DOSSIER:
1. El 20 de mayo, nueva reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro
El Gobierno le pidió al Comité Nacional de Paro que “manifieste de manera explícita su condena a los bloqueos y al uso de la violencia en las manifestaciones”. El comité, por su parte, señaló que se declara a la espera de una respuesta concreta y seria para que el Estado garantice el ejercicio de la protesta.
El Gobierno le pidió al Comité Nacional de Paro que “manifieste de manera explícita su condena a los bloqueos. / José Vargas
Mientras el Gobierno nacional, en voz del Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, asegura que “hay buena voluntad para seguir avanzado” en los diálogos, el Comité Nacional de Paro manifiesta que “el gobierno de Duque no quiere negociar, se niega a brindar garantías”. Así se pronunciaron las partes las partes este lunes festivo en la noche, al término de una nueva reunión que por ahora deja peticiones de parte y parte sobre la mesa.
El Gobierno le pidió al Comité Nacional de Paro que “manifieste de manera explícita su condena a los bloqueos y al uso de la violencia en las manifestaciones”, al tiempo que agradeció a la iglesia católica y a Naciones Unidas su acompañamiento en este proceso.
Ceballos anunció que la interlocución con el Comité de Paro continuará avanzando hacia la posible instalación de una mesa de negociación, para lo cual se programó un nuevo encuentro el 20 de mayo a las siete de la mañana en la sede de Compensar, en Bogotá.
El Gobierno nacional anunció que este martes convocará la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas y Pacíficas, reguladas por decreto, pero precisó que en ningún caso eso significa que dicha mesa remplace a la mesa de negociación que se espera sea instalada con el Comité de Paro.
Del otro lado, el Comité se mostró decepcionado por la ausencia de respuestas a sus exigencias de garantías para la protesta, “para poder dar inicio a la negociación, y el gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió”.
En un comunicado, aseveró que “la verdadera respuesta que hemos recibido hoy ha sido la brutal violencia policial desatada desde anoche (domingo) en Yumbo, con al menos dos asesinatos, 24 heridos y 18 desaparecidos”.
Cuestionó, además, que el presidente Duque anunciara el despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. “La respuesta a las garantías, es la de tierra arrasada contra el Paro Nacional”. Advirtió que el paro continuará y que “la única preocupación del gobierno, son los bloqueos, y nos exigen levantarlos. Y hemos dicho, que seguiremos acordando corredores humanitarios, que no pondremos en riesgo la vida, salud, la alimentación de los colombianos y colombianas”.
Finalmente, el Comité Nacional de Paro señaló que se declara a la espera de una respuesta concreta y seria, para garantizar el ejercicio de la protesta.
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2. Un diálogo truncado, más represión y nuevos llamados a la protesta masiva: ¿en qué punto está Colombia?
El "espacio" de negociación aún no ha podido abrirse. Mientras el Comité de Paro exige que se condenen los excesos de la fuerza pública, que ha dejado más de 40 muertos, el Gobierno exige el fin de los bloqueos. ¿Y ahora qué?
Fernando Vergara / AP
A más de dos semanas de manifestaciones masivas en Colombia, el "espacio" de diálogo propuesto por el presidente Iván Duque aún no ha podido instalarse. Los convocantes del Comité Nacional de Paro han presentado un pliego de peticiones, que será sometido a la evaluación del Ejecutivo, cuya vocería mantiene el levantamiento de los bloqueos de vía como una exigencia para sentarse a conversar.
Sin embargo, la situación parece lejos de iniciar un proceso de desescalada. La muerte de una persona la madrugada de este lunes, en la localidad de Yumbo, en Valle del Cauca, así como las crecientes denuncias de presuntos abusos sexuales de las fuerzas de orden público en contra de los manifestantes, no han hecho más que avivar los llamados a la protesta. El próximo 19 de mayo hay otra convocatoria masiva.
