Un examen cuidadoso de los hechos hace evidente el montaje contra el proceso de paz que armaron entre la DEA y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
Medófilo Medina*
Mala memoria
El 27 de noviembre de 2018, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez concluyó su intervención en el Senado diciendo: “colombianos, aquí ha venido su fiscal general para darles cuenta y razón de todo lo que hemos hecho”.
Pero el 9 de noviembre de 2020 El Espectador publicó una entrevista donde Martínez se mostró desconcertando ante las preguntas del periodista Edinson Bolaños.
La entrevista comienza con la pregunta: “¿siendo fiscal general no se enteró de que relacionaban al exvicepresidente Naranjo en la supuesta operación de narcotráfico del caso Santrich?”.
Después de un prolongado silencio, Martínez tartamudeo: “No, no, mira, eh…, a mí me sorprende esa información…”. El exfiscal tampoco conocía las 1361 llamadas registradas del teléfono de Iván Márquez y de las cuales se entera con el expediente Santrich.
A la pregunta sobre la entrega controlada de cocaína por parte de la fiscalía en el caso Santrich, Martínez contesta: “Estás partiendo de una base equivocada, la cocaína ni la entregó la Fiscalía, ni se la pasó al fulano, ni al zutano, porque nosotros no estábamos en esa operación”.
¡Flaca es la memoria! Por eso Bolaños debe recordarle a su entrevistado: “Pero usted en su
entrevista con Yolanda Ruiz, cuando renunció al cargo de fiscal general textualmente dijo: ‘Lo que yo le puedo decir exactamente es que la Fiscalía no participó en esas reuniones, sin embargo, sí en el suministro de la cocaína y en la entrega que se hizo en una reunión en donde participaron agentes”.
En la entrevista Martínez negó cualquier tipo de colaboración con la DEA en la operación y se declaró sorprendido por las 24.000 grabaciones de audio en el expediente Santrich.
En días recientes el exfiscal indicó que “es de conocimiento público que la fiscalía abrió un expediente por narcotráfico en el año 2019”. El gobierno colombiano y el de Estados Unidos llevaron a cabo un operativo conjunto el 9 de abril de 2018 en el que se capturó a Jesús Santrich con el objetivo de extraditarlo. Luego de contrastar fechas cabe preguntar: ¿Sobre qué fundamentos actuaron la Fiscalía y las autoridades colombianas?
La alianza DEA-Fiscalía
La entrevista anterior es valiosa para estudiar el informe que Edinson Bolaños publicó en El Espectador el 8 de noviembre, y donde queda clara la confabulación contra la paz entre la extrema derecha colombiana y la Administración de Estados Unidos.
El acuerdo entre el Gobierno y las FARC se firmó en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. El 1 de agosto anterior se había posesionado Néstor Humberto Martínez como fiscal general. Un mes después de ocupar el cargo, el funcionario viajó a Estados Unidos para visitar a Loretta Lynch, la fiscal general de ese país. Esta fue su verