DOSSIER:
Antioquia (noroeste)
"La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013", precisó el tribunal.
Por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.
Mil quinientos militares las presentaron como muertes en combate entre 2002 y 2008
1. El ejército colombiano asesinó a 6402 civiles
Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe.
Por Guido Vassallo
Imagen: EFE
El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados elevó a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008. Los llamados "falsos positivos", que constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que arrastra Colombia desde la década del 60, involucran a unos 1.500 militares. Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía y que durante la presidencia de Álvaro Uribe se registró el 78 por ciento del total de esas muertes.
Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. De todas formas, el tribunal de paz todavía no emitió ninguna condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. "Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz", declaró a Página/12 Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
El Caso 03 está caratulado como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado". Al empezar a indagar en este terreno, la JEP recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los falsos positivos. Sin embargo, este mecanismo especial de justicia ahora reconoce que las ejecuciones extrajudiciales triplican ese número.
"La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", planteó este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal que investiga el caso."No deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos de la JEP", aseguró Castillo. "Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas a lo largo y ancho del país", agregó el vocero del MOVICE.
Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores en medio de un combate encarnizado con la guerrilla. De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.
Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel. Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.
El 17 de febrero de 2020 la JEP entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven agricultor y padre de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellas dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares.
Tras la nueva cifra de falsos positivos aportada por la justicia colombiana, la imputación de cargos y responsabilidades se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado estos delitos. Luego se pasarán a los altos mandos militares, que habrían ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP "pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial" pese a que el tribunal de paz "tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia".
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Fuente:
2. La Justicia para la Paz de Colombia eleva a 6.402 las víctimas de "falsos positivos" durante los primeros seis años de Uribe
Se trata de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas ante la opinión pública como "bajas en combate".
"Yo no quiero ser un falso positivo" se lee en un cartel en una protesta en Bogotá, noviembre de 2019Foto: Luisa Gonzalez / Reuters
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó este jueves que, de acuerdo con una exhaustiva investigación, han establecido que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como "bajas en combate", lo que ha recibido el nombre de "falsos positivos".
Esta escandalosa cifra supera ampliamente a la presentada en un informe de la Fiscalía General de la Nación en julio de 2018, en la que contabilizaba 2.248 víctimas de falsos positivos en Colombia y en un período más largo, entre 1988 y 2014.
El lapso indicado por la JEP en su reciente comunicado, de 2002 a 2008, corresponden a los primeros seis años del mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
La JEP revela su estrategia de priorización dentro del #Caso03, conocido como el de "falsos positivos".
Por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.
"El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78 % del total de la victimización histórica", menciona la institución, que añade que "el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados" el siguiente año.
Subcasos regionales
De acuerdo con la JEP, el departamento de Antioquia registró el 25 % del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total; el año en el que hubo la mayoría de estos asesinatos fue en 2004. Según la institución, la IV Brigada del Ejército Nacional, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73 % de las muertes identificadas en el departamento, pero en un período más prolongado, de 2000 a 2013.
En la región de la Costa Caribe se registró el 7,3 % de los asesinatos en el departamento de Cesar y 4 % La Guajira en el período investigado. En esta zona responsabilizan a miembros del Batallón de Artillería No. 2 "La Popa".
También reportan casos de los departamentos Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, donde responsabilizan de los hechos a la Segunda División del Ejército Nacional, a la Quinta División, a la Cuarta División y al Batallón de Infantería no. 21 "Batalla Pantano de Vargas" (BIVAR), respectivamente.
Cuerpos en bolsas y baldes
Previo a esta noticia, este miércoles, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que recuperó y reubicó a 416 cuerpos que se encontraban en bolsas y en baldes en el cementerio La Dolorosa del municipio de Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia.
"Entre las estructuras óseas que fueron protegidas y reubicadas se encontrarían víctimas de desaparición en el conflicto armado", dice el texto de la UBPD.
Luz Marina Monzón, directora general de la UBPD, señaló que al menos 104 de los cuerpos "presentan lesiones que pueden corresponder a muerte violenta y potencialmente ser personas que fueron desaparecidas".
Según la institución, en el cementerio La Dolorosa aún hay otros cuerpos, dispuestos en osarios y enterramientos individuales, que podrían corresponder a personas desaparecidas.
Victoria Sandino, senadora del partido Comunes, declaró que este sistema debe ser plenamente independiente de la coyuntura política para administrar la verdad para las víctimas y la sociedad de Colombia.
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Fuente:
3. El Tribunal de Paz de Colombia eleva a más de 6.400 los ‘falsos positivos’ bajo el Gobierno de Uribe
La cifra triplica los casos de civiles presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate que había reportado la Fiscalía
Bogotá - 18 FEB 2021 - 13:35
El sepelio de un cuerpo identificado por la JEP en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, en febrero de 2020.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 víctimas de los llamados “falsos positivos”, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Esa cifra casi que triplica los 2.248 que había reportado previamente la Fiscalía en sus informes.
