El impacto negativo sobre América Latina y el Caribe se profundiza por la extensión del conflicto en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia.
Esto es así porque a los países de la región se les complica el acceso a los alimentos y a insumos clave de la producción agrícola e industrial.
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Alfredo Zaiat
Economista argentino
Estas consecuencias desfavorables sobre los sectores productivos deben entenderse en el contexto de las diversas crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años:
- La crisis financiera de 2008.
- Las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China.
- La pandemia de COVID-19.
- El conflicto en Ucrania.
- El aumento de la inflación y la posterior alza de la tasa de interés internacional.
Estas crisis se tradujeron en rupturas en diversas cadenas productivas primarias y manufactureras, sea por un incremento de las barreras comerciales o por disrupciones en el sistema de producción y transporte global de bienes.
En el reporte Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?, elaborado por la CEPAL, se indica que se han creado presiones sobre los sectores productivos que van en contra de la tendencia a la globalización observada de las últimas décadas. La reducción de las tasas de crecimiento del comercio internacional y de su contribución al crecimiento mundial en los últimos años es un claro indicador de estos cambios.
Por caso, en la región, 26 países son altamente dependientes de las importaciones de trigo, mientras que 13 países presentan una alta dependencia de las importaciones de maíz. Solo la Argentina es exportador neto de todos los productos agropecuarios, en tanto que la subregión del Caribe es importadora neta de prácticamente todos ellos.
El triple desafío
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos —WFP, por sus siglas en inglés— presentaron un nuevo informe especial conjunto titulado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial.
En este documento convocaron a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance en el área rural para responder a un triple desafío:
- Combatir la inseguridad alimentaria.
- Frenar el aumento de la pobreza extrema.
- Apoyar la producción de alimentos en la región.
El conflicto en Ucrania ha afectado directamente el comercio internacional de petróleo crudo, gas natural, cereales, fertilizantes y metales. De esta forma, los precios más altos de la energía y los alimentos son parte de los factores que han llevado a una revisión a la baja del crecimiento global en 2022.
Se prevé que la economía mundial crezca 3,1% en este año, 1,3 puntos porcentuales menos que lo pronosticado antes del estallido de la guerra, mientras que la región de América Latina y el Caribe se expandirá 3,2% este año, pero se desacelerará notoriamente hasta 1,4% en 2023, según las últimas proyecciones de la CEPAL, debido al contexto internacional desfavorable.
Cuáles son las amenazas para la región
La extensión de la crisis actual, en la que convergen diversas amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo hace peligrar la seguridad alimentaria, sino que también podría conducir a la región y al mundo a grandes retrocesos en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible, advierte el informe.
"A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania", señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL.
Indicó que las subas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a los países exportadores como a los importadores netos de alimentos. Además, la región importa más de 80% de los fertilizantes utilizados en la agricultura.
Agregó que "una reducción en los rendimientos y las cosechas de productos claves para la seguridad alimentaria debido a una menor fertilización se sumaría a los efectos dañinos de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable".
El precio de los alimentos
El informe de la CEPAL, FAO y WFP destaca que la inflación de alimentos aumenta el riesgo de problemas de acceso a una dieta saludable, inseguridad alimentaria y hambre, pues afecta más a los hogares de menores ingresos.
En la región, la inflación que golpea a los sectores más pobres —primer quintil de la distribución del ingreso— es 1,4 puntos porcentuales más alta que la correspondiente a los sectores más ricos (quinto quintil).
En el primer quintil, los alimentos corresponden a más de dos tercios de la inflación general y en el quinto quintil, a menos de la mitad. Los precios de los alimentos han aumentado más que la inflación general en la región desde finales de 2018 y se han acelerado a partir de mayo de 2020. La escalada más reciente de los precios internacionales de los alimentos empezó a mediados de 2020, impulsada principalmente por el comportamiento de los precios de los aceites vegetales y los cereales.
Se esperaba que la presión inflacionaria inducida por la pandemia fuera transitoria. Sin embargo, el conflicto en Ucrania ha ocasionado más rupturas en cadenas productivas clave, como las de la energía y los fertilizantes. Esto no solo ha impedido que la inflación retome sus niveles anteriores a la pandemia, sino que la ha acelerado significativamente en los primeros siete meses de 2022.
El índice de precios de los alimentos a nivel regional a 12 meses alcanzó un 11,7% en septiembre de 2022, frente a un 7,1% de la inflación general. Según la FAO, el índice de precios de los alimentos, medido en términos reales, alcanzó su máximo nivel histórico, de 156,3 puntos, en marzo de 2022.
Aunque la producción mundial de granos sigue en un nivel adecuado para responder a la demanda, el incremento de los precios de los insumos y el transporte y las restricciones logísticas para acceder a la producción redundan en que los alimentos cuesten mucho más. En consecuencia, los consumidores enfrentan restricciones de acceso, pero, por el momento, no de disponibilidad de los alimentos.
El problema del hambre
América Latina y el Caribe como región tiene un superávit agropecuario anual de más de 127.000 millones de dólares, equivalente a 200 dólares por habitante, más que cualquier otra región del mundo, a excepción de Oceanía. Aun así, la gran mayoría de los países de la región están expuestos a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados del conflicto en Ucrania, pues son importadores netos de trigo, maíz y aceites vegetales.
Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señaló que "el hambre aumentó en la región en un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable".
Añadió que, "si bien el índice de precios de los alimentos de la FAO bajó en los últimos siete meses, su nivel aún se mantiene 14% más alto en comparación al 2021. El fortalecimiento de los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares; y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual crisis".
El estudio indica que reforzar el papel activo que los sistemas de protección social, incluyendo a los programas nacionales de alimentación escolar, desempeñaron durante la fase más crítica de la pandemia, es una necesidad para evitar que los segmentos más vulnerables de la población, como niños y ancianos, se vean irreversiblemente afectados por el alza de precios de los alimentos.
Pobreza multidimensional
Lola Castro, directora regional del WFP para América Latina y el Caribe, explicó que "en un escenario regional donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y donde diferentes crisis se están sumando a inequidades estructurales profundas, los sistemas de protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis".
Indicó que con el Programa Mundial de Alimentos están acompañando a los gobiernos nacionales para identificar y responder a estas necesidades incrementales, a través del uso y expansión de la protección social de manera sostenible.
Recomendó que garantizar el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes es una medida necesaria y válida si se focaliza en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la mejora de la eficiencia en el uso de estos insumos y de la sostenibilidad de la actividad agropecuaria.
El financiamiento de esas iniciativas debe incluir no solo los presupuestos públicos, sino también a los bancos de desarrollo, la banca privada —con la creación de mecanismos de garantía— y otras alternativas de financiamiento internacional como los bonos verdes y sociales, agrega el documento.
Finalmente, el informe enfatiza que la complejidad y la magnitud de las políticas que se requieren para conciliar las respuestas de emergencia con la reducción de problemas estructurales y fiscales demandan la coordinación en diversas áreas —macroeconómica, social y productiva— y la articulación de las respuestas a nivel regional.
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