La captura del Estado agrava la pobreza
En las actuales circunstancias, cuando todo indica que el número de pobres seguirá aumentando como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, se hace más urgente luchar contra la desigualdad, propósito que no se alcanzará mientras el Estado permanezca capturado por una minoría de personas muy ricas.
05.12.2020CREADO POR JORGE IVÁN GONZÁLEZ, DOCENTE, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Los privilegios para unos pocos han llevado a concentrar la riqueza, la propiedad de la tierra y los bienes inmobiliarios, generando más pobreza entre las comunidades. Crédito: Nathalia Angarita/Unimedios.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) acaba de publicar los datos de pobreza monetaria de 2019, en los cuales se observa que entre 2018 y 2019 la incidencia de la pobreza pasó del 34,7 al 35,7 %, lo que significa que el número de personas pobres aumentó de 16,8 a 17,4 millones, es decir que en apenas un año el número de pobres se incrementó en 662.000 personas.
La tendencia decreciente que traía la pobreza comenzó a revertirse hace tres años; aun antes de la pandemia ya era evidente que los logros sociales conseguidos en este tiempo se estaban perdiendo, y sin duda se acentuarán con la pandemia por covid-19, incrementando además la desigualdad, que también aumentó entre 2018 y 2019, lo que se refleja en el coeficiente de Gini, que muestra que esta subió de 0,517 a 0,526. Recordemos que dicho indicador se mide en un rango de 0 a 1, donde 0 significa que todos tienen el mismo ingreso y 1 que una persona concentra todos los ingresos. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigualdad.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región los efectos económicos de la pandemia se reflejarán en el aumento tanto de la pobreza como de la pobreza extrema y de la desigualdad. Según sus estimaciones, entre 2019 y 2020 la pobreza se incrementará en 4,4 puntos porcentuales, lo que significa que habrá 28,7 millones de nuevos pobres, es decir que se llegaría a 214,7 millones de personas pobres (el 34,7 % de la población de la región). De otra parte, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales), lo que sumaría 83,4 millones de personas. Estas cifras también muestran que no se logrará cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible no. 1, “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.
Para entender cómo influye la corrupción en este escenario de desigualdad es importante anotar que la captura del Estado, en sus diversas modalidades, es un factor que puede contribuir a agudizar la pobreza, aunque nunca se debe considerar como la causa de la pobreza.
Sistema tributario y corrupción
El Banco Mundial (bm) define la captura del Estado como el ejercicio de influencia abusiva (lobby, presiones, etc.) por parte de las élites económicas y políticas para que las leyes y los Gobiernos funcionen según sus intereses y prioridades y en detrimento del interés general de la población. Desde tal perspectiva, frecuentemente esta se presenta sin que haya ninguna violación de la ley. Por lo tanto, entender la captura debe ir más allá del marco estrictamente legal.
Entre las formas de captura del Estado se destacan el desvío presupuestal (para el bm la forma de captura más importante), que se debe mirar no solo desde el lado de la cobertura sino también desde la calidad, y el uso de las normas tributarias (exenciones, tarifas menores, descuentos, entre otras).
La legislación tributaria es una de las formas más complejas de captura del Estado; por ejemplo en Colombia las personas más ricas han logrado que los niveles de tributación sean bajos, y además que las tarifas efectivas sean considerablemente inferiores a las nominales. Esta diferencia se presenta porque en virtud de las exenciones, la elusión, la evasión, etc., el impuesto que realmente se paga es muy inferior al que correspondería si se aplicara la tarifa definida en la norma.
Los organismos internacionales suelen llamar la atención sobre la evasión y la elusión, pero no parecen inquietarse por la forma como las reformas tributarias terminan favoreciendo a determinados grupos. En el caso de las entidades territoriales, por ejemplo, es urgente prestar atención a los impuestos prediales, especialmente en las áreas rurales, donde es muy bajo, y esta constatación es más preocupante en un momento como el actual, en el que el proceso de concentración de la tierra se ha intensificado.
La regresividad del sistema tributario se refleja en dos hechos contundentes: primero, la estructura tarifaria no respeta los principios mínimos de equidad vertical, y segundo, la política fiscal –entendida como la conjunción de impuestos y subsidios– no reduce la desigualdad, en parte porque de la captura de la tributación es improbable obtener los recursos que serían necesarios para atender a las personas más vulnerables.
Sin equidad es imposible romper la trampa de la pobreza. Por eso el sistema tributario es el mecanismo más expedito para lograr una mejor distribución de la riqueza, pero si el Estado está capturado no es posible luchar, por la vía impositiva, contra la concentración. En tales circunstancias, los avances que se logren en la disminución de la pobreza serán muy frágiles, y en cualquier coyuntura se pueden revertir.
Integridad atañe a los individuos, no a las instituciones
La aproximación cuantitativa a la corrupción es difícil por dos razones: la primera tiene que ver con la ambigüedad del concepto, y la segunda con la forma tan disímil como se percibe la corrupción. La cultura, la historia, las costumbres, etc., van delineando la interpretación social de esta. Los contenidos de las categorías dependen del contexto ético, y por lo tanto están supeditados a la norma de bienestar que cada sociedad se impone.
Los dos conceptos principales de la ética son lo bueno y lo correcto, pero se debe considerar que su significado no es el mismo en todas las sociedades. Según el filósofo estadounidense John Rawls, la sociedad bien ordenada se funda en la justicia como imparcialidad, y es factible pensar que este tipo de sociedad es gobernable. La exclusión, la captura del Estado y la corrupción atentan contra la justicia como imparcialidad y la gobernabilidad.
En los análisis que suelen hacerse sobre la corrupción y la captura del Estado se hace mucho énfasis en la responsabilidad individual. El mensaje de fondo de esta percepción es claro: la honestidad de las personas es la mejor garantía del éxito de la lucha contra estas dos problemáticas.
No hay duda de que la integridad de los ciudadanos puede contribuir a consolidar instituciones justas e imparciales, pero no son suficientes para que el resultado final sean las instituciones justas: de la honestidad individual no se deriva necesariamente la sociedad ordenada.
Una sociedad ordenada tiene que desarrollar los mecanismos que permitan explicitar la importancia de la responsabilidad personal y ejercer las sanciones de orden moral y legal.
___________________
*Miembro de número de la Academia Colombiana
de Ciencias Económicas (acce).
La ambigüedad de la corrupción legal
Combatir las acciones corruptas es una tarea monumental debido a lo complejo que resulta hallar a los autores primarios; por lo general, los castigos recaen en los más vulnerables de la cadena, pero no en aquellos que sacan mayores frutos. Dentro de las amplísimas formas en el universo de la corrupción hay una que ha sido poco estudiada: la corrupción “legal”, en la que se actúa con las leyes bajo el brazo.
05.12.2020CREADO POR LUCIO PICCI, PROFESOR, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BOLONIA (ITALIA)
Créditos: Brandon Pinto / Unimedios.
En las últimas décadas, por primera vez en la historia ha surgido un discurso globalizado sobre qué es y cómo combatir la corrupción. La respuesta a la primera inquietud es que se trata de un delito grave con un enorme coste social; y para la segunda, que se combate haciendo cumplir no solo la ley, sino además un complejo sistema articulado de reglas, hacia el cual las administraciones públicas y las empresas deben mostrar su conformidad, para formar un “cordón sanitario” que aleje a la sociedad honesta de la tentación de sobornar.
Cuando una idea gana consenso global, adquiere un aura de inevitabilidad y casi una vida propia. Cuando un pensamiento se vuelve único suele ir acompañado de ceremonias que lo fortalecen, como el Día Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas (9 de diciembre de cada año); y de rituales, como el principio de “conformidad”, a los planes anticorrupción, que se convierten en liturgia articulada, recogidos en sustanciales documentos titulados “Plan nacional anticorrupción”.
Entre los ritos que marcan el momento actual se encuentra la publicación anual de reconocidos índices de corrupción, uno de ellos el de “Percepción de la corrupción”, de Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín, o el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial. Otro, la publicación de rankings como una medida para absolver o condenar; según el lugar que se ocupe nos elevamos al cielo en el que se encuentran solo ciertos países escandinavos o Nueva Zelanda, o, en dirección contraria, hacia el calor del infierno, el de la corrupción total donde hay varios ejemplos de Estados fallidos. Tales indicadores, que se vuelven de diferentes matices en un mapa mundial, son tan ecuménicos como un globo terráqueo, casi como para bendecir –con el aire de aparente cientificidad que solo los números pueden dar– el discurso global sobre la corrupción, que se celebra y casi santifica.
Que mi tono no engañe al lector: personalmente contribuí al consenso sobre la corrupción que acabo de describir y no me arrepiento. Pero hoy nos equivocaríamos si no nos detuviéramos a reflexionar después de observar tanto los resultados mediocres que hemos obtenido en la lucha contra la corrupción, como los desagradables efectos de varios proyectos políticos alrededor del mundo, quedaría en la lucha contra la corrupción, la limpieza y la depuración (¿no es también la purificación ritual y ceremonia?) que sobre estos se ha fundado gran parte de sus ambiciones de poder.
No es ilegal pero es corrupción
Partiendo de esa equivalencia fundacional entre corrupción y crimen, ahora es necesario repensar el fenómeno de la “corrupción legal”, aquella que esconde de nuestros ojos los actos corruptos que no violan la ley, pero que aun así es corrupción.
Pensemos en una empresa que desea aumentar sus beneficios contaminando el medioambiente. Puede hacerlo sobornando al inspector que debe hacer cumplir la ley que previene la contaminación, y será un delito grave. Supongamos ahora que esa empresa puede optar por otra vía para lograr el mismo objetivo: obteniendo la derogación o modificación de la ley que le impide contaminar, por ejemplo, financiando tanques de pensamiento –o think tanks– que niegan la evidencia científica sobre el calentamiento global y enfatizan en la primacía del ámbito económico; controlando los medios de comunicación que promueven los mismos puntos de vista y la misma agenda política, o realizando actividades de lobby. Así, la empresa se podrá enriquecer contaminando sin violar la ley, o ubicándose en esa zona gris entre lo permitido y lo prohibido, la cual es mucho más amplia cuanto mayor sea la cantidad de abogados capaces de contratar.
Otros ejemplos en el sector público son: someter las políticas públicas a los intereses de los grupos económicos; y utilizar información privilegiada para el beneficio propio y de terceros. Y en el sector privado, que los ricos hagan contribuciones a las compañas políticas, evadan sus responsabilidades tributarias o trasladen sus fortunas a paraísos fiscales sin que la justicia local le preste mucha atención a los movimientos extraños.
Por otro lado está la corrupción política, endémica en las sociedades latinoamericanas y que, en sí misma, encierra un mundo de prácticas que impiden el desarrollo de un país, como el abuso del poder, la obstrucción de la justicia, el encubrimiento o la naturalización de las malas prácticas políticas y la negación sistemática de los partidos políticos a admitir responsabilidades cuando han cometido errores.
Difícil de medir
¿Por qué la corrupción legal ha permanecido en la periferia del debate? Creo que por dos razones principales: la primera, no sabemos cómo medirla; tenemos buenas razones para creer que podría ser enorme, por ejemplo en Estados Unidos, donde una pequeña minoría tiene recursos económicos abrumadores y controla herramientas efectivas para convertir el resultado de los procesos democráticos a favor de sus propios intereses, de hecho, “capturarlo”. Allí la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza ha crecido: el ingreso del 1 % más rico en 1980 era el 10,7 % del ingreso nacional total, pero este porcentaje ahora es alrededor del doble. Se ha activado un círculo vicioso en el que una mayor desigualdad significa que una minoría privilegiada tiene más herramientas para influir en el proceso político, y por lo tanto puede enriquecerse aún más.
Si bien el aumento de la desigualdad en Estados Unidos es una señal de que el problema está empeorando, no se puede considerar como corrupción legal porque la desigualdad económica tiene múltiples causas. Así, es difícil hablar de lo que no se puede medir, y el énfasis del debate en un tipo de corrupción, la ilegal, y no en la otra, legal pero no menos importante, deriva
en parte de esta dificultad que hace impalpable y casi imposible afrontar lo que no sabemos cuantificar.
La segunda razón que explica la falta de atención a la corrupción legal es: centrar la atención en la corrupción-crimen reduce el problema a una dimensión individual, que concierne al cumplimiento de las leyes y normas, y el cumplimiento de los planes anticorrupción mencionados antes. Se ignoran así los aspectos colectivos y los problemas de funcionamiento de nuestras sociedades en su conjunto, y se logra ser eximido de responsabilidad, pues al redactar leyes y documentos sustanciales, y en definitiva, seguir al pie de la letra los rituales y liturgias vigentes, se demuestra que se cumple con las obligaciones.
Repensar la corrupción hoy puede no ser fácil, porque nunca es conveniente cuestionar hábitos, ritos y ceremonias compartidos. Pero es necesario repensar dicho fenómeno, precisamente porque se tiene que superar el discurso global actual partiendo de uno de sus pilares: esta es sumamente dañina, sea ilegal o legal.
La corrupción se nutre de la desigualdad
En sociedades desiguales como la de Colombia, donde el poder económico y político está concentrado, los poderosos tienen más oportunidades de violar la ley, pues poseen diversos recursos para prevenir que la justicia los castigue. Su ejemplo cunde y se extiende la idea de que apropiarse de lo público y hacerle “el quite” a la justicia es un privilegio personal o un signo de astucia reconocido por la sociedad.
05.12.2020CREADO POR JUAN GABRIEL GÓMEZ, PROFESOR, INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sin gobiernos locales competentes y honestos será imposible corregir las inequidades en el país, un ejemplo de ello es Tumaco (Nariño). Crédito: archivo Unimedios.
Cuando los actos de corrupción se multiplican, la corrupción se convierte en un sistema que se nutre de la desigualdad y produce a su vez más desigualdad. Sus participantes son conspiradores que actúan en contra tanto del patrimonio público como de la confianza y la moralidad públicas. Estas son las claves para entender la extensión del fenómeno en Colombia.
No es casualidad que las denuncias de corrupción tengan como protagonistas a funcionarios públicos, muchos de ellos elegidos popularmente. Quienes tienen poder tienden a abusar de él, a menos que haya quienes los vigilen; el asunto es que los primeros eligen a los segundos. No nos llamemos a engaños: la mayoría de los procuradores y contralores han sido unos grandes impostores; sus grandilocuentes discursos no guardan proporción con los exiguos resultados en la lucha contra la corrupción, y ni qué hablar de aquellos jóvenes y ambiciosos que esperan usar su cargo para saltar a uno más alto. Deberían ser declarados peligro público.
