ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS PIDEN FRENAR LA MILITARIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL Y EL RESTABLECIMIENTO DE GARANTIAS Y LIBERTADES PARA LA MOVILIZACION CIUDADANÍA
Por fin el día de hoy, 2 de mayo, el gobierno que preside Iván Duque se decidió a escuchar el clamor popular de retirar la regresiva y nefasta Reforma Tributaria, que de manera indolente pretendía estrangular aún más las deterioradas condiciones de vida a que ha llevado la desatención social de la pandemia. Sin embargo, su empeño por imponerla por la fuerza en contra de una mayoría de la población desató una represión violenta sobre la ciudadanía y una negación flagrante de las elementales garantías en un Estado de Derecho para el ejercicio de la movilización, la protesta y la participación ciudadana en los asuntos que los afectan.
Luego de 5 días de intensas movilizaciones, la represión que se desató contra las personas que por millones se lanzaron a las calles para impedir semejante atropello contra las clases medias, pobres y asalariadas, se saldó con la vida de 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 detenidos y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes que denunciaban o trataban de poner fin a estos atropellos(Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas (2 mayo 2021). https://twitter.com/DefenderLiberta/status/1388909209459306499).
Sin embargo, el anuncio del gobierno de Duque de sacar el Ejército a las calles para reforzar la contención a la protesta social, añade una nueva vulneración al orden constitucional y legal, y genera nuevos riesgos para el ya deteriorado clima de violaciones colectivas al derecho a la vida, la libertad, la integridad y demás derechos y libertades fundamentales, pisoteados impunemente ante la descalificación global de todas las protestas como vandalismo y la justificación con este argumento de la brutal represión que sin ninguna intervención de los órganos de control perpetró la policía y el Esmad, en asocio en muchas ocasiones, con civiles no identificados que hicieron uso indiscriminado y selectivo de las armas con los fatales resultados ya descritos.
La estigmatización desde el gobierno a la protesta como mero vandalismo, ha llevado a las fuerzas de seguridad a actuar con la percepción inducida de que la población que reclama son enemigos internos; es un peligro sacar los militares a las calles a enfrentar los reclamos de los ciudadanos, pues su entrenamiento y misión, están orientados a confrontar las situaciones relacionada con conflictos armados, mediante el uso de las armas, y no para tramitar movilizaciones por el reclamo de derechos.
El retiro de la reforma tributaria es un triunfo de la protesta social, y de millones de personas que padecieron las actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad. Un costo demasiado alto para las víctimas de la terquedad oficial de imponer una reforma para el despojo a los sectores más vulnerables. Pero las protestas sociales vienen desarrollándose por otros motivos adicionales como el genocidio continuado de los liderazgos sociales y los firmantes de la paz, las luchas contra la erradicación forzada, la aspersión manual de glifosato y la orden firme de la aspersión aérea del agrotóxico a todo el campo colombiano; pasando por encima de los acuerdos de miles de campesinos cultivadores de la hoja de coca; además del incumplimiento a la implementación integral del Acuerdo de Paz y la búsqueda de salida negociadas a la guerra y al deterioro de la situación humanitaria en las regiones; por la garantía de una renta básica para millones de familias que padecen hambre o no pueden satisfacer sus necesidades elementales, por una atención eficaz e integral de salud, educación, acceso a empleos dignos y una política internacional respetuosa de las relaciones armoniosas y la autodeterminación de los países vecinos.
Por estas razones, desde las Plataformas de organizaciones de derechos humanos, de víctimas y de lucha por la paz demandamos al gobierno de Iván Duque reversar la decisión de militarizar la respuesta a las protestas sociales, y, por el contrario, abrirse a una actitud de escucha a los reclamos de la movilización social.
Pedimos al Congreso realizar sus deberes de control político a los abusos y desmanes del gobierno y legislar para atender los reclamos de la mayoría por una renta básica para atender la crisis ocasionada por la desatención social a la pandemia y las medidas gubernamentales por favorecer los grandes intereses corporativos del capital nacional y transnacional.
A los alcaldes y gobernadores, sumarse a las voces de rechazo a la pretensión del gobierno nacional de enfrentar la protesta social con el refuerzo de acciones militares y represivas de toda índole.
Exigimos, la independencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación y la conminamos a presentar con prontitud un informe detallado y completo sobre el total de víctimas asesinadas, heridas, sexualmente abusadas y arbitrariamente detenidas en los hechos denunciados con ocasión del paro nacional y restablecer las acciones de control a los abusos oficiales en el uso de la fuerza.
De igual manera, pedimos a la Fiscalía y al Poder Judicial llevar a cabo investigaciones prontas, serias, independientes y exhaustivas sobre todas y cada una de las agresiones y atropellos denunciados y orientar a los fiscales a dejar de actuar en connivencia para validar arbitrariedades y atropellos a líderes sociales, organizaciones o personas que ejercen su derecho a protestar de manera pacífica.
Y a la comunidad internacional impulsar acciones de vigilancia y monitoreo de la grave crisis humanitaria que padece la población colombiana como consecuencia de la falta de implementación de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de Paz, y en especial para solicitar al Estado Colombiano poner fin a las vulneraciones de derechos humanos derivados del trato represivo a la movilización y la protesta social.
A todas las anteriores entidades, solicitamos desplegar sus acciones para restablecer, en las condiciones que deben imperar en un Estado de derecho, las garantías necesarias para el ejercicio de la movilización y la protesta social, sin el temor de que su ejercicio continué conllevando un riesgo para la vida, la libertad, la integridad física, moral y sexual de quienes reclaman el disfrute y vigencia de los derechos y libertades públicas y el derecho a vivir en una sociedad en paz y libre de los efectos de la guerra.
Suscriben
Asociación de Campesinos del Bajo Cauca – ASOCBAC
Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos - Seccional Antioquia
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA
Ciudad En Movimiento
Colectivo por la defensa de los derechos y la dignidad humana Chucho Minga
Comité Marcha Patriótica Antioquia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia Héctor Abad Gómez
CORPADES
Corporación Acción Humanitaria Por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA
Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y os Juglares
Corporación de Derechos Humanos Gustavo A. Marulanda
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - Seccional Antioquia
Fundación Sumapaz.
Grupo Interdisciplinario oírlos Derechos Humanos – GIDH
Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño
Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos de Antioquia
Observatorio de DD.HH Fabiola Lalinde
