DOS AÑOS DE MAL GOBIERNO DE "CENTRO"EN BOGOTÁ

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, cumple dos años de gobierno tras una campaña que generó grandes expectativas por tener, aparentemente, una opción alternativa de gobierno, que buscaba reivindicar a las comunidades históricamente excluidas y marginadas por el Estado y los gobiernos distritales.

Sin embargo, ya en funciones no solo no logra tener un proyecto político claro a favor de las y los más necesitados sino que, además, ha beneficiado a los sectores tradicionales que siempre han gobernado el país. Su paso por la administración distrital parece ser un simple escalón para acceder al máximo poder ejecutivo de la Nación, lo cual la lleva a ganar aliados entre los representantes del capital y, para ello a mantener intacta la estructura social y política del modelo neoliberal; de tal forma que no se cuestiona el modelo económico y la distribución de la riqueza que genera la ciudad y el territorio.

En su afán por mostrar que “no le tiembla la mano”, prefiere las alianzas con los sectores de derecha cuando se siente débil o amenazada por los proyectos alternativos, dejando ver su faceta arrogante como parte de su carácter, llevándola a perder credibilidad, pues muchas de sus posturas comienzan con gran potencia pero en el camino, por su poca capacidad de gobernabilidad, se van desdibujando, por lo que acude, como alternativa, a su carácter autoritario.

Administrado para beneficio propio. A todo esto, se suma una serie de salidas desafortunadas, como sus señalamientos sobre los migrantes venezolanos –evidenciando tendencias xenofóbicas–, o declaraciones en contra de los jóvenes –como si fueran insurgentes–, así como contra líderes y lideresas comunitarios, cuando las mismas generan resistencias a sus propuestas. De hecho, si el POT se aprueba por Decreto y no por Acuerdo Distrital estaríamos ante una evidencia más de la brecha existente entre su discurso falsamente reivindicativo de la participación y las acciones dogmáticas y autoritarias, que terminan materializandose cuando se cuestionan sus decisiones.

Uno de los temas con el cual más defraudó a sus electores es la movilidad, ya que en campaña prometió transformaciones y avances a una movilidad limpia, sostenible, con transportes alternativos; un sistema multimodal que girará en torno al Metro y promoviendo el uso de la bicicleta, esta último sin garantías de seguridad, ni cambios reales. Es así como se mantiene una movilidad contaminante con buses BRT, propagandeando los denominados corredores verdes, principalmente uno por la Carrera 7a, a pesar de que los proyectos realmente diseñados implican nuevas Troncales de Transmilenio como se observa en la cartografía de la Propuesta de Proyecto de Acuerdo POT.

Caso similar se ve que al trazar las líneas de los llamados corredores verdes, que en realidad son las actuales troncales de TM, sin mayor fortalecimiento del transporte público, con un aumento del transporte privado que asfixia a la ciudad, como ocurre con la Avenida 68. Todo ello sin contar los recursos públicos que habilitó para salvar Transmilenio, a pesar de su alto costo para el usuario, el gran impacto ambiental para la ciudad, su contratación leonina y perjudicial para el erario en plena pandemia y crisis social.

Aunque la Secretaría de Movilidad tiene asignado el rubro presupuestal más grande de su administración, y en programas de ejecución tiene un gran avance al incluir todo el manejo de la infraestructura vial, esto no significa progreso. Más bien, un plan de negocios que les continúa funcionando. Proyectos como la red de metros solo presenta un avance del 0.94 por ciento, asociado a las problemáticas del diseño de las líneas y de la expropiación de vecinos cercanos a ellas, sometiéndolos a desplazamiento urbano, pérdida de las condiciones habitacionales y procesos de especulación por las rentas del suelo.

Por otro lado, hay un retroceso de quienes habitan en la capital en términos de pobreza monetaria y oculta, que no sólo es responsabilidad de su gobierno sino que obedece a causas estructurales, más las consecuencias de la pandemia y su manejo, empobrecimiento acrecentado producto de la inadecuada gestión pública ante la crisis, la cual se redujo a ejecutar lineamientos que venían del gobierno nacional. Gestión de la cual estuvo ausente el necesario apoyo a la pequeña y mediana empresa, por lo cual creció el desempleo; tampoco se brindaron alternativas, o fueron tenues, para la informalidad, generando una mala relación de la administración con los vendedores ambulantes; tampoco se cumplió de manera cabal con los anuncios de implemenetar el abono de renta básica, y como si no bastara con esto se implementó el desalojo de sus viviendas a familias en plena crisis.

Queda claro, entonces, que lo implementado hasta ahora han sido prácticas reactivas, muy leves, que no apuntan a mitigar o superar el problema de la pobreza en la ciudad. Pese a que, al inicio de la pandemia tomó la iniciativa y se opuso a medidas contraproducentes, enfrentándose a sectores tradicionales con el slogan de proteger la vida y la salud de los bogotanos, su discurso nuevamente se llena de eufemismos y en muchos casos su gobierno cae en una indefinición.

En términos de la inclusión social, se da una crisis en su narrativa, tiene dificultad en sus discursos y cómo mantenerlos, no solo se apropió de conceptos y términos de la comunidad, que son desdibujados a la hora de ejecución, sino que su gran bandera –como es la incorporación del cuidado–, genera opiniones encontradas. Aunque traer el cuidado a la esfera pública es importante y podría considerarse como elemento positivo, novedoso y un avance para la política social en Bogotá, se presenta una gran incoherencia a la hora de implementarla ya que no se puede hablar de una ciudad cuidadora cuando en la materialización de los derechos no existe una política pública que concentre los esfuerzos en la superación de la pobreza, la inclusión social o el mejoramiento de la seguridad social, a lo cual se suma que se mantiene la violencia policial, mientras el enfoque del cuidado no es transversal en toda la administración.

En efecto, se habla de respeto a la ciudadanía, de inclusión, pero la problemática social se resolvió a punta de represión, algo que se evidenció en las actuaciones del 21 de marzo del 2020 en la cárcel La Modelo, donde asesinaron 24 internos; 9 y 10 de septiembre del 2020 cuando fueron ultimados 14 jóvenes y en el marco del Paro Nacional del 2021, con la masiva violación a los derechos humanos, acudiendo al Esmad para acallar el estallido social. Además, recurriendo al señalamiento y criminalización de los jóvenes, lo que es notorio con la actual persecución y encarcelamiento de los integrantes de la Primera Línea, siguiendo el camino del gobierno nacional, lo cual no corresponde con el discurso de la ciudad cuidadora. De hecho, parte del movimiento feminista reclama que en el marco del estallido social se presentaron varias expresiones de violencia de género por parte de la Policía Nacional. Y es claro que existe una responsabilidad política de esta Administración Distrital por estos hechos de violencia policial.

No garantizar el derecho a la protesta social, consagrado en la Constitución Política, se agrava con la violencia simbólica, ejemplo de ello la demolición del monumento de Los Héroes –excusándose con las obras del Metro–, un lugar que se había convertido en un punto de resistencia juvenil, a donde se movilizó la ciudadanía en el Paro Nacional, prácticas que se pueden entender como un ataque a la memoria social y colectiva.

Con relación al componente ambiental, el proyecto de Acuerdo del POT hace un esfuerzo enorme por aumentar un 30 por ciento el área de la Estructura Ecológica Principal, por proteger las 2.500 hectáreas de la ruralidad en el borde norte, por preservar el valle aluvial del Río Bogotá, la reserva Forestal Thomas van der Hammen, la franja de adecuación de los Cerros Orientales y proteger más de 200 hectáreas del bosque subxerofítico en Cerro Seco. Sin embargo, respecto al valle aluvial del Río Bogotá persiste la incertidumbre; tampoco se han implementado los planes de manejo ambiental de la reserva Forestal Thomas van der Hammen y de los humedales, contradiciendo el ambicioso plan de la administración.

En temas de aguas residuales el problema persiste, con excepción de la expansión de la planta de tratamiento de aguas residuales de la fase II de Ptar Salitre que entró en la etapa de puesta en marcha desde 2020 y no ha iniciado la fase de operación asistida por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La Ptar Salitre fase II solo trata el 30 por ciento de las aguas residuales de la ciudad. Por otra parte, la construcción de la Ptar Canoas, actualmente todavía en fase de diseños, tratará el restante 70 por ciento de las aguas residuales que produce la ciudad, cuya entrada en operación está prevista para el año 2028, momento hasta el cual Bogotá dejará de verter las aguas residuales sin tratamiento, directamente al Río Bogotá.

En este mismo renglón ambiental, la Administración Distrital ha realizado un pésimo manejo de los humedales al no fijar una posición para impedir las intervenciones de obras de endurecimiento, como puentes en concreto, entre otras, dentro de los 30 metros de ronda o área forestal protectora. Tampoco ha dado cumplimiento a los 24 pactos firmados con la ciudadanía, y con las diferentes organizaciones socio territoriales, incrementando la desconfianza de las comunidades, generando una gobernanza hacia adentro con los suyos, pensando y actuando como si todo se logrará con simple exposición mediática, o ‘vendiendo’ por la vía de los medios de comunicación un discurso, mientras en la práctica hace totalmente lo contrario.

Un proceder evidente en el proceso de discusión sobre la revisión general del POT, en el que la gobernanza fue muy mal manejada, atacando y acusando a los sectores de oposición, presionando y obligando a sus propios compañeros de partido en el Concejo Distrital a votar su propuesta de proyecto POT. Además, la alcaldesa publicita la idea de que el POT se construye mediante un acuerdo de ciudad, con una amplia participación, pero realmente no escucha a la ciudadanía, desconfía de la experticia de las comunidades, por lo que promueve procesos formales de socialización y sin incidencia en la planificación y presupuestación de la ciudad. Lo mismo sucede con el manejo dado al tema regional, apostando a la figura de la Región Metropolitana, tomando decisiones para las cuales no le interesa la participación, la consulta, por lo cual no tiene en cuenta las inquietudes planteadas por la ciudadanía.

Otro tema que causa gran preocupación es lo relacionado con la inseguridad. Bogotá está en la lista de las ciudades de Colombia con mayor nivel de percepción de inseguridad, reflejado ello en los constantes robos en los diferentes medios de transporte, en vía pública, etcétera, situación a la que siguen dando un tratamiento policivo, con una fuerza pública que no está a la altura de las necesidades de una ciudad como la capital del país, centrados en aplicar medidas que buscan, sobretodo, generar temor con acciones mixtas de policía y ejército. Sin embargo, las bandas, el micro y el narcotráfico siguen creciendo.

Si bien existen programas y acciones interesantes, la gente del común no las logra identificar, quiere soluciones concretas ante la fuerte crisis de institucionalidad. Una crisis que debe considerarse sin dejar de lado la inexisencia de posibilidades de trabajo, acceso a la salud o educación, de hecho, en secundaria, aumentó la deserción de estudiantes.

En conclusión, una mayoría de los electores de la alcaldesa se sienten defraudados, así puede entenderse la imagen negativa reportada por el 52 por ciento en septiembre del 2021, contrarrestando con la imagen favorable del 70 por ciento que tenía en marzo del 2020, según la encuesta Pulso País de Datexco. Solamente el 39 por ciento de la opinión pública aprueba sus actuaciones, mientras un porcentaje del 56 las desaprueba.

Esta pérdida de confianza y desprestigio de la alcaldesa Claudia López la afectará negativamente, teniendo en cuenta sus aspiraciones presidenciales, de allí su juego con el discurso, que varía de la práctica, tomando banderas de otros y leyendo la oportunidad política para posicionarse. En este sentido, ha usado algunos conceptos como el del cuidado, el de la renta básica, la inclusión y la sostenibilidad ambiental para continuar haciendo campaña, aunque al mismo tiempo no ejecuta las medidas de un verdadero Estado que reconoce las necesidades de las mayorías en términos de política de integración social e incumpliendo con su propio programa de gobierno.

Han transcurrido dos años de desilusión para quienes pensaron que Claudia López afrontaría de frente los problemas de Bogotá y aportaría soluciones consensuadas. La realidad vuelve a demostrar que los alcaldes electos solo responden a sus intereses personales y a los compromisos con los financiadores de las campañas.

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* El presente artículo recoge las reflexiones que se han dado en el Equipo de Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia que efectúa el acompañamiento al Consejo Territorial Distrital de Planeación –CTPD– a través del Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-. Está integrado por Ana María Peñuela Narváez, Gloria Esperanza Narváez Tafur, Sergio Alexei Torres Bolívar, Marco Aurelio Pedraza Cano, Medardo Galindo Hernández, Daniel Murcia Pabón, Héctor Jair Paloma Merchán, Hosman Yesid Huertas Quiroga, Jeison Andrés Hincapié Rodríguez, Andrés Cuesta Pulido, Alba Gabriela Pedraza Sierra, Luis Mauricio Duarte Bustamante, Ruth Nassar y Carlos Alberto Torres-Tovar.