La intervención de Zapateiro en política es lo más grave y alarmante que ha ocurrido en estos comicios
Ana Bejarano Ricaurte
El comandante general del Ejército, Eduardo Zapateiro, en respuesta a una crítica atacó al candidato presidencial Gustavo Petro, al recordarle un episodio polémico: “Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”. La acusación ocurrió en la mitad de un intercambio por Twitter en el que Petro señaló que “algunos generales están en la nómina del Clan”. Parece que a Zapateiro le cayó el guante, porque salió en defensa de la institución a rebatir al líder del Pacto Histórico.
La grosera intervención en política del general resultó estremecedora, porque la pregunta sobre la participación de los militares en el debate público es un asunto que toca las fibras más íntimas del tejido democrático. En Colombia la Constitución lo prohíbe (Artículo 219). Pero no siempre ha sido materia pacífica. En la Asamblea Nacional Constituyente la ponencia inicialmente decía: “La fuerza pública será deliberante, con ocasión de las condiciones de prestación del servicio, con arreglo a la Ley. Sus miembros podrán siempre ejercer el derecho al sufragio”. La propuesta buscaba reconocer la supuesta “madurez política” de nuestro régimen y la “vocación democrática y civilista de las Fuerzas Armadas de Colombia”.
Aun así, la discusión del 91 concluyó lo contrario: a policías y militares se les prohíbe intervenir en política y votar. El constituyente Humberto de la Calle me explicó que en ese entonces se consideró que la disciplina castrense podría influir en la libertad individual en el momento del sufragio. Antonio Navarro también me contó que la historia de violencia política e instrumentalización de la fuerza pública en Colombia fue el precedente que inclinó la balanza en contra de la propuesta inicial. Por ejemplo, en la época de la Violencia Política, cuando el Partido Conservador usó a la Policía como una Gestapo criolla. Ambos coincidieron en que en aquel tiempo la historia de apasionamiento político extremo —que incluso condujo a la redacción de una nueva Constitución— hacía impensable que quienes detentaran las armas pudieran andar ondeando cualquier bandera diferente a la tricolor.
Y es que la teoría política ha tratado en profundidad esta materia: quienes ejercen el monopolio legítimo de la fuerza no pueden ocuparse de los asuntos propios de la deliberación política. Es muy peligroso. Las personas que tienen autorización para portar las armas —esas que son nuestras—, que cuentan con el aval para ejercer fuerza sobre los otros, no pueden profesar lealtad con persona, partido o ideología específica. Su lealtad debe estar indiscutiblemente con el Estado, con absoluta independencia de quien lo dirija.
Cuando eso no ocurre se adoquina más fácilmente el camino hacia los regímenes totalitarios; se arriesga a la más sanguinaria arbitrariedad. Son muchísimos los ejemplos de militares en el mundo que, por la vía de participar en política, han terminado convertidos en dictadores. Muammar el Gadafi, militar y dictador libio por más de cuatro décadas; Rafael Videla en Argentina, quien llamó a su régimen del terror el “Proceso de Reorganización Nacional” encabezado por la Junta Militar, y acribilló y desapareció a disidentes por casi diez años. La deformación de la propuesta del “Comandante” Hugo Chávez, quien inició su vida pública como oficial de carrera, también empezó por su cooptación de la institución militar, y de esa manera auspició los vientos totalitarios que terminaron por sofocar la Revolución Bolivariana.
Y por acá en Colombia nos comportamos como si esos riesgos nos fueran ajenos. Como si este no fuera uno de los momentos de mayor desinstitucionalización en la historia reciente del país. Por eso produce miedo Zapateiro: asustan sus ataques contra el candidato más opcionado, como cuando le da por gritar locuras en televisión. Lo de ¡ajúa!, en retrospectiva, ya no es gracioso, porque ahora parece más un canto de guerra; un llamado a que quienes detentan las armas se rebelen y repudien cualquier control institucional. ¿Qué distancia habrá entre el ajúa y el golpe de Estado? Tal vez menos de lo que pensamos, especialmente cuando el abuso encuentra respaldo en el presidente de la República y en sus propias declaraciones para inmiscuirse en la campaña electoral.
La intervención de Zapateiro en política es lo más grave y alarmante que ha ocurrido en estos comicios, que no han estado precisamente marcados por su cordura. El expresidente Álvaro Uribe justificó y explicó la insólita declaración so pretexto de que el Comandante del Ejército tenía derecho a “defender su honor”. El honor de la fuerza pública depende enteramente de su sujeción a la Constitución y las leyes; de su defensa irrestricta del pacto social; y de su estoicismo en el uso de la fuerza y de las armas. Lamentablemente, en eso muchos han fallado. Como lo dijo Alberto Lleras en su inolvidable discurso del Teatro Patria, los primeros damnificados con la deliberación de militares y policías son ellos mismos, pues el veneno de la política metido en los cuarteles termina dividiéndolos.
El debido reconocimiento a los oficiales que dedican de manera honesta sus vidas a esta patriótica labor dista mucho de lo que hace Zapateiro al arriesgar la neutralidad institucional de la fuerza pública.
Es aterrador lo que pasó, y nadie lo castigará porque Duque se ha encargado de acabar con cualquier control y ha avalado este desastre. Dijo Zapateiro, después de su exceso, que estaba tranquilo porque al irse dejaría “muchísimos Zapateiro”, como si buscara conformar un partido político, un grupo de juventudes ideologizadas o una curiosa saga de ajúas. Esperemos que este sea el último Zapateiro en la fuerza pública y que ella se colme de personas que entiendan el enorme poder que les confiamos para que actúen y hablen sin defraudar ese honor y esa responsabilidad.
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