Graves violaciones a los Derechos Humanos durante el paro nacional en la Ciudad de Cali
La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, emitió un informe en el que recopila graves violaciones a los Derechos Humanos durante el paro nacional en la Ciudad de Cali, en el que incluye tres eventos que dan cuenta de la violencia de policías y civiles en contra de los manifestantes en esa ciudad.
Este informe especial da cuenta de la incursión armada en el barrio Siloé denominada “operación siloé” el 3 de mayo, también el ataque armado el 9 de mayo en contra de la Minga Indígena y el 28 de mayo cuando se decretó la militarización de Cali con la figura de “asistencia militar”.
Según la organización para realizar este informe se analizaron y verificaron más de 500 piezas audiovisuales y también realizaron cerca de 50 entrevistas con víctimas familiares periodistas y organizaciones de Derechos Humanos.
Además, revisaron pruebas documentales e incluyeron información de la fuerza pública órganos de control y de la fiscalía general de la nación asimismo entrevistaron a funcionarios de la defensoría del pueblo quienes hicieron seguimiento en terreno a las manifestaciones.
Dentro de los crímenes documentados, Amnistía Internacional da cuenta de asesinatos y lesiones personales, violencia basada en género, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ataques contra periodistas y ataques contra personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Asimismo, documentó diversas acciones y pronunciamientos de estigmatización y amenaza en contra de la protesta social por parte de dirigentes políticos como Álvaro Uribe Vélez y también por parte de funcionarios de gobierno como el mismo presidente Iván Duque.
Operación Siloé fue un ataque indiscriminado contra una movilización pacífica
Con varios mapas realizados a partir de testimonios entrevistas e investigaciones propias, Amnistía Internacional documentó que en la operación Siloé se produjo un ataque indiscriminado a una manifestación pacífica, sin que mediara ningún tipo de amenaza de disturbio pues la movilización atacada fue una velatón organizada en la glorieta del barrio.
En esa operación el ESMAD habría usado el arma Venom, fusiles Tavor 5,5 6 mm y otras armas letales, incumpliendo los principios que deben regular la intervención de la fuerza pública y provocando muertes, heridas y detenciones, así como afectaciones a niños, ancianos y mujeres embarazadas que se encontraban en la velatón que fue atacada.
Dentro de las personas fallecidas relatan que pudieron verificar que Kevin Anthony Agudelo de 21 años fue asesinado por la policía que usaba uno de los útiles tabor 5,5 6 mm qué provocó la muerte del joven.
Ataque a la Minga Indígena el 9 de Mayo tuvo características de paramilitarismo urbano
Sobre la situación del 9 de mayo en el ataque a la minga indígena, señalan que estuvo precedida de varios discursos estigmatizantes por parte de los gobiernos nacional y local en concreto se refieren al alcalde Jorge Iván Ospina quien seguro qué “en Cali no deben mandar los que no forman parte de Cali. No debe haber pretextos para que personas ajenas a nuestra ciudad cumplan las funciones que se cumplen en nuestra ciudad”
Uno de los hechos que establece Amnistía Internacional a través de diversos testimonios y otras evidencias documentales, es que el ataque del 9 de mayo en contra de la minga indígena fue preparado y coordinado en el que intervinieron integrantes de la fuerza pública y civiles armados.
Incluso detallaron que se realizaron reuniones previas en las que se definieron los puntos en que se iba a cerrar el paso de las Chivas que transportaban a la minga indígena, con presencia de personas civiles con armas de fuego.
Como resultado de esa operación se presentaron retenciones por parte de civiles en contra de integrantes de la ACIN, amenazas de desaparición y de tortura y heridas graves con armas de fuego en contra de los manifestantes.
«Por su parte, el ataque armado del 9 de mayo del 2021, coordinado entre agentes de la Policía y civiles armados, puede ser considerado una forma de paramilitarismo urbano. El hecho reviste la mayor gravedad, al atacar directamente a personas indígenas y al señalar y dirigir la violencia hacia las personas defensoras de los derechos humanos presentes» Informe Amnistía Internacional.
28 de Mayo, asistencia militar letal contra la protesta pacífica
Respecto a los hechos presentados concretamente en el barrio Ciudad Jardín el 28 de mayo en Miss internacional documento el actual coordinado entre civiles armados y y la Policía Nacional.
Incluso documentaron que los civiles armados realizaban detenciones ilegales para luego entregar a las víctimas a la policía, una vez en manos de la fuerza pública varios de los manifestantes fueron sometidos a diversas formas de tortura, amenazas de desaparición forzada y amenazas de judicialización.
«Para Amnistía Internacional, estos casos dan cuenta de la connivencia entre civiles armados y agentes de la Policía Nacional, para atacar con armas letales a los manifestantes y ejercer sobre ellos tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían constituir tortura.» Informe AI
Es necesario reformar la policía y eliminar la intervención militar en la protesta social
Por último, Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones al gobierno, a la fiscalía y a los órganos de control en los que se resaltan la necesidad de una reforma policial que prevenga hechos como los relatados.
Otra de las recomendaciones tiene que ver con la suspensión inmediata del uso de armas de «letalidad reducida» como el dispositivo Venom pues fue uno de los causantes de varias heridas algunas letales en varios sitios en los que se presentaban actos de represión por parte de la fuerza pública.
Además, pidieron que no se vuelva a usar a las fuerzas militares para enfrentar una protesta social pues este tipo de acciones conllevan una serie de consecuencias que afectan gravemente el ejercicio del derecho a la protesta.
A los órganos de control, recomendaron la realización de las investigaciones Y judicialización es de manera pronta y eficaz para evitar qué situaciones de paramilitarismo Urbano queden en la impunidad y por tanto puedan repetirse.
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