ECUADOR EN EBULLICIÓN, EL PUEBLO SE REBELA

Desde el 13 de junio se desarrollan protestas del movimiento indígena por el alza de los precios y las políticas del presidente Lasso.

Ese mismo día fue detenido Leónidas Iza, presidente de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que agrupa 14 naciones y pueblos originarios de ese país.

Iza se encontraba visitando manifestantes en Pastocalle, provincia de Cotopaxi. Minutos después Lasso hablo para amenazar con la detención de «autores materiales e intelectuales de actos violentos». Se basó para eso en artículos de una ley recientemente promulgada, que tiene tres artículos que autorizan el uso legítimo de fuerza «potencial o intencionalmente letal» contra manifestaciones.

Sin embargo las manifestaciones siguieron en forma indefinida y al sector indígena se unieron organizaciones de estudiantes, trabajadores, transportistas y feministas.

Iza tuvo que ser liberado a las 48 horas de su detención. Las demandas, entre otras, son: rebaja en el precio del combustible, renegociación de las deudas de los campesinos con la banca, desocupación, oposición a la entrega de concesiones mineras en territorios aborígenes, control de precios de productos agrícolas, y también se protesta por el bajo precio del banano y la leche, producidos por los campesinos.

Las manifestaciones se extendieron hasta el punto de que el 16 de junio el presidente ecuatoriano Lasso apareció en un video de dos minutos llamando al diálogo a los sectores que se han sumado a las manifestaciones. No obstante reiteró que la policía «utilizará el uso progresivo de la fuerza para evitar actos vandálicos».

A todo esto Iza anunció la organización de la logística necesaria para llegar a Quito y participar en las movilizaciones que ya se están realizando allí. La Conaie anunció que convocará a una asamblea ampliada para todas las organizaciones que se han unido a las medidas de los indígenas.

Hoy N° 1918 22/06/2022

https://pcr.org.ar/nota/protestas-indigenas-en-ecuador/

"Esta lucha que se levanta tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno", explica Nelson Erazo, dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.

Por Guido Vassallo

Un potente estruendo pone en pausa la comunicación con Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confenaie). "Estamos en medio de una batalla campal. Hay varios helicopteros sobrevolando en distintos edificios y un enfrentamiento en toda esta parte central de la ciudad", detalla Tapia desde las calles de Quito, donde decenas de miles de indígenas marchan por onceavo día consecutivo con un grito que los unifica: "¡Fuera Lasso, Fuera!".

Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes intentaba irrumpir este jueves en la sede de la Asamblea Nacional, pero terminó siendo reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Los manifestantes que llegan a Quito desde distintos puntos del país recuperan fuerzas por la noche, albergados en dos universidades, y antes del mediodía se dispersan en distintos grupos. Portan palos, escudos artesanales y wiphalas, la bandera multicolor de los pueblos originarios andinos. Cuando las fuerzas combinadas de soldados y policías atajan su marcha, cambian de rumbo. Desafían el estado de excepción en las narices del gobierno, que sacó a los militares de los cuarteles para tratar de recuperar el control de las calles.

Los indígenas no están solos. Los acompaña la militancia estudiantil, el movimiento campesino y los trabajadores de distintos gremios. "Esta lucha que se levanta en nuestro país tiene como escenario la confrontación fundamental entre quienes tienen el poder y los sectores afectados por las políticas neoliberales del gobierno. Esta lucha ha estado enmarcada desde el inicio de la presidencia de Lasso, toda vez que su política ha significado el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza", explica a Página/12 Nelson Erazo, presidente del Frente Popular y dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).

En una economía dolarizada donde los combustibles son subsidiados, el aumento de la nafta encareció el costo de los fletes. Los indígenas alegan que sus productos agrícolas solo dejan pérdidas. Pero la presión no doblega a un Lasso que considera inviables los reclamos. Acosado y aislado por un reciente contagio de covid-19, el presidente se rehúsa a ceder en las condiciones que exigen los indígenas para sentarse a negociar. Entre ellas se encuentra la derogación del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital, con un robusto despliegue militar y toques de queda nocturnos.

"Todos los sectores hemos insistido en convocar al diálogo. Sin embargo, al momento el gobierno nacional ha señalado que quiere diálogo pero reprime al pueblo y encarcela a los luchadores sociales. Nos dice que quiere diálogo, pero acaba de establecer decretos presidenciales en donde se pone como elemento central el despido de servidores públicos y continúa con su política de vender las empresas estatales como el Banco del Pacífico", advierte Erazo. En la misma línea se manifiesta Tapia, quien plantea que el presidente "constantemente llama al diálogo pero no da señales claras de pretender encontrar soluciones a las propuestas de la Conaie".

El dirigente del movimiento indígena amazónico habla con este diario desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un lugar ubicado en Quito que permanecía tomado por las fuerzas de seguridad y que este jueves fue finalmente abierto a los manifestantes. La posibilidad de volver a ingresar a este lugar para instalar una asamblea popular que defina la continuidad del plan de lucha era una de las condiciones exigidas al gobierno por el presidente de la Conaie y principal promotor de las protestas, Leonidas Iza.

El lunes pasado, en medio de las movilizaciones, el gobierno ecuatoriano publicó el Decreto 457 que establece lineamientos para "optimizar" el gasto público. Organizaciones sociales y estudiantiles exigen que sea derogado porque, según entienden, incluye la finalización de contratos. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), cree que "la intención de Lasso es debilitar la universidad pública" y que este nuevo decreto lo confirma, ya que "se desvincularán varios docentes en las universidades".

"Mientras el gobierno se sigue blindando con la policía y se sigue blindando con el FMI, reprime a nuestros compañeros de sur a norte. Por eso queremos denunciar que las universidades publicas están siendo amenazadas por el gobierno para no ser centros de paz y albergue. Hay que decirles como decía el Che Guevara, la universidad debe pintarse de pueblo, debe pintarse de mulato y de indígena", expresa Chiluisa desde Quito.

En octubre de 2019 los movimientos indígenas avanzaron sobre Quito para que el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno desistiera de un acuerdo con el FMI que, en la práctica, eliminaba subsidios millonarios a los combustibles. Las protestas fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 muertos y más de mil heridos, obligando a Moreno a dar marcha atrás.

Según Erazo, el escenario actual es "mucho más elevado" que el de 2019. "Tienes un país entero peleando, tienes un país entero levantado", sostiene el dirigente sindical. De su lado, Tapia expresa que el conflicto puede seguir escalando "en la medida en que el presidente no tenga la sensibilidad para entender lo que está pasando, continúe minimizando los hechos o simplemente dé largas a los pedidos que se están planteando".

Tras once días de paro nacional por el alza de los precios y la ausencia de ayudas sociales, los convocantes reclaman al gobierno neoliberal la derogación del estado de excepción antes de sentarse a negociar.

CÉSAR G. CALERO

La fórmula no falla. Cada vez que el movimiento indígena alza la voz en Ecuador, los mandatarios neoliberales recurren al estado de excepción. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales declararon hace once días un paro nacional indefinido ante la grave situación económica que sufren las familias más vulnerables por el alza de los precios y la falta de políticas sociales.

La respuesta del presidente derechista Guillermo Lasso ha sido militarizar el país y reprimir con violencia las manifestaciones. Ya hay al menos dos muertos y el escenario se asemeja cada vez más a los sucesos de octubre de 2019, cuando las protestas contra las políticas del también conservador Lenín Moreno se saldaron con media docena de muertos y 1.500 heridos.

Lasso, expresidente del Banco Guayaquil y cuyo nombre apareció en los Papeles de Pandora por haber tenido parte de sus sociedades y patrimonio en paraísos fiscales, llegó al gobierno hace poco más de un año tras derrotar en segunda vuelta a Andrés Arauz, el candidato progresista perteneciente al espacio político del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Al contrario de lo que sucedió con Moreno, exvicepresidente de Correa devenido en enemigo político de su mentor, la agenda política de Lasso era conocida por sus votantes: una profundización del neoliberalismo al que ya se había entregado Moreno durante su mandato.

"Venimos con los diez puntos y nos iremos con los diez puntos", ha insistido el líder de la Conaie, Leonidas Iza, ante una primera convocatoria del gobierno para dialogar y el anuncio de Lasso (que el miércoles dio positivo por covid) de atender algunas de las reivindicaciones de los sectores indígenas. Antes de sentarse a negociar, Iza quiere que el gobierno derogue el estado de excepción que rige en nueve de las 24 provincias de Ecuador. En un primer momento, Lasso ordenó restricciones de circulación y reunión en tres provincias andinas donde arrancaron las marchas, pero tras el avance de los manifestantes hacia Quito, se amplió el estado de excepción con un gran despliegue de militares y policías en varias ciudades.

Los diez puntos que reclama la Conaie son toda una declaración de principios contra las políticas neoliberales del gobierno. Las organizaciones sociales exigen, entre otras demandas, la reducción y el control del precio de los combustibles, en continuo ascenso desde 2020 (el diésel casi ha duplicado su valor), una moratoria en el pago de la deuda de las familias, el establecimiento de precios justos para los productos del campo o la preservación de los territorios indígenas de las explotaciones mineras. El marginado movimiento indígena también le pide al gobierno que se comprometa a garantizar derechos laborales y colectivos y que dedique una mayor inversión a la sanidad y la educación.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, una reducción en el precio de la gasolina y del diésel en los términos que plantea la Conaie (unos 40 centavos de dólar por galón) podría suponer una pérdida de ingresos al Estado superior a los mil millones de dólares en un año. Sin embargo, el alza internacional de los precios del petróleo beneficia a Ecuador, un país productor. Si hace siete años se desplomaron los precios y eso provocó una aguda crisis económica y social, la situación hoy es bien distinta. El barril del West Texas Intermediate, de referencia en el país andino, supera los 115 dólares por barril (frente a los 25 dólares de hace dos años). La guerra en Ucrania ha apuntalado su cotización y ha elevado los ingresos del Estado. El gobierno calcula que por cada diez dólares de aumento en el precio del barril, recauda unos 500 millones de dólares más.

El enojo de Iza y sus seguidores con el gobierno es comprensible. El propio dirigente fue detenido durante 48 horas un día después de que se iniciara el paro nacional. La Conaie y otras organizaciones sociales, como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, llevan un año transmitiendo a las autoridades de Quito que el progresivo encarecimiento de los alimentos y combustibles genera una situación insostenible para muchas familias, especialmente en las zonas rurales.Ya hay al menos dos manifestantes muertos desde que iniciaron las manifestaciones

Lasso ha desoído continuamente esos reclamos. Su gobierno se ha caracterizado por una incapacidad para atajar la crisis económica, una inestabilidad política constante y una pésima gestión para abordar el grave problema de la inseguridad ciudadana y el ascenso del narcotráfico. En octubre ya decretó el estado de excepción para tratar de frenar el alarmante aumento del número de homicidios y los continuos motines carcelarios.

Lasso ha optado estos días por el palo y la zanahoria, si bien el palo va con pólvora incorporada y la zanahoria no parece comestible. Mientras mostraba su disposición a dialogar y asumir algunas de las demandas de las organizaciones convocantes del paro, el mandatario aplicaba mano dura en las calles. Ya hay al menos dos manifestantes muertos desde que se inició el paro. Uno de ellos murió a manos de la policía, según la Conaie, durante los graves disturbios del miércoles en la ciudad de Puyo. El gobierno, por su parte, sostiene que el hombre falleció por la explosión de artefactos caseros que portaban los propios manifestantes.

Ante la criminalización de la protesta, Iza se ha mantenido firme en su decisión de no sentarse a negociar hasta que el gobierno no despeje las calles de militares y policías. Al mismo tiempo, le ha pedido a Lasso garantías sobre los acuerdos que puedan concretarse. Fogueado durante las protestas sociales de octubre 2019, el dirigente kichwa de 40 años fue cobrando protagonismo hasta alcanzar el máximo liderazgo de la principal organización indígena en junio de 2021. Siempre ataviado con el tradicional poncho rojo y un sombrero negro, Iza ha sabido mezclar en su discurso los principios marxistas e indigenistas del pensador peruano José Carlos Mariátegui y las demandas sociales y laborales de los pueblos originarios.La crisis en Ecuador se profundizó a partir de 2019 tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

La crisis en Ecuador se profundizó a partir de 2019 tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llevaba implícito un programa de ajustes: reducción del gasto público y la inversión, eliminación de ayudas sociales y despidos masivos. El estallido social de ese año tuvo réplicas similares en Chile y Colombia, dos países en los que ha habido recientemente un cambio político con propuestas de transformación social.

En Ecuador, sin embargo, la derecha se impuso en las elecciones de hace un año y desbarató las aspiraciones del correísmo de volver al poder. Si bien Arauz presenta un perfil diferente al de Correa, su gobierno habría garantizado un retorno a la senda progresista. Lasso, además, llegó a la segunda vuelta electoral por un puñado de votos, apenas unas décimas por delante del candidato indigenista Yaku Pérez. En el oficialismo ya hay voces que acusan a sectores correístas de jalear las protestas y preparar una ofensiva parlamentaria junto al partido indigenista Pachakutik para desalojar a Lasso del Palacio de Carondelet.

Naciones Unidas, la Unión Europea y diversas organizaciones de derechos humanos han abogado por el diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales como única solución al conflicto. "Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional (AI) pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica (...) y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos", dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, responsable de AI en América.

El país avanza a hacia su onceavo día de manifestaciones inicialmente convocados por el movimiento indígena y a las que se sumaron estudiantes y otras organizaciones sociales. El gobierno de Lasso no da señales para derogar el estado de excepción aunque ordenó la desmilitarización de la Casa de la Cultura donde las organizaciones indígenas llevarán a cabo una Asamblea Popular para definir los pasos a seguir.

Por Dominique Galeano

24 de junio de 2022 - 01:16

Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes fue reprimida por la policía en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la capital ecuatoriana. Las manifestaciones en reclamo al aumento del costo de vida llegan al onceavo día sin diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) que encabeza las protestas en las que murieron al menos tres personas y 90 resultaron heridas según registran organizaciones de derechos humanos. El mandatario mantiene el estado de excepción en seis provincias ecuatorianas, pero este jueves atendió uno de los pedidos de la Conaie y desmilitarizó la Casa de la Cultura. En tanto los gobernadores de 23 provincias de Ecuador propusieron una tregua de 24 horas entre la administración nacional y la confederación indígena liderada por Leónidas Iza. Mientras una mayoría de asambleístas votó a favor de una moción para que los ministros de Interior y de Defensa comparezcan ante el congreso para informar sobre el accionar de la policía y las fuerzas armadas en el contexto del paro

La capital ecuatoriana es el epicentro de las protestas del movimiento indígena y a las que se sumaron otras organizaciones sociales ante el aumento a los precios del combustible, así como el costo de vida en general. Por la tarde la movilización encabezada por mujeres y estudiantes llegó hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional donde fueron reprimidos por la policía que lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes.

Más temprano la Conaie informó que recuperó y liberó la Casa de la Cultura. "Es un triunfo de la lucha", aseguró el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, a su llegada al centro cultural donde instalarán una asamblea popular para definir los próximos pasos. Ese espacio fue reclamado por los manifestantes tras ser militarizado en medio del estado de excepción impuesto por Lasso en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y Pastaza.

El mandatario, que se encuentra aislado por covid-19, ordenó el repliegue de los militares que estaban en la Casa de la Cultura desde el inicio del paro. “Para que no haya violencia, ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales, lideradas por la Conaie se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura", aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez en un mensaje grabado.

Unos de 14 mil indígenas llegaron hasta Quito en los últimos días para unirse a las manifestaciones fuertemente reprimidas por la policía nacional, que por su lado también denunció violencia por parte de los manifestantes. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (AODH) registró un muerto en la última jornada en la localidad andina de Tarqui, al sur del país. Según la entidad, al lado del cuerpo de Marcelino Villa, de 38 años, encontraron un cartucho de gas lacrimógeno. Desde el pasado 13 de junio el organismo dio cuenta de 3 muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos.

Mientras que las fuerzas de seguridad informaron que 101 policías y militares resultaron heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados. En el caso de la muerte de Villa la policía aseguró que murió por una cirrosis hepática en “el contexto de las manifestaciones”. Además, las autoridades confirmaron que los 18 policías que habían sido reportados como desaparecidos en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, fueron encontrados y están bien.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador denunció que uno de sus edificios se encuentra bajo ataque. Además, revelaron que durante la semana manifestantes sustrajeron y quemaron en la vía pública documentación de esa institución.

Por otra parte, los gobernadores agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) pidieron al gobierno nacional y a la Conaie una tregua de 24 horas que le permita a las partes ir a una mesa de diálogo. Ante el corte de calles y rutas en la capital y en otras provincias ecuatorianas, los prefectos plantearon establecer corredores humanitarios para abastecer y atender necesidades urgentes en zonas afectadas por los paros.

En esta línea, llamaron a las organizaciones que se manifiestan a respetar la libre circulación en estos corredores. Además, durante la presentación también propusieron que las autoridades nacionales, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones indígenas y sociales impulsen medidas para potenciar la inversión en el sector rural para reducir las brechas de salud, educación, seguridad y fomento productivo.

Mientras que en la Asamblea Nacional una mayoría aprobó la moción de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) que ordena la comparecencia en el pleno y en las comisiones del ministro de Interior, Patricio Carrillo, y el de Defensa, Luis Lara, para informar sobre las acciones de la policía y de las fuerzas armadas durante el paro nacional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 3 en contra y 47 abstenciones de los 130 legisladores presentes y fue presentada por Jhajaira Urresta, asambleísta de UNES, que en 2019 perdió el ojo izquierdo por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la policía mientras participaba de un cacerolazo afuera de su casa.

La parlamentaria por Pichincha indicó que los funcionarios del gobierno de Lasso deben dar cuenta sobre como la fuerza pública coordina sus acciones. “Es claro que se está extralimitando en el desarrollo de las funciones y no sólo están violando derechos consagrados en la Constitución sino también los derechos humanos en general”, precisó Urresta en su presentación. También serán convocados por la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que informen sobre las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la integridad de los niños en el marco de las protestas.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio del Partido Socialista Ecuatoriano presentó una denuncia ante la fiscalía por rebelión y terrorismo durante el paro. "Se debe investigar a personas vinculadas a estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiaron el paro y organizaron el fallido golpe", señaló en su cuenta de Twitter.

La Conaie participó en varias mesas de diálogo con el gobierno de Lasso para reclamar una baja en los precios de los combustibles que entre mayo de 2020 y octubre de 2021 eran revisados mensualmente. Según Iza, durante las últimas conversaciones en noviembre de 2021 el mandatario se había comprometido a dar una respuesta en un plazo de 15 días y sin embargo siete meses después todavía no tienen soluciones por parte del Ejecutivo.

Según Lasso una rebaja al precio de combustibles es inviable y considera que la protesta es una tentativa para destituirlo. Esta semana el gobierno conservador anuncio algunas medidas como el aumento de bonos de 50 a 55 dólares para el 30 por ciento de la población más pobre. También condonó deudas de hasta 3.000 dólares con un banco estatal para agricultores y campesinos. Sin embargo, el pedido de Iza por la derogación del estado de excepción en seis de las 24 provincias no está dentro de los planes de presidente.