La corrupción de los representantes elegidos popularmente tiene su principal causa en la manera como funciona la competencia electoral. En los países donde hay una burocracia profesional y meritocrática, además de una judicatura independiente, si bien la competencia electoral es dura, se realiza dentro de los límites de la ley, como en un partido de fútbol en el que los árbitros no temen sacar tarjetas rojas y amarillas. En el caso colombiano, donde nunca ha habido mayores esfuerzos por liberar la administración pública de la interferencia clientelista y la justicia ha terminado politizándose, la competencia electoral es a patada limpia, con muchos fuera de lugar, penas máximas a favor de ciertos equipos y partidos arreglados con árbitros que tienen interés directo en el resultado del juego.
La consecuencia de tener un sistema político como este es tener a su vez un sistema económico que favorece a los poderosos. La cosa funciona así: los poderosos financian las campañas de los congresistas e intervienen en el Congreso para que las leyes se hagan a su favor. La evidencia más clara de este fenómeno es la legislación tributaria.
Leyes a la medida
Aunque en teoría todos tenemos que ponerle el hombro a las cargas públicas, en la práctica hay una minoría que logra liberarse de sus responsabilidades fiscales: aquella que tiene cabilderos en el Congreso y abogados tributaristas que promueven exitosamente exenciones y descuentos, amnistías para legalizar patrimonios no declarados, figuras legales para sacar la plata a paraísos fiscales, además de todos los atajos posibles a la hora de presentar la declaración de renta.
Otro tipo de leyes que promueven los poderosos son las que crean barreras artificiales a la entrada en el mercado, como por ejemplo los fondos de pensiones, que están en manos de grandes conglomerados económicos que administran el mayor ahorro que tiene el país como si fuera su propia plata. Tienen en sus juntas directivas representantes de los aportantes, pero nombrados por ellos mismos, como hacen los bancos con los “defensores del cliente”. Tales conglomerados maniobran política y legalmente para impedir que haya fondos de pensiones gestionados por asociaciones que no controlan, pues se les dañaría el negocio.
Otro tanto podemos decir de la manera como funcionan otros negocios. Los bancos, por ejemplo, han logrado que esté en vigor un sistema legal que los favorece, en el que las tasas de interés son exorbitantes y las comisiones injustificadas
son legales. Aunque existe una superintendencia financiera, esta trabaja más para los bancos que para los ahorradores. El resultado de esta iniquidad es un gran cuello de botella que limita las posibilidades de crecimiento del país.
Tal y como funcionan las cosas, no debería extrañar que alrededor de la mitad de la población está por fuera del sistema financiero. De hecho, la mayoría prefiere no poner sus ahorros en los bancos, donde su dinero podría circular como inversión en proyectos productivos. Por eso la cultura del ahorro y de la inversión es débil, y por ende existe una fuerte propensión a la especulación, las apuestas y los atajos a la ley.
En el país los poderosos también consiguen que la justicia no les aplique las leyes, cuando los desfavorecen. A la vista están los casos de Odebrecht e Interbolsa, que se pueden considerar como representativos de un patrón común. Desde luego hay casos en los cuales se ha castigado la iniquidad, pero se podría decir que son más para la galería, pues tenemos una justicia mediática, que habla menos por sus sentencias y más por la vía de filtraciones a los medios de comunicación.
Colegios y universidades sin rendición de cuentas
La corona de este sistema de la corrupción y la desigualdad es el sistema educativo, presidido en muchos casos por grandes simuladores. Hay rectores de universidades y de colegios que se echan discursos muy sazonados acerca de la importancia de la sanción social y del pensamiento crítico e independiente, pero bajo la superficie de sus palabras la realidad es otra: los establecimientos educativos tienen una estructura autoritaria, en la que lo que diga el rector o el consejo directivo es ley. No hay transparencia, y menos rendición de cuentas.
En paralelo al programa de estudio explícito, hay otro implícito, muchas veces inconsciente: el de que es mejor callar y no denunciar, y también cultivar el malsano arte del postureo y la lambonería. Entonces, que no nos extrañe que los protagonistas de muchos actos de corrupción sean personas educadas que se saben la “carreta” de la ética y la responsabilidad social.
Colombia tiene grandes desafíos por delante. Sin gobiernos locales competentes y honestos, por ejemplo, no podremos mitigar los efectos del calentamiento global; sin corregir las inequidades que hay en el país, estamos abocados a que numerosos conflictos se expresen por fuera de las instituciones, pues en este país la democracia es representativa, pero del interés de los poderosos.
Habrá quienes me repliquen que “estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca”. En el país de los daneses la gente es honesta, hay emprendimiento y prosperidad, y no hay concentración de la riqueza, lo cual sirve para confirmar que la honestidad y la igualdad van de la mano. Pero no es el único caso. Políticas equitativas han hecho que Kerala, un pequeño estado al sur de la India, sea ejemplar en muchos aspectos: uno de ellos, el de funcionar de manera más honesta.
Según estimaciones hechas por la Alianza Global por la Justicia Fiscal en su último informe, la evasión tributaria en Colombia, legal e ilegal, supera 105 veces la de Dinamarca. Este solo dato ya nos debería poner a pensar acerca de la íntima relación que hay entre la corrupción y la desigualdad. El asunto, sin embargo, no es solo de pensar sino también de actuar. La verdad es que, si quisiéramos, podríamos hacer de Colombia un país honesto y equitativo.
Fernando Carrillo: “la corrupción es un cáncer para la democracia”
En entrevista con UN Periódico, el procurador General de la Nación afirma que la sociedad colombiana ha tolerado la corrupción por mucho tiempo, como si fuera un legado de la cultura del dinero fácil, del narcotráfico, de la capacidad de cooptar el Estado, con el agravante de que en Colombia –hoy más que nunca con la pandemia– se están afectando los derechos fundamentales del Estado.
05.12.2020CREADO POR MARÍA LUZDARY AYALA V., UNIMEDIOS BOGOTÁ
Para actos gruesos de corrupción, que no puede combatir un juez penal, es necesario mantener la competencia de la Procuraduría": Fernando Carrillo Flórez. Crédito: Oficina de Comunicaciones-Procuraduría General de la Nación.
Su liderazgo en el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que promovió el plebiscito para reformar la Constitución Política de Colombia en 1991, lo hace referirse con frecuencia a los logros de la nueva Carta para el control político, como la pérdida de la investidura o las acciones populares.
Para el procurador, luchar contra la corrupción requiere el esfuerzo de todos: de los empleados públicos, del sector privado, de la academia, y por supuesto de la sociedad.
Desde su experiencia en el Estado, no duda en calificar este fenómeno como “la peor de las enfermedades que ataca la legitimidad del Estado”, que afecta a instituciones públicas y privadas.
un Periódico (unp): ¿cuánto dinero del Presupuesto General de la Nación cree que se pierde por actos de corrupción?
