PANAMÁ: ESTALLIDO SOCIAL E INDIGNACIÓN

AGENCIAS /

A tres años del Gobierno del presidente neoliberal Laurentino Cortizo, las cosas no pintan bien en Panamá. Todo el país está en pie de lucha. Diversos sectores de la sociedad, como educadores, pescadores, camioneros, taxistas, buseros colegiales, sindicatos, pequeños productores, estudiantes, y cada día se suman más sectores, alzando su voz. Los motivos inmediatos: el alto costo de la gasolina, la canasta básica, y otro que últimamente aparece en el discurso de algunos funcionarios: ¡no hay presupuesto! Por otro lado, los problemas de fondo: la abultada deuda pública (más de cuarenta mil millones de dólares), las políticas neoliberales, las instituciones financieras internacionales y la hegemonía de este sistema de partidos de derecha como reflejo, entre otras cosas, de los intereses del “poder económico” que imposibilita reformas de fondo, como una reforma tributaria progresiva y la transición hacia una democracia participativa.

Todo ese panorama de desgobierno y aplicación de políticas neoliberales por parte del Gobierno de Cortizo ha llevado que amplios sectores de la población el istmo se hayan levantado y estén protagonizando un paro nacional que ya supera las dos semanas. Los trabajadores panameños sostienen que continuarán en las calles hasta que el Gobierno los escuche y les dé soluciones a sus acumulados problemas

Las diversas organizaciones sociales que han activado las protestas antineoliberales han ratificado que continuarán movilizadas que no aceptan los términos de diálogo que busca imponer el régimen de Cortizo.

Imágenes y videos difundidos a través de las redes sociales muestran piquetes de trabajadores, cortes de ruta y marchas en provincias como Colón, Chiriquí, Veraguas y diversos puntos de Ciudad de Panamá

Según reportes de prensa, hay cierres de la carretera Interamericana por grupos indígenas y campesinos en Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, así como las regiones de Azuero y Pacora.

Las protestas iniciaron el 6 de julio pasado y son articuladas por un abanico de colectivos y gremios, hastiados del alto costo de la vida, el encarecimiento de los combustibles y artículos de primera necesidad, la pobreza, el desempleo, el déficit de vivienda, la corrupción administrativa y otros problemas.

Entre los grupos que convocan sobresalen la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

También se mantienen muy activos diversos gremios de maestros y transportistas, el pueblo Ngäbe Buglé en residencia y todas las comunidades en lucha a nivel nacional.

Desde Colón, donde meses atrás hubo intensas protestas, los trabajadores exigen al régimen que convoquen a un diálogo con verdaderos representantes del pueblo, y no con delegados de organizaciones ausentes de la lucha ni con funcionarios y políticos conocidos por su corrupción.

Rechazan que en la mesa de negociaciones, que convocó el Ejecutivo para el jueves 14 de julio, no estuvieran representados la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Anadepo, Suntracs y otras organizaciones que encarnan el sentir popular.

El secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof), Fernando Ábrego, denunció que Cortizo impuso sus condiciones de invitados, mediador, temas a debatir, así como lugar, fecha y hora. Además, recalcó que buscan diálogo con justicia social.

Las protestas causan sensibles afectaciones a la producción de bienes y servicios. Según cálculos del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), se estarían perdiendo alrededor de 16 millones de dólares por cada día de manifestaciones.

“Contra la inflación y la corrupción” son los principales reclamos de los manifestantes que rechazaron, por insuficientes, los recientes anuncios de congelamiento de precios en alimentos y combustibles al nivel actual que realizó el Gobierno.

«En Panamá está ocurriendo un hecho sin precedentes», es los que dicen los analistas. El país tiene una economía dolarizada y centralizada en el área de servicios. El canal interoceánico aporta más de 2.000 millones de dólares anuales al tesoro nacional.

En general, Panamá ha registrado altas tasas de crecimiento económico y alternancia del poder político. Desde 1989 la estabilidad social era la apariencia que escondía un país con uno de los mayores índices de desigualdad social del mundo. A pesar de ello, los números de los economistas neoliberales dicen que Panamá creció en el 2021, un 17,8 % y en este año, en el primer trimestre, un 13,6 %.

¿Quiénes protestan?

Además de gran número de movimientos sociales y organizaciones populares, participa la mayoría de los grandes sindicatos del país. Las organizaciones sociales que están al frente de la protesta en todo el país son:

Luis Sánchez es un líder docente y miembro principal de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), grupo que ha protagonizado desde un inicio las manifestaciones a nivel nacional. Anadepo, que tiene su base en la provincia de Veraguas, representa a 22 organizaciones de docentes, civiles, ganaderas, pesqueros, agrícolas, de transporte y estudiantiles.

Sus dirigentes rechazaron la convocatoria de diálogo del régimen en la Ciudad del Saber e insistieron en que esperarán a la comisión gubernamental en Santiago, Veraguas.

La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), presidida por Marcelo Guerra, es una organización integrada por siete pueblos originarios (Kuna, Emberá, Wounaan, Ngäbe, Bugle, Naso Tjërdi y Bri Bri) distribuidos en once territorios.

Los gremios educativos

Fernando Ábrego preside la Asociación de Profesores de Panamá, mientras que Luis Sánchez lidera la Asociación de Educadores Veragüenses y representa a Anadepo. La Asociación de Maestros Independientes y la Unión Nacional de Educadores de Panamá también están unidas a la protesta.

Bajo el liderazgo de Saúl Méndez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción e Industrias Similares, tiene 40 mil integrantes. Suntracs ha protagonizado varias protestas, marchas y cierres de calles y además ha paralizado la industria de la construcción.

La junta directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), presidida por Elidya Espinosa, grupo que integra nueve capítulos en el país, anunció que continuarán realizando piqueteos en las instalaciones de salud y participarán en marchas convocadas a nivel nacional.

Amoacss, gremio de la salud

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), dirigido por el doctor Fernando Castañeda, también se ha manifestado en apoyo a las peticiones de los demás grupos sociales, anunciando además que se irían a un paro general si no hay respuesta oficial a sus demandas exigidas.

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá es una organización que se identifica como “pro activa en la defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo en general, interlocutora en los problemas nacionales y en el proceso permanente de la unidad, con la capacidad de convocatoria y preparación de cuadros sindicales de calidad”. Está liderada por Alfredo Graell.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida es una de las organizaciones sindicales, populares, conformada por gremios de profesionales de Panamá que está al frente de estas protestas, organizando las acciones de luchas, confirmó Marco Andrade, uno de sus miembros.

Panamá ha vivido más de tres semanas de protestas ininterrumpidas contra la carestía, la corrupción y el despilfarro de recursos públicos. Pese a que las cifras oficiales ubican la inflación en 4.2 por ciento, este número disfraza mal realidades como el incremento de casi la mitad en el precio de la gasolina durante lo que va del año, factor que ya impactó de manera sensible en el costo de los alimentos y otros productos. La poca sensibilidad del gobierno de Laurentino Cortizo ante las demandas de la población ha profundizado el descontento y ni siquiera el anuncio de que el precio del combustible (que llegó a rozar seis dólares el galón) bajará a 3.95 dólares logró apaciguar los ánimos sociales y desactivar las manifestaciones, cuyo principal método han sido los cortes viales.

Más allá de la mala gestión del actual gobierno, debe reconocerse que los problemas de Panamá son estructurales: al ser una de las economías más abiertas, el país se encuentra expuesto como pocos a los vaivenes globales y cuenta con pocas herramientas para modular el efecto de disrupciones como el alza generalizada de precios derivada de los efectos económicos de la pandemia de covid-19 y, posteriormente, por el conflicto en Ucrania.

Debe recordarse que la nación centroamericana es lo que se ha denominado una plataforma trasnacional de servicios, es decir, que su economía se encuentra volcada a proveer servicios a los grandes conglomerados mundiales que buscan mover capitales y mercancías por el planeta. Estas actividades suponen 42 por ciento de su producto interno bruto, a lo que debe sumarse 20 por ciento del sector de la construcción, claramente orientado a, y dependiente de, esta misma matriz trasnacional. También es dicha lógica la que hizo de Panamá un territorio idóneo para actividades paralegales o francamente ilegales, como la evasión fiscal y el denominado blanqueo de capitales, mismos que quedaron expuestos en la trama múltiple de corrupción y lavado de dinero conocida como Panama Papers. En ausencia de un sólido sector nacional propiamente dicho, es inevitable que la economía panameña quede expuesta a los efectos más devastadores de las turbulencias financieras y de producción por la que atraviesa el mundo.

Por otra parte, el hecho de que la masiva y continua llegada a Panamá de capitales foráneos coexista con la tercera mayor desigual-dad en América Latina (detrás de Brasil y Honduras) y con una tasa de informalidad de 53 por ciento (antes de la pandemia ya erade 45 por ciento) deja al descubierto la fala-cia de que la inversión (sobre todo extranjera) sea una especie de llave mágica para detonar círculos virtuosos de integración y desarrollo. Por otro lado, debe señalarse que el país ha mostrado uno de los ritmos de crecimiento más notables y sostenidos en la región, pero ello no se ha traducido en ninguna reducción significativa de la desigualdad, según el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras en otros países un punto porcentual de aumento del PIB permite reducir en un de por sí exiguo 0.28 por ciento el índice de Gini (indicador que mide la desigualdad), en la nación canalera lo reduce en apenas 0.05 por ciento. Es muy importante recalcar este dato, puesto que desmonta de manera irrebatible uno de los mitos favoritos del credo neoliberal: que la vía principal, si no única, para combatir la desigualdad es aumentar el tamaño del pastel. Con el caso panameño queda claro que, en ausencia de políticas redistributivas y de regulaciones estrictas al sector privado, ningún crecimiento redunda en bienestar para las mayorías, puesto que sus bondades son capturadas por oligarquías locales y globales y sirven sólo para reforzar las asimetrías y el dominio de las élites.

En lo inmediato, cabe esperar que las autoridades panameñas escuchen el clamor de sus ciudadanos y tomen medidas para atenuar el malestar generado por el encarecimiento de la vida y la errática conducción gubernamental, siempre en el entendido de que cualquier concesión será un mero paliativo mientras no se aborde el problema de fondo, que es un neoliberalismo radical que confía ciegamente en el mercado.