REFORMA TRIBUTARIA. EL FUTURO ES DE OTROS

Después de la presentación de la nueva Reforma Tributaria, tercera en lo corrido del actual gobierno, se revivió una ola de inconformismo social congelada desde inicios del 2020 por efectos de la pandemia generada por el covid-19. No es casual que así sucediera, pues tal pretensión económica, política y fiscal no atina a cobrar más impuestos a quienes más tienen sino que, consecuentes con un gobierno de ricos y para ricos, descarga el peso impositivo sobre la clase media y los sectores populares en general, una y otros golpeados por el desempleo, la informalidad y, además, ahora impactados por los efectos de económicos y sociales de la crisis pandémica.

Una realidad que da motivo para que retome aliento la agenda de acción y exigencia social por vida digna y transformación social, que desde el Comando Nacional de Paro alimentó jornadas de moviliación durante el 2019, y contenida por efectos de la crisis de salud pública que golpea al Sistema Mundo Capitalista desde el 2020.

Es así como desde el mismo Comando Nacional de Paro se efectúo hace dos meses el llamamiento a la sociedad colombiana para retomar el reclamo callejero, con agenda similar a la del 2019 (https://cut.org.co/pliego-nacional-estatal-2021) aunque con el foco inmediato dirigido sobre la reforma tributaria, para que sea hundida en el debate en el Congreso de la República.

El llamamiento es para que el 28 de abril, sabiendo resguardar la protección individual y colectiva que demanda la necesaria contención del covid-19, la voz de la inconformidad se haga sentir por todo el país.

Para revisar los motivos que dan pie a este llamado, hablamos con Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Según Orjuela; La reforma contiene medidas que resultan muy nocivas para múltiples sectores de la sociedad, ya que, se añadirán impuestos a los servicios de los estratos 1, 5 y 6, a la vez que el IVA para la gasolina se incrementará al 19 por ciento impactando en los bolsillos de toda sociedad colombiana ya bien sea directa o indirectamente.

Un punto fundamental que atenta contra los intereses del pueblo colombiano, puntualizado por el mismo secretario de la CUT, es el de la gradualidad, pues de entrada en esta RT comienzan a pagar IVA por el consumo de los servicios públicos los estratos más altos, lo que sienta un precedente para que a futuro impongan igual medida a los estrato 3, 2 e incluso poner a tributar al estrato 1, el más vulnerable de todos.

Sucede similar con otras medidas, como la declaración de renta, ahora ampliada a quienes devenguen más de dos salarios mínimos mensuales. En palabras del secretario de la CUT “3 millones de nuevos colombianos comenzarán a tributar en plena crisis por la pandemia, por eso invitamos a todos a marchar este 28 en protesta pacífica y democrática” aseveró Diógenes Orjuela, quien también catalogó de perverso al IVA del 19 por ciento, y el cual es un impuesto que pagamos todos los colombianos por igual.

Ante las numerosas críticas, en el pliego de demandas disponible en la pagina de la CUT, se plantea la importancia y necesidad de una tributación en equidad, es decir, que aquellos que acumulan grandes cantidades de capital tributen en relación a sus ganancias y quienes ganan menos tributen en concordancia con sus ingresos, teniendo así menor presión tributaria.

Una reforma totalmente lesiva para las mayorías sociales, y que demandaría un conocimiento a detalle de cada uno de sus componentes, pero no es así, como quedo al desnudo por propia aceptación de Iván Duque al reconcoer en una entrevista al no tener claridad sobre lo incluido en la reforma, pues cuando se le preguntó sobre el impuesto a la realización de ceremonias fúnebres, aseguró que ese tipo de prácticas no deberían tener impuestos y apeló a no tener idea de por qué esa medida se “coló” en el documento oficial de la RT. ¿Alguién le creerá?

La mesa está servida y el gobierno ha movido sus fichas, es hora de que la ciudadanía entienda su rol en el tablero y mueva las suyas acudiendo a la movilización social como principal herramienta, pues de otra forma, sin gente en las calles, el establecimiento continuará tranquilo, gobernando exclusivamente para unos cuantos, aquellos que desde siempre han tenido el futuro en el bolsillo.

1. Las tres reformas tributarias de la administración Duque (2018-2022) tienen un común denominador: beneficios para las grandes empresas y mayor carga tributaria sobre el 80 por ciento de la población pobre y vulnerable a través de un mecanismo que exprime por partida doble: de una parte, mayores impuestos a los ingresos personales y, de otra, al consumo en la compra de la canasta básica familiar.

La recién radicada en el Congreso reforma tributaria es la tercera del actual gobierno, que alega que es necesaria por el déficit fiscal acumulado por el país producto de los gastos sociales que debió cubrir para poder atender la crisis de salud pública y económica generada por la pandemia del covid-19. Gastos efectivos pero que no son la causa real de tal déficit, el que fue generado por la dádivas otorgadas por el gobierno Duque a través de su segunda RT.

