¿ES NECESARIO O NO CAMBIAR EL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA?

Como parte de los debates dado en el país en el marco de la actual campaña electoral, está el de si el sistema de salud imperante se debe mantener o debe ser transformado. No es un debate reciente, pero sin duda se ha reactivado.

En general pueden identificarse tres posturas que están presentes en la campaña electoral: una, que considera que el sistema de salud instaurado con la Ley 100 es un gran logro, por lo cual se debe mantener y profundizar. Otra, que considera que el sistema de salud actual tiene logros con problemas y limitaciones, que deben ser resueltos, para mejorar por la misma senda. Y la tercera, que considera que el sistema de salud arrastra una crisis estructural, por lo cual debe ser cambiado de fondo, a través de un proceso de transición paulatina.

La postura de elogiar y sostener el sistema, ha sido impulsada por los sectores y partidos tradicionales y por el conjunto de gobiernos que han transcurrido desde su instauración. En lo que respecta a la actual campaña electoral quien sostuvo principalmente esta propuesta fue el candidato Federico Gutiérrez, como representantes de estos sectores que implantaron y se han beneficiado de un sistema insertado en una dinámica de mercado, que ha centrado su acción en la atención individual a la enfermedad, constituida en fuente de lucro para los actores de mercado involucrados en el sistema.

De otro lado, los programas propuestos por Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, sostienen que lo que hay que hacer es mejorar el actual sistema, sin cambiarlo, en especial impulsando un modelo de atención territorial de tipo salud familiar y comunitario articulado al modelo de aseguramiento, asunto que con las experiencias ya vividas en el país, es imposible dado que el aseguramiento no es territorializado y en su acción no tiene en cuenta cuál es el contexto territorial en el que viven y trabajan las personas, que contienen las determinaciones que definen sus condiciones de salud o enfermedad.

Y, por último, los sectores progresistas, hoy representado en el programa del Pacto Histórico, sostienen la necesidad de establecer un proceso paulatino que lleve al cambio de fondo del sistema, lo que implica, entre otras propuestas, que la intermediación financiera del aseguramiento, que realizan las EPS, desaparezca.

En este sentido, se da un campo de contienda política por la orientación del sistema de salud, donde intervienen diferentes actores gubernamentales, parlamentarios, políticos, gremiales, sociales y académicos, bien defendiendo lo que existe o bien cuestionándolo y proponiendo alternativas de fondo.

Uno de los defensores del sistema en los últimos años ha sido el actual ministro de salud Fernando Ruíz. En una columna reciente que publicó en el diario El Tiempo sostuvo que “La diferencia fundamental del sistema colombiano con el chileno es la solidaridad social y poblacional. El nuestro se diseñó con una financiación solidaria desde los más ricos a los más pobres, integración completa hospitalaria y acceso no restringido a los colombianos a los hospitales privados”*.

Según lo anotado, el ministro sueña, en tanto la realidad es otra, en tanto los principales dineros que sostienen la incorporación de los sectores populares al aseguramiento (régimen subsidiado) no provienen de los sectores ricos, sino de los sectores laborales del país; que no ha existido una integración completa hospitalaria en tanto no hay realmente redes de servicios de salud en el país y se ha dado el fenómeno de integración vertical, en donde las EPS contratan con su propia red de servicios de salud (convertidas en privadas a pesar de ser construidas con recursos públicos) y el acceso, como lo ha padecido la población y como se revela con el gran cumulo de tutelas en salud interpuestas durante estas décadas, es deficiente, en tanto no es lo mismo estar asegurado que tener acceso real a la atención. Es decir, estamos ante una universalidad no real, porque aunque el 99.3% de la población está afiliada, como lo dice Ruíz en su columna, no igual porcentaje realmente accede a los servicios de salud cuando los necesita, con la oportunidad y calidad que lo demanda.

En esas circunstancias, la salida que le ven a los problemas originados con las EPS es liquidar a las que tienen problemas, vía recorrida con reiteración en los últimos años y que deja a la población afiliada en un limbo de atención al ser trasladadas a la fuerza a otra EPS, y a los hospitales que les adeudan pagos perjudicados porque al declararse en quiebra no cubren sus acreencias. Pero lo que se ve acá, claramente, no es que quieran acabar con las EPS sino generar un oligopolio de ellas, para el manejo de todo el negocio en unas pocas manos.

Dice Ruíz: “A nuestras EPS se asignó la función de prevenir y manejar la enfermedad para asegurar la curación y las enfermedades crónicas, asegurar la menor acumulación de riesgo, secuelas y muerte. Esto se llama prevención secundaria y es parte de la función de gestión del riesgo de las EPS, con efectos no solo sobre los pacientes, sino en la reducción del gasto en salud, contribuyendo al equilibrio del sistema”.

Sueña y no despierta. Precisamente esto es lo que no han hecho las EPS, ni lo van a hacer, porque su lógica está centrada en el costo-beneficio y rápidamente se dieron cuenta que acumulan capital generando barreras de acceso a los servicios y no reconociendo a las IPS el pago por lo que hacen. Se pretende que gestionen el riesgo individual, pero realmente este rol no lo van a cumplir estas empresas. La realidad, además, es que este tipo necesidades no pueden ser vistas como un asunto individual, sino que requieren ser abordadas colectivamente, desde la mirada de la determinación social de la salud, que demanda intervenir los asuntos de cómo vive y trabaja la gente, para producir realmente salud, asunto que no hacen las EPS.

Los problemas que tiene el sistema de salud no se logran resolver tratando de hacer juiciosas a las EPS con su labor de prevención o desarrollando un modelo de atención en los territorios articulado al aseguramiento, como en el caso del denominado modelo Mais o Maite, que no logró tal propósito.

Por lo cual, hay que responder la pregunta, categóricamente, ¿se requiere, si o no, cambiar el sistema de salud que tiene Colombia.

Y la respuesta es contundente: se requiere un giro total, que coloque en el centro la salud y la vida y no exclusivamente la atención a la enfermedad. Es decir, se trata de estructurar un sistema de salud, que, articulado a una acción intersectorial, interdisciplinaria, con una alta y real participación comunitaria y con profesionales y trabajadores/as del sector salud con formas laborales estables y dignas, impulse procesos territoriales que incidan sobre las causas fundamentales que producen las enfermedades y que, de manera preventiva y predictiva, identifique los problemas para resolverlos de forma oportuna y con calidad y que avance en la constitución de modos de vida que sean productores de salud para la población.

Como lo cuenta Ruiz en su columna, existe la experiencia de Chile que ha decidido eliminar la intermediación financiera que tienen las aseguradoras en su sistema, a través de la vía de la reforma constitucional. Este ejemplo cercano para Colombia, revela que es viable y necesaria la eliminación de estas estructuras, que para financiar y avanzar en la prestación de los servicios de salud no se necesita una figura que esté entre el Estado y los servicios de salud, esa puede ser una relación directa y adecuadamente fiscalizada por el propio Estado y fundamentalmente, por las comunidades.

Pero lo más clave de este debate, es que la sociedad debe entender que los problemas de enfermedad que vive, se resuelven mucho más allá del sistema de salud, mucho más allá de los hospitales, mucho más allá de la labor médica, mucho más allá de la tecnología médica y de los medicamentos, principalmente mejorando las condiciones en que vive y trabaja la gente, lo que consume, las condiciones de saneamiento básico, las condiciones de su entorno ambiental, sus niveles de educación y de participación.

Y sin duda, muchas de las graves condiciones de enfermedad de grupos poblacionales, producto de las grandes desigualdades e injusticias presentes en el país, requieren atención pronta y de calidad, asunto que se puede lograr impulsando una real estrategia de atención primaria en salud (APS), contando con equipos de salud interdisciplinarios directamente en los territorios barriales, escolares, campesinos, laborales, afros, indígenas, entre otros.

En este sentido, el reto que tiene Colombia de frente, y la forma como debe entender el debate, para poderlo sacar de los estrechos límites a que lo llevan quienes manejan la salud en el país, como es claro en el artículo del Ministro de Salud, es que acá se requiere una propuesta amplia que ubique claramente cómo es que el sistema de salud se debe articular a un amplio sistema del cuidado de la vida, en su visión más amplia, que demanda la articulación a un amplio sistema de protecciones sociales.

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* Ruíz Gómez, Fernando. ¿Tienen futuro las EPS? De ellas depende... Recuperado de https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernando-ruiz-gomez/columna-de-fernando-ruiz-gomez-tienen-futuro-las-eps-674214