Fernando Carrillo Flórez (fcf): la sabiduría convencional muestra que la corrupción le cuesta al país 50 billones o más cada año; es una suma inmensa, muchos de estos actos no salen a la superficie –las coimas, los porcentajes que cobran por contratos, por ejemplo–, son dineros que, por regla general, no se recuperan, que podrían ir a obras públicas. De ahí que una obsesión de la Procuraduría sea tratar de quitarles a los corruptos los dineros que le han robado al Estado.
unp: ¿cómo describiría la corrupción en Colombia?
fcf: la mayoría de las prácticas corruptas tienen que ver con coimas, con porcentajes o montos que los particulares les ofrecen a los empleados públicos o que estos cobran por los contratos, pero creo que la más dañina es el financiamiento ilegal de las campañas políticas; es un mercado de pesos y votos: yo le entrego un dinero para ganar unas elecciones y usted me paga después, a través de contratos. Ahora, en época de pandemia, el aumento del gasto público ha supuesto el aumento de la contratación.
unp: ¿en este caso del covid-19, como en otros momentos de crisis, reina el oportunismo?
fcf: así es, buena parte de la “corrupción covid”, como la denominamos en las entidades de control, se ha dado en esta época en que mandatarios departamentales y municipales creyeron que no existían controles y que las facultades de emergencia los legitimaban para entregar, sin ninguna restricción, contratos en los que están comprometidos los derechos de la gente, de los más necesitados.
unp: ¿esta conducta incurre siempre en los mismos procedimientos?
fcf: la corrupción nace, crece se reproduce y no muere, porque se transforma, tiene capacidad de adaptarse a la realidad de los intercambios sociales, por eso siempre hay nuevas formas. Por ejemplo si una tecnología se pone en marcha sin parámetros éticos termina al servicio de la corrupción. Hoy se están cometiendo muchas faltas disciplinarias en el mundo virtual, uno de los grandes debates es ponerle la brújula ética a los procesos de digitalización de las entidades del Estado.
unp: ¿herramientas tecnologías como el blockchain ayudan contra la corrupción?
fcf: sí es una herramienta objeto de diversos convenios institucionales, entre ellos con la Universidad Nacional de Colombia (unal); sirve para vigilar, por ejemplo, el manejo de recursos del Programa de Alimentación Escolar (pae). Por ser información encriptada evita que una mano humana no autorizada modifique pliegos de contratación o las inhabilidades de quienes van a ser contratados por el Estado, lo cual nos servirá para procesos electorales y todo lo que implique manejos éticos de grandes bloques de información.
unp: ¿cómo va el proyecto de ley promovido por la Procuraduría para indemnizar a las víctimas de la corrupción?
fcf: este proyecto fue presentado con varias organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia por Colombia; queremos que se respete tal como se presentó, aunque algunos funcionarios no querían hablar de víctimas de corrupción como si eso tuviera que ver con el conflicto armado, esa figura no existe en Colombia. Por ejemplo, la Procuraduría tuvo que instaurar una acción popular contra Odebrecht para lograr una indemnización de 280 millones de dólares, pero queremos un mecanismo inmediato para indemnizar por los perjuicios que causan los carteles de la salud o la corrupción en el pae, eso sería un gran paso.
unp: ¿estas indemnizaciones las pagarían los particulares, no el Estado?
fcf: exacto, pero no veo en el proyecto del Gobierno la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El 90 % de los países desarrollados ya tiene consagrado un régimen de responsabilidad penal que permite sancionarlas. Si en Colombia se tuviera, las sanciones de responsabilidad penal en el caso de Odebrecht habrían sido más drásticas.
unp: ¿cuáles considera los casos más críticos de corrupción en el país?
fcf: en esta épocas, la macrocorrupción de Odebrecth, que trató de contaminar todo el sector público colombiano y que afectó a por lo menos 12 países de América Latina e incluyó a Estados Unidos; también los carteles de la salud y el de alimentación escolar, por mencionar solo algunos.
unp: a los colombianos se nos cuestiona por volver a elegir a los corruptos en cargos públicos, ¿a qué se debe este comportamiento?
fcf: tenemos la herencia del narcotráfico; en Colombia parece que la corrupción diera estatus, muchas veces los corruptos son aplaudidos por la sociedad cuando salen victoriosos de procesos judiciales. Esa gran tolerancia es lamentable, esa impunidad social es incluso peor que la impunidad legal, con el agravante de que es la sociedad abriéndole la puerta a los corruptos y perdonándoles sus crímenes.
unp: ¿cómo analiza la reciente destitución del presidente del Perú por presuntos actos de corrupción?
fcf: es difícil emitir juicios de valor sobre lo que sucede en otro país, pero diría que aparentemente están respetando un procedimiento constitucional. Yo buscaría que operen instrumentos regionales de protección de la democracia y que lo que vaya a salir de esta crisis no sea peor de lo que venía, porque la informalidad democrática puede llevar a situaciones peores.
unp: ¿cuál es el mayor aporte que pueden hacer instituciones como la unal para construir una cultura de transparencia en Colombia?
fcf: es crucial, porque si bien tenemos muchos diagnósticos, desarrollos normativos, proliferación de convenciones internacionales, como las de la Organización de Estados Americano (oea), Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), es importante avanzar en la comprensión de los contextos sociales contemporáneos de corrupción. Qué mejor que la unal, el centro más importante de pensamiento del Estado, para avanzar en debates constructivos. De la academia salen las líneas de comportamiento de la sociedad, son laboratorios para la toma de decisiones.
unp: ¿cuál es la mejor contribución de la academia al cambio generacional frente a la corrupción?
fcf: es fundamental, los grandes cambios culturales tienen origen en la universidad. El gran cambio en Colombia, hace 30 años, surgió de la universidad, esta institución sigue siendo el escenario de la innovación, que es esencial. Desde la academia salen herramientas de análisis, de procesamiento de datos, de soluciones. No me imagino este mundo digital sin el aporte técnico de la universidad.
unp: ¿qué mensaje le deja a la procuradora entrante?
fcf: mantener la independencia de la Procuraduría. Una entidad como esta si llegara a estar subyugada a determinado poder, al gobierno o a la clase política, simplemente pierde su razón de ser.
Inequidad tributaria favorece percepción de corrupción
Cada reforma tributaria, incluida la que se prepara para 2021, parece estar destinada a afectar cada vez más a la clase media y a favorecer a los grandes capitales. Ello, además de contribuir a la inequidad, podría favorecer una mayor percepción de corrupción, al considerarse que los ricos son los que evitan pagar impuestos gracias a su cercanía con los gobernantes.
05.12.2020CREADO POR VÍCTOR MAURICIO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, PROFESOR ASOCIADO, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Los cambios y las motivaciones que se empiezan a conocer sobre la próxima reforma tributaria sugieren que el mayor esfuerzo en el aumento de la recaudación sería soportado por la clase media. Foto: archivo Unimedios.
La pandemia de COVID-19, además de mostrar cuán vulnerable es la vida humana, ha afectado la economía mundial a tal punto, que por ejemplo el Fondo Monetario Internacional (fmi) –en su Informe de perspectivas de la economía mundial de octubre– proyecta que durante 2020 alrededor de 90 millones de personas caerán en la indigencia y que el pib mundial se contraerá en un 4,4 %. Para el caso colombiano, la desaceleración económica y las mayores presiones sobre el gasto público producirán un déficit fiscal que rondará el 8,2 % del pib, lo que hace necesario que en 2021 se considere de nuevo una reforma tributaria.
Aunque se suele asumir que al incrementar la recaudación a través de mayores impuestos los ciudadanos contribuirán conforme quede establecido en la ley, esto pasa por alto la importancia de algunos factores contextuales como la extensión de la corrupción y su incidencia en el grado de aceptación ciudadana con respecto a las medidas tributarias. En efecto, en varios estudios se ha identificado que existe una relación negativa entre la predisposición de los contribuyentes a pagar impuestos, o su moral tributaria, y la percepción de este delito.
Al respecto, y según encuestas como la realizada por Latinobarómetro en 2018, en Colombia los ciudadanos consideran que la corrupción es uno de los principales problemas del país, con un 22,2 % de las respuestas. Además, el 63,6 % de los 1.200 encuestados percibe que este fenómeno ha aumentado “mucho” o “algo” con respecto a 2017, lo cual es coherente con trabajos como el de Transparencia Internacional, que ubican a Colombia como uno de los países con una mayor y creciente percepción de la corrupción en el mundo. Para 2019 al país le corresponde un índice de 37 en una escala de 0 a 100, donde un mayor indicador se asocia con una menor percepción del fenómeno.
