COLOMBIA ENTRE VIOLENCIA ESTATAL, MILITARIZACIÓN Y NUEVA REFORMA AUTORITARIA DEL SISTEMA DE SALUD

Por Grupo de Trabajo CLACSO 

Colombia atrapada entre la intensificación de la violencia estatal, la criminalización de la protesta social, la epidemia de COVID-19, el deterioro del financiarizado sistema de salud, la precarización laboral, la crisis social y económica y las políticas gubernamentales arbitrarias, autoritarias, inequitativas e injustas.

La ola de represión sistemática gubernamental, con una evidente política pública de vulneración de los derechos humanos por parte de las autoridades del Gobierno de Colombia, ha quedado reflejada en los últimos días en sangrientas cifras que reflejan tal represión: 37 personas asesinadas; 381 personas que experimentaron lesiones personales; 58 defensores de los derechos humanos que sufrieron algún tipo de agresión violenta; 19 mujeres que sufrieron violencia basada en género incluyendo la violación; 1.180 personas que fueron detenidas de manera arbitrarias, algunas de las cuales sometidas a trato vejatorio y/o torturas; 239 que fueron detenidas y desaparecidas; y más de 500 personas que denunciaron abusos de poder, agresiones o violencia policial con la criminalización de la protesta social.

La represión oficial se extendió hasta la extrema militarización de ciudades, como Cali y Palmira que están en riesgo de quedarse sin abastecimiento de alimentos y medicamentos; también se bloquearon las señales de internet y las redes sociales que fueron utilizadas por la ciudadanía y las comunidades para denunciar estas formas de represión oficial, y se utilizaron de manera disuasiva la posibilidad de declarar el Estado de Conmoción Interior, para generar miedo e incertidumbre en la población.

Todo este contexto se vio desencadenado por las protestas sociales antigubernamentales debido a las recientes medidas que se intentaron implementar de manera arbitraria, autoritaria, inequitativa e injusta del actual presidente de Colombia Iván Duque. Uno de los detonantes fue el intento de implementar una reforma tributaria en la que se imponía un impuesto sobre la renta a un alto número de personas con rentas o ingresos bajos; además, que se aumentaba el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a productos esenciales para la mayor parte de la población colombiana. El malestar generado por esta medida, unido al descontento social acumulado por la negligente gestión de la epidemia de Covid-19 conjuntamente con la agudización de la crisis social y económica del país, precipitó una protesta social masiva. La criminalización de la protesta por parte del gobierno de Duque implicó una autoritaria y violenta respuesta de las autoridades con violación sistemática de los derechos humanos. La siguiente frase de una de las tantas pancartas enarboladas en las manifestaciones públicas da buena cuenta del sentimiento del pueblo colombiano que se está manifestando:

En el caso de Colombia, la violencia forma parte de un proceso sustantivo de la determinación social de la salud colectiva y de la vida.

Desde hace muchos años, las desigualdades sociales y económicas se han visto especialmente intensificadas y agudizadas por el conflicto armado colombiano y las diferentes formas de violencia sistemática locales y regionales, llevadas a cabo por grupos paramilitares y promovidas por élites locales, regionales y nacionales, con el fin primordial de mantener sus privilegios y beneficios en una democracia privatizada.

Líderes y lideresas sociales y comunitarias que luchan por la defensa del territorio y de los derechos colectivos y bienes comunes, que denuncian y enfrentan las situaciones de injusticia y de inequidades por clase social, etnia y género en diversas regiones del país, han sido sistemáticamente el objetivo de esta violencia incluso con asesinatos selectivos.

Al respecto, también es importante resaltar que en los últimos años las y los jóvenes terminaron atrapadas por esta espiral sistemática de violencia que atraviesa la vida en el país. Ser joven en Colombia representa una imposición permanente a preguntarnos ¿de qué mueren los y las jóvenes en Colombia? Para responder esta pregunta hay que fijar la mirada en dos aspectos. Por una parte, en formas simbólicas de la existencia y los límites de la propia vida cotidiana que atenta contra la vida digna de los y las jóvenes, como es el caso la precariedad educativa, laboral y las representaciones mediáticas que desacreditan su palabra; por otra parte, en formas específica de violencia -las ejecuciones extrajudiciales, las persecuciones- que dan cuenta de lo que en la retórica de la violencia colombiana se conocen como “falsos positivos”.

