Ante radicalidad del gobierno de Colombia, se enrarece negociación con el Comité Nacional del Paro
Presidente Iván Duque pone como requisito el levantamiento de los puntos de resistencia en el país.
Por Fernando Alexis Jiménez
Los organizadores advirtieron: «El Paro Nacional continua, y por ello convocaremos a realizar las más grandes organizadas y pacíficas movilizaciones de nuestra historia, a impulsar un gran diálogo con la juventud y la sociedad sobre las agendas de cambio que la ciudadanía está exigiendo en las calles y a convocar a una cumbre social y política en defensa de la democracia.»
La decisión de presidente Iván Duque Márquez de establecer en el Valle del Cauca y otras regiones la “asistencia militar” que no es otra cosa que la militarización rampante, llevó a un empantanamiento los acercamientos del Comité Nacional de Paro y el gobierno. Los organizadores de la actividad que inició el 28 de abril y persiste, publicaron un comunicado en el que cada vez se enreda más la concertación preliminar para entrar a negociar medidas que atiendan las necesidades de la gente que sigue manifestándose tras más de un mes de paro nacional.
RECHAZO AL DECRETO NACIONAL DE MILITARIZACIÓN
El Comité Nacional del Paro, que reúne a centrales obreras, estudiantes y organizaciones sociales, reprochó el decreto del presidente Iván Duque que lleva “asistencia militar” a varias ciudades y departamentos; mientras que desde Palacio contestaron, una vez más, que se deben levantar los bloqueos para entrar a negociar.
Los voceros del Comité de Paro se quejaron del decreto 575, expedido por Duque luego de que Cali viviera una noche de terror el 28 de mayo.
La norma aplica para Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva; cuyos alcaldes y gobernadores deben acordar con Policía y Ejército la “asistencia militar”, para “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”.
En pocas palabras es coordinar con la fuerza pública las acciones para levantar los bloqueos existentes y se evite la instalación de nuevo.
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La inconformidad sigue creciendo entre los colombianos y se aviva ante radicalización del presidente Duque.
Organizaciones de derechos humanos y constitucionalistas criticaron la medida, pues se asimila una figura de la conmoción interior sin serlo, pues no pasará por una revisión de la Corte Constitucional. “Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado”, dijo el Comité del Paro en su comunicado.
De hecho, citaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución multilateral que, tras conocer el decreto del Gobierno Duque, manifestó que, “reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna, y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”.
Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch también manifestaron su preocupación.
LOS DESBLOQUEOS, REQUISITO PARA NEGOCIAR
El gobierno nacional, por su parte, cerró filas en torno a pretender el desbloqueo en diferentes puntos, como requisito único para entrar a negociar.
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Se anuncian nuevas movilizaciones en todo el territorio colombiano.
En su comunicado plantea: «Para nosotros es claro que, con ocasión de la protesta, las personas expresan su inconformidad, de múltiples maneras, dentro de las cuales está la manifestación por las vías y espacios públicos, por tiempos muy cortos. Sin embargo, abusando de este derecho no se pueden violentar los intereses de los demás ciudadanos, privándolos de sus propios derechos. El ejercicio de la protesta no puede afectar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación por el territorio nacional, o cualquier otro derecho fundamental.»
Como es natural, la posición de la administración del presidente Duque ha avivado la inconformidad de diversas expresiones populares, al tiempo que, desde diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, se ha cuestionado el que no esté en disposición de negociar y abra puertas para la negociación del conflicto.
POSICIÓN CÍNICA DEL MINISTRO DE JUSTICIA
Otro elemento que puso una cereza al helado, fue la aseveración del ministro de Justicia, Wilson Ruíz, en el sentido de que las muertes del último mes obedecen a riñas, robos y situaciones aisladas y que no se pueden asociar con el Paro Nacional, ni tampoco, abusos de la fuerza pública.
Declaraciones del ministro de Justicia, Wilson Ruíz, han sido calificadas como una afrenta a las víctimas del paro nacional en Colombia.
De acuerdo con el funcionario, se ha difundido información falsa, incluyendo las causas de muerte de los fallecidos en el marco de la movilización social. “Lo que he podido leer es que muchos muertos no son consecuencia del paro, sino que son hechos aislados por riñas y por intentos de hurto”, y añadió que: “Decir que los muertos que ha habido son exactamente consecuencia del paro nacional eso es totalmente falso”.
Las declaraciones las dio a un periodista de la revista Vice y le han dado la vuelta al mundo. El ministro aseguró que detrás de varias de las acciones en el marco del paro estarían organizaciones criminales de índole internacional. “Fue una situación muy bien orquestada, yo la siento así. Fue una situación que organizaron a nivel internacional para desprestigiar al país. Por eso he salido a los medios internacionales a desvirtuar muchas cosas”, agregó Ruiz.
El panorama para una eventual negociación terminó de enrarecerse en las últimas horas, de un lado por la radicalidad del gobierno de Duque y, de otro, por las desacertadas declaraciones del ministro de Justicia que desestima las muertas de civiles, como consecuencia de los abusos por parte de la fuerza pública.
Blog del autor>> https://cronicasparalapaz.wordpress.com/
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