Este lunes se retomarán las conversaciones entre ambos sectores, pero ya hay analistas que empiezan a notar señales de que la coyuntura empieza a sobrepasar a la gestión de Duque y hasta su propio partido, el conservador Centro Democrático, ha tomado distancia de las posturas del mandatario. ¿Y ahora qué?
Bloqueos y violencia policial
Duque, que en poco más de dos semanas ha tenido que echar para atrás su reforma tributaria y perdido a dos ministros (el extitular Hacienda Alberto Carrasquilla y la excanciller Claudia Blum), sigue empeñado en solicitar el levantamiento de los bloqueos viales en las ciudades para sentarse a negociar. La razón de esa petición es que la obstrucción de vías genera un efecto que se evidencia en anaqueles vacíos, fallas en el abastecimiento de rubros de primera necesidad y la constatación del poder que tienen los convocantes para presionar con acciones de fuerza.
"Tenemos todos la capacidad de actuar y decir 'sí a la posibilidad de construir acuerdos, claro que sí', pero no con la vía de hecho, no con la amenaza, no con la afectación de los derechos de toda una nación", dijo Duque la noche del domingo, en una reunión con los gobernadores del Eje Cafetero y Valle, ya que no asistió al encuentro con el Comité de Paro.
Duque considera que los bloqueos solo han mantenido a la sociedad "secuestrada", a pesar de que la Defensoría ha acordado abrir "corredores humanitarios" con los manifestantes para permitir el paso de alimentos, medicinas y rubros de primera necesidad. Para el mandatario colombiano, "legitimar" la implantación de estas medidas en medio de la protesta es "relativizar" los derechos de la población.
Por otro lado, las denuncias de los manifestantes por los excesos de la fuerza pública también ponen a Duque contra las cuerdas. Aunque la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia acompañan los espacios de diálogo, que no terminan de arrancar, organizaciones de derechos humanos han alzado su voz para visibilizar el nivel de violencia con el que actúan los agentes: más de 40 muertes, cientos de heridos, decenas de denuncias de presunto abuso sexual y más de 500 personas desaparecidas son la evidencia más palpable.
La ONG Temblores, una de las más activas para documentar los actos de brutalidad de la fuerza pública y las denuncias de los manifestantes, insiste en asegurar que hay un "incremento en la violencia policial" que no solo requiere acciones puntuales, sino una reforma estructural en las instituciones de orden público.
Personas participan en una protesta contra la agresión sexual por parte de la policía en Bogotá, Colombia. 15 de mayo de 2021Nathalia Angarita / ReutersSegún esa organización, la razón de estos excesos que se evidencian en las protestas está en "haberle entregado a la policía el poder absoluto sobre el espacio público para el control del virus".
"Lo advertimos desde el año pasado cuando reportamos que los comparendos por 'agresión a la autoridad' se incrementaron en un 500%. (Pasamos de tener alrededor de 200.000 en 2019 a tener 1.200.000 en 2020)", detallan.
Otro de los aspectos que está puesto sobre la mesa por parte de los convocantes del paro es el cese de la violencia "paraestatal", una práctica que se ha evidenciado con la irrupción de civiles armados que atacan o amenazan a los manifestantes, con la complacencia o inacción de los uniformados.
¿Y Duque qué?
El mandatario colombiano, que llegó a la presidencia como delfín político del expresidente Álvaro Uribe, afronta estas jornadas de protestas con una popularidad golpeada por sus decisiones políticas y la deficiente gestión durante la pandemia, que ha generado más de 3 millones de nuevos pobres en un país que empieza a hacerle frente a los problemas postergados por el conflicto armado.
Sin embargo, la cercanía de las elecciones de 2022 podría poner en jaque el apoyo del que goza. Analistas citados por medios locales consideran que los aliados políticos de Duque han empezado a dejar en claro algunas divergencias, previendo que cualquier sea el resultado de las negociaciones, el Centro Democrático quede lo menos afectado posible.
