La comunidad internacional debe conminar a las partes involucradas a cesar una actitud que no ha traído sino
muerte y sufrimiento
La indeseable prolongación y el estancamiento de la invasión rusa a Ucrania significa que soldados de ambas partes, así como civiles del país invadido, continúan perdiendo la vida todos los días como resultado de las operaciones bélicas, pero también un sufrimiento indirecto para millones de personas que nada tienen que ver en el conflicto.
Antes de que Moscú decidiera lanzar una operación militar especial sobre su vecino en respuesta a las constantes provocaciones occidentales y a la amenaza de integrar a Kiev a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los precios de todo tipo de productos ya experimentaban cuantiosas alzas debido a las dificultades para poner en marcha las cadenas de suministro interrumpidas o ralentizadas durante la pandemia. Sin embargo, el enfrentamiento entre dos grandes productores de alimentos y, sobre todo, la determinación de Occidente de destruir la economía rusa, han exacerbado la inflación e impuesto una enorme penuria a los hogares menos preparados para afrontar tal escalada en el costo de la vida.
Europa, que por razones de contigüidad territorial es la zona más afectada por las restricciones a la exportación de hidrocarburos rusos, padece una crisis energética alarmante y en vías de empeorar. En Alemania y Francia los precios mayoristas de la electricidad se encarecieron mil por ciento en un año al pasar de alrededor de 85 euros a 995 y mil 100 euros el megavatio hora, respectivamente. En Gran Bretaña, el Estado rico con la mayor inflación, los precios del gas han subido 10 veces más que el promedio de toda la década, y ya se anunció que a partir del 1º de octubre habrá un incremento adicional de 80 por ciento. La Confederación de organizaciones del sector sanitario británico advirtió que el aumento de las facturas traerá una crisis humanitaria este invierno, un panorama desolador cuando los dos principales aspirantes a suceder a Boris Johnson en Downing Street se oponen a cobrar impuestos sobre los beneficios extraordinarios de los gigantes energéticos para canalizar recursos a los hogares pobres. En España, el gobierno intenta aliviar la situación mediante sucesivas reducciones fiscales: ya había bajado el IVA a la electricidad a 5 por ciento, y ahora establecerá la misma tasa al gas, lo cual tendrá un impacto de 190 millones de euros (casi 3 mil 800 millones de pesos) trimestrales en las finanzas públicas, al mismo tiempo que las grandes corporaciones del rubro se enriquecen como nunca, especulando con los precios altos. El encarecimiento drástico de la energía ha llevado a millones de españoles a recurrir a bancos de alimentos, además de renunciar o restringir actividades tan cotidianas como cocinar, planchar o usar una lavadora.
Pese al impacto de la guerra en sus ciudadanos, los líderes de uno y otro lado se empeñan en extender el conflicto apostando a la vía militar y al juego de presiones y contrapresiones. Esta semana, las siete economías más avanzadas (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Japón) decidieron aplicar un tope de precios al petróleo ruso; en aparente respuesta (justificada con motivos técnicos), Moscú cerró por tiempo indefinido el gasoducto Nordstream 1 a las puertas del invierno boreal.
La comunidad internacional debe conminar a las partes involucradas a cesar una actitud que no ha traído sino muerte y sufrimiento, deponer las posturas maximalistas y buscar con honestidad una salida negociada al enfrentamiento geoestratégico que tiene lugar en el Este europeo, pero que repercute en el resto del mundo.
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