...PANDEMIA MÁS ALLÁ DE LOS MUERTOS ...EXCUSA PARA PROFUNDIZAR UN MODELO ...CLASE MEDIA, BIENVENIDA A LA POBREZA

Tutus Mobio, L’ Âme (Cortesía del autor)

Responder esta pregunta exige, por supuesto, aclarar a qué modelo se alude dado que en el manejo de la actual pandemia operan varios y diversos. Y esto conlleva, a su vez, una reflexión sobre cuáles son estos diversos modelos que entran en juego.

Aunque no es una realidad tan evidente, es necesario llamar la atención que desde el comienzo de la actual pandemia operan diversos modelos para entender la enfermedad y actuar frente a ella. Por ejemplo, de manera muy rápida se identificó y describió el agente causal, hoy día conocido como Sars-Cov-2. Y, por ello, empezó a operar el modelo patogénico viral. El genoma del virus fue secuenciado muy rápido y desde allí se determinó que era un coronavirus, muy similar a otro, el responsable del llamado Síndrome Agudo Respiratorio Grave (Sars, por sus siglas en inglés), enfermedad que se había estudiado antes. De allí viene su nombre.

La patogénesis viral hace referencia a la manera como la partícula viral logra eludir los mecanismos de inmunidad del organismo infectado y en su replicación afecta la economía del organismo produciendo la enfermedad, con su complejidad sintomatológica. Al enfrentar la diversidad y complejidad del comportamiento clínico de la enfermedad, se fueron estableciendo formas de clasificación de casos y modelos de manejo clínico de los pacientes.

Esta clasificación, y la gravedad de la sintomatología ha sido utilizada para orientar la acción médica y reconocer la variedad de condiciones de las personas afectadas por el virus, a partir de lo cual se han establecido rutas asistenciales que buscan optimizar los esfuerzos para enfrentar la complejidad clínica de la enfermedad. En Colombia, desde marzo del presente año existen recomendaciones de manejo clínico elaboradas a modo de consenso nacional de expertos para el diagnóstico y manejo de la infección.

Por otra parte, rápidamente empezaron a operar modelos matemáticos para entender y proyectar la dinámica de su transmisión, los que generaron gran ansiedad entre las personas y han sido centrales para orientar los propósitos de la intervención sanitaria. Los principales modelos son conocidos como Sir y Seir, dado que analizan la situación a partir de la aplicación de ecuaciones diferenciales que registran la dinámica de contagio de una población teniendo en cuenta población susceptible, infectada, recuperada (o fallecida) y expuesta (de allí el uso de las siglas).

Si bien los funcionarios y técnicos nacionales han trabajado con este tipo de modelos desde antes de la aparición de los primeros casos en el país, siguiendo en gran medida las orientaciones y los cálculos del equipo de trabajo del Colegio Imperial de Londres, una vez aparecen los primeros casos y empieza su registro sistemático, surgen elaboraciones propias que modelan la situación con base en datos referidos a la realidad local.

De hecho, la importancia que adquirió la expresión “aplanamiento de la curva” se convirtió en un símbolo del peso que ha tenido el análisis estadístico y epidemiológico de la pandemia. Y su amplia difusión informó (ya fuese bien o mal) acerca del objetivo buscado con las medidas sanitarias impulsadas.

Pero existen otros dos modelos que entran en juego al pensar la manera como se afronta la epidemia. Por un lado esta el referido al ciclo de la pandemia y, por otro el que alude a las etapas de actuación frente a cada momento en la dinámica epidémica. En el primero se establecen unos momentos en el desarrollo de la pandemia: introducción, transmisión localizada, amplificación, transmisión reducida e inmuno-profilaxis; mientras que el segundo ordena una serie de medidas según las etapas de anticipación, detección temprana, contención, mitigación y eliminación.

Así que, al final, cabe insistir en que existen diversos modelos (virológicos, clínicos, epidemiológicos y salubristas) operando en el manejo de la pandemia y que han sido centrales en la forma como el gobierno nacional, y los expertos que lo apoyan, la han enfrentado; modelos que han orientado una parte de las decisiones de política tomadas para atender la emergencia. Aunque, es necesario decirlo, las medidas tomadas han sido muy diversas y muchas de ellas (por no decir la mayoría) han pensado más en la economía que en la propia salud pública.