Este contexto de violencia, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz provocó ya 126 masacres, que dejaron 513 víctimas mortales entre 2020 y lo que va de 2021 (Indepaz). Por otra parte, más de 900 lideresas y líderes asesinados y más de 276 firmantes del acuerdo de paz-excombatientes de las FARC-, desde su firma en 2016 (Indepaz); además, en marzo de este año (2021) se denunció el bombardeo de un campamento de disidentes de las FARC en el que se encontraban niñas y niños calificados como “máquinas de guerra” por el Ministro de Defensa colombiano.

En medio de este clima de descontento y masivas protestas sociales, de criminalización y represión sistemática, de muertes y padecimientos del pueblo colombiano, el gobierno del Presidente Duque quiere impulsar una nueva reforma de la Ley 100 de 1993 que ya se había cristalizado en una fragilización, precarización, fragmentación, privatización y financierización del Sistema de Salud colombiano. Bajo el andamiaje teórico-conceptual del pluralismo estructurado, como política de Estado, se promovió un mercado desregulado de coberturas financieras de salud, asociaciones público-privadas y destrucción de la salud pública.

En este momento está en curso en el Congreso de Colombia el Proyecto de Ley 010 de 2020 que busca profundizar el modelo de aseguramiento e intermediación financiera sobre la atención en salud, debilitar la fragilizada salud pública, incrementar la brecha entre la atención en zonas urbanas y rurales, aumentar oligopolio corporativo y empresarial de las aseguradoras en salud, acentuar las responsabilidades de la ciudadanía sobre su propia salud y, en última instancia, seguir vulnerando el derecho universal fundamental a la salud. Adicionalmente, con esta Ley se viola la autonomía universitaria, en tanto que, de manera sutil, propone que alguna formación posgraduada salga del núcleo de la academia para realizarse a través de las mismas figuras que realizan la intermediación de la salud.

El Proyecto de Ley 010 de 2020 sigue formando parte de una estrategia de las élites colombianas por profundizar la mercantilización sanitaria bajo el pluralismo estructurado y la expansión de bienes de mercado dentro del propio sistema sanitario.

El Sistema de Salud colombiano denominado Sistema General de Seguridad Social en Salud financieriza las coberturas de salud, pensiones y riesgos laborales, es un caso que ejemplifica perfectamente la influencia geopolítica de los organismos como el Banco Mundial, el BID, OPS-OMS y corporaciones nacionales y multinacionales que representan la materialización de la agenda de la salud global neoliberal.

La estructuración de la reforma colombiana institucionaliza sofisticados entramados de compañías farmacéuticas, corporaciones multinacionales de hospitales y aseguradoras privadas, empresas compradoras de insumos y tecnologías médicas, entre otros.

El mercado (des)regulado de coberturas con intermediación financiera, de un mercado de prestadores público-privado, implica geopolíticamente la instalación de un capitalismo sanitario mundialmente periférico en Colombia con la presencia de la United Health Group, multinacional estadounidense de empresas aseguradoras y prestadoras de servicios de salud, AUNA la multinacional peruana propietaria de un conglomerado empresarial, la multinacional española Keralty (antigua Organización Sanitas Internacional), propietaria de una numerosa red de empresas de aseguramiento, prestación de servicios de salud (más de 200 en este país), de Steward Health Care, multinacional estadounidense que integra prestadores y aseguradores privados, la multinacional estadounidense Christus Health, propietaria del componente salud del Grupo Coomeva, Quironsalud multinacional española integrante de la multinacional alemana Fresenius Helius, Fresenius Medical Care, entre otras.

Es decir, Colombia implantó un sistema de aseguramiento, hospitalocéntrico y enfermológico, donde el propio sistema sanitario institucionalizó los intereses privados y de intermediación financiera, que reproducen fragmentación, segmentación, estratificación y especialmente inequidades en la salud colectiva de la sociedad colombiana. Estos objetivos son los que prevalecieron en las reformas emprendidas en el país, profundizando las desigualdades, y paralelamente precarizando radicalmente las condiciones de trabajo de las propias trabajadoras y trabajadores de la salud.

En este aspecto concreto es muy importante no perder de vista que esta precarización afecta fundamentalmente a las mujeres, por ser el campo de la salud particularmente feminizado. La precarización laboral de las trabajadoras y los trabajadores de la salud en Colombia da cuenta de la tercerización laboral, la eliminación de las garantías y los derechos laborales lo cual significa: trabajo sin descanso, contratos cortos, así como experiencias laborales en las que las trabajadoras y los trabajadores de la salud prácticamente “regalan” meses de trabajo para asegurar estos contratos, entre otros. Situación que se vio especialmente agudizada durante la pandemia de Covid-19.

Colombia, al igual que muchos otros países de la región, experimenta en estos momentos una intensificación de la crisis epidemiológica y de las defunciones asociadas a la epidemia de la COVID-19 en el territorio colombiano.

En efecto, según cifras oficiales del propio Ministerio de Salud hasta el momento se han registrado más de 76 mil muertes, con cerca de 400 muertes diarias. En términos de vacunación, Colombia presenta una de las tasas más bajas de la región, debido en la fundamental a un plan de vacunación que ha priorizado criterios políticos por encima de criterios epidemiológico o de salud pública y, en segundo lugar, al efecto resultante del monopolio de los derechos de propiedad intelectual (patentes) de productos biológicos, como es el caso de las vacunas, por parte de grandes multinacionales farmacéuticas, amparadas por países por gobiernos del norte global. Según las cifras del propio gobierno nacional desde mediados de febrero, solo se han inmunizado algo menos de 2 millones de personas con las 2 dosis indicadas. Como ha ocurrido en otros países de la región, el sistema hospitalario de las principales ciudades se encuentra colapsado por la epidemia de SARS-CoV-2, y existe un importante desabastecimiento de oxígeno medicinal.

Como hemos reiterado en diversas ocasiones, los efectos de la epidemia de Covid-19 son el resultado de determinaciones sociales que dan cuenta del proceso salud-enfermedad-atención en el país, en sus diversos territorios.

Colombia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayores desigualdades sociales y económicas, con especiales y significativas diferencias locales y regionales que afectan en lo fundamental a poblaciones campesinas, indígenas, y afrodescendientes, dentro de las cuales las mujeres y niñas se ven particularmente afectadas. En muchas de las ciudades de Colombia, la informalidad y la precariedad laboral, que afecta a más del 50% de la población entre 18 y 64 años, son más la constante que la excepción. En este contexto de profundas desigualdades sociales y económicas, tanto la pandemia como las propias medidas adoptadas para controlarla, así como la prácticamente ausencia de medidas de protección social, han llevado a que unos 21 millones de colombianos y colombianas se encuentren en situación de pobreza en el 2020. En este año la pobreza aumentó en 3,5 millones de personas y la pobreza extrema alcanzó la cifra de 7,5 millones de personas.

Desde el Grupo regional de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales(CLACSO):

• Rechazamos de manera categórica la sistemática criminalización y represión de la protesta social por parte de las autoridades colombianas.
• Demandamos el cese inmediato de la violencia y la represión oficial contra las legítimas movilizaciones y protestas sociales, y la implementación también inmediata de los mecanismos jurídicos que permitan el esclarecimiento y juzgamiento de estas acciones violentas y de la vulneración de los derechos humanos asociada a esta violencia.
• Consideramos que los efectos y las consecuencias de la epidemia de COVID-19 son el resultado de determinaciones sociales de un proceso salud-enfermedad-atención por clase social, etnia y género que se acumulan en las vidas de las y los colombianos. La privatización, mercantilización e implementación de intereses corporativos y empresariales en la organización y gestión del Sistema de Salud forma parte central de estas determinaciones de la salud colectiva.
• Creemos que las políticas universales de protecciones sociales deben formar parte integral de las acciones para responder a la epidemia de Covid-19 en el país. Tales políticas deben ser equitativas, redistributivas y situadas contextual, territorial y culturalmente, atendiendo sobre todo a las especificidades de las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes. La perspectiva de género e intercultural también debe formar parte integral de estas medidas de protección social.
• Solicitamos la inmediata paralización de la Ley 010 de 2020 sin ajustes de forma, y la apertura de espacios de participación popular en salud que, junto con los trabajadores y trabajadoras de la salud, las universidades, sindicatos, movimientos sociales, hagan posible la puesta en marcha de alternativas que permitan realmente comenzar un camino hacia la Refundación del Sistema de Salud en Colombia.
• Exigimos la puesta en marcha de estrategias de Integración regional en salud desde un enfoque de Cooperación Sur Sur, para abordaje de la liberalización de los derechos de propiedad de las patentes de las vacunas, para que todas y cada una las personas de viven en la región puedan tener acceso lo más pronto posible a las vacunas de Covid-19.
• Dejar atrás la reforma de la Ley 100 y las tesis del pluralismo estructurado, impulsando un gran debate en Colombia sobre la reconstrucción de la soberanía sanitaria nacional para la salud colectiva y vivir bien de la sociedad colombiana.