De momento, el mandatario sigue sin condenar abiertamente los excesos policiales y mantiene la línea de estigmatizar a los manifestantes, a los que ha acusado de tener vínculos con las disidencias de las FARC, el ELN y hasta con los posibles presidenciables de la izquierda, por lo que el Comité de Paro ha hecho un nuevo llamado a la movilización masiva para este miércoles.
A pesar de haber asistido a la primera reunión con el Gobierno, con un único punto que exige el cese de la "violencia estatal y paraestatal", el Comité insiste en mantener la protesta en las calles, con las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y Pereira como principales epicentros.
Nazareth Balbás
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3. Sin acuerdos concluyó reunión entre Gobierno y Comité del Paro
Redacción Política
El Comité del Paro presentó un documento con varios puntos, entre ellos que el Ejército y el Esmad se retiren del control de las protestas. El texto será estudiado por el Ejecutivo y este lunes se reanudarán las conversaciones a partir de las 2:00 de la tarde.
El Gobierno respondió que el documento será sometido a estudio y que se evaluará una a una las peticiones, analizando cuáles le corresponden al Ejecutivo y qué otras son de resorte de otras ramas del poder público. / Tomada de Twitter @CGTCol
Pese a la alta expectativa que había alrededor de la primera reunión que sostuvieron el Gobierno y el Comité del Paro, este domingo las partes no llegaron a acuerdos y se espera que nuevamente se reúnan este lunes festivo a partir de las 2:00 de la tarde.
Si bien el Comité explicó que llegó para “tratar un único punto”, relacionado con las garantías y prerrequisitos que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes están protestando, finalmente presentó un documento con varias exigencias antes de dar inicio al proceso de negociación.
En el documento se habla de retirar al Ejército y al Esmad de la Policía para controlar las protestas y ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas; que la Fiscalía cree una unidad especial de alto nivel y con autonomía para investigar todos los hechos de violencia; que el ministro de Defensa, Diego Molano, presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza, o que se acoja el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia y evaluar la situación de derechos humanos.
En respuesta, el comisionado de Paz Miguel Ceballos, designado por el Gobierno para liderar los diálogos, aseguró que el documento será sometido a estudio y que se evaluará una a una las peticiones, analizando cuáles le corresponden al Ejecutivo y qué otras son de resorte de otras ramas del poder público.
“El día de hoy las organizaciones que hacen parte del Comité del Paro han presentado un documento con dos partes fundamentalmente: garantías para el ejercicio de la protesta y la segunda, garantías para las mesas de negociación. La mesa de negociación aún no se instala, debido a que con este documento debe ser analizado. Hemos acordado que mañana a las 2:00 de la tarde trabajando de nuevo”, explicó.
De acuerdo con Ceballos, serán estudiados e identificados todos los puntos del documento expuesto por el Comité: “Como Gobierno tenemos la responsabilidad constitucional y legal de identificar aquellos puntos que están bajo nuestro resorte”, dijo.
El funcionario insistió en que la protesta pacífica está garantizada e instó a que se ponga fin a los bloqueos que están interrumpiendo la libre movilidad de medicamentos y de alimentos, generando desabastecimiento: “El Gobierno insiste en que no haya más obstrucciones”, precisó.
Ceballos destacó la buena actitud que marcó el encuentro de este domingo y citó al presidente Iván Duque para recordar que el Ejecutivo “tiene la plena voluntad” de iniciar una mesa de negociación. “Entendemos y valoramos las propuestas del Comité Del Paro. La garantía de los derechos es una obligación del Gobierno con quienes marchan y con quienes no”.
4. Punto por punto: ¿cuáles son las peticiones del Comité del Paro?
Entre las peticiones del Comité Nacional del Paro al Gobierno se cuentan una reforma a la Policía, que el ministro de Defensa presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza, que se implemente un protocolo para el respeto y garantía de la protesta pacífica o que la Fiscalía cree una unidad que investigue los hechos de violencia.
Entre otras, se pide al Gobierno que ordene a todas las autoridades que se abstengan de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana, y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal” o “terrorismo vandálico” con se refieren a los manifestantes. / Mauricio AlvaradoEn desarrollo del primer encuentro que sostuvieron este domingo el Gobierno Nacional y el Comité del Paro –a la espera de llegar a acuerdos que permitan superar la crisis social–, se conoció un documento de 19 puntos en el que los voceros de la protesta exigen garantías para las manifestaciones previo al proceso de negociación formal.
El documento se divide en dos grandes capítulos, relacionados con garantías para el ejercicio de la protesta y para las mesas de negociación. El Gobierno ya contestó y dijo que el documento será sometido a estudio y que se evaluará una a una las peticiones, analizando cuáles le corresponden al Ejecutivo y qué otras son de resorte de otras ramas del poder público.
El primer capítulo del documento habla de “medidas inmediatas” que deberán adoptarse para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia contra los manifestantes. Son en total cinco puntos que abarcan, entre otras, retirar al Ejército y al Esmad de la Policía para custodiar las protestas, así como medidas específicas para detener la violencia sexual ejercida por la fuerza pública contra las mujeres.
*Inicialmente, se le pide al Gobierno que se abstenga de adoptar cualquier medida, como el estado de conmoción interior, que impida el ejercicio al derecho a la protesta. En esa línea, abogan por retirar al Ejército y al Esmad completamente del control de las protestas, así como ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en las acciones de control de las protestas. Adicionalmente, reclaman medidas para detener los ataques de civiles armados contra los manifestantes y que la Policía no efectúe “detenciones indiscriminadas y masivas” y que, en su lugar, respeten, protejan y garanticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así como de los periodistas y los medios de comunicación.
*En segundo lugar, piden que el Presidente de la República, como jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas, condene de manera explícita y contundente los abusos y se comprometa a que no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Por otro lado, señalan que se debe reconocer que existe responsabilidad de la Fuerza Pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública.
Por ello, piden que el ministro de Defensa, Diego Molano, presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza cometida por el Esmad y la Fuerza Pública en el marco de las protestas. “Como consecuencia deberán ser retirados del servicio los mandos comprometidos en estos abusos”, explicaron.
*El Comité del Paro reclama además que se deberá ordenar a todas las autoridades que se abstengan de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana, y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal”, “terrorismo vandálico”, con que el Gobierno y la Fuerza Pública se refieren a los manifestantes. “El presidente debe condenar los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes que han promovido funcionarios y figuras públicas sobre los y las manifestantes y las protestas sociales, y de manera particular las realizadas contra la minga indígena, la población afrodescendiente y los sectores populares”, pidieron.
*El cuarto punto está relacionado con la adopción de medidas para detener la violencia sexual ejercida por la Fuerza Pública contra las mujeres en el marco de las protestas, empezando por la prohibición expresa de la violencia sexual como mecanismo de control de orden público. A ello se suma una ruta que prevenga cualquier tipo de detención o privación de la libertad de las mujeres.
“Las mujeres deberían ser trasladadas a lugares que estén protegidas por autoridades civiles mujeres. Se deberá informar cualquier detención de manera inmediata a la delegada de mujer y genero de la Defensoría y de las secretarias de la Mujer para que procedan al acompañamiento y representación de sus derechos. También se debe informar a la oficina de ONU DDHH para que pueda ejercer vigilancia y establecer un mecanismo de seguimiento en que participen la institucionalidad de género”, precisaron.
*El quinto punto señala que el Gobierno deberá establecer un mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación. Se deberá además garantizar el restablecimiento pleno de la salud de quienes han sufrido heridas.
Por otro lado, el segundo capítulo del texto comprende mecanismos de verificación de las medidas para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y para detener la violencia contra los manifestantes, con el acompañamiento y asistencia técnica de Naciones Unidas.