Por su parte, cuando la corrupción es un fenómeno común en una sociedad, también se termina aceptando como un medio para lograr determinados fines. Por lo tanto, no sorprende que la encuesta de opinión ciudadana citada indicara que cerca de un 34,8 % de los encuestados en Colombia estaban “muy de acuerdo”, o “de acuerdo”, con la afirmación de que “cierto grado de corrupción es aceptable, siempre que se solucionen los problemas del país”. Esto indica que dicho fenómeno es endémico en el territorio, al haberse extendido a todas las capas de la sociedad, lo que también se denota en frases bien conocidas como “el fin justifica los medios” o “a papaya puesta, papaya partida”.
Lo anterior merece especial atención cuando se trata de analizar propuestas de reforma tributaria como la que se anticipa para 2021, pues el aumento de impuestos también podría motivar la evasión fiscal, especialmente en contextos como el colombiano.
¿Se justifica el esfuerzo?
Una primera línea de razonamiento que podría seguir una persona que se enfrenta a una mayor carga tributaria es pensar si se justifica hacer el esfuerzo para cumplir con la respectiva obligación, considerando probable que una parte de lo que pague terminará en los bolsillos de algún funcionario o político, o que se dilapidará en contratos con vicios de irregularidad, caso de Odebrecht y Reficar, para citar solo dos ejemplos bien conocidos.
Así mismo, los cambios y motivaciones que se empiezan a conocer sobre la próxima reforma tributaria sugieren que el mayor esfuerzo en el aumento de la recaudación sería soportado por la clase media, y no por quienes cuentan con una mayor capacidad de pago. Ello, además de contribuir a la inequidad tributaria, podría favorecer una mayor percepción de corrupción, al considerarse que los ricos son los que evitan pagar impuestos gracias a su cercanía con los gobernantes.
Las alocuciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indican que el ajuste fiscal necesario tras la pandemia implicará revisar y eliminar las exenciones al iva, con el argumento de que ya existe un sistema de devolución de lo pagado a los hogares de menores ingresos.
Aunque es cierto que posiblemente los más pobres ya estén identificados para efectos de la devolución del iva pagado, la clase media vería afectado su bolsillo de manera importante con una posible generalización del impuesto. Ello, sumado a la dificultad de que una herramienta como el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) capture de manera oportuna el deterioro en la situación económica de los individuos, la alta informalidad de la economía y las restricciones operativas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian), que limitan su eficacia, hacen todavía más fácil tomar la decisión de evadir impuestos.
Fortalecer moral tributaria
La corrupción parece estar asociada de manera positiva con la evasión y de manera negativa con la moral fiscal, lo que da cuenta del riesgo de que una sociedad como la colombiana termine siendo presa de un círculo vicioso. Además, los países con una amplia aceptación de la corrupción pueden adolecer de una falta de recursos necesarios para invertir en gasto público social y fortalecer su capacidad de regulación e intervención económica.
También existen estrategias que contribuirían a cambiar esta situación. La primera es considerar que “incrementar la recaudación” no es sinónimo de “aumentar los impuestos”, pues también se puede optar por fortalecer la capacidad institucional
de las entidades recaudadoras, para dar el mensaje de que el delito no paga. Así mismo, es necesario educar a los ciudadanos, desde niños, de suerte que comprendan su rol en la sociedad y la importancia de pagar impuestos, de lo cual algunos ejemplos se encuentran en el informe Fomentando la cultura tributaria, el cumplimiento fiscal y la ciudadanía: Guía sobre educación tributaria en el mundo, realizado de manera conjunta entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (fiiapp).
Estos dos planteamientos solo darían fruto en el mediano y largo plazo, por lo que para financiar estas apuestas es necesario repensar hoy la justificación de numerosos beneficios tributarios en la legislación colombiana, que además de contribuir con la inequidad fiscal y el sentimiento de injusticia y corrupción, le cuestan al país, en su conjunto, alrededor de 80 billones de pesos, cifra incluso mayor a las estimaciones del costo de la corrupción que para 2018 realizó la Contraloría General de la República, a saber, 50 billones de pesos.
Corrupción en salud: ¿existe una cura para la enfermedad?
Los efectos negativos de este fenómeno son más dramáticos en el caso de la salud, pues se reflejan en la falta tanto de atención como de control de enfermedades, en el deterioro de la calidad de los servicios, y lo peor, en la muerte de quienes no pueden acceder a la atención médica o a los recursos necesarios como medicamentos o insumos hospitalarios.
05.12.2020CREADO POR JAIRO HUMBERTO RESTREPO ZEA, PROFESOR TITULAR, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Ilustración: Paola Andrea Bustos Peláez/Oficina de Proyectos Estratégicos de Unimedios.
Uno de los principales asuntos que preocupa a la ciudadanía sobre la situación del país es la corrupción, y en particular la que se da el sistema de salud, incluso en medio de la pandemia por covid-19. Una encuesta realizada entre abril y mayo de 2020 por el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia (ges) para conocer los efectos de la cuarentena sobre la salud y la economía de los hogares del país, arrojó que solo el 2,4 % de los participantes consideraba que en la contratación para atender la crisis no se presenta este fenómeno, contrario al 42,6 % que piensan que sí, y para los demás también existe algún grado de este.
La corrupción es un comportamiento por el cual se desvía el beneficio colectivo hacia beneficios particulares mediante prácticas que van en contra de la ley o de la ética. En el caso colombiano, es considerada endémica por cuanto se trata de un problema generalizado, que ha permanecido por años y sin soluciones a la vista.
En la medición anual de Transparencia Internacional (ti) sobre percepción ciudadana de la corrupción, Colombia está entre los países en los que esta se cataloga como medio-alta, ubicándose en posiciones por encima de 90 entre 180 países ordenados del menos al más corrupto. En el caso de salud la situación es aún más preocupante pues también en mediciones de ti Colombia aparece entre los 20 países más corruptos del mundo y el peor en América Latina. En 2016, el 63 % de los participantes en el estudio consideró que tal problema en el sector salud era muy alta.
¿Cuáles son los síntomas y quiénes los pacientes?
La corrupción adopta diversas formas según la práctica empleada. No se trata solo de un fenómeno de gran alcance o monto, como el descalabro de las eps por malos manejos o los fraudes en la contratación de grandes obras, en los que aparece envuelta la clase política y la dirigencia del país. También se deben reconocer las prácticas corruptas de varios actores del sistema de salud, por ejemplo en los niveles territoriales, en el interior de las entidades e incluso entre los usuarios.
En dos encuestas del ges, adelantadas en 2017 entre la población colombiana y en entidades del sistema de salud para conocer la percepción sobre la corrupción, precisamente se dio cuenta de que todos los actores del sistema son vistos con algún grado, desde moderado hasta muy alto. Quienes salen mejor librados son los usuarios y los profesionales de la salud, con un grado moderado según la calificación que dieron representantes de entidades de salud, pero en el otro extremo están alcaldías, gobernaciones, hospitales públicos y eps, que son vistos con un grado muy alto (ver gráfico).
Por otra parte, como muestra de lo generalizado del fenómeno, el 53 % de los participantes en la encuesta ciudadana del ges reportaron haber sido testigos en los últimos dos años de algún acto de corrupción en el sistema de salud, “porque lo hayan presenciado o conocido de cerca”. Las prácticas reconocidas, según el porcentaje de personas que dijeron haber sido testigos, fueron: favoritismo (27 %), tráfico de influencias (25 %), conflicto de intereses (20 %), fraude en la contratación (17 %), desvío de dinero (14 %) y pago o recepción de sobornos (12 %).
