuera de la región recibirán una enorme inyección.
«Los decesos por sobredosis registrados en Canadá y Estados Unidos aumentaron a pesar de la adopción de medidas reforzadas para mitigar las consecuencias negativas del consumo de drogas, como la mayor disponibilidad y accesibilidad de naloxona y el uso de tiras reactivas para detectar el fentanilo», señala. Así, los datos provisionales indican que en EU murieron por sobredosis más de 107.000 personas durante 2021, un aumento del 15% respecto a las cifras de 2020. No hay cifras oficiales actualizadas.
Mayor aún fue el aumento del número de muertes provocadas específicamente por los opioides sintéticos y que suponen el 60% de todos los fallecimientos por esa causa, según la JIFE, que señala que no hay datos de cuántas sobredosis no mortales se producen. En Canadá, las muertes por sobredosis dispararon un 96% entre 2020 y 2021.
Irizarry denunció que en su carrera delictiva de años estuvo acompañado por docenas de agentes federales, fiscales e informantes, e hizo una declaración demoledora para todo el discurso de guerra contra las drogas de Washington: afirmó que él y sus colegas hacían ésto porque desde hace mucho cobraron conciencia de que es imposible acabar con el narcotráfico. Asimismo, se puso a disposición de los redactores del documento para brindar su testimonio sobre la podredumbre interna de la dependencia.
Las declaraciones atentatorias contra la soberanía mexicana y colombiana por parte de funcionarios y cuadros políticos estadounidenses, tensan de manera innecesaria relaciones que ha costado mucho estabilizar. Lamentablemente, la dinámica electoral estadounidense permite vaticinar que esos despropósitos se multiplicarán en el futuro próximo.
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*Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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Fuente:
https://www.surysur.net/el-narconegocio-es-de-eeuu-que-trata-de-desestabilizar-a-colombia-y-mexico/
