Investigaciones diferentes precisan que en Colombia, el 62% de los trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos y de ellos, el 62% son informales y de estos, el 52% gana menos de un salario mínimo. Es la realidad socioeconómica nacional
Durante más de 200 años, de vida republicana, supuestamente democrática, en Colombia ha sido posible la tiranía ejercida con el sistema salarial-ocupacional
Por Marcos Silva Martínez C.
Durante más de 200 años, de vida republicana, supuestamente democrática, en Colombia ha sido posible la tiranía ejercida con el sistema salarial-ocupacional de desempleo e injustificables salarios, como consecuencia que el poder siempre estuvo bajo el dominio absoluto de los dueños del poder económico y político.
Todos los años, por estas calendas, el conciliábulo de Empresarios, Gremios, Gobierno y usufructuarios del Régimen, soportados en una institucionalidad, proclive y defensora de sus intereses, reeditan el libreto farisaico de negociación del salario mínimo.
La verdadera razón del sostenimiento impositivo de paupérrimos salarios a las mayorías de trabajadores, ha sido siempre la mezquindad, la ignorancia y la irresponsabilidad político-social de gremios, empresarios, gobierno, institucionalidad y secuaces, respecto y en contravía de las dinámicas del desarrollo y la justicia social.
La realidad: Durante más de 200 años, de vida republicana, supuestamente democrática, en Colombia ha sido posible la tiranía ejercida con el sistema salarial-ocupacional de desempleo e injustificables salarios, como consecuencia que el poder siempre estuvo bajo el dominio absoluto de los dueños del poder económico y político.
El incremento del salario mínimo, es el soporte y fundamento para el paupérrimo incremento de todos los asalariados, públicos y privados, excepto de los elegidos del régimen, a quienes protege con maniobras y excepciones.
El régimen, somete a las mayorías a un estado de miseria y zozobra permanente por la supervivencia y a favor del capital y las riquezas.
Todas las decisiones en materia de empleo, son calculadas para proteger al empresario y someter al asalariado, con el beneplácito de la institucionalidad. Recordemos el último paro de Avianca y los despidos avalados por el Régimen. Como en la canción: “Si te gusta bien o si no te vas”.
Recordemos al nefasto Uribe: Como ponente, de la ley 50 de 1990. Todo su contenido fue contra los trabajadores y a favor de los empresarios. El Congreso lo apoyó.
En el primer año de gobierno del mismo Uribe, hizo aprobar del Congreso gobiernista la Ley de Flexibilización Laboral de 2002. Horas extras, duración del día, festivos, etc. Todo su contenido contra los trabajadores y a favor de los empresarios. La justificación perversa: La generación de empleo. Resultado: Colombia tiene la tasa de desempleo mayor de la región Latinoamericana y con esa ley de flexibilización, los asalariados perdieron más de $4 billones anuales, que se los ganaron los grandes y medianos empresarios. El congreso cómplice no ha sido capaz de derogarla. Ese es el nivel de responsabilidad con sus electores asalariados y la sociedad en general.
Pero el mismo politiquero Uribe, en 2019, volvió a insistir en la contratación por horas, trabajo parcial, etc., sistema laboral procedimiento que, siempre afecta al trabajador.
En el presente año, estamos frente a la expectativa, de decisiones que hagan diferencia: hay nuevo gobierno, con diferente sentido de la racionalidad social, visión y sentido del desarrollo socioeconómico. Debe apoyar decisiones y acciones para mejorar los ingresos del trabajador. El Constituyente Primario debe actuar.
Como manifestación y prueba de racionalidad social y humana, debe adoptarse, como políticas de Estado, un sistema anual de reajuste salarial automático en función del crecimiento real del costo de vida, no del manipulado por los instrumentos del régimen y la productividad real nacional, sino en función del costo y crecimiento de La Canasta Básica Familiar.
Propuesta y Alternativa: Solicitar apoyo total del actual gobierno, para que organizaciones sociales, con fundamento en el Recurso Constitucional del Referendo, otorgado al Constituyente Primario, éste realice un Referendo Nacional, para ordenar legalmente los procedimientos para el cálculo del Salario Mínimo Legal Mensual y de esa manera, establecer que:
El Salario Mínimo Mensual de los trabajadores colombianos, debe incrementarse, en los siguiente cuatro años consecutivos, hasta alcanzar la equivalencia del costo de la Canasta Familiar Básica y a partir de la vigencia del referendo, el Salario mínimo, tiene que reajustarse anualmente, en los primeros cinco días del mes de enero del correspondiente año, en porcentaje igual al del crecimiento porcentual del costo anual de la Canasta Familiar, del correspondiente año, inmediatamente anterior.
Si se logran mecanismos legales para prescindir de la malevolencia de Gremios, Empresarios y demás representantes del Régimen, es posible logar soportes menos inequitativos para la definición del Salario Mínimo Legal y en consecuencia mejorar el horizonte para alcanzar, mejoras en términos de justicia social.
Las inconsistencias del Régimen: lo había advertido la CEPAL, hace unos cinco años y lo denuncian con frecuencia las organizaciones de trabajadores colombianos. Las inconsistencias de las Encuestas de Hogar y las estadísticas del DANE, careces de soporte cierto.
La realidad es totalmente diferente. Investigaciones diferentes precisan que en Colombia, el 62% de los trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos y de ellos, el 62% son informales y de estos, el 52% gana menos de un salario mínimo. Es la realidad socioeconómica nacional. Son cifras que el ciudadano del montón, debe mantenerlas entre ceja y ceja, analizarlas y hacerse conscientes de quiénes son los responsables de que esto ocurra y de ese panorama socioeconómico nacional.
Son las cifras que explican el por qué, mas del 52% de la población, permanece bajo las líneas de pobreza (a pesar del DANE) y más del 15% vive en la indigencia, mientras solo el 20% de los colombianos, es dueño del 99% del ingreso y la riqueza nacional.
No obstante, ante semejante cuadro socioeconómico, la mezquindad del empresariado nacional, con la anuencia del gobierno y la institucionalidad, niegan el derecho a los trabajadores nacionales a mejorar sus condiciones de vida, con mejores salarios y mejor y oportuna de inversión social.
La extrema derecha es una amenaza y un peligro para el desarrollo de las naciones, y siempre soportan y argumentan sus ambiciones y mezquindades, en dogmas perversos, que no soportan análisis racionalmente elaborados, con fundamento en la realidad histórica del desarrollo de las naciones y de la distribución del ingreso y la riqueza.
Empresarios, Gremios y el Régimen socioeconómico político dominante, argumentan sus posiciones y decisiones, en dogmas explotados por economistas, que hasta hoy, en el planeta, no han logrado entender la realidad relativa, del desarrollo integral de las naciones, los efectos de la globalización del conocimiento, ni el despertar de la conciencia social, ni la voluntad de poder motivada e impulsada por el apetito insaciable de los dueños del poder económico y político y del capital.
Los economistas del régimen, en cualquier parte del planeta, camuflados en pomposos títulos académicos, engreídos con su supuesta formación técnica-científica, con argumentos falaces, sostienen que los excesos salariales son inflacionarios y hacen perder competitividad a las empresas.
Vale precisar que, las llamadas ciencias económicas, carecen de fundamentos y soportes técnicos y científicos. No son más que disciplinas académicas, fundamentadas en teorías, que presentan y usan como dogmas, favorables siempre, a la concentración del ingreso y la riqueza.
El transcurso del tiempo, los ha desvirtuado y ridiculizado con los resultados, a nivel global y las contradicciones económicas y la decadencia geo-política-económica, de naciones y organizaciones de naciones desarrolladas. Todos los gobiernos de todas las naciones deberían ser consciente, de toda la ebullición geopolítica y económica en curso, que solo puede concluir, en cambios de centros de poder y desarrollo, a nivel global.
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