El hostigamiento, la amenaza y la extorsión contra las maestras y maestros, se vuelve a intensificar en Norte de Santander, Córdoba, Cundinamarca, Valle, Bogotá, Meta y en extensos territorios del país.
La vulneración del derecho a la educación elevada a ley
Los proyectos de ley sobre recursos e inversión debilitan y asfixian la educación pública en todos sus niveles, áreas, modalidades educativas, incluida la escuela presencial, a la cual no se le asigna presupuesto para garantizar la bioseguridad en 2022. Mientras que, otro número significativo de proyectos de ley, buscan intervenir en el funcionamiento de la escuela de forma antidemocrática y regresiva en la vida académica y en contravía de lo establecido en la Ley General de Educación.
Miguel Ángel Pardo Romero
Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE1
Elevar la vulneración del derecho a la educación a categoría de ley, es característico del régimen Uribista de Duque y de sus acólitos en varias entidades territoriales.
Convirtió en política de Estado hacer “trizas” los Acuerdos de Paz y el conjunto del Estado social de derecho, especialmente, el derecho de los niños, niñas y jóvenes a la educación pública; a la vez que, la campaña de su tenebrosa bodega publicitaria se ha empleado a fondo para incitar a la comunidad educativa contra sus educadores y educadoras.
Con nombre propio, los oscuros agitadores del régimen sentenciaron a FECODE, a la CUT y a las organizaciones del movimiento obrero a su disolución, lo que no han logrado, debido a la tenaz resistencia y apoyo. Sin embargo, el costo en vidas ha sido muy alto: 54 hombres y mujeres del movimiento sindical, asesinados durante el actual gobierno, más de 80 sacrificados en el reciente paro nacional, especialmente jóvenes que se suman a la masacre de 13 de ellos, como consecuencia del uso letal de la fuerza por parte de la policía en Bogotá, enmarcadas en los primeros golpes de estado a gobernadores y alcaldes hace un año.
El hostigamiento, la amenaza y la extorsión contra las maestras y maestros, se vuelve a intensificar en Norte de Santander, Córdoba, Cundinamarca, Valle, Bogotá, Meta y en extensos territorios del país. A la vez, se ejerce indebida presión a los educadores que arribaron a las zonas de conflicto después de haber ganado el concurso docente y se inició una cacería a los participantes en la enorme movilización pacífica en aeropuertos y terminales de transporte.
A la campaña publicitaria de estigmatización y ejercicio de la necro política en sus más viles expresiones, se suma una febril actividad legislativa para elevar a la categoría de norma, la vulneración de los derechos mediante la radicación de proyectos de ley, la fabricación de fallos proferidos por algunas altas cortes y la imposición de actos administrativos de menor jerarquía que desconocen el rango constitucional de los derechos fundamentales y humanos.
Durante el presente gobierno, en conjunto con sectores democráticos, el paro nacional y la movilización social, hemos contribuido a derribar o hundir esa oscurantista ofensiva de proyectos de ley, sobre todo aquellos que pretendían castigar a quienes defendemos la educación y reducían aún más la financiación de la educación (2018); atentaban contra la libertad de cátedra (2019 y 2021), el preescolar de tres grados (2020), la desprofesionalización de la docencia, la autonomía y la democracia escolar; como también, debilitaban el derecho a la salud digna y el justo derecho al pago de las prestaciones (2021).
A la vez que, nos opusimos férreamente y con éxito, al fallido intento de acto legislativo del Uribismo contra el derecho y la gratuidad a la educación y la existencia de la escuela pública.
Tal como lo denunciamos permanente, para colmo de males, entre el Gobierno y sus acólitos, se encargaron de calificar como excusas y exageraciones, los criterios expuestos por FECODE para el retorno a la escuela presencial salvaguardando la vida y la salud. La ausencia de recursos por la pandemia, “argumentada” por el gobierno era falsa, tal como lo demuestran el continuo asalto destinado al presupuesto al plan de alimentación escolar y a la conectividad.
En la negociación colectiva 2021, FECODE logró mantener las posiciones conquistadas y evitó la regresividad en los derechos de la comunidad educativa, tal como se observa en los Acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional el pasado mes de agosto.2 Lo anteriormente, demuestra que luchar sí paga.