*El primer punto busca que el Gobierno acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas. Asimismo, que acepte el pedido de visita de relatores especiales de Naciones Unidas para garantizar el derecho de protesta, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos y tortura.
*Adicionalmente, se pide implementar, en los diferentes niveles territoriales, el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”.
*También que la Fiscalía cree una unidad especial de alto nivel, y con toda la autonomía, para que se encargue de abrir y adelantar la investigación de todos los hechos de violencia cometidos por la Fuerza Pública en contra manifestantes en las movilizaciones. Para el Comité, esos delitos deben ser competencia de la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional. Se deberán presentar públicamente los avances de investigaciones.
*Por otro lado, señalan que la Procuraduría deberá ejercer el poder preferente para asumir la competencia de todas las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la Fuerza Pública. Por su parte, la Defensoría del Pueblo deberá verificar que no se cometan actos de tortura, violencia sexual, vulneraciones al debido proceso y otras violaciones a los derechos humanos de las personas que son detenidas en el marco de las protestas. A esto se suma un mecanismo que permita el acopio de la información sobre los hechos violatorios de los derechos humanos y la publicación de informes diarios.
*Por último, se advierte que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas deberá activar un dispositivo de rendición de cuentas sobre los mecanismos de búsqueda que se han activado, el número e identidad de las personas encontradas con vida y las investigaciones que se han abierto por las agresiones.
El tercer capítulo del documento aboga por medidas para acordar ajustes normativos e institucionales permanentes que garanticen el libre ejercicio de la protesta, con el acompañamiento y la asistencia técnica de Naciones Unidas.
*En ese sentido, se pide “acatar sin reparos” todas las órdenes de la sentencia de tutela decida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020 (que da cuenta de excesos de la Fuerza Pública) y en tal sentido responder el incidente de desacato presentado por las organizaciones accionantes.
*Establecer una comisión de trabajo para acordar las medidas de garantías de la protesta, retomando los lineamientos construidos en el proceso de consulta previa acordado en el Acuerdo de Paz.
*Establecer un proceso amplio de discusión sobre la reforma a la Policía Nacional, para que no se repitan los hechos de violencia y que congregue a la academia, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y expertos internacionales. Todo ello, para lograr una reforma de la doctrina y las prácticas de la Policía Nacional.
Finalmente, para lograr garantías para las mesas de negociación, inicialmente el Comité pide garantías que permitan detener la violencia estatal y paraestatal, para que “una vez sea acordado y verificado su cumplimiento se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones”.
Según el Comité, el proceso de negociación será sobre el pliego de emergencia presentado el pasado 19 de junio de 2020 (que abarcan peticiones como una renta básica), y nuevas exigencias, como retirar la reforma a la salud o el proyecto de reforma del ICETEX. “El Gobierno deberá suspender el impulso de proyectos de ley o decretos relativos a los temas que se estén discutiendo en los procesos negociación, como la reforma a la justicia”, explicaron.
*En línea con lo anterior, abogaron por una mesa de negociación con los jóvenes y las diversas ciudadanías movilizadas que no están representadas en las organizaciones sociales. “Se debe por tanto acodar un diseño específico de una mesa de negociación que permita la participación directa de los voceros de estos procesos de movilización”, reclamaron.
*Para el Comité, el inicio del proceso de negociación no implica la suspensión las movilizaciones y protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro o por otros sectores sociales. No obstante, señalaron que seguirán acordando corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos y alimentos esenciales, combustibles, para mitigar los impactos del paro en la salud y la seguridad alimentaria de la población.
*El Comité señaló además que el proceso de negociación deberá contar con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal con monseñor Héctor Fabio Henao; el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, y la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero.
*Por último, el Comité del Paro manifestó que, en caso de llegar a un acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta y para las mesas de negociación, este debe ser protocolizado con la presencia del presidente de la República en la mesa de negociación.
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Fuentes:
