Lo cuestionable aquí es que la selección, contaminada por las componendas e intereses políticos (clientelares), le quitó legitimidad al propio mecanismo meritocrático diseñado
La selección, contaminada por las componendas e intereses políticos (clientelares), le quitó legitimidad al propio mecanismo meritocrático diseñado, por cuanto terminó imponiéndose el único criterio que de verdad opera: el de la recomendación política o el de tener conexiones con grupos de poder político.
Germán Ayala Osorio
Comunicador social-periodista y politólogo
Ya parece haber consenso entre todos los colombianos alrededor de la idea de que el mayor problema del país es la corrupción público-privada. De ahí se desprenden el miedo y la desconfianza de los ciudadanos en el Estado, fruto de una representación negativa de instituciones como el Congreso y organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, convertidas en nidos clientelares y por esa vía, en moradas de la corrupción y la inmoralidad.
La elección del Contralor General es, fundamentalmente, un ejercicio político (politiquero) en el que todos los gobiernos y las élites comprometidas en desfalcos y en la activación de proyectos de infraestructura buscan, bajo la intermediación de los congresistas, tener un Contralor amigo o de “bolsillo”, que viene siendo lo mismo.
El Congreso de la República, en su perversa función electora, acaba de investir como nuevo Contralor a Carlos Hernán Rodríguez, quien se desempeñó como Auditor General de la República. Esta elección, como las anteriores, resultó vergonzante. En esta ocasión, los dos más opcionados candidatos llegaron con buenos puntajes, obtenidos después de haber presentado un examen en el marco de una convocatoria pública. Hasta aquí, la meritocracia parecía la gran vencedora, pero al final no fue así y pudieron más las componendas políticas y los intereses partidistas. A la candidata María Fernanda Rangel, ficha del saliente Contralor, Carlos Felipe Córdoba, se le reclamó, además de su cercanía con Córdoba, el silencio que guardó desde su cargo dentro de la Contraloría, frente al saqueo de los recursos de la paz que hicieron varios funcionarios del gobierno de Iván Duque Márquez. Es decir, no ofrecía garantías, a pesar de tener un buen puntaje en la prueba que evaluó su idoneidad para ocupar semejante cargo. Ante la pérdida de apoyo de las bancadas que inicialmente venían acompañándola, María Fernanda Rangel declinó en su aspiración, lo que prácticamente selló la elección de Rodríguez como el nuevo Contralor General de la República.
Periodistas independientes y algunos políticos dijeron que Carlos Hernán Rodríguez es ficha del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía y según la Nueva Prensa, tiene o tuvo vínculos con el Cartel del norte del Valle.
Lo cuestionable aquí es que la selección, contaminada por las componendas e intereses políticos (clientelares), le quitó legitimidad al propio mecanismo meritocrático diseñado, por cuanto terminó imponiéndose el único criterio que de verdad opera: el de la recomendación política o el de tener conexiones con grupos de poder político. Incluso, el ser cercano a grupos de poder político cuyos miembros estuviesen cuestionados y fueran sancionados disciplinaria o penalmente, como es el caso de los amigos del nuevo Contralor. De esa forma, se desestimó el pasado de los aspirantes y sus cercanías, lo que terminó deslegitimando las pruebas presentadas. ¿Por qué las bancadas en el Congreso no desestimaron a los dos más opcionados por tener las relaciones y las amistades que el país señaló?
En el fondo de esta elección veo dos problemas: el primero, que, por diseño constitucional, la tarea electora del Congreso le quita legitimidad al cargo de Contralor General y el segundo, que el ethos mafioso seguirá estando presente hasta tanto la sociedad empiece a tener claridad entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal.
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Adenda:
el Tribunal de Cuentas que propone Roy Barreras, como remplazo a la Contraloría General de la República, suena bien, siempre y cuando quienes hagan parte de este no sean elegidos por los congresistas. Habría que afinar el mecanismo.
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Fuente:
Edición 791 – Semana del 20 al 26 de agosto de 2022