Insistimos. En los meses que restan de mandato constitucional, el régimen, persistirá en su objetivo de acabar con FECODE y la CUT. Para el efecto, intensificará en sus perversas actuaciones.
El magisterio debe fortalecer los preparativos y acciones para este desenlace o batalla final. No vamos a desfallecer en el ocaso de Duque, cuando logramos resistir a tres años largos de su desgobierno y dura represión. Lo que significa que debemos:
En primer lugar, contrarrestar el efecto desalentador y de división que pretende la revanchista Directiva Ministerial 173, sobre “reposición de tiempo”, todo porque participamos decididamente en el paro nacional y en la movilización social más gigantesca de los últimos 75 años y, por supuesto, contribuimos decididamente a sus los logros políticos y sociales.
En segundo lugar, apropiarnos y defender los Acuerdos logrados en la negociación frente al Gobierno Nacional. Para exigir el cumplimiento e implementación de los mismos, tenemos que acudir al carácter vinculante que tienen, acorde con decreto 160 de 2014 de negociación colectiva y los convenios de la OIT; como también, a la vigencia de la ley general de educación, en cuanto al papel determinante del gobierno escolar en el rumbo académico de los colegios y, finalmente, al rango constitucional y supremo del derecho a la vida, a la salud y a la educación en condiciones dignas.
La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones – SGP que, mediante presupuesto estatal y adecuado debe materializar los derechos a la educación, salud, agua potable y saneamiento básico de la población de los 1.103 municipios de Colombia, implica buscar su decidido respaldo y una lucha conjunta.
En tercer lugar, estudiar y difundir la nueva agenda legislativa del Uribismo, cuya joya de la corona es modificar el artículo 27 de la ley 715 de 2001, mediante el proyecto de ley 021 de 2021, el cual suprimiría la excepcionalidad en la entrega del presupuesto público, quedando a discreción total de los operarios privados, con las graves consecuencias contra el derecho a la educación y la dignificación de la labor pedagógica para toda la comunidad educativa. No sobra recordar el alto costo social de la intermediación en salud, PAE e infraestructura, cuando el patrimonio público queda a merced de los insaciables contratistas. En el caso de preescolar, adicionalmente, el proyecto de Ley 130 de 2021 lo suprimiría como nivel educativo, lo reemplazaría por educación inicial y, por esa vía, no se exigiría título de normalista superior o profesional para ejercer la docencia.
A la vez, los proyectos de ley sobre recursos e inversión debilitan y asfixian la educación pública en todos sus niveles, áreas, modalidades educativas, incluida la escuela presencial, a la cual no se le asigna presupuesto para garantizar la bioseguridad en 20224. Mientras que, otro número significativo de proyectos de ley del gobierno, buscan intervenir en el funcionamiento de la escuela de forma antidemocrática y regresiva en la vida académica y en contravía de lo establecido en la Ley General de Educación. Ejemplo de ello, es el proyecto de ley 064 de 2021.
En cuarto lugar, contrarrestar la tenebrosa publicidad del régimen, acudiendo a la formación pedagógica, académica, política y sindical de los 340.000 educadores oficiales y sus familias para desmentir las falacias, ampliar las denuncias sobre el desenfrenado y asqueante robo al erario público y, a través de conversatorios e intensa labor diaria en las denominadas redes sociales, convertirnos en una poderosa y única voz popular, invitando a inclinar la balanza a favor de la fuerzas democráticas y alternativas en las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022 para que éste régimen dictatorial y descompuesto no se consolide ni se prorrogue.
Por el cumplimiento de los Acuerdos por parte el Gobierno y contra la regresiva agenda legislativa del Uribismo, nos vemos el 28 de septiembre en la movilización social, enorme y pacífica.
Edición 748 – Semana del 25 de septiembre al 1º de octubre de 2021
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1 Intervención en Encuentros Pedagógicos, Horizonte Educativo y ADUCESAR Somos Todos, 18 y 19 de septiembre de 2021.
4 Ver: Proyectos de ley 027 y 158 de 2021 Cámara, 096 y 046 de 2021 Senado.
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Fuente:
