Escazú es una clara derrota al autoritarismo connivente con el saqueo de nuestros recursos y una esperanza para quienes a diario luchan en defensa del medio ambiente
El Acuerdo entra a producir grandes transformaciones en la administración del patrimonio ambiental
Que la derecha y algunos empresarios se opongan a Escazú no debería sorprendernos, porque los unos no conciben un mundo con decisiones democráticas, garantía de derechos y responsabilidades frente a la comunidad internacional, y los otros, están acostumbrados a engrosar sus rentas sin atender la responsabilidad social ni las obligaciones con el Estado.
Fernando Valencia Rivera
Abogado, docente Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia
Esta semana el Congreso de la República aprobó en último debate la ratificación del Acuerdo de Escazú, después de 4 años de intentos fallidos y de una resistencia férrea de sectores de derecha. Bastó con el cambio de gobierno, con un par de meses sin ellos en el poder, para hacer posible lo que Duque había convertido en palabrería, posando de ambientalista y evadiendo los compromisos con la comunidad internacional. La decisión tuvo un respaldo contundente, sin las bancadas de cambio Radical y Centro Democrático que, consecuentes con sus intereses, se retiraron del recinto.
Este resultado no constituye solo una victoria temprana del Pacto Histórico por cumplir una de sus promesas de campaña, ni un merecido logro en la lucha de los ambientalistas, sino también, y ante todo, una derrota al autoritarismo de algunos gobernantes y al extractivismo indolente, además de un avance invaluable en la concepción del planeta como casa común de la humanidad. Para la comunidad internacional resulta esperanzador que un bloque de países acuerde medidas para garantizar la transparencia, la democracia y la justicia en la administración del patrimonio ambiental; y para América Latina y El Caribe, sometida a tantos dictadores y vende patrias, que las decisiones sobre ese patrimonio deban ser consultadas con la población y sometida a los criterios del bien común y el interés colectivo.
Los argumentos en contra son los mismos que se han esgrimido durante todo este tiempo, aunque no de manera muy explícita sino en grandes titulares que no permiten comprender fácilmente los fundamentos de la objeción: Que en nuestro caso no se necesitaba el Acuerdo porque ya hemos desarrollado todos los instrumentos que contempla, que paralizará la gestión del desarrollo y que nos dejará sin soberanía para administrar nuestros recursos naturales. Según el Centro Democrático “Escazú significa la pérdida de la soberanía de Colombia”, a lo cual agrega la senadora Cabal que por cuenta de este acuerdo “Aquí no vuelve a haber un puente, un túnel, una obra civil… (porque) es parte de una agenda globalista para frenar el desarrollo y empobrecer a los colombianos”.
Es cierto que nuestro sistema de gobierno ambiental, recogido en el Sistema Nacional Ambiental – SINA, el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) y otras normas, ya contempla amplios dispositivos de participación, acceso a la información, transparencia, control social y acceso a la justicia; pero también lo es que la industria extractiva se sigue amparando en los secretos de la seguridad y en los privilegios de la “utilidad pública” para negar el debate informado; que las garantías de cumplimiento de las normas y de protección a la participación son letra muerta en la mayoría de los casos, y que los daños al ambiente se acrecientan frente a una institucionalidad ineficaz.
El Acuerdo entra a producir grandes transformaciones en la administración del patrimonio ambiental: 1) Obliga a que cualquier intervención sobre éste surta la respectiva consulta con la población, 2) Crea un sistema de seguimiento a las obligaciones de garantizar transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia, lo que hace responsables a los Estados frente a la comunidad internacional; 3) activa competencias específicas de Naciones Unidas, y 4) establece un sistema de coordinación regional para el desarrollo sustentable, tanto en lógica de articulación institucional como del movimiento social. En desarrollo del Principio 10 de la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Río 2012, se busca garantizar que “toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales”.
Lo que sí se verá afectado con este acuerdo son las decisiones arbitrarias e inconsultas, la información privilegiada que produce inequidades y encubre irregularidades, así como la ineficacia y el ejercicio corrupto de autoridades ambientales. Para los empresarios decentes la medida se traduce en seguridad jurídica y estabilidad de sus inversiones, derivadas de la transparencia y de la aceptación en las comunidades, sin los permanentes conflictos socioambientales que comprometen la vida e integridad de los activistas sociales.
Que la derecha y algunos empresarios se opongan a Escazú no debería sorprendernos, porque los unos no conciben un mundo con decisiones democráticas, garantía de derechos y responsabilidades frente a la comunidad internacional, y los otros, están acostumbrados a engrosar sus rentas sin atender la responsabilidad social ni las obligaciones con el Estado. La aprobación de este acuerdo pone al país en el grupo de naciones que ha entendido la necesidad de cuidar nuestra casa común, para lo cual no hay mejor oportunidad que fortalecer la participación de la sociedad. Escazú es una clara derrota al autoritarismo connivente con el saqueo de nuestros recursos y una esperanza para quienes a diario luchan en defensa del medio ambiente. El cambio ya está sucediendo.
Edición 799 – Semana del 15 al 21 de octubre de 2022
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