QUIÉN PUEDE CREER EN LA JUSTICIA COLOMBIANA

Editorial Actualidad Tolimense

Aún es fresco el desempolvamiento del cartel de la toga, del que se desencadenó el escándalo de Fidupetrol por quinientos millones de pesos que se entregaron a magistrados de la Corte Constitucional, originando la caída y captura del zar anticorrupción de la fiscalía; de igual manera, los de las chuzadas, el de Fonade y la mermelada toxica, el de las elecciones legislativas del 2018, el del cartel de los alimentos en las fuerzas militares, al que se suman el del Guavio, que costó en su época quince mil millones de pesos; Foncolpuertos, con el extravío de dos y medio billones; Interbolsa, con costo de trescientos, mil millones, Reficar, con pérdida de ocho mil millones de dólares; SaludCoop, con desaparición de un billón cuatrocientos mil millones. Y a ello se suman los de Odebrecht que pagó coimas por 32 millones y medio de dólares; y el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, con costo de treinta mil millones de pesos; el desfalco a los recursos de las gobernaciones que ha pasado ya por la cifra de los cinco billones de pesos, sin contar los que por falta de espacio para relacionarlos, quedan por fuera, como el caso de Hidro-Ituango, lo del Cenop en San Luis, Tolima, con implicación del comandante General de la Policía; o la compra de un helicóptero especial para el Presidente, aparte de una flotilla de vehículos blindados para sus acompañantes, amén de las tanquetas para el Smad. Y lo indignante es que ello no genere ninguna reacción de los ciudadanos honrados, que aún quedan, porque nada se puede esperar de los entes de control para la aplicación de justicia, porque son ellos, los protectores de la corrupción y además están inmersos en ella.

Y las pruebas así lo demuestran: hace un par de meses, destaparon contratos de la propia Fiscalía y la misma Contraloría con una firma de cosméticos, ubicada presuntamente en un taller donde reparan motos. La búsqueda la hizo Caracol Radio, que al visitar la dirección de la empresa que obtuvo contratos por 1.300 millones de pesos encontró un taller de mecánica. “En esa dirección solo hay talleres de reparación de motocicletas”, y la empresa beneficiada se llama Bon Sante S.A.S. y que está ubicada en la calle 72 con carrera 20C-46, según registro de Cámara y Comercio Esta empresa obtuvo tres contratos de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION para la distribución de 290.000 tapabocas. Llama la atención que el primero de ellos se firmó el 17 de marzo de 2020, cuando apenas empezaba la emergencia por la COVID-19. Ese día se declaró la urgencia manifiesta; ese mismo día se hizo el estudio de la necesidad, y ese mismo día se firmó el contrato, según la Fiscalía, porque las empresas estaban autorizadas por el Invima para vender tapabocas e insumos de bioseguridad.

Ese acuerdo fue por 121´380.000 pesos para adquirir 60.000 tapabocas, y luego vino otro por valor de 415´950.000 pesos para la adquisición de 180.000 tapabocas”. Y uno más, del 15 de mayo, por 87´241.140 pesos para 50.000 tapabocas y alcohol”. La firma del contrato lo hace Marcela María Yépez Gómez, esposa del Contralor General de la República actual, pero CARACOL dice que lo cuestionado aquí es que la empresa firmante tenía como objeto comercializar cosméticos y productos nutricionales, y que precisamente el pasado 3 de julio renovó su matrícula mercantil y amplió sus actividades comerciales para poder distribuir productos farmacéuticos y medicinales al por mayor.

Un dato más dice: que este contratista obtuvo el permiso para importar tapabocas hasta el 26 de mayo, también mostró documentos de un contrato que firmó la CONTRALORIA con la misma empresa, el 16 de abril, para adquirir productos de protección personal para contener los contagios del virus durante tres meses, por un valor de 722´152.928 pesos, aunque en el documento “no dice qué se contrató, no dice qué elementos se adquirieron”. Al hacer una búsqueda en las redes sociales de la empresa, se encuentra que ofrecen productos de belleza, proteínas y “cosméticos inteligentes” para el cuidado de la piel, pero no se encuentran elementos de bioseguridad para el coronavirus.

La emisora consultó a los dos organismos y la respuesta que encontró, en Fiscalía, fue que “no hay irregularidades en esos contratos, todo se hizo bajo la ley” y a través de Colombia Compra Eficiente. En la Contraloría “dijeron que para ese contrato se hicieron estudios previos y bajo las normas de contratación”. Por ello, de un momento a otro, se silenciaron las investigaciones que sobre el tema se anunciaron para todos los departamentos y municipios del país, incluidos el Tolima y su capital, y solo cayeron dos o tres que no eran de los afectos del gobierno.

Ahora para rematar se desnuda toda la sordidez, la truculencia, la atrocidad, del ejercicio en el cargo del exfiscal Néstor Humberto Martínez, y aún persisten el gobierno, el uribismo, algunos conservadores enmermelados y los seguidores de Sergio Fajardo, en defenderlo y colocarlo como un prócer que nos debe representar en el mundo diplomático, a lo que se suma la desfachatez de su sucesor, el inefable doctor Barbosa, quien hizo en las instalaciones de la fiscalía un palacete para su descanso, con muebles que costaron buen número de millones, además de cuadros de famosos artistas a lo mejor para agudizar su intelecto luego de las “fatigosas investigaciones que no ha realizado”.

Si todos están untados, si perdura la ley de la Omertá, si los que se adueñaron del país, empotraron sus procederes corruptos en todas las esferas del Estado, ¿quién puede creer en la justicia colombiana?

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Año 31, número 952 Noviembre de 2020