Los resultados se presentan como una calificación promedio para cada actor, desde cero (no existe corrupción) hasta 100 (la corrupción es muy alta). Fuente: Grupo de Economía de la Salud. En busca de una mayor integridad y transparencia en el sistema de salud colombiano, 2018. Alta tolerancia
Aunque se pudiera plantear que la causa de la corrupción se encuentra en fallas en los sistemas de información, en la falta de vigilancia o en vacíos normativos, entre otros asuntos, estos se pueden reconocer más bien como factores facilitadores
(la ocasión hace al ladrón). La causa fundamental se encuentra en la conducta de las personas, quienes están dispuestas a contravenir la ética o la ley.
Entre los hechos que hacen difícil luchar contra este flagelo se encuentran la tolerancia y la baja denuncia. La encuesta ciudadana del ges mostró que para el 80 % de las personas la sociedad acepta la corrupción, y de hecho cuando se mencionan casos que pueden traer beneficios sobre las personas, estos resultan justificados o incluso no se reconocen como actos corruptos. Por otra parte, el 26 % de quienes fueron testigos de hechos corruptos denunciaron ante su jefe o ante un organismo de control la, Policía o la Fiscalía, pero lo más dramático es que apenas en el 14 % de los casos denunciados se reconocieron culpables y hubo castigo, mientras en el resto no pasó nada.
Más educación ciudadana
Aunque el sistema de salud presenta situaciones que lo hacen más propenso a la corrupción, especialmente el gran número de actores y de contratos, no se puede pensar en que un cambio en el sistema borre el fenómeno de manera automática. Es necesario reconocerla como un problema nacional y afrontarlo mediante un conjunto de políticas que involucren a la ciudadanía en forma más directa, con mecanismos de denuncia efectivos y de protección a los denunciantes.
Se proponen tres conjuntos de acciones para la lucha contra dicho problema en el país: una política general que contemple sanciones ejemplares en un estatuto anticorrupción; una política propia del sistema de salud que involucre a todos sus actores, y una política de educación y cultura de más largo plazo y que trasciende a otros sectores.
Delincuencia organizada ejerce control desde todos los poderes públicos
Aunque exista voluntad política y conciencia social acerca de la necesidad de enfrentar la corrupción y sus estrechos lazos con la delincuencia organizada, esta no será efectiva mientras se pretenda combatirla desde una política criminal. De hecho, conductas delictivas como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, extinción de dominio y testaferrato, no son debidamente perseguidas por la justicia penal.
05.12.2020CREADO POR HENRY TORRES VÁSQUEZ*, ABOGADO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
La mayor rentabilidad económica de las actividades de la delincuencia organizada se logra en la medida en que la comisión de algunos crímenes quede impune con “ayuda legal”. Foto: archivo Unimedios.
Se podría pensar que la corrupción es un manido concepto que la sociedad emplea particularmente cuando se hace referencia a la política colombiana. Ante ese panorama se escuchan voces en su contra por parte de sectores sociales, lo que es destacable; sin embargo, diferentes Gobiernos han minimizado sus consecuencias.
La corrupción adquiere una dimensión trascendental en cuanto a su relación con la delincuencia organizada. El doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla (España) Alri Zurita Gutiérrez, en su investigación “El delito de organización criminal: fundamentos de responsabilidad y sanciones jurídicas”, adelantada en 2017, señala que esta “se ha convertido en un fenómeno sistémico, donde los comportamientos rebasan la esfera personal o individual del funcionario, para convertirse en un mecanismo regular o habitual de la asignación presupuestaria y de la contratación pública que compromete el proceso de adopción de decisiones de las instituciones democráticas”.
Es evidente que en la sociedad colombiana las redes que proceden tanto de la delincuencia organizada como de la corrupción desdibujan la idea de democracia; en especial la última sirve de estímulo a una élite presa del dinero fácil o ilegal, es decir que la corrupción no se percibe como un delito, contrario a lo sucede con la delincuencia organizada.
El crimen organizado tiene múltiples facetas y una variopinta conceptualización. Sin embargo, en la del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Crimen Organizado Transnacional se entiende como “grupo delictivo organizado” un grupo “estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
Para el caso colombiano, hasta los años setenta el país se había preocupado por un tipo de criminalidad local, y en los ochenta comienza a mostrar preocupación por la delincuencia organizada. En 1982 los narcotraficantes colombianos manejaban un negocio que les permitía importar divisas que oscilaban entre 800 y 2.000 millones de dólares, según los cálculos más amplios, es decir entre el 10 y 25 % de las exportaciones totales del país. Esta pasó a ser transnacional, no nació de forma incipiente o desordenada, empezó perfectamente estructurada, de la mano de Pablo Escobar Gaviria y el Cartel de Medellín, desde donde se permitía que a la actividad del narcotráfico se vincularan los más variados sectores y estamentos sociales.
Lo anterior evidencia cómo, a través de empresas lícitas y de organizaciones criminales, la delincuencia se introdujo en el Estado; en especial, durante las últimas décadas el concepto de democracia se ha visto resquebrajado ante una macrocriminalidad en la que la corrupción es casi un sacramento a la corruptela.
Así, de manera muy fácil, y por supuesto con la valiosa ayuda de los medios de comunicación, en el Estado hay impunidad y una evidente apología de la ilegalidad. Se sabe que la corrupción alienta a que se extienda la delincuencia organizada, y está última, por su actividad criminal, reproduce dicho fenómeno.
Defensa del statu quo
En medio del conflicto armado interno, funcionarios públicos han estado vinculados a la comisión no solo de delitos sino de crímenes internacionales, mezclándose delincuencia organizada y un vasto poder estatal. No en vano, muchos servidores de toda estirpe en casi todas las regiones del país y en múltiples cargos públicos –incluso de elección popular– han sido condenados por conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico.
La debilidad de las instituciones, que en algunas ocasiones son regidas por integrantes de esa delincuencia organizada, consolidó no solo el gran negocio del narcotráfico en Colombia, sino que permitió que algunos partidos políticos construyeran élites de poder en las que se totalizan simbióticamente actores estatales y empresariales que constituyen el principal problema de la corruptela nacional. A su vez, el hecho de que esta amalgama de conductas criminales se haga cada vez más fuerte, ha dado lugar a una clara intención de asegurarse una defensa del statu quo.
Verdades históricas han confirmado la sangrienta alianza entre narcotráfico y violencia, pero también han evidenciado que algunos políticos, cuyas campañas han sido financiadas con dineros de grupos delincuenciales, se encuentran legislando y tomando medidas sobre acciones públicas que abarcan toda suerte de perspectivas, lo que pone en tela de juicio la idoneidad de tales decisiones.
Entre enero de 2016 y julio de 2018 el Monitor Ciudadano –plataforma de curaduría de información, investigación y seguimiento del fenómeno de la corrupción en el país– identificó 327 hechos de corrupción reportados por la prensa nacional y regional en los 32 departamentos del país. El 73 % se relaciona con la corrupción administrativa, el 9 % con corrupción privada y el 7 % con corrupción judicial. Del total de actores individuales involucrados recopilados se evidenció que el 39 % fueron funcionarios públicos y el 30 % autoridades electas por voto popular. De dichas autoridades electas,
el 81 % fueron concejales (41 %) y alcaldes (40 %).