Pero tanto las medidas de política como los modelos mencionados se inscriben en otro modelo puesto que actúan en el espacio que proporciona la arquitectura organizacional de nuestro complejo, y muy criticado, sistema de salud. Sistema que, pese a sus fallas y sus limitaciones reconocidas de tiempo atrás, se mantiene incólume como estandarte de un esquema de actuación defendido por las agencias internacionales que orientan las políticas globalizadas de salud.

Por supuesto, todos los modelos tienen sus alcances y limitaciones. Pero, según estimo, la crítica que puede aplicar a ellos es distinta. Por ejemplo, uno puede señalar que el modelo del comportamiento viral es fundamental pero no agota la comprensión del fenómeno pandémico. Los modelos clínicos tienen, a su vez, un alcance específico cuyo límite se puede evidenciar al analizar la dimensión poblacional de la enfermedad.

Por su parte, los modelos matemáticos son muy importantes pero su utilidad depende de qué tanto se ajusten sus supuestos a la realidad y su precisión depende de la calidad de datos suministrados. Y la propia mirada epidemiológica, si bien es muy potente, tiene sus restricciones, Y entre ellas, cabe decir que le cuesta entender las causas profundas de la pandemia. Su fortaleza está en el análisis de las causas próximas, lo cual no es para nada desdeñable, pero en la otra dimensión es menos contundente y hasta llega a ser bastante miope.

Pero aun con todos sus límites, estos modelos han permitido entender y enfrentar la inmediatez de la contingencia, proporcionando lecciones de importancia. Por ejemplo, han posibilitado reconocer la necesidad del trabajo colaborativo, mostrando lo esencial que resulta la socialización de la información y la crítica colectiva, al tiempo que indican que el país cuenta con expertos de gran capacidad y excelente formación, aunque también señalan que hay déficit de personal cualificado en algunas áreas.

Los modelos también han llevado al límite los sistemas de información existentes en el país y en parte, en medio de las dificultades, los han fortalecido. Asimismo, han evidenciado la necesidad de manejar cada vez más los datos en tiempo real, evidenciando la necesidad de una atención más territorializada de la pandemia.

También, a partir de ellos, es posible identificar algunos logros y varias falencias. Por ejemplo, cabe decir que el país, en general, actuó rápido ante la situación, orientó algunas medidas sensatas para disminuir la transmisión del contagio, acrecentó su capacidad técnica para diagnosticar la presencia del agente causal y fortaleció su infraestructura asistencial.

Pero aquí vienen sus límites, no se aprovecha la coyuntura para fortalecer la infraestructura asistencial en la proporción requerida, las medidas de confinamiento no van complementadas con el adecuado acompañamiento social y la presión de los gremios y los intereses económicos han profundizado la inequidad social. El seguimiento de casos ha tenido muchos problemas y las inadecuadas condiciones laborales de buena parte de los trabajadores del sector salud ha impedido que proporcionen una mejor atención y les ha acrecentado sus riesgos.

Algo más. Tampoco se ha impulsado con la profundidad requerida el enfoque de género en el manejo de la situación, y no ha sido adecuado el manejo generalizado de algunos aspectos, en especial la forma en que se llevó a cabo el confinamiento. Es claro que ante la heterogeneidad del país y la disímil forma de expansión de la epidemia, las medidas generalizadas pueden resultar inoperantes, inútiles o contraproducentes.

Y claro, están otros asuntos que rebasan los modelos señalados y recurren a otros: por ejemplo, el manejo de los acuerdos de paz y las formas de enfrentar el asesinato de los líderes sociales, y el incremento diario de las amenazas a los defensores de derechos humanos y la violencia contra las mujeres.

Por supuesto, todo esto lleva a preguntar acerca del modelo de salud. En particular, acerca del modelo de aseguramiento individual en salud impuesto hace ya casi 30 años. Y aquí la situación parece un poco diferente. Si bien, como todo modelo, tiene sus alcances y sus límites, la situación pandémica ha logrado poner al límite al sistema y dejar en evidencia sus grandes fallas, mostrando como la propia arquitectura del sistema y sus fines de lucro han establecido barreras absurdas para la atención de los pacientes, para el seguimiento de casos y para toda la labor de vigilancia epidemiológica.

A pesar de las voces críticas frente al sistema que impulsan propuestas de un cambio estructural, que reclaman mayor presencia del Estado, mayor vocación pública y un más diáfano sentido de la equidad, los llamados han sido desatendidos y la orientación gubernamental persiste, lamentablemente, en defensa del aseguramiento individual y del negocio de la salud. Y esto ha resultado algo paradójico si se miran el gran dinamismo del sector público para atender la pandemia (pese a las falencias) y las importantes limitaciones con que ha actuado el sector privado, en especial en los niveles territoriales de gran precariedad, pero no sólo allí resaltan las limitaciones: las precarias condiciones laborales de los trabajadores de la salud así lo confirman. Y esta paradoja crece al detallar el reconocimiento internacional a la importancia de fuertes y responsables sistemas de salud públicos.

No cabe duda que el manejo brindado a la pandemia ha servido de excusa para profundizar el mercantil modelo de salud. Esto ha sido así hasta tal punto, que en medio de la actual situación está en trámite un proyecto de ley que busca profundizar ese modelo de salud y fortalecer el monopolio de los grandes actores del aseguramiento.

Más allá de lo señalado, hacia adelante la pandemia en curso deja una gran labor por concretar. En este sentido, es necesario enfatizar en el análisis (y el enfrentamiento) de las desigualdades territoriales y los conflictos socioambientales y en el estudio de las formas de respuesta comunitaria y los vínculos entre salud y paz. Es fundamental estudiar (y enfrentar) sus consecuencias psicosociales. Y, también, es necesario mayor trabajo en lo referente a las repercusiones secundarias de la pandemia como la mayor inseguridad alimentaria; el mayor riesgo de violencia, abuso y explotación; y la interrupción o colapso de los servicios esenciales, incluida la educación formal e informal.

Y existen una serie de asuntos por visibilizar para encararlos con mayor contundencia y sensatez, entre ellos: la gran inequidad social, las desiguales formas de vivir el confinamiento, las diferencias de género relacionadas con el ejercicio del cuidado de las familias y las personas enfermas, el impacto en la salud de las inéditas formas de trabajo, las nuevas dinámicas familiares, la vida en medio del acrecentamiento de los temores e incertidumbres y las dinámicas de migración en medio de este panorama pandémico. Como puede apreciarse, hay mucho trabajo por hacer y cambios sociales y políticos que vale la pena encarar y realizar. n

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** Esta es la versión escrita de la presentación efectuada en el panel llevado a cabo el jueves 12 de noviembre, en el Espacio de Análisis que lideran algunos profesores de la Universidad Nacional, con el respaldo del Doctorado Interfacultades de Salud Pública. Se hicieron algunos ajustes para convertir la presentación oral en texto y se utilizó el nombre del panel como título del artículo.

* Profesor asociado Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina

Universidad Nacional de Colombia.

Escrito por Mario Hernández Álvarez

Tutus Mobio, sin título (Cortesía del autor)

El predominio del conteo de muertos por la pandemia de covid-19 y la expectativa creciente por la vacuna no nos dejan ver el fondo. Estas son caras de una misma moneda: las del individualismo contemporáneo. Me muero por el contacto con otros o me salvo con una vacuna. Este predominio individualista no es natural. Es una construcción social e histórica que comenzó desde el siglo XV, con el Renacimiento europeo y se consolidó a través de los cinco siglos que llevan al capitalismo expansivo y colonial. Si existió algún período con cierta conciencia de interdependencia que condujo a las experiencias socialista y socialdemócrata durante el siglo XX, el neoliberalismo y la globalización económica del régimen de financiarización y capitalismo informacional parece no dejar espacio para otra cosa.

Y es que el individualismo es funcional a los procesos de producción-explotación de la naturaleza, de distribución y consumo masivo desenfrenado, para sostener el cual, por ejemplo, la forma de explotación industrial de los animales, en condiciones de hacinamiento deplorables, es el mejor caldo de cultivo para la generación de las cada vez más frecuentes pandemias. Y seguir alimentando el modelo biomédico individual y las vacunas no hace más que continuar consolidando la lógica individualista, pero también los grandes negocios de la atención médica y el agronegocio, ligados ambos por los derechos de propiedad intelectual.

Es necesario ir más allá de los muertos, las vacunas, el confinamiento y las unidades de cuidado intensivo. El autoritarismo estatal del confinamiento y la afrenta al constitucionalismo democrático, impulsado por el miedo al contagio y a la muerte, no ha hecho más que consolidar la demanda de seguridad, resuelta con más control y represión. Este Estado autoritario impulsa los negocios, mientras la pandemia crea el marco justificativo para profundizar la desigualdad acumulada a todo nivel: clase social, género, etnia, territorio y generación, de quienes no pueden confinarse o viven la violencia en el confinamiento. Si las desigualdades tenderán a aumentarse con la pandemia, el empobrecimiento de los que algo podían reconocer como ascenso social, empeorará el panorama.

Pero se piensa sólo en pobres. El resto, que acuda a un crédito. La respuesta de los Estados, en especial el colombiano, refuerza la lógica individualista por medio de subsidios focalizados para pobres y ultrapobres a través del sector financiero, y créditos para individuos y empresas que puedan pagar, mientras ejerce el control poblacional e impulsa la medicalización, también atada a la intermediación financiera del aseguramiento. El autocuidado viene a cerrar el círculo: ‘si te contagias, es tu responsabilidad’.

No es posible romper este enorme círculo inconsciente y naturalizado, si no se realiza un desplazamiento del punto de observación, el cual llega de la mano del reconocimiento de la interdependencia entre los seres humanos para trabajar y sobrevivir. Y trabajar, siempre con otros y otras, se concreta en una relación permanente sociedad-naturaleza. Un metabolismo tenso, contradictorio, del que surge la historia, la vida y la muerte, no de cada uno sino de todas las formas de organización de los seres humanos. El capitalismo no puede ser ni ha sido la única ruta. La apropiación individual de la tierra, el trabajo, el dinero y el conocimiento ha llegado al límite. La uniformidad hace inviable la vida. Diversidad y reciprocidad, puede ser una ruta de transformación.

Democracia y solidaridad podría ser la combinación más potente. Lo común construido en la praxis, desde la diversidad, como proponen Laval y Dardot**. Se trata de construir una alternativa al desarrollo, no un nuevo modelo de desarrollo, aunque se le ponga el adjetivo ‘sostenible’. Esto lo han dicho hasta el cansancio los pueblos ancestrales con su idea del ‘buen vivir’, en ‘armonía’ con la naturaleza. Una sociedad movilizada puede romper con el individualismo si encuentra en la praxis del mutuo reconocimiento para la construcción de lo común. Vivimos y morimos fatalmente juntos y juntas. Nadie se salva en soledad. Aprendamos las lecciones y asumamos los retos abiertos por la pandemia: rompamos la dinámica social que la antecedió y propició e impulsemos como conjunto social una pospandemia con cambio de rumbo. 

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* Médico, historiador, profesor asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia

** Laval C & Dardot P. Común. Ensayos sobre la revolución en el siglo XXI. Barcelona: Gedisa, 2015.

Escrito por Jorge Enrique Espitia Zamora y Diego Carrero Barón**

Tutus Mobio, sin título (Cortesía del autor)

La histórica desigualdad imperante en Colombia alcanzó nuevos niveles tras el manejo económico y social dado por el gobierno nacional a la pandemia propiciada por el covid-19, una realidad que invita a cuestionar y transformar la dirección que en estos campos lleva el país.

