La determinación de la Alianza Pueblo Unido por la Vida Insiste en que el pueblo recuperará las calles cuantas veces sea necesario
La asombrosa desigualdad de Panamá persiste a pesar de su crecimiento económico sin precedentes. Mientras que casi una cuarta parte de la población vive con menos de 400 dólares, el 37,3% del ingreso nacional va al 10% más rico
OCTAVIO GARCÍA SOTO
En Panamá, los trabajadores bloquearon las carreteras para obligar a bajar los precios y ganaron. (Foto: Rogelio Figueroa / AFP vía Getty Images)
Panamá es uno de los muchos países donde el costo de vida se está haciendo insostenible para los trabajadores. En las últimas semanas, los sindicatos han bloqueado las principales carreteras para exigir al gobierno que imponga topes a los precios de los alimentos, el gas y las medicinas, y ya han conseguido una rebaja del 30%.
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Aprincipios de julio, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, una coalición de trabajadores, estudiantes e indígenas panameños, bloqueó la Carretera Panamericana, la principal arteria de transporte personal y comercial del país. Exigían negociar con el gobierno y encontrar soluciones a los altos precios de la gasolina, los alimentos y las medicinas. El tráfico motorizado se paralizó.
Los atascos son una queja habitual en Panamá, producto del deficiente sistema de transporte público, la sobreabundancia de coches y las deficientes infraestructuras. Las protestas suelen ser enmarcadas por los medios de comunicación como una más de estas molestias —tan panameñas—, y se disuelven rápidamente tras la represión gubernamental. Pero esta vez los conductores mostraron abiertamente su apoyo. Y los habitantes de los pueblos vecinos también se sumaron. En Ciudad de Panamá, la capital, la gente salió a la calle y construyó barricadas. Los manifestantes bailaron, compartieron comida en ollas populares y algunos incluso durmieron en las barricadas. Por primera vez desde la invasión estadounidense de 1989 que derrocó al dictador Manuel Noriega, la vida cotidiana en Panamá se había paralizado.
La Alianza Pueblo Unido por la Vida exigió una negociación individual con el gobierno, con los trabajadores unidos como una unidad de negociación. El gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), nominalmente socialdemócrata, respondió con una fuerte represión, especialmente en el centro del país, en la provincia de Veraguas, donde el 20 de julio un enfrentamiento de ocho horas terminó con varios heridos por golpes, disparos de perdigones y gases lacrimógenos, entre ellos peatones e incluso niños. El recuento oficial de la policía habla de veinte detenidos y doce heridos, aunque los representantes legales de los sindicatos de maestros han registrado veintidós heridos por las fuerzas policiales. Mientras tanto, el gobierno buscó una respuesta política para aplacar la ira popular: negociaciones falsas, congelación de los precios de una pequeña cantidad de productos alimenticios (no los suficientes para una comida sana) e intentos de soborno a los líderes del movimiento de la Alianza. Al cabo de dos semanas, el gobierno de Cortizo aceptó negociar por televisión.
En el momento de escribir estas líneas han pasado algo más de dos semanas desde el inicio de las negociaciones. Se han levantado los bloqueos y, en algunos de los nueve puntos de discusión, se ha llegado a un consenso: una reducción del 30% a la canasta básica de alimentos (de 289,92 a 207,92 dólares), con 72 topes adicionales a los precios de los productos; una reducción del precio de la gasolina a 3,25 dólares por galón y la promesa de destinar el 6% del PIB a la educación pública. Además, el gobierno ha aprobado una reducción temporal del precio del 30% a 170 medicamentos. Pero la Alianza ha denunciado al gobierno por no cumplir estos acuerdos y ceder en su lugar a un boicot empresarial. El miércoles, los trabajadores volvieron a salir a la calle en respuesta a la continua subida del precio de los alimentos en los supermercados.
La élite empresarial, entre la que se encuentran los poderosos sectores farmacéutico y agrícola, se esfuerza por desbaratar este proceso. Las mayores asociaciones empresariales de Panamá están dando vueltas en los medios de comunicación impresos y televisivos altamente monopolizados. Sus portavoces amenazan con ignorar los acuerdos de la negociación mientras advierten de los costos y exigen su inclusión en la mesa de negociación. Estas afirmaciones no son contestadas por los medios de comunicación, que no señalan las realidades condenatorias que apuntan a su responsabilidad en la crisis. En 2019, por ejemplo, las autoridades informaron de una obscena tasa de evasión fiscal del 87,4% por parte de las empresas.
La asombrosa desigualdad de Panamá persiste a pesar de su crecimiento económico sin precedentes. Mientras que casi una cuarta parte de la población vive con menos de 400 dólares, el 37,3% del ingreso nacional va al 10% más rico. Sin embargo, los medios de comunicación corporativos se dedican a alimentar el «miedo a los rojos» con comparaciones desinformadas con Cuba y Venezuela, explicando los disturbios civiles de los últimos años en América Latina como estratagemas maquiavélicas de la izquierda y difundiendo teorías conspirativas de que las intervenciones extranjeras son la fuerza motriz de la protesta. Mientras tanto, el gobierno del PRD, que ha sido amigable con las corporaciones desde los tiempos del General Omar Torrijos, ha abogado abiertamente por la inclusión del sector empresarial en las negociaciones.
También exigen participar en las negociaciones los llamados independientes, que se han hecho rápidamente famosos por su activismo «anticorrupción» y sus conexiones con los medios de comunicación. Están formados por numerosas ONG respaldadas por empresas y favorables a Estados Unidos, así como por congresistas. Aunque la pequeña corrupción es un problema endémico en la política panameña, este activismo favorable al establishment se inclina fuertemente hacia la austeridad y evita cualquier tipo de crítica a la verdadera corrupción: la perpetrada por sus patrocinadores.
A pesar de los acuerdos en la mesa de negociación, ha habido muchos estancamientos. Sigue sin haber solución para la cuestión de los altos precios de la electricidad o el empobrecido sistema de seguridad social. Los movimientos sociales de la Alianza denuncian al gobierno por negarse a fijar un tope a los beneficios de la industria farmacéutica. Además, reclaman un boicot por parte del gobierno debido a los constantes cortes de la transmisión en directo de la mesa de negociación, especialmente cada vez que se dicen hechos perjudiciales para la clase empresarial.
Pero tan cierta como la reacción del capital es la determinación de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Insiste en que el pueblo recuperará las calles cuantas veces sea necesario, pues es él quien establece las reglas.
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