Para anular la corruptela y la criminalidad organizada, se requiere fundamentalmente abordar las causas que dan origen a esa delincuencia, lo que implica eliminar fueros e inmunidades, amnistías e indultos, y otras formas de impunidad que han dado lugar a que cuando la delincuencia –a través del ejercicio de la violencia– imponga sus condiciones no se cause ningún tipo de alarma social. Además, es importante que la mayor parte de la sociedad comprenda que la transgresión perpetrada por sus dirigentes también es un crimen.
Las soluciones para erradicar la corrupción en una situación y en un contexto tan complicado como el señalado requerirían un ataque integral, que incluya incluso la reestructuración de buena parte del Estado.
________
*Profesor, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc).
Corrupción en la justicia: la criminalidad de los decentes
Ineficiencia, poca preparación de los funcionarios, mecanismos disciplinarios poco rigurosos, lentitud en los procesos de investigación y un aumento irracional de normas y delitos, hacen que la justicia sea un escenario propicio para buscar alternativas ilegítimas –como el soborno– que llenen el vacío de la institucionalidad, todo ello ante la tolerancia de la ciudadanía.
05.12.2020CREADO POR ESTANISLAO ESCALANTE*, PROFESOR, FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, MIGUEL LAMADRID LUENGAS*, PROFESOR, FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Ilustración: Diana Carolina Pinzón Velandia /Oficina de Proyectos Estratégicos de Unimedios.
Para hablar de la corrupción en el sistema de justicia penal colombiano es necesario identificar dos escenarios. De una parte, y en sentido general, se trata de la corrupción como fenómeno del ejercicio desviado del poder y su judicialización, en el que se observan conductas de servidores públicos que tienen poder de decisión y lo ejercen en beneficio propio o de un tercero, en detrimento del mandato especial por el que fueron investidos; también del agente que soborna al funcionario para obtener provecho para sí, para un tercero o para acelerar una gestión.
En este escenario, la percepción ciudadana sobre la impunidad de la corrupción es alta, pues ven un sistema ineficaz y lento para la criminalidad de los poderosos, como se observa en el Índice Global de Impunidad 2020, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (México), en el que Colombia se ubica en el puesto 49 entre 69 países analizados.
El segundo escenario hace referencia a la corrupción de los actores del sistema judicial, desde los usuarios, testigos, auxiliares y abogados, hasta aquellos a quienes se les ha conferido el poder de administrar justicia, investigar o gestionar la función judicial. Se trata de los actos que traicionan la confianza pública y el mantenimiento de la recta administración de justicia como una especie de corrupción pública.
Sin embargo, la corrupción judicial merece un análisis específico por el daño que implican los actos corruptos en la credibilidad de la función judicial y su íntima relación con los demás poderes públicos y la definición de intereses en los procesos judiciales. En el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe de 2019, elaborado por Transparencia Internacional, la percepción ciudadana de una justicia corrupta en Colombia se ha incrementado en los últimos tres años. Así, en relación con el soborno, esta pasó del 11 al 12 % entre 2017 y 2019, y con respecto a quienes la administran pasó del 37 al 47 % en el mismo periodo.
No es para menos, ya que cada vez son más frecuentes los actos de desviación de poder relacionados con la influencia de la política y los partidos políticos en la esfera judicial, en especial en la función nominadora que tienen los magistrados de las Altas Cortes o de sus propios nombramientos. Al parecer, en ellos prevalecen los criterios políticos de conveniencia corporativa o los intereses particulares, pero no el mérito y las calidades profesionales y técnicas de los candidatos, como sucede en la selección del fiscal General de la Nación. Tal situación ha minado la independencia judicial, su imparcialidad y probidad.
Problemas estructurales profundizan la crisis de la justicia
Pero no solo ha sido la influencia de la política la que ha generado un escenario propicio para la desviación de poder de los jueces y magistrados. También se han observado actos de corrupción, estructural o interna, que se relacionan con la función propia de la administración de justicia, tanto en la rama judicial como en la Fiscalía. Por ejemplo, los magistrados, abogados y funcionarios relacionados con la obtención o exigencia económica para la manipulación de las decisiones (conocido como “cartel de la toga”), para retardar u omitir órdenes de captura, variar la tipificación de delitos o para incluir o no a actores armados en los procesos de justicia especializada o transicional.
De igual manera, se conocen casos a menor escala y de práctica cotidiana relacionados con dádivas para acelerar trámites o decisiones, ocultar o retardar causas criminales, manipular notificaciones, alterar documentos para favorecer a terceros, embargos irregulares o tráfico de influencias, lo cual muestra cómo la función judicial no es ajena a un amplio catálogo de prácticas corruptas que atentan contra su credibilidad, independencia e integridad.
La función judicial en Colombia no es ajena a los problemas estructurales que caracterizan la justicia en la región, en especial su ineficiencia, la poca preparación de los funcionarios, los mecanismos disciplinarios poco rigurosos o la lentitud en los procesos de investigación.
A esto se añade el aumento irracional de normas y de delitos que incrementa la carga laboral, lo que hace que la justicia penal sea un escenario propicio para buscar alternativas ilegítimas que llenen el vacío de la institucionalidad, todo ello ante la tolerancia resignada de la ciudadanía.
Quizá el aspecto más problemático que se viene presentando es la denominada Reconfiguración Cooptada del Estado (rcde), que consiste en las acciones de diversas organizaciones (políticas, productivas o criminales) para modificar el régimen político de manera sistémica, de tal suerte que inciden en la composición del Congreso para obtener legislación favorable a sus intereses, en las autoridades administrativas para cooptar las políticas públicas, y en la rama judicial para asegurar la impunidad.
No obstante, lo cierto es que son miles los funcionarios judiciales y los usuarios que actúan de manera transparente y comprometida con las pocas herramientas con que cuentan, pero que vienen afrontando un aumento de la violencia estructural por la reacomodación de actores armados, la conformación y reorganización de redes criminales organizadas, y la contracción de la economía por cuenta de la pandemia, que además ha elevado la comisión de delitos.
Urge profesionalización y mayor sensibilización
Como se observa, la administración de justicia penal sufre una serie de transformaciones que forman parte de las crisis consustanciales a los sistemas penales. Sin embargo, para transformar este desalentador escenario actual, es necesario implementar políticas de prevención. Por ejemplo, reformar el gobierno judicial, fortalecer la carrera judicial por méritos, mejorar la formación constante y periódica de los funcionarios, consolidar órganos de control internos en la rama judicial y externos en la comunidad y las universidades, por lo que es imperativa la conformación de un tribunal de ética judicial sin influencia de los partidos políticos.
Con respecto a los abogados, es necesario profesionalizar el litigio, de manera que quienes opten por esta vía de desarrollo profesional, además de colegiarse, reciban formación específica para ello. Urge una política de sensibilización de todos los involucrados, con el fin de crear modelos de conducta, por lo menos éticamente aceptables, en los cuales se generen sentimientos de identificación común y de preponderancia del interés social, con responsabilidad y vocación de servicio.
Lo anterior debe venir desde las facultades de Derecho. En un mundo donde cada vez se fomenta más la búsqueda de un éxito económico rápido, sin esfuerzo y a cualquier precio, donde se buscan sistemas retributivos con incentivos a corto plazo, donde para los estudiantes en formación es más valioso trabajar duro que ser justo, solidario o amable, tenemos la obligación de formar abogados que más que exitosos tengan valores, sean responsables, ayuden a reconstruir el tejido social en nuestro país y a recuperar la majestad de la justicia.
_____________
*Integrantes de la Escuela de Pensamiento Penal “Luis Carlos Pérez” Polcrymed, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la unal.
