DOSSIER:
Los días venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población...
1. En medio de las protestas populares, Lasso avanza en la criminalización de los luchadores
Por Edgar Isch L.
Imagen: Cierre de vía en la región amazónica al inicio del paro nacional convocado por la CONAIE. Foto: Confenaie.
Una acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución.
Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.
En los hechos, mirando poco tiempo atrás, se puede recordar la injustificada y violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley que reconocía el derecho a la homologación salarial.
Asimismo, el arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros; entre otras.
En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que puede posibilitar que la Policía y las Fuerzas Armadas atenten contra los derechos humanos de la población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).
La acción de la CONAIE y los movimientos populares
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) planteó una agenda de diez puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentación en diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las mayorías ecuatorianas, la oposición a las privatizaciones y al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convocó a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del país.
El planteo logró rápido y creciente respaldo de los indígenas evangélicos (Feine), las organizaciones campesinas indígenas y negras (Fenocin), el Frente Popular, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), el Seguro Social Campesino (Feunasc), luchadores contra el extractivismo minero, pequeños productores agrícolas de la Costa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda, entre otras.
Muchas de ellas añaden demandas propias que vienen de tiempo atrás y que, igualmente han sido negadas por el gobierno Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.
La prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión
En diciembre de 2021, el Presidente Guillermo Lasso tildó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de “anarquista” que buscaba acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo “con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”. También, en entrevista en el Palacio presidencial señalaría que “Él odia la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.
En síntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la una de la mañana del día 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un vehículo por una de las carreteras más usadas del país. A lo largo del día, los voceros del gobierno habían tratado de descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participación real y, por otro, hablando de a comisión de delitos de todo tipo.
Así, la persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos Humanos: “La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial”.
“El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante”, añade.
Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes pararon el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena.
Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito, indicó la Alianza.
La propia Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del arresto por las redes sociales y que tampoco había recibido el parte policial correspondiente, el que llegaría más de una hora más tarde. Estas condiciones sólo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.
La figura gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como Comandante de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. En marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo denunció al gobierno y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.
Con estos antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha sobre la presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de Defensa le acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el narcotráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para derrocar al gobierno.
Esto último no lo plantean las organizaciones sociales y fue el propio Iza que indicó a los medios que si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspendían las acciones.
Lucha creciente y más descredito gubernamental
Los días venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población, la misma que tiene al banquero Lasso en unos de los niveles más bajos de aceptación que se recuerde.
El gobierno, por su parte, reafirma su carácter represivo y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación de tipo comercial. En Cotopaxi un policía fue agredido y se usa altos niveles de represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la detención de manifestantes, según denuncia INREDH, fueron también agredidas la noche del día 14.
En estas condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no está en condiciones de detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en una necesidad del momento, mientras los indígenas y demás sectores populares luchan por sus derechos.
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Fuente:
2. ¿Otro estallido en la puerta? Qué está pasando con el movimiento indígena en Ecuador y por qué debería preocupar a Guillermo Lasso
Edgar Romero G.
"Nos podrán detener físicamente, pero jamás a nuestras ideas, ni muestro espíritu, tampoco nuestra dignidad", dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, luego que fuera liberado tras pasar 24 horas detenido.
Bloqueo de carretera en Cotopaxi, el segundo día de paro nacional en Ecuador, 14 de junio de 2022Felipe Stanley / Agencia Press South / Gettyimages.ru
Desde el pasado lunes, Ecuador vive un paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se han sumado otras organizaciones de estudiantes, sindicalistas y bananeros, entre otras.
Este paro nacional se da luego de un año de un infructuoso diálogo con el Gobierno. Son 10 las demandas que la Conaie ha presentado al Ejecutivo:
- Reducción y no más subida del precio de los combustibles.
- Moratoria y renegociación de deudas con la banca para más de 4 millones de familias.
- Precios justos en los productos del campo.
- Empleo y derechos laborales.
- Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera.
- Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, entre otros.
- Alto a la privatización de los sectores estratégicos.
- Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
- Salud y educación.
- Acciones y políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), apenas el 32,5 % de los ecuatorianos tiene "empleo adecuado" y 23,9 % es subempleado; mientras que la pobreza a nivel nacional llega al 27,7 % y la pobreza extrema a 10,5%.
Sobre el primer día del paro, cada bando brindó una visión distinta. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que las protestas fueron "sustancialmente inferiores a lo que se tenía previsto"; mientras que la Conaie señaló que la manifestación fue un "éxito".
Un manifestante salta sobre una llanta en llamas en el paro nacional, Quito, Ecuador, 14 de junio de 2022Franklin Jacome / Agencia Press South / Gettyimages.ru
La organización señaló que ese día hubo actividades de protesta, principalmente bloqueos de vías, en al menos 17 de las 24 provincias del país; sin embargo, las autoridades informaron que inicialmente los cierres de carreteras se dieron en más de una decena de provincias, pero que luego se concentraron en tres: Imbabura, Cotopaxi y Pichincha.
Pero ese mismo día, estudiantes universitarios y secundarios protestaron en Quito y en la ciudad de Cuenca. En la capital ecuatoriana, la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que la Policía reprimió a los estudiantes del Instituto Nacional Mejía que se sumaron al paro.
Aunque desde el Gobierno señalaron que la protesta fue "inferior" a lo previsto, el presidente del país, Guillermo Lasso, dijo que en la primera jornada del paro hubo el incendio de un patrullero policial, así como "la invasión a productores agrícolas, la ruptura del parabrisas a vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua en las comunidades, cierres y daños graves en las vías estatales".
Segundo día agitado
El martes fue más agitado. La jornada comenzó con la detención de Iza. El titular de la Conaie fue arrestado en el sector Lasso, cerca de Pastocalle, en Cotopaxi, en el centro del país.
El presidente Lasso, en un mensaje al país posterior a la detención, sin mencionar explícitamente a Iza, dijo que había "iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de los actos violentos" durante el paro nacional.
El arresto de Iza caldeó los ánimos y desde la Conaie, que calificó de "ilegal y arbitraria" la detención, llamaron a "radicalizar" la protesta. A las 10 demandas se sumó una más: la liberación de su máximo líder.
El presidente de Conaie, Leonidas Iza, en Cochapamba, Ecuador, 24 de julio de 2021Cristian Toapanta / Agencia Press South / Gettyimages.ru
Hasta horas de la mañana hubo mucha incertidumbre sobre dónde se encontraba el líder indígena. La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que aglutina a 15 organizaciones, había señalado que su paradero, transcurridas varias horas desde la aprehensión, seguía "siendo desconocido". Luego se supo que Iza había sido trasladado hasta al sede de la Unidad de Flagrancia en Quito y, posteriormente, llevado en helicóptero de vuelta a Latacunga para tener la audiencia respectiva por su arresto.
Entre las instituciones del Estado hubo contradicciones. La Fiscalía señalaba, pasadas más de ocho horas de la detención de Iza, que este no había sido puesto a su disposición y que tampoco había recibido el parte policial; luego indicó que les fue entregado el documento. Mientras, el Ministerio del Interior mencionaba que el responsable del operativo elaboró el parte en la madrugada y lo entregó personalmente en la Fiscalía a primera hora del martes.
Cerca del mediodía, finalmente se conoció la razón del arresto. El Ministerio del Interior dijo que Iza fue aprehendido "en flagrancia [...] obstruyendo la Panamericana E35" y que desde ahí "dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización de la violencia", como parte del paro nacional.
En demanda de la liberación de Iza, cientos de personas se concentraron frente a la sede de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, en Latacunga; pero luego se trasladaron a los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, donde creían que se encontraba el líder indígena. La Conaie denunció que en ese lugar hubo represión a los manifestantes, que resultaron afectados por los gases lacrimógenos y perdigones.
También hubo movilizaciones en otras provincias. En Quito se presentaron disturbios, que culminaron con un carro patrullero policial incendiado y siete personas detenidas, según la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador.
Manifestantes chocan con policías en el paro nacional, en Cotopaxi, Ecuador, 14 de junio de 2022Felipe Stanley / Agencia Press South / Gettyimages.ruDespués de 24 horas de su arresto, Iza fue puesto en libertad condicional. La jueza Paola Bedón, que consideró que su detención fue lícita, le impuso medidas cautelares, consistentes en la prohibición de abandonar el país y en la obligación de presentarse ante la Fiscalía los miércoles y viernes en horario laborable.
Tras ser dejado en libertad, Iza expresó que su detención es un acto de persecución política. "Nos hicieron una emboscada y prácticamente nos detuvieron de forma ilegal. Nos podrán detener físicamente, pero jamás a nuestras ideas, ni muestro espíritu, tampoco nuestra dignidad. Querrán matarnos, pero no matarán nuestros sueños", manifestó.
Durante el día, la Conaie recordó unas palabras que Lasso le dedicó a Iza en diciembre de 2021. Tras tildar de "anarquista" al titular de la Conaie, el presidente ecuatoriano advirtió con enfrentarlo "con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública"; y añadió que "quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica, ya de por sí afectada por la pandemia", deben terminar "con sus huesos en la cárcel".
Otros hechos
El martes, la compañía china PetroOriental informó sobre la paralización de ocho pozos petroleros de los bloques 14 y 17 en la provincia de Orellana, debido a la ocupación ilegal por parte de unas pocas personas de etnia Waorani de la comunidad Yawepare.
"Las vías de acceso se obstaculizaron con árboles y zanjas", dijo la empresa en un comunicado, en el que señala que la pérdida se estima en 1.400 barriles de crudo al día.
Bloqueo de carretera en Cotopaxi, el segundo día de paro nacional en Ecuador, 14 de junio de 2022Felipe Stanley / Agencia Press South / Gettyimages.ruAnte la tensa situación en el país, el Ministerio de Educación informó la suspensión de las clases presenciales en varios cantones de cuatro provincias del país: Pichincha, Pastaza, Bolívar y Cotopaxi.
Tercer día
Este miércoles, varias vías del país amanecieron bloqueadas. En un primer boletín, emitido pasadas las 08:00 de la mañana (hora local), la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) informó que carreteras de las provincias de Pichincha y Azuay permanecen cerradas.
De acuerdo con el servicio ECU911, también hay cierres en las provincias de Napo, Tungurahua, Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Loja, Zamora Chinchipe y Cañar.
La noche del martes, comenzaron a llegar indígenas en varios camiones para concentrar la protesta en Quito. Se espera que se aglutinen en el parque El Arbolito, en el centro-norte de la capital, donde también estuvieron durante las manifestaciones de octubre de 2019; pero el lugar amaneció resguardado por un contingente policial.
Lucha previa
La última gran protesta del movimiento indígena se dio justamente en octubre de 2019, durante el Gobierno de Lenín Moreno, cuando hubo un estallido social que estuvo desde el 3 al 13 de ese mes, por el alza del precio de los combustibles y por una serie de medidas económicas y un paquete de reformas promovidas por el Ejecutivo.
Celebración tras suspensión de decretos que aumentaban los combustibles, 13 de octubre de 2019Juan Diego Montenegro / Gettyimages.ruEn medio de la tensión en Quito en ese entonces, el presidente Moreno trasladó, de manera temporal, la sede del Gobierno a la ciudad de Guayaquil y ejerció el cargo desde esa urbe. Finalmente, tras 11 días del estallido, se alcanzó un acuerdo que condujo al levantamiento de las protestas.
Ese estallido dejó 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la Conaie, el primer gran levantamiento indígena en Ecuador ocurrió en 1990, durante la presidencia de Rodrigo Borja. Sus demandas eran el reconocimiento del Estado Plurinacional, acceso a las fuentes de agua, legalización de tierras, entre otros.
En 1994, el movimiento indígena hizo que el régimen conservador de Sixto Durán Ballén diera marcha atrás a la aprobación de una Ley Agraria; en 1997 se plegaron al paro de movimientos sociales que logró la caída del presidente Andalá Bucaram; en 1998 consiguieron la incorporación de los Derechos Colectivos de pueblos indígenas en la Constitución de la República; en el 2000 participaron en el derrocamiento del entonces mandatario Jamil Mahuad; y en 2005 formaron parte de las movilizaciones que derrocaron al presidente Lucio Gutiérrez.
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