Como podrá recordarse, en la segunda de estas reformas (2019), la llamada ‘Ley de Crecimiento Económico’, se redujeron gradualmente los impuestos sobre la renta a las grandes empresas del 33 al 30 por ciento, de manera progresiva. El costo para el fisco de esta condescendencia significó un menor recaudo de $1,3 billones en el primer año; para el segundo de $ 2,7 billones y para 2022, de mantenerse, la reducción del recaudo alcanzará los $ 4,3 billones. Además, en la adquisición de bienes de capital se rebajó el 100 por ciento en la tarifa del IVA.

2.  El artículo 15 de la RT3D propone crear el Programa Ingreso Solidario como una renta básica, el cual será un programa de carácter permanente que corresponderá a una transferencia monetaria no condicionada directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza así como las brechas de ingreso en el país. Sus beneficiarios serán los hogares que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema (art. 17). Para el año 2021 la transferencia para una persona indigente o pobre se estima en $80.000; en un hogar indigente compuesto por 6 personas la transferencia alcanza la cifra de $366.101 y en uno pobre de $252.142 (art. 18).

Como debe recordarse, una cosa es una renta básica, sin condiciones y otra un subsidio, como el propuesto por este gobierno con otro nombre, mecanismo de administración del hambre y de la pobreza, mecanismo de control y sometimiento social

3. En otro de sus tópicos, el gobierno nacional destinará anualmente recursos para el aporte al pago parcial o total del valor de la matrícula de los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad de las instituciones de educación superior públicas, en programas de educación técnica profesional, tecnológica y universitaria (art. 30), dando así continuidad a la concepción de subsidiar la demanda en lugar de promover un sistema universal gratuito, dejando, a la vez, que las instituciones públicas continúen aumentando sus déficits presupuestales que las está conduciendo a la insolvencia.

4. Adicional a estos programas, se busca mejorar la cobertura del sistema de compensación del IVA, con el que se haría una transferencia mensual de $45.000 a unos 4,7 millones de hogares.

5. También pretenden con esta reforma6. aplicar un impuesto a las pensiones más altas. La idea inicial es empezar a gravarlas a partir de percibir 4 millones/mes.

6. Para que no quede dudas sobre a quién afecta la reforma y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, en este frente el Gobierno busca “preservar la competitividad del país”, por lo que una primera medida dentro del articulado será reducir la tarifa de renta a las Personas Jurídicas, que sería de 24 por ciento para las empresas pequeñas y tendría una tarifa máxima de 31 por ciento en 2022 y que disminuiría al 30 a partir de 2023.

7. También se anunció que se mantendrán hasta 2022 los beneficios tributarios que están relacionados con economía naranja y turismo y hasta 2025 los relacionados con la construcción de hoteles. Así mismo, se mantendrá el descuento del IVA a los bienes de capital.

8. El artículo 156 da poder a los alcaldes de las ciudades capitales para instalar peajes dentro de su jurisdicción en las vías que se encuentren a su cargo, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta.

El proyecto de la extrema derecha en Colombia ha consistido en apoderarse y controlar todas las ramas de poder: legislativo, ejecutivo y judicial, sin dejar de lado los organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo). El proyecto de reforma tributaría trae un mico escondido que pretende darle poder omnímodo a Duque, es decir, un sin límites ni contrapeso, lo que le garantizaría al actual gobernante dar rienda suelta a sus deseos y actuar de acuerdo con los intereses de su clase y el proyecto político que imponen, sin preocuparse por las consecuencias en los demás grupos o clases sociales. El artículo 34 señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la CP, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la reforma, expida normas con fuerza de ley para:

Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional.

No hay que olvidar que en Colombia los pobres no solo son los que viven en evidentes condiciones de precariedad en sus viviendas, o mal trajeados. El amplio espectro de los mismos está integrado por la población rural (campesinos y comunidades étnicas), los desempleados (16,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) durante lo corrido de 2021), los que tienen pleno empleo pero salarios bajos (el 80% de los trabajadores devenga menos de 2 SML), los que tienen jornadas parciales o son trabajadores transitorios o informales (dos terceras partes de los ocupados), los mayores de 65 años sin pensión (de cada cinco viejos, cuatro no lograron beneficiarse del sistema de pensiones), los inactivos desalentados (trabajadores que abandonaron el mercado laboral), los jóvenes que hacen parte de la PEA, los hogares con jefe de familia mujer y las familias cuyo jefe de hogar ha quedado incapacitado para trabajar.

Estos son algunos de los componentes de la RT, hay más, pero con estos es más que suficiente para revisar y comprender que es necesario actuar como un solo cuerpo, solidario, para enfrentar la pretensión oficial de gravar más a un amplio segmento de nuestra sociedad. Pero también, como está explicado, para contar con manos libres para hacer y deshacer, que de así ser veremos vendidos los pocos bienes públicos de carácter estratégico con que aún cuenta nuestra sociedad. Bienes de todas y de todos, conseguidos fruto del trabajo de todas y de todos. Pensar colectivo es una necesidad fundamental ante un gobierno que solo es “garantista” para unos cuantos.