“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, señaló este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad del alto tribunal, surgido del acuerdo de paz, al hacer pública la estrategia de priorización del caso 03, relacionado con los falsos positivos. Esos crímenes, perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el más férreo opositor a la negociación con las FARC, siguen siendo una fuente permanente de conmoción en una sociedad que busca doblar la página de la violencia sin esquivar la verdad.
Como parte del proceso para dimensionar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, el tribunal ha contrastado un enorme volumen de información que incluye cuatro bases de datos. “Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP”, señaló el alto tribunal. “Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica”.
La primera fase de investigación, detalló la JEP, se concentra en seis territorios del país: Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, así como la costa Caribe. Dos de cada tres víctimas se presentaron en 10 de los 32 departamentos de Colombia, que incluyen todos los territorios priorizados. Las versiones voluntarias que ya han aportado algunos involucrados en el caso 03, que aborda las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, han detallado las presiones en el ejército para obtener resultados a cambio de recompensas.
“Hasta que el ejército no sea honesto y cuente la verdad, es vergonzoso pero irán apareciendo más fosas comunes como la de Dabeiba con nuestros hijos, esposos padres y seres queridos que un día salieron para no volver”, reaccionó en sus redes sociales Luz Marina Bernal, una de las fundadores de las Madres de Soacha, un movimiento de familiares de víctimas de falsos positivos. Su mensaje hace referencia a las exhumaciones que ha hecho la JEP en el cementerio católico de Dabeiba, un paraje montañoso a unas cuatro horas de Medellín, en el noroeste de Colombia, donde se han recuperado cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Gráfico de la Jurisdicción Especial para la PazJEP
Gráfico de la Jurisdicción Especial para la PazJEPA cuatro años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, Colombia se acerca a las primeras decisiones judiciales de fondo sobre más de medio siglo de conflicto armado. El mes pasado, la JEP imputó a la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en el partido político rebautizado como Comunes– una serie de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el secuestro, una de sus prácticas más crueles y repudiadas. Esa inédita imputación se produjo en el marco del caso 01, que aborda la “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP”.
El del secuestro es el más avanzado de los siete grandes procesos –o ‘macrocasos’– que ha abierto hasta ahora la justicia transicional, y la imputación se considera su primer gran resultado. El caso 03, “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, es el otro macrocaso más avanzado, en el que se espera en este 2021 un auto de determinación de hechos y conductas.
La JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, se ha visto obligado a navegar en medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde los diálogos de La Habana, y avanza en sus pesquisas a pesar de los múltiples obstáculos. El tribunal de paz privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la cárcel a cambio de que los involucrados confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la JEP forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos, que ha contado con el robusto respaldo de la comunidad internacional.
El sistema, sin embargo, ha sido blanco de ataques por parte del expresidente Uribe, mentor político de Iván Duque y fundador del Centro Democrático, el partido de Gobierno. Uribe, quien insiste en derogar la JEP y modificar los acuerdos, consideró la decisión de este jueves como un “nuevo atropello de la JEP por falsos positivos” en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter. “Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias”, señaló el exmandatario, quien renunció a su escaño en el Senado para enfrentar un proceso por manipulación de testigos.
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Fuente:
4. Unos 6 mil 400 civiles ejecutados por militares en Colombia en 6 años
AFP
Aspecto del terreno en La Macarena, caserío de los Llanos Orientales, en el departamento colombiano de Meta, donde se encontró una enorme fosa común. Foto Blanche Petrich / Archivo
Bogotá. Al menos 6 mil 400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate, una cifra que triplica el número de víctimas estimado hasta el momento, reveló este jueves el tribunal que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigó el escándalo que involucra a fuerzas del Estado y encontró que "por lo menos 6 mil 402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008", señaló el organismo en un comunicado.
Conocida en el argot militar como "falsos positivos", esta práctica escabrosa arrastró a los militares hacia su mayor escándalo en las casi seis décadas de conflicto con las guerrillas izquierdistas.
Aunque el alto mando militar siempre ha negado que se tratara de una práctica sistemática, soldados rasos y oficiales declararon ante el tribunal de paz haber cometido "falsos positivos" para inflar sus resultados operacionales ante la presión de sus superiores.
Hasta el año pasado, la fiscalía sólo había reconocido 2 mil 249 ejecuciones de civiles llevadas a cabo bajo esta modalidad entre 1988 y 2014, 59% de las cuales tuvieron lugar entre 2006 y 2008, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-10).
Según la JEP, la mayoría de crímenes ocurrieron en el departamento de Antioquia (noroeste), donde el ejército y paramilitares de ultraderecha combatieron a sangre y fuego a los rebeldes izquierdistas.
"La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013", precisó el tribunal.
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