Es una realidad que persiste al ejercicio de poder de infinidad de presidentes, pese a sus promesas electorales y de gobierno: Colombia conserva el deshonroso sitial como uno de los países más desiguales en el mundo. De acuerdo con las cifras del Banco Mundial (2018) (1), su Gini (50.4) solo es superado por Honduras (52.1), Angola (51.3) y Brasil (53.9).

Como es conocido, la desigualdad puede medirse a través de los ingresos o la riqueza. Para ello, si se toma como fuente de información las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las Personas Naturales en Colombia, el índice Gini de concentración para el Patrimonio llega a ser de 0.6819 y para el Ingreso Bruto de 0.6159.

Al cerrar un poco el foco, si se toma como fuente de información las 10 mil empresas más grandes del país, publicada por la Superintendencia de Sociedades, el 70 por ciento de los Ingresos Operacionales se concentra en el decil 10 de las firmas más grandes y su relación con los ingresos reportados por las empresas del decil 1 (las menos grandes) fue 71 veces superior, lo que se corresponde con un coeficiente de Gini de 0.7926.

Entre las empresas más grandes, las cuales concentran el 15 por ciento de los ingresos operacionales, se encuentran: Ecopetrol S.A, Organización Terpel S.A., Refinería de Cartagena S.A.S., Comunicación Celular S.A., Almacenes Éxito S.A., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Aerovías del Continente Americano S.A. - Avianca S.A., Nueva EPS S.A., Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y Kopps Commercial S. A. S.

En cuanto al Patrimonio, el decil de las empresas más grandes concentra el 84 por ciento del total, su relación con el del decil 1 es de 624 veces correspondiéndose con un coeficiente de Gini de 0.9094.

Claramente, la concentración de la riqueza resulta superior a la del ingreso. Así pues, “[…] el capital es el que permite transformar el ingreso presente en el derecho de rentas futuras, con la peculiaridad de que ese derecho se puede comprar y vender en los mercados. Desde este prisma, las corporaciones, las casas financieras, el marco laboral y la influencia política son determinantes centrales para la evolución de la ratio riqueza/renta, que a su vez marca el rumbo de la desigualdad”. Un ejercicio de poder que permite conceptualizar al capital “como un derecho de propiedad que necesita una determinada protección política para controlar, excluir, transferir o generar las rentas que se derivan de su tenencia. Y, como todo derecho de propiedad, su defensa exige que el Estado ejerza su poder, estandarizando la propiedad y otorgándole legitimidad jurídica. En última instancia, esa forma de materializar el capital nos faculta a pedir que el gobierno proteja nuestra garantía de ingresos futuros frente a las acciones de ladrones, esclavos huidos, violadores de copyright, huelguistas, morosos, etc” (2).

La exigencia por parte de los grupos de presión empresarial al Estado para la protección de ese “derecho de propiedad” puede afectar la democracia y la justicia social, no sólo en el plano nacional sino también regional cuando se tienen esos índices de concentración de la riqueza y del ingreso a nivel nacional y regional (Cuadro 1).

En esta senda, con los resultados de la última Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) publicada por el Dane se corrobora el alto nivel de concentración de los diferentes tipos de ingresos que allí se discriminan, por ejemplo: el coeficiente Gini del ingreso total (monetario y no monetario) fue de 0.544 mientras que el del ingreso corriente monetario de 0.579, del ingreso laboral 0.624 o el del ingreso por trabajo independiente 0.452.

De igual manera, las diferencias entre el grupo de mayores ingresos (decil 10) y el de menos ingresos (decil 1), destacándose el del ingreso por el trabajo asalariado con un decil 10 que es 361 veces superior (Cuadro 2).

De igual manera, y con base en la Enph se demuestra que el coeficiente Gini del ingreso corriente disponible (una vez se descuentan los impuestos y se suman las transferencias), es un tanto diferente al Gini del Ingreso corriente: 0.5462 vs 0.5417, lo cual corrobora la ineficiencia de la política de impuestos y de gasto social para reducir las desigualdades en Colombia (3).

Estos niveles de desigualdad no sólo se observan con relación a los ingresos sino también en lo correspondiente con los gastos. En el Cuadro 3 se presenta el monto del gasto de los hogares, recalcando que el 29 por ciento de los mismos tienen un gasto monetario mensual inferior a un salario mínimo; en la parte urbana este porcentaje es del 21 por ciento mientras que en el sector rural es del 59. El mayor número de hogares con un nivel de gasto inferior a un Salario mínimo legal vigente (Smlv) se encuentran en la región Caribe y Pacífica.

De esta manera, en una sociedad que propenda por justicia social, ya que el nivel de consumo de los hogares rurales ésta por debajo de la línea de pobreza, pues el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de pobreza establecida en Colombia ($828.116 vs. $1’310.696), resulta imperativo pensar en una renta básica de emergencia (4) para este sector, de por lo menos un salario mínimo o más.

Una iniciativa política con total viabilidad económica. Si esta renta básica mensual fuese de un salario mínimo su costo para las familias del campo que tienen un nivel de gasto inferior a un Smlv ascendería a $1.5 billones. Con el monto de recursos que tiene el Ministerio de Hacienda en su presupuesto sin ejecutar, y que ascendía a $16.11 billones a final de octubre de este año, alcanzaría para asegurarle un mejor nivel de vida a estas familias por cerca de 11 meses o hasta 5 meses si se atiende a las familias de las cabeceras en esta misma condición. Estamos ante una medida que reduciría sustancialmente la escala de pobreza en la que se encuentran quienes habitan el campo, que de acuerdo con el Dane suman 5 millones 228 mil personas de las cuales 2 millones 120 mil están en pobreza extrema; y no requiere de ningún tipo de esfuerzo fiscal nuevo, y como ya anotamos sólo demanda voluntad política.

Esta es una opción para financiar esta renta básica, pero también existen otros mecanismos para ello, como la reducción de los beneficios fiscales que reciben las empresas más grandes a través de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas y los descuentos tributarios, los cuales ascienden a $40 billones, $4.2 billones y $4.5 billones, respectivamente, de acuerdo con los datos publicados por la Dian de las declaraciones de renta correspondientes al año 2019. Ahora bien, si los dos primeros ítems se liquidan a la tarifa media del impuesto el nuevo recaudo sería del orden de los $10 billones, los cuales ayudan a financiar la renta básica rural propuesta a lo largo de 7 meses.

Entre las alternativas por tomar también se encuentra la de un préstamo del Banco Central al gobierno nacional en condiciones blandas, teniendo presente que las ganancias del Banco de la República (BR) se transfieren al Presupuesto General de la Nación y en caso que el BR tenga pérdidas deberán ser cubiertas por la Nación con su presupuesto.

El Dane, con base en la Enph, clasifica a los hogares en cuatro clases sociales: i) Pobres: hogares con un ingreso diario per cápita por debajo de la línea de pobreza; ii) Vulnerables: hogares con un ingreso diario per cápita entre la línea de pobreza (LP) y US$10 PPA; iii) Clase Media: hogares con un ingreso diario per cápita entre US$10 y US$50 PPA, y iv) Clase Alta: hogares con un ingreso mayor a US$50 PPA al día.

El Dane en el último Boletín Técnico sobre Pobreza Monetaria para el año 2019, señala que “si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.310.696”.

Una vez clasificados los hogares en Colombia, se encuentra que para 2016-2017:

(i) El 55 por ciento se clasifican en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

(ii) En vulnerabilidad suman cerca de 2 millones 921 mil y tienen un ingreso mensual promedio igual a 1.6 Smlv. (1 Smlv = 300 US$ mes)

(iii) Los que integran la denominada clase media son cerca de 5 millones 931 mil, mientras que los de clase alta no superan los 500 mil.

(iv) Los de clase alta concentran cerca del 23 por ciento de los ingresos totales de los hogares en el país, oscilando entre 10 y 372 Smlv por hogar al mes; mientras que los hogares de clase media participarían con cerca del 56 por ciento de los ingresos totales, variando su ingreso mensual por hogar entre 2 y 10 Smlv.

(v) Una particularidad por resaltar: el 42 por ciento de los hogares de la denominada clase media tiene un ingreso mensual que oscila entre los 2 y 3 Smlv, altamente concentrado en remuneraciones no salariales y en labores informales, por lo cual es muy probable que el confinamiento decretado en el país para hacer frente a la pandemia del covid-19 los haya llevado a una situación de vulnerabilidad o de pobreza.

(vi) Hay que tener en cuenta, además, que el ingreso por persona de los hogares de clase media sería, en promedio, de $823 mil por mes (275 US$), lo que ratifica su situación de fragilidad frente al confinamiento.

No hay que dejar a un lado que la situación de fragilidad en la que se encuentra la clase media, así como la clase vulnerable y pobre, puede profundizarse con la propuesta de universalizar el impuesto al valor agregado (IVA) a todos los bienes y servicios de la canasta básica, propuesta gubernamental que tiene como base el “éxito” logrado por la política de devolución del IVA a las familias en pobreza y pobreza extrema, impulsada este año por el gobierno nacional.

Sin embargo, la devolución esta definida para 1 millón de hogares y por un monto de 75 mil pesos (cerca de 20 dólares) cada dos meses. Cabe recordar que para el Dane en 2019, antes de la pandemia, había cerca de 4 millones 400 hogares (4’000.400) en pobreza de los cuales un 27 por ciento se encontraban en pobreza extrema. Así pues, el programa de devolución del IVA emprendido este año tan sólo alcanzaría al 23 por ciento de las familias pobres y al 85 por ciento de las que viven en pobreza extrema. Si a este conglomerado se le suman los hogares en situación de vulnerabilidad, la devolución del IVA tan sólo alcanzaría al 13 por ciento de los hogares.

En suma, los problemas económicos y sociales desprendidos del confinamiento para hacer frente a la pandemia del covid-19, y la tímida política pública de intervención para favorecer a las familias pobres y vulnerables como para salvar los ingresos ya precarios de las familias que trabajan por cuenta propia o en los denominados micronegocios, nos llevó a copiar el titular de la columna de opinión del diario mexicano Expansión: “Clase media, bienvenida a la pobreza”. Una realidad que para ser superada demanda la implementación de otro tipo de política económica y social. Un reto para la mal llamada “nueva normalidad” en que entró el país en septiembre pasado y que por ahora lo “nuevo” quedó disuelto en el pasado ya vivido y padecido por la sociedad colombiana durante décadas.

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1. https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-1314-6

2. Naidu, S. 2018. “El equilibrio entre capital y democracia”.

3. Es fundamental impulsar un sistema tributario que profundice la equidad horizontal y vertical; y que las transferencias monetarias lleguen a la población pobre y vulnerable, como aumentar la cobertura de dichas asignaciones a las zonas rurales. Oecd. 2019. Colombia Visión General. En https://www.oecd.org/economy/surveys/Colombia-2019-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf

4. La pandemia del Coronavirus covid-19 logró situar, por primera vez, en la palestra política de muchos Estados del mundo, la discusión de medidas de política para instrumentalizar la puesta en marcha de una Renta Básica Universal, definiendo sus componentes, así como su operatividad.

*El presente artículo fue estructurado con algunos de los elementos expuestos en el marco del Conversatorio organizado por el profesor Mario Hernández y la Escuela de Doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, como en la Red de Alternativas Programáticas de la UN.

** Respectivamente: Economista de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de su Centro de Pensamiento de Política Fiscal. Especialista en política económica y Magister en Economía de las Políticas Públicas con estudios de Doctorado en Hacienda Pública en la Universidad de Barcelona. Integrante de Alternativas Programáticas UN y la Red de Trabajo Fiscal en Colombia. jeespitiaz@unal.edu.co.

Economista, Magister en Estudios Políticos. Catedrático de posgrados de la Escuela Superior de Administración Pública. Investigador del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Jefe del Observatorio Técnico Catastral de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Uaecd, en Bogotá. Integrante de Alternativas Programáticas UN y la Red de Trabajo Fiscal en Colombia. dfcarrerob@unal.edu.co y diegocarrerob@gmail.com.