Políticas anticorrupción en los territorios colombianos, tarea en lento proceso
La modernización del Estado colombiano implica situar la transparencia en el centro de las decisiones gubernamentales, ya sea como estrategia de buen gobierno, garantía de derechos fundamentales o lucha contra la corrupción.
05.12.2020CREADO POR MARCO FIDEL AGUDELO CANO*, MAGÍSTER Y ESPECIALISTA EN ESTUDIOS POLÍTICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN
El fenómeno de la corrupción no disminuye en los municipios, por ejemplo en Leticia, los organismos de control han denunciado irregularidades en la construcción del aeropuerto, en la contratación del Programa de Alimentación Escolar y más recientemente, a propósito de la pandemia por covid-19, en la administración del Hospital San Rafael. Foto: Diana Manrique Horta/Unimedios.
El fenómeno de la corrupción no disminuye en los municipios, por ejemplo en Leticia, los organismos de control han denunciado irregularidades en la construcción del aeropuerto, en la contratación del Programa de Alimentación Escolar y más recientemente, a propósito de la pandemia por covid-19, en la administración del Hospital San Rafael. Foto: Diana Manrique Horta/Unimedios.
Los gobiernos locales son actores determinantes en la modernización del Estado, por cuanto son reconocidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República como los escenarios de mayor riesgo de corrupción en el país. De ahí que sean los primeros llamados a implementar en sus territorios tanto las políticas y estrategias de lucha contra la corrupción que ha formulado el Gobierno nacional, como aquellas que forman parte de los acuerdos y convenios internacionales.
En la última década ha sido prolífica la promulgación de normas y políticas de lucha contra la corrupción, entre las que sobresalen el Estatuto Anticorrupción y la Política Pública Integral Anticorrupción (ppia), las cuales establecen medidas para que todas las entidades públicas asuman la responsabilidad de atacar este fenómeno. Sin embargo no es suficiente promulgar leyes, sino que es necesario garantizar su aplicación mediante una institucionalidad fuerte. Además está la necesidad de fortalecer las acciones pedagógicas para que los ciudadanos reconozcan y defiendan los intereses públicos, realicen control social a la gestión pública y demanden la rendición de cuentas de sus gobernantes.
Para lograr estos objetivos es necesario enfrentar algunos desafíos en los territorios, entre ellos la debilidad institucional, que se caracteriza por mecanismos de control insuficientes; la normatividad con poca capacidad vinculante; la cultura política y de gestión que elogia los hechos de corrupción (cultura del avivato); y el desinterés por las normas.
Además de las anteriores, otras problemáticas afectan de manera especial a las entidades territoriales e inciden en la resistencia o incapacidad para crear o implementar medidas o acciones protransparencia. Por ejemplo en algunos municipios –especialmente en aquellos más pobres o alejados– aún no se ha logrado modernizar la institucionalidad pública, ya sea por insuficiencia económica o por falta de acceso a plataformas tecnológicas que faciliten algunas de las estrategias relacionadas con el gobierno abierto, los trámites o la participación ciudadana.
La violencia armada también ha limitado la articulación entre las administraciones locales y el nivel nacional, generando condiciones propicias para la corrupción; en la ciudadanía hay escepticismo, desconocimiento o miedo ante los asuntos públicos, la gestión pública y la transparencia, en cuanto a su cuidado, denuncia o protección. Esto aumenta los niveles de discrecionalidad en los servidores públicos para llevar a cabo los objetivos que establece el poder político. Además, desplegar la estrategia anticorrupción requiere recursos para su implementación, que el Estado haga presencia en los territorios a partir de programas permanentes, dependencias subregionales instaladas, disposición y acceso a la información y despliegue de justicia territorial.
Así, los gobiernos locales se transforman para responder a las acciones y políticas asociadas con las necesidades ciudadanas e institucionales, que exigen prácticas en transparencia como rendición de cuentas, control social y uso del derecho fundamental de acceso a la información pública. Pero se debe tener en cuenta que casi el 90 % de los municipios de Colombia son de categoría 6 (con población igual o inferior a 10.000 habitantes), y entre ellos existen diferencias fuertemente marcadas tanto de capacidades institucionales como culturales, económicas y sociales.
Vacíos administrativos
¿Cómo incide esta heterogeneidad de capacidades institucionales en la implementación de la ppia en los territorios colombianos? Esto es importante porque el proceso descentralizador colombiano entregó múltiples funciones y responsabilidades a las entidades territoriales, sin que esto represente más ingresos o capacidades para ejecutarlas. En este sentido, si la oferta institucional y los recursos del Gobierno nacional no llegan de manera equitativa, se seguirá alimentado el círculo vicioso de la dependencia de las transferencias, y la brecha de capacidades institucionales para responder a las exigencias en la implementación de la ppia.
De esta manera, en las entidades territoriales se identifica: i) falta de claridad y exhaustividad en la identificación de los riesgos de corrupción, ii) falta de coherencia y correlación entre los riesgos identificados, sus causas, consecuencias, y las medidas tomadas para intervenirlas, iii) aunque en el país existe un reconocimiento generalizado de la corrupción, las medidas institucionales aplicadas no logran impactar las prácticas de esta en los territorios, por ser insuficientes o poco claras. El fenómeno de la corrupción no disminuye en los municipios colombianos.
Entre los aspectos negativos más preocupantes están: i) la escasa pedagogía y apropiación de la metodología por parte de los funcionarios encargados de elaborar los planes anticorrupción, ii) la obligatoriedad se puede traducir en una lista de chequeo formal solo por cumplir con el requerimiento para evitar sanciones y por lo tanto se descuida el cumplimiento del propósito, iii) para la elaborar e implementar los planes anticorrupción y de atención al ciudadano no se tienen en cuenta las capacidades institucionales que requieren los gobiernos territoriales, iv) en los municipios de categoría 5 (entre 10.000 y 20.000 habitantes) y 6 existe mayor rotación de servidores públicos, además de exceso de funciones y responsabilidades para un cargo u oficina, lo que puede incidir en la calidad de la puesta en marcha de las acciones anticorrupción.
Es por eso que visibilizar riesgos de corrupción implica reconocer vacíos administrativos en el control, intereses particulares de los actores que participan de la operacionalización del Estado en los territorios, falta de capacidad técnica de los funcionarios, entre otros, lo cual implica mayor compromiso político para imponer y transformar la cultura de la prevención del riesgo en instituciones y actores locales que pueden aprovechar esta opacidad para beneficio individual. Un requerimiento técnico y normativo como la implementación de la ppia implica un cambio de cultura en la gestión de lo público, que paulatinamente le puede quitar posibilidades de beneficio individual a los corruptos.
Además, la capacidad operativa de los entes de control o de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República –como ente responsable de la territorialización de la ppia– es insuficiente para cubrir el nivel nacional; su falta de autonomía administrativa limita las acciones a desplegar en los territorios, por lo cual es necesario contar con un órgano con mayor autonomía administrativa y presupuestal.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) sugiere que en el marco de la ppia se contemple la opción de conformar una entidad con personería jurídica y presupuesto propio, cuyo direccionamiento debe permitir la incidencia de la sociedad civil. Con este propósito, la Secretaría debe incentivar con más fuerza la participación de la ciudadanía en los ejercicios de control a la administración pública, articulando acciones con los demás componentes de la estrategia, tales como la rendición de cuentas, la gestión de pqrs (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias), la estrategia antitrámites, el control social, el acceso a la información y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
_______
* Coordinador de la línea Corrupción, Transparencia y Control Social del Grupo de Investigación Gobierno, Instituciones y Transparencia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.
___________________________
Fuente:
