DOSSIER:
1. El 'trumpismo' se replica en Brasil con el asalto de los 'bolsonaristas' al corazón del Estado
con palos y enfundados en banderas brasileñas, los bolsonaristas invadieron la Explanada de los Ministerios de Brasilia a media tarde del domingo e irrumpieron en los edificios públicos sin demasiados problemas
En un ataque sin precedentes, miles de seguidores del ultraderechista asaltan el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo en Brasilia. Lula, desde São Paulo, ordena la intervención de la secretaría de Seguridad local y acusa a Bolsonaro, que permanece en EEUU, de estimular la invasión.
Los policías observan a los miles de seguidores ultras de Bolsonaro que han asaltado el Congreso de Brasil. — Ueslei Marcelino / REUTERS
CÉSAR G. CALERO
El libreto ya había sido escrito e interpretado en Estados Unidos en enero de 2021. Solo había que replicarlo y los simpatizantes del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro lo hicieron este domingo, una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. La invasión del Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del Tribunal Supremo en Brasilia por parte de miles de fanáticos bolsonaristas, un ataque sin precedentes en Brasil, es un fiel reflejo de lo que ocurrió en Washington hace dos años cuando los seguidores de Donald Trump tomaron el Capitolio. Lula se encontraba de viaje oficial en el estado de São Paulo, desde donde calificó de "vándalos fascistas" a los atacantes y acusó a Bolsonaro, quien permanece en Florida, de estimular el asalto.
Armados con palos y enfundados en banderas brasileñas, los bolsonaristas invadieron la Explanada de los Ministerios de Brasilia a media tarde del domingo e irrumpieron en los edificios públicos sin demasiados problemas pese a la presencia policial. Una vez adentro grabaron en vídeos sus propios destrozos, tal y como hicieron los fanáticos trumpistas en el Capitolio. Los manifestantes habían acampado previamente junto al principal cuartel militar de Brasilia y reclamaban la intervención del Ejército para derrocar al líder progresista, algo que no se ha producido.
Cuando la situación parecía ya controlada por las fuerzas del orden y se realizaban las primeras detenciones, Lula comparecía desde el estado de São Paulo para dejar claro que seguía al mando. El presidente brasileño leyó un decreto por el que su gobierno interviene hasta final de mes las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia, a cuyo frente estaba Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro hasta hace ocho días. Lula se mostró tajante: "Han actuado como verdaderos vándalos fascistas. Todas las personas que han intervenido [en el asalto] serán castigadas. Hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país".
Tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, el gobernador de Brasilia, el derechista Ibaneis Rocha, ha cesado fulminantemente a Anderson Torres, quien según la prensa brasileña se encuentra en Estados Unidos. Aunque Torres se había apresurado a condenar el ataque en su cuenta de Twitter, lo cierto es que el despliegue de policías en torno a la plaza de los Tres Poderes dejaba mucho que desear, así como la actitud de algunos agentes, a los que se les vio haciéndose fotos con los bolsonaristas. Torres se ha mostrado siempre complaciente con los sectores más ultras del bolsonarismo y tendrá que responder ahora por su posicionamiento. También ha querido desmarcarse del asalto el Partido Liberal (PL) con el que Bolsonaro se presentó a las elecciones. El PL es la principal fuerza política en un Congreso dominado por formaciones de derecha y centroderecha.
La acción violenta de los seguidores de Bolsonaro se produce nueve días después de que el expresidente brasileño abandonara el país (justo antes de la toma de posesión de Lula el 1 de enero) para evitar entregar la banda presidencial a su sucesor. Voló a Florida y allí permanece. Desde que perdió las elecciones en la segunda vuelta electoral a finales de octubre, ha permanecido en silencio la mayor parte del tiempo. Pero antes de las elecciones había insinuado en varias ocasiones que no reconocería un hipotético triunfo de Lula en las urnas.
Durante toda la campaña electoral sobrevoló en Brasil el fantasma de un intento de golpe de Estado o trama involucionista en el caso de que Bolsonaro perdiera las elecciones. El líder ultraderechista había intentando sin éxito eliminar el sistema de votación electrónica que rige en el país desde hace años. Incluso llegó a proponer que un comité de altos mandos militares realizase una auditoría paralela del escrutinio.
El apoyo social a Bolsonaro se ha demostrado más fuerte de lo que preveían en su día las encuestas. Forzó una segunda vuelta electoral con Lula y se quedó a solo dos puntos de distancia del exsindicalista el 30 de octubre pasado. Los 58 millones de votos que logró entonces (el 49%) eran la prueba palpable de que el bolsonarismo no iba a desaparecer de la noche a la mañana.
Discurso del odio
Bolsonaro fue propagando durante cuatro años un discurso del odio que ha calado en un sector nada despreciable de la población. Esa violencia política que ha presidido su mandato ha tenido este domingo su máxima expresión en Brasilia con la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado. Aunque la extrema derecha tiene en cada país de América sus propias características, los paralelismos de lo ocurrido en Brasil con la toma del Capitolio en enero de 2021 son evidentes. Trump, presidente saliente entonces, no había aceptado la victoria del demócrata Joe Biden y hablaba de fraude electoral una y otra vez.
Pese a que Bolsonaro es un excapitán del Ejército y colocó a cientos de militares en puestos de su Administración (desde ministros a cargos medios), las Fuerzas Armadas no atenderán las exigencias de los bolsonaristas para derrocar a Lula. Brasil es el país más grande e influyente de América Latina y un golpe militar no sería tolerado por sus vecinos ni por la Casa Blanca. Varios mandatarios de la región han expresado enseguida su solidaridad con Lula y su rechazo contundente a las acciones involucionistas de los seguidores de Bolsonaro. Gustavo Petro (Colombia), Alberto Fernández (Argentina), Andrés Manuel López Obrador (México) y Gabriel Boric (Chile), entre otros, han cerrado filas con el líder progresista brasileño.
El fanatismo bolsonarista ya había dejado algunas pistas de cómo recibiría el tercer mandato presidencial de Lula. En los días previos al 1 de enero, cuando Lula asumió su cargo, se había detenido a un simpatizante ultra que pretendía poner una bomba en Brasilia. Y se habían organizado ya acampadas junto a cuarteles militares en varios puntos del país exigiendo la intervención de las Fuerzas Armadas.
La invasión del Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del Tribunal Supremo protagonizada por los bolsonaristas cambia radicalmente el escenario político en Brasil. Lula acaba de formar un gobierno muy transversal, con miembros destacados del progresista Partido de los Trabajadores junto a representantes del centroderecha, ecologistas y activistas de Derechos Humanos. Su máxima prioridad era hasta ahora el combate a la pobreza, una lacra que sigue afectando a millones de brasileños. El acto terrorista de los bolsonaristas y sus reclamos golpistas obligarán a Lula a centrarse ahora en erradicar de forma contundente la violencia política instalada por Bolsonaro.
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Fuente:
2. ¿Trumpismo 'made in' Brasil? El asalto del bolsonarismo que provocó una intervención federal en Brasilia
Nazareth Balbás
A una semana de haber asumido el poder, Lula afronta la primera crisis política de su tercer mandato.
Disturbios en el barrio administrativo de Brasilia (Brasil), el 8 de enero de 2023.Eraldo Peres / AP
El llamativo asalto al Capitolio de EE.UU. ya tiene su correlato en Suramérica. Este domingo, una multitud ataviada con camisetas 'verdeamarelas' irrumpió en las tres sedes emblemáticas del poder político en Brasilia: el Palacio de Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo.
Después de romper un cerco policial, los simpatizantes del exmandatario derechista Jair Bolsonaro atacaron con violencia las instalaciones y golpearon a algunos efectivos que intentaron contenerlos.
En videos difundidos en redes sociales, muchos de los asistentes documentaron los destrozos y las agresiones a funcionarios policiales, aunque también circularon grabaciones en las que se veía a los uniformados en una aparente actitud pasiva mientras los manifestantes perpetraban la toma.
En pocos minutos de confusión y algarabía, en redes sociales se difundió la escena de las rotundas estructuras del arquitecto Oscar Niemeyer rodeadas por cientos de personas que pedían la dimisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y una intervención militar, apenas una semana después de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) asumiera su tercer mandato. En medio del estupor, la pregunta fue la misma: ¿cómo fue posible esa irrupción?
Un funcionario clave
Los manifestantes, identificados con el expresidente de Brasil, no aparecieron de la nada. Desde hace dos meses muchos de ellos permanecen en acampadas cercanas al Cuartel General del Ejército, donde se han congregado para desconocer el resultado de la elección más reñida de la historia del país.
Bajo las teorías de un fraude que no han podido demostrar, los radicales exigen la liberación del "código fuente" que comprobaría el supuesto amaño en los comicios pasados, que le dieron la victoria a Lula con poco más de 1 % de los votos.
Las pancartas con ese mensaje ondearon durante la toma de los tres poderes, mientras el resto del país empezaba a preguntar por los responsables de la situación. Los primeros focos se fijaron en el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, quien aseguró que había dado la orden a todas las fuerzas policiales para contener a los manifestantes.
Sin embargo, horas más tarde, el regidor anunció la destitución de su secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres, quien se desempeñó como ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro, entre 2021 y 2022.
Rocha, además, se disculpó con Lula y con el resto de los poderes atacados durante la jornada: "Lo que pasó hoy fue inaceptable. [...] Son verdaderos vándalos, verdaderos terroristas", dijo en un video difundido en las redes sociales.
Pese a las excusas, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió suspender a Rocha, por 90 días, tras los acontecimientos que ocurrieron.
Según Moraes, Ibaneis tenía conocimiento de los preparativos de los hechos, ya que las acciones solo podrían ocurrir con "el consentimiento, e incluso participación efectiva de las autoridades competentes en materia de seguridad pública", recogen medios locales.
"Absolutamente nada justifica la omisión y conspiración del secretario de Seguridad Pública y del gobernador del Distrito Federal con delincuentes que previamente anunciaron que cometerían actos violentos contra los poderes constituidos", escribió el ministro.
Además, el organismo estableció el desmantelamiento inmediato del campamento de bolsonaristas frente al cuartel general del Ejército. La decisión incluye la detención en flagrancia de sus participantes.
Reportes de la prensa local aseguraban que Torres se encontraba de vacaciones en EE.UU., lo que desató una oleada de repudio y el pedido de la Procuraduría General de la Unión (AGU) para que se le procese como presunto responsable de los desmanes.
Bolsonaro, mientras tanto, sí se encuentra en EE.UU. Su viaje a territorio norteamericano ocurrió días antes del acto de investidura de Lula, lo que no solo convirtió al exmandatario en el gran ausente del traspaso, sino que selló su rotundo silencio sobre su derrota electoral.
Intervención en Brasilia
Las palabras más esperadas de la jornada fueron las de Lula. El mandatario intervino para condenar el suceso "sin precedentes en la historia" de Brasil y emitir un decreto que le permite militarizar el Distrito Federal, mediante una intervención que estará vigente hasta el próximo 31 de enero.
Ricardo García Capelli, actual secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, fue la persona nominada como interventor y entre sus atribuciones tendrá la facultad de pedir a los órganos civiles y militares, de administración pública federal, todos los medios necesarios para llevar a cabo su tarea.
Lula defendió el decreto como una medida necesaria ante la magnitud de los acontecimientos, y que comprometieron "gravemente" el orden público, atribuyendo también la responsabilidad a su antecesor.
"Esto también es su responsabilidad y de los partidos que pertenecen a él [Bolsonaro]", denunció Lula, tras recordar los discursos del ultraderechista para atacar a los poderes del Estado. Del mismo modo, afirmó que si algún miembro de su Gobierno facilitó "por omisión" la acción violenta en Brasilia, tendrá que asumir lo que le corresponda ante la Justicia.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.Mateus Bonomi /AGIF/Sipa USA / Legion-Media
En su discurso, el mandatario adelantó que viajaría a Brasilia para verificar la magnitud de los destrozos causados en los edificios de los poderes públicos, y garantizó que este tipo de acciones no volverán a ocurrir.
"Yo perdí elecciones en el 89, yo perdí en el 94, yo perdí elecciones en el 98, y en ningún momento ustedes vieron que militantes de mi partido o de izquierda hicieran cualquier humillación a un presidente de la República electo", rememoró el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT).
Retoma, detenciones e investigaciones
Tras la intervención del presidente brasileño, voceros del Congreso se sumaron a las voces de repudio a los actos vandálicos, mientras que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le dio un espaldarazo a la decisión de las autoridades federales en la capital.
Poco después, medios locales anunciaron la retoma de las instalaciones, mientras que la Policía Civil confirmó la detención de 300 manifestantes.
Entretanto, el Partido Liberal —que abanderó a Bolsonaro— se deslindó de las protestas violentas, aunque en un tono ambiguo reivindicó la acampada al frente del Cuartel.
"Es una vergüenza para todos nosotros, no representan a nuestro partido ni a Bolsonaro", aseveró el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, en un pronunciamiento divulgado en redes sociales. En ese video, el vocero aseguró que los movimientos protagonizados por los militantes bolsonaristas "fueron todos pacíficos".
Pero más allá de las voces de la escena política brasileña que salieron a rechazar la violencia, durante la jornada resaltó la reacción internacional para respaldar al Gobierno entrante. Países como Venezuela, México, Ecuador, Cuba, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia y España fueron los primeros en pronunciarse para condenar la irrupción del bolsonarismo contra los tres poderes y denunciar, además, el talante antidemocrático de las manifestaciones.
"Como presidente de la Celac y del Mercosur, pongo en alerta a los países miembros para que nos unamos en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil", indicó el presidente argentino, Alberto Fernández.
Horas más tarde, Bolsonaro rompió su hermético silencio y tomó postura frente a la violenta jornada: "Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", escribió en su cuenta de Twitter.
El expresidente aseguró que a lo largo de su mandato "siempre" se mantuvo "dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad".
Además, expresó su "repudio" a las acusaciones "sin pruebas", que le atribuye el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, en relación con un intento de golpe de Estado.
Así, a menos de una semana de haber asumido su tercer mandato, Lula enfrenta su primera gran crisis política con un movimiento que muestra músculo para develar la fractura política de Brasil, mientras el líder de una parte de la grieta se encuentra en EE.UU.
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