Una preocupación común de militares y policías es que una eventual reforma perjudique las condiciones laborales y de retiro de los uniformados.
No será fácil para el presidente Petro construir credibilidad entre los militares, pero asegura que no es imposible
Crédito: Jorge Restrepo
El 7 de agosto Gustavo Petro se convertirá no solo en el presidente de la república, sino en comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Cambio habló con militares activos y retirados sobre las implicaciones de que un antiguo guerrillero sea el jefe de las fuerzas que lo combatieron.
El 9 de marzo de 1990 la guerrilla Movimiento 19 de Abril, M-19, firmó la paz en Caloto, Cauca, con el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco. Gustavo Petro, que en ese momento tenía 30 años, se acogió a esos acuerdos y los ha cumplido siempre. No obstante, tres décadas después, muchos militares siguen viéndolo como un guerrillero, desmovilizado pero al fin de cuentas guerrillero.
Militares de diversa graduación, desde capitanes hasta generales, activos y retirados, algunos de ellos antiguos miembros de las cúpulas castrenses hablaron con Cambio sobre la inédita circunstancia de tener como comandante en jefe a quien, por algunos años, consideraron enemigo y blanco posible: el ahora presidente electo.
La formación de los militares en todo el mundo, y Colombia no es la excepción, pasa por la exacerbación del odio hacia el enemigo. Puntualmente, desde una perspectiva antisubversiva. Eso es parte de la formación en la doctrina del enemigo interno. Los soldados se entrenan cantando consignas de descalificación y eventual muerte en combate del adversario.
“Sube sube guerrillero/ que en la cima yo te espero/ con granadas y morteros/ y las caras nos veremos”. Este verso es solo uno del amplio repertorio que por décadas han repetido soldados, suboficiales y oficiales en sus entrenamientos. Algunas veces incluso menciona con nombre propio a quienes son el objetivo de sus balas: "Quisiera ser el diablo/ salir de los infiernos/ salir a patrullar/ y cuando esté en el área/ de frente a Timochenko/ con mi punto 50 poderlo aniquilar".
Para personas que estuvieron en la milicia desayunando, almorzando y comiendo esta clase de formación, es muy difícil entender que ahora tengan la misión de obedecer, seguir y rendirle honores a un antiguo guerrillero.
Un general retirado que alcanzó el más alto rango en la jerarquía militar y ocupó un lugar preponderante en la cúpula del Ejército piensa lo siguiente: “Él no es bien visto al interior de las fuerzas porque es un elemento que estuvo vinculado a un grupo armado, que nos enfrentó, que trató de hacernos daño. La percepción es que de buenas a primeras, un desmovilizado, de manera increíble, llega a comandarnos”.
Aunque su declaración es una de las más radicales, no es aislada. Un coronel activo, que aceptó hablar con Cambio, con la condición de conservar la reserva de su identidad, dijo que muchos uniformados quisieran retirarse antes de rendirle honores al nuevo presidente. Sin embargo, según él, “la necesidad obliga a quedarse”.
Otro general que llegó al más alto nivel tiene una perspectiva más serena del asunto. Afirma que “el Ejército camina al son que le toquen” y cree que con el paso de los días aumentará la confianza mutua si “se incrementa la moral”, que es el término que los militares usan como sinónimo de motivación y entusiasmo. Ese mismo general señala que no será fácil para el presidente Petro construir credibilidad entre los militares, pero asegura que no es imposible.
Por su experiencia cree que la confianza entre los uniformados y los presidentes siempre se ha creado a partir de pequeños gestos. Por ejemplo, cuenta que el 10 de agosto de 2002, el recién posesionado presidente Álvaro Uribe, citó en la Casa de Nariño a las ocho de la noche a todo el cuerpo de generales y almirantes. Según recuerda, había un gran desánimo por lo que fue la relación con Andrés Pastrana, especialmente por el proceso del Caguán. En el desarrollo de la reunión, un general de la Policía se quejó porque la fuerza pública tenía que detenerse para pagar peajes en medio de una persecución. Uribe oyó y le dio inmediatamente la orden al ministro de Interior, Fernando Londoño, de suprimir el cobro de peajes para las Fuerzas Militares. Los uniformados aplaudieron largamente.
