ES CUESTIONABLE PAPEL DE LA CONVENCIÓN AMERICANA ANTE DETENCIÓN SIN JUEZ Y SIN DEFENSA DE PEDRO CASTILLO

El mandatario colombiano criticó que se haya apresado, "sin juez y sin defensa", a un presidente electo por el voto popular.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó este miércoles que ante la crisis de gobernabilidad que vive Perú y la detención "sin juez y sin defensa" de Pedro Castillo, es cuestionable el rol de la Convención Americana sobre el orden jurídico regional.

"La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano", dijo Petro a través de Twitter.

La semana pasada, el presidente colombiano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir "medidas cautelares en favor del presidente Pedro Castillo" y aplicar la Convención Americana, al considerar que en Perú se vulneró "el derecho a elegir y ser elegido", así como a "tener un tribunal independiente de juzgamiento".

La crítica de Petro se suma al llamado que hizo el lunes su Gobierno junto a los de Argentina, Bolivia y México, para que la "voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas" en Perú fuera respetada y que las instituciones de ese país se abstuvieran "de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio" tras la remoción de Castillo por el Parlamento y su posterior detención.

Este miércoles el propio Castillo solicitó a la CIDH velar por sus derechos políticos y los de la población que protesta en las calles desde hace una semana tras su destitución. En las manifestaciones, que contabilizan al menos siete fallecidos y decenas de heridos, se exige la salida de Dina Boluarte de la Presidencia, el retorno de Castillo, la disolución del Congreso y una Asamblea Constituyente para reformar el Estado.

La Convención Americana es un tratado internacional, vigente desde 1978, que prevé derechos y libertades que deben respetar los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La normativa es interpretada y aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luego de que la Fiscalía de Perú pidiera 18 meses de prisión preventiva en su contra, Pedro Castillo solicitó este miércoles la intercesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para velar por sus derechos políticos.

Mediante un trino, Castillo también llamó a resguardar los derechos de la población que ha salido a las calles a pedir su restitución en el poder, en medio de protestas fuertemente reprimidas y que han dejado, hasta ahora, un saldo de siete muertos.

"Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo", aseveró el mandatario vacado el pasado miércoles por el Congreso.

La salida del poder de Castillo se produjo de manera exprés, después de que el entonces mandatario emitiera un decreto que disolvía el Congreso y establecía un estado de excepción. En cuestión de minutos, las autoridades lo detuvieron y ahora podría quedar recluido de manera preventiva por varios meses.

Aunque la oposición acusó a Castillo de perpetrar un "autogolpe", lo cierto es que el político –que llevaba poco más de 14 meses en el poder– no contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la mayoría de su Gabinete de Gobierno.

Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta de Castillo, fue juramentada por el Congreso como mandataria del país andino. Ese movimiento, sin embargo, ha provocado muchas protestas en el país, especialmente en los bastiones electorales del mandatario vacado.

Los manifestantes piden la restitución de Castillo, quien llegó a la presidencia a través del voto, así como la disolución del Congreso y la salida de Boluarte de la primera magistratura.

Por Carlos Noriega

. Imagen: AFP

Página/12 en Perú

Desde Lima

Vencido este miércoles el plazo para su detención preliminar por una semana, el expresidente Pedro Castillo sigue en prisión. Este plazo se prorrogó 48 horas, algo que la ley permite, para mantenerlo recluido hasta que se defina el pedido de la fiscalía para que se le imponga prisión preventiva por 18 meses. Esto debía haberse visto este miércoles, antes que se cumpliera el plazo de la detención preliminar, pero esa audiencia fue postergada para este jueves en medio de denuncias de violaciones al debido proceso. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración por haber intentado cerrar inconstitucionalmente el Congreso, lo que fue una acción ilegal y desesperada de un presidente acorralado por un Congreso que lo quería destituir.

La fiscalía también pide la detención preventiva del exjefe del gabinete ministerial de Castillo, Aníbal Torres, que estuvo en el cargo hasta dos semanas antes de la destitución del expresidente. Es acusado de haber participado en el fallido intento de cerrar el Legislativo. Torres ha pasado a la clandestinidad. Desde la prisión, Castillo pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda por sus derechos. Este miércoles se presentaron dos habeas corpus pidiendo su liberación.

El pedido de protección a la CIDH para que se respeten sus derechos lo hizo Castillo en una carta escrita a mano que se hizo pública. “¡Basta ya!”, comenzó esa misiva el expresidente. “Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia. Los hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, escribió Castillo.

En esa carta, Castillo toma como un respaldo las movilizaciones que se extienden por buena parte del país, con mayor fuerza en zonas andinas. Eso es parcialmente cierto. Si bien las movilizaciones sociales fueron gatilladas por la destitución de Castillo y en ellas hay sectores que lo apoyan y demandan su libertad, el grueso de estas protestas no se centran en darle respaldo a Castillo, sino en demandar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias con la consigna “que se vayan todos”.

Cuando el abogado de Castillo, Ronald Atencio, llegó al cuartel policial en las afueras de Lima donde está el penal Barbadillo, que tiene como únicos detenidos a Castillo y al exdictador Alberto Fujimori, para participar en la audiencia virtual en la que se decidiría sobre la prisión preventiva del expresidente, no pudo ingresar. En la puerta del penal, donde simpatizantes de Castillo exigían su libertad, el abogado denunció una violación al derecho a la defensa. A pesar de esto, la audiencia se inició, pero debió ser suspendida hasta este jueves.

“No nos permiten el ingreso, en estas condiciones no puedo ejercer un debido derecho de defensa. No tengo el requerimiento de la fiscalía, no tengo la documentación para saber qué argumentar en la audiencia. Al no tener garantías necesarias para poder ejercer un derecho de defensa eficaz, no tengo nada que hacer en esta audiencia. No puedo ejercer la defensa en estas condiciones”, denunció el abogado de Castillo en la puerta del penal. Dio a entender que renunciaba a la defensa del expresidente por no haber condiciones para ejercerla en el marco de un debido proceso, pero horas después aclaró que no había renunciado. Los defensores de Castillo, pero también diversos analistas y juristas, han denunciado que se están violando el debido proceso y el derecho de defensa del expresidente.

En diálogo con Página/12, el abogado penalista Julio Arbizu señaló que “el delito de rebelión que se le imputa a Castillo no existe porque no se consumó, la Corte Suprema ha dicho en este caso que puede haber delito de rebelión en la modalidad de tentativa, eso es muy discutible, yo creo que no”. “Definitivamente -apunta Arbizu- no se está respetando el debido proceso. A Castillo se le levantó el fuero en el Congreso sin que haya una acusación, la que fue presentada después por la fiscalía, y sin darle el derecho de exponer su defensa. El levantamiento del fuero al expresidente en esas condiciones es ilegal. Además hay una serie de nulidades en la actuación fiscal. Por ejemplo, hay notificaciones a los abogados de Castillo para diligencias que se habían realizado antes de entregarse esas notificaciones, los abogados han dicho que no los han dejado conferenciar con Castillo. Están tratando de hacer un trámite exprés y en esa intención están sembrando nulidades”.

Arbizu señaló que la defensa de Castillo podría llegar hasta el Tribunal Constitucional para denunciar estas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. “Es clarísimo que hay un reguero de nulidades que tendrán que ser controladas por la justicia constitucional. Las irregularidades que existen podrían llevar a la nulidad de todo el proceso.” Agregó que los procesos ante la CIDH son largos y primero se debe agotar la vía interna, pero este organismo podría emitir un pronunciamiento con una recomendación para que se respete el derecho de defensa de Castillo.

“La detención de Castillo y todo el proceso en su contra son arbitrarios. Si esto se decidiera jurídicamente y no políticamente, Castillo debería ser puesto en libertad”, dijo Arbizu. Pero en este caso lo político está por encima de lo jurídico.

Protestas y violencia extienden estado de emergencia en Perú

Aldo Anfossi, enviado

Lima. El gobierno peruano optó finalmente por decretar el estado de emergencia en todo el país, tras constatar que las protestas y violencia iniciadas hace ya una semana, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo por el Congreso, no sólo continúan firmes sino que tienden a amplificarse.

Para este jueves está anunciada un masiva marcha por el centro histórico de la capital, hasta donde vienen representaciones desde diferentes puntos del país a participar.

Las exigencias principales siguen siendo la disolución del Parlamento, la renuncia de la gobernante Dina Boluarte, elecciones anticipadas inmediatas y, para algunos, la libertad y restitución de Castillo.

Temprano este miércoles se tuvo conocimiento de otras dos víctimas fatales, dos jóvenes de 18 años, ambos en regiones, con lo cual totalizan a lo menos nueve los fallecidos, mientras que hay centenares de heridos, algunos severamente, entre civiles y policías.

Tan desbocadas se presentan las circunstancias -13 de 24 departamentos registran altos niveles de anormalidad-, que Boluarte ofreció una fecha aún más próxima para realizar elecciones, esta vez en diciembre de 2023 y no en abril de 2024, como aceptó apenas hace unos días. Ella, que juró para terminar el periodo de Castillo en julio de 2026, acepta irse en 18 meses más, pero la demanda popular es ahora.

La oferta de la gobernante, que ya envió la reforma constitucional que modifica su mandato y establece elecciones en abril de 2024, pone contra la pared al Congreso, para que la apruebe en las próximas horas, antes de que concluya la legislatura, de modo que como manda la ley pueda ser ratificada en la siguiente, a inicios de 2023.

En cuanto a Castillo, quedó para este jueves la definición judicial acerca de si quedará en libertad una vez que venza su detención provisional, a la espera de que la fiscalía le formule cargos y para asegurar que no huya del país. El Ministerio Público pidió al tribunal dictar 18 meses de prisión preventiva mientras indaga la causa por delitos de sedición, levantamiento.

Cerca del mediodía, el cada vez más protagonista ministro de Defensa, Alberto Otárola, -en desmedro del premier Pedro Angulo Arana, muy en segundo plano-, confirmó que el estado de excepción se prolongará por 30 días calendario y que se adopta por "los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos ", lo cual "requiere una nueva respuesta contundente de parte del gobierno"; y que se evalúa disponer el toque de queda.

Se afectarán, dijo, el derecho a reunión -con lo cual las manifestaciones y protestan quedarían impedidas y/o restringidas-, la libertad de tránsito, la inviolabilidad de la vivienda y de libertad y seguridad personales.

En una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el decreto de marras se publicó la tarde del miércoles.

Según el gobierno, las protestas están siendo organizadas y dirigidas por "profesionales" y "extremistas" vinculados a los grupos terroristas y/o insurgentes Sendero Luminoso y Túpac Amaru, que operaron en los años 80s y que causaron decenas de miles de muertos. También ha señalado a tres parlamentarios del partido Perú Libre, que llevó al poder a Castillo, como instigadores de la convulsión: Guido Bellido, Guillermo Bermejo y Edgar Tello, al punto que un canal de televisión se dejaba decir que ellos "generan el caos y terror en todo el país con discursos subversivos que se camuflan en estas protestas". Adicionalmente se identifica a activistas del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Humanos (Movadef, supuestamente vinculado a Sendero Luminoso) y del Frente Patriótico Nacional, de fomentar la subversión ciudadana, tanto que cierta prensa limeña ha mostrado imágenes de sus rostros fotografiados mientras participaban en las marchas, y que reconocen son proporcionadas por el espionaje policial.

Sigue la convulsión

Apenas la noche del martes, el propio Otárola anunció el estado de excepción para las regiones de Ica y de Arequipa y en los 23 mil kilómetros de carreteras del país, para que la policía y el ejército restablezca el orden público, y para resguardar todo aquello considerado como infraestructura vital.

Tropas acompañadas de blindados se desplegaron en Arequipa, mil kilómetros al sur de la capital, protegiendo edificios públicos y retomando el aeropuerto local. No obstante seguían las manifestaciones aunque en forma pacífica.

En el departamento de Cusco -donde está edificada la ciudad inca y tesoro arqueológico de Machu Picchu, atracción del turismo mundial-, el aeropuerto seguía inoperativo, con decenas de pasajeros en precarias condiciones en la terminal. El ferrocarril Inca Rail anunció la suspensión de los servicios ferroviarias por la situación en el Cusco.

Llegaban noticias de que en Juliaca, 850 kilómetros al sureste de Lima, la región de Puno, el terminal aéreo también estaba cercado por manifestantes y a punto de ser tomado.

Los terminales de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac están cerrados.

Centenares de turistas internacionales que se dirigían a los vastos destinos interiores que tiene el país, desde a Amazonía y los Andes cordilleranos hasta la extensa costa del Pacífico, permanecen varados en los hoteles de Lima dada la inestabilidad e inseguridad generalizada.

En una marcha en Lima, destacan unos que van con ropa militar y porte marcial. Son ex militares, muchos vinculados a Antauro Humala (59), un ex militar ultranacionalista que en agosto pasado salió de la cárcel tras pasar 18 años de una condena a 25 por liderar un alzamiento contra el ex presidente Alejando Toledo en 2005.

Uno de sus seguidores, que prefiere no identificarse, habla con La Jornada y explica por qué están ahí.

"Somos ex combatientes militares, aquí en los 80s y hasta el 2000 hubo guerra interna, esos jóvenes ya están adultos y somos los que estamos acá. Estamos en contra de lo que está sucediendo en el país. Lo real es que acá al pueblo lo están atropellando, están matando gente de pueblo, están abusando; entonces, no estamos de acuerdo con el Congreso y la presidenta usurpadora no es reconocida".

Sigue: "Los licenciados (jubilados) de las fuerzas armadas hemos hecho un juramento a la bandera, defender la patria cuando estuviera en peligro y ahora está en peligro porque están atacando a gente del pueblo, y el pueblo es el país, la nación de nosotros".

Y remata: "Por dignidad le pido a la señora (Boluarte) que renuncie y cierre el Congreso y le de libertad al presidente Castillo y se acabó; esto viene de menos a más y no tiene idea de cómo va a crecer; el día jueves (hoy) habrá millones de licenciados acá, de las diferentes armas y ahí que se agarren bien duro".

En cuanto a la marcha del jueves en Lima, en las cercanías de la capital la policía decomisó sus arcos y flechas a una delegación de la etnia amazónica asháninkas que viajaba hasta acá en tres autobuses para sumarse a la manifestación convocada por el adelantamiento de las elecciones generales, reportó el medio digital Wayka.

Así están las cosas en Perú.

Mientras, los infaltables gallinazos siguen como desde hace siglos sobrevolando la ciudad, con su elegante planeo incesante en busca de carroña, cumpliendo su misión impagable de limpiar la ciudad de mucha escoria.

Aldo Anfossi, enviado