Ni Uribe podía legalmente dar esa orden, ni Londoño cumplirla. Pero el simple gesto de decir que sus preocupaciones serían atendidas logró un cambio de actitud. Eso era posible para Álvaro Uribe, cuyo discurso interpretaba el sentimiento de los uniformados. Gustavo Petro, en contraste, representa lo contrario, por su origen y porque buena parte de su carrera política la ha dedicado a denunciar la violación de derechos humanos y la relación de miembros de las Fuerzas Armadas con paramilitares.
“Aquí no va a haber un golpe de Estado”
Petro siempre ha sostenido que la mayor responsabilidad de las masacres a civiles está en el poder político y no en el militar, pero sus denuncias, válidas política y judicialmente, son percibidas como persecución de un líder izquierdista contra las Fuerzas Armadas, que tienen la natural tendencia a sentirse incomprendidas y maltratadas por los civiles.
Uno de los altos mandos consultados afirmó que será necesario que un grupo de generales “se sacrifique y asuma el mando, porque la institución no puede quedar al garete”. Sin embargo, advirtió que la cúpula que designe Petro, al menos al principio, será vista con desconfianza por muchos oficiales, suboficiales y soldados.
La resistencia es de tal magnitud que, incluso, se dice que algunos altos oficiales del Ejército y la Policía fueron llamados a calificar servicios por el solo rumor de que se habían reunido con el candidato del Pacto Histórico. Entre los oficiales que habrían sido sometidos a ese tratamiento estaría el coronel José Luis Esparza, comandante en tierra de la emblemática Operación Jaque. Hace unos días, Esparza aseguró que lo “culparon” falsamente de reunirse con Petro y que la verdad es que solo vino a conocerlo meses después, en un debate presidencial, cuando ya estaba retirado y era compañero de fórmula de Íngrid Betancourt.
Similar suerte habría corrido el general Juan Carlos Ramírez, antiguo inspector del Ejército, quien pidió la baja del servicio después de afrontar rumores sobre otra supuesta reunión con Gustavo Petro. Para ese momento, el general Ramírez, por su rango, antigüedad y trayectoria, se perfilaba como el sucesor obvio del comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro.
Las proscritas reuniones con Petro se volvieron un “coco” entre los militares, pero algunos de ellos se atrevieron a desafiar la prohibición tácita. Un alto oficial le dijo a Cambio que al menos tres mayores generales y dos brigadieres generales tuvieron encuentros con Gustavo Petro o con miembros de su círculo político más cercano antes de las elecciones.
Dos días antes de la segunda vuelta, Gustavo Petro presentó ante un grupo de personalidades de diversas tendencias su plan de Acuerdo Nacional. Entre los asistentes estaba el mayor general retirado Ricardo Díaz Torres, antiguo director de inteligencia militar. Un día después, el sábado 18 de junio, víspera de las votaciones, el general Díaz publicó un video anunciando que apoyaba a Gustavo Petro.
La reacción en redes sociales, impulsada por uniformados retirados, fue mayoritariamente de rechazo. Descalificaban la condecorada trayectoria del general Díaz y muchos lo tacharon de “traidor”. Semejante ataque visceral anticipó lo que puede ser la postura de los uniformados frente al nuevo comandante en jefe.
Pese a todo esto, ninguno de los oficiales consultados por Cambio contempla como posible una salida violenta frente al presidente constitucional. “Aquí no va a haber un golpe de Estado, pero sí es posible que baje el compromiso con los resultados operacionales”. La frase traduce que es probable que el nuevo gobierno esté abocado a un deterioro de las condiciones de seguridad en amplias áreas de Colombia, por la aplicación de una especie de “operación tortuga” no declarada.
Situaciones similares se han visto en el pasado cuando, por ejemplo, altos oficiales han sido llamados a responder por violaciones a los derechos humanos y falsos positivos. Mientras se adelantan los procesos en las capitales, los uniformados en el campo bajan el ritmo de las operaciones o las detienen totalmente, con la excusa de no querer meterse en problemas legales.
Verdes de la ira
La presentación del informe final de la Comisión de la Verdad ha sido objeto de múltiples lecturas entre los militares. Unos cuantos ven la oportunidad de mostrar que es posible adecuar la doctrina militar a los nuevos tiempos y respetar los derechos humanos sin rebajar los niveles de eficiencia (ver la columna "Un Ejército preparado para mantener la paz" del coronel Pedro Rojas Guevara en la presente edición de Cambio).
Sin embargo, la gran mayoría de los militares consultados asume este informe como una derrota política infligida por personas de izquierda –a quienes califican sin pruebas como afines a la guerrilla– en contra de las Fuerzas Militares que, en su sentir, han trabajado abnegadamente para mantener la democracia. Frecuentemente se dice que los militares activos hablan por la boca de los retirados.
El pasado 1 de junio, 52 asociaciones de militares retirados, encabezadas por Acore, criticaron el informe en agrios términos, señalando que había un sesgo y que la Comisión de la Verdad no se preocupó por las víctimas uniformadas a las que simplemente había ignorado: “Esta comisión, desde su creación no genera credibilidad por los procedimientos y personas que hicieron parte del proceso de selección, así como los comisionados que la integraron donde se denota un marcado sesgo ideológico y una amplia experiencia en litigio internacional contra el Estado colombiano, que no garantiza la imparcialidad de sus informes”, dice el comunicado de los militares retirados.
Según una fuente militar, las asociaciones de retirados están preparando una especie de contrainforme para dar su versión sobre el reporte final de la Comisión de la Verdad.
La ceremonia de entrega del informe, que resultó emocionante para muchas personas, causó escozor entre la mayoría de los militares que lo sintieron como sal en la herida. El auditorio estaba lleno de personas que ellos consideran de izquierda; mientras que la ausencia del presidente saliente Iván Duque y la presencia del electo Gustavo Petro, los abucheos al uno y los aplausos al otro, marcaron el tono del evento.
Además para muchos militares resultó ofensivo que el comisionado Alejandro Valencia Villa hubiera resaltado en la presentación del informe ante la Comisión Europea la recomendación de suspender la actual ayuda militar y convertirla en ayuda para la paz. “No más ayuda para la guerra”, dijo Valencia. La postura, que tiene lógica desde el punto de vista de la Comisión de la Verdad, fue leída por los uniformados como una recomendación de veto a las Fuerzas Armadas de Colombia por parte de la Unión Europea y sus miembros.
Ni el comisionado Valencia es parte del gobierno Petro, ni su voz representa al poder ejecutivo pero terminó enturbiando aún más la relación de los militares con Petro, que elogió el trabajo de la Comisión de la Verdad y dijo que implementaría sus recomendaciones que, entre otros asuntos, incluyen la reducción del pie de fuerza.
Lo evidente es que la petición de suspender la ayuda militar no es realista porque la guerra desafortunadamente no se ha acabado. Regiones como Cauca, Nariño, Arauca y Norte de Santander, entre otras, siguen siendo un gran desafío para el orden público por la acción del ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otros grupos armados. El informe final de la Comisión de la Verdad es una encomiable revelación del pasado oculto, pero no puede considerarse de ninguna manera un retrato fiel de la situación de orden público actual y menos aún una guía irrefutable de estrategia militar.
Ruido de bolillos
También en la Policía hay preocupación. Por un lado, desde el punto de vista estratégico, piensan que la salida del Ministerio de Defensa activaría nuevamente un espíritu de competencia con los militares que conduce a la duplicación de recursos y menor eficiencia operacional. De acuerdo con un alto oficial: “Hoy por hoy se reparte la tarea para perseguir un blanco delincuencial. La Policía pone la inteligencia; el Ejército, las Fuerzas Especiales; la Armada, plataformas de escucha, y la Fuerza Aérea, la capacidad para bombardear quirúrgicamente. Esto se perdería si nuevamente la Policía entra a competir con los militares y un ministerio, llámese del Interior o de Seguridad, quiere competir con el de Defensa”.
Otro aspecto de la preocupación es el presupuesto de la fuerza pública y el reconocimiento de la jerarquía de los oficiales y suboficiales de la Policía. Los ascensos en el Ejército y las demás Fuerzas Militares se dan por antigüedad y tiempo cumplido en cada uno de los grados. Lo mismo sucede hoy con la oficialidad de la Policía Nacional.
Sin embargo, entre los suboficiales de la Policía los rangos son hace un tiempo diferentes. Ya no se llaman cabos y sargentos, sino comisarios, subintendentes, intendentes y patrulleros, pertenecen a un nivel definido como ejecutivo, creado con el propósito de desmilitarizar los ascensos. Ahora se producen de acuerdo con méritos y cupos. Todo esto, en principio, sonaba como una buena idea pero en la práctica se ha visto reflejado en un represamiento de las jerarquías y en un creciente tráfico de recomendaciones. Algunos dicen que solo ascienden quienes tienen padrino poderoso.
Una preocupación común de militares y policías es que una eventual reforma perjudique las condiciones laborales y de retiro de los uniformados.
Aunque en su primera entrevista como presidente electo, Gustavo Petro le dijo a Cambio que su prioridad era mejorar las condiciones de vida de los soldados y policías, se percibe el temor en las filas por una eventual reforma.
La Policía, como lo reiteró Petro en su entrevista, no es una fuerza militar, sino un grupo civil armado, como ocurre en todas las democracias. Sin embargo, las características del conflicto armado en Colombia y el auge del narcotráfico convirtieron a la Policía Nacional en un enorme ejército, con cuerpos de aviación, de marina, de aire y unidades de fuerzas especiales, más parecidas a los Navy Seals que a los cuerpos Swat de las policías de Estados Unidos.
La desmilitarización de la Policía tiene todo el sentido institucional, pero su aplicación necesariamente debe ser gradual y atendiendo las inquietudes de la fuerza. Desde ya se vislumbra que la prometida eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, será otro gran dolor de cabeza para el presidente Petro. Los excesos de esta unidad en el control de la “explosión social” no solamente fueron evidentes, sino que, en gran medida, se convirtieron en la razón para que muchos jóvenes estrenaran su cédula votando por Petro.
Pero aquí no hay salida fácil. Si Petro cumple su promesa, cualquier protesta se puede convertir en un motín descontrolado, aupado incluso por fuerzas de extrema derecha. Si no la cumple se sentirán defraudados muchos de los primivotantes que, en gran medida, construyeron el triunfo del Pacto Histórico.
El mensaje que falta
Esta semana Petro ha consolidado hitos políticos como la reunión con Álvaro Uribe y la conformación de la mayor bancada en el Congreso que se recuerde en la historia, algo que resultaba impensable el día de las elecciones. Consiguió también desactivar muchas de las desconfianzas en el tema económico con el nombramiento como ministro de Hacienda de José Antonio Ocampo, un respetado economista y académico. La prensa mundial ha abierto un prudente compás de espera, aguardando sus primeros actos de gobierno. Casi todo le ha salido bien, pero lo que definitivamente no ha logrado es armar un mensaje claro para la fuerza pública.
En su entrevista con Cambio, el presidente electo aseguró que Felipe González, quien se hacía llamar Isidoro cuando el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, era clandestino, había logrado el respeto y la confianza del antiguo ejército franquista, al convertirse en presidente del gobierno español por 16 años. Es verdad, pero González no fue guerrillero, sino militante de un partido partido político prohibido que jamás se levantó en armas, y que llegó al poder después de que su antecesor derechista, Adolfo Suárez, derrotara una intentona golpista.
Por lo demás, Petro insiste en que su relación se dará prioritariamente con “la base”, refiriéndose a los soldados y policías. Desde luego ese es un factor importante, pero la estrategia militar no la deciden los soldados, ni la de seguridad los patrulleros; una y otra obedecen a una línea de mando dirigida por los generales que no pueden ser ignorados.
En todas las áreas, el presidente electo parece tener un plan claro, menos en las de Defensa y Seguridad que en un país como Colombia son esenciales. El anuncio de que el empalme del sector defensa será dirigido por el general retirado de la Policía William Salamanca ha causado desconcierto en el estamento militar.
Así mismo se percibe desconfianza por la presencia en la comisión de empalme del politólogo Alejo Vargas, reconocido estudioso del tema y profesor de la Universidad Nacional. Nadie duda del conocimiento teórico que tiene sobre el conflicto colombiano, pero es muy difícil que las Fuerzas Militares crean que está haciendo algo a favor de ellas.
Sin duda, una de las decisiones más difíciles del presidente electo es la selección de su ministro de Defensa. Debe ser alguien capaz de romper la desconfianza del Ejército frente a quien será su comandante supremo, pero a la vez debe tener la capacidad de encarnar la subordinación del poder militar frente al poder civil, y al presidente constitucionalmente elegido por la mayoría de los colombianos, aunque no sea del gusto de los uniformados.
Una de las banderas de Petro, quizás la más importante, es el logro de una paz integral que abarque al ELN, a las disidencias de las Farc y que tenga un plan de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y de otras organizaciones criminales. El ambicioso plan no es posible sin contar con la fuerza pública y puede terminar siendo la perdición del gobierno si se intenta en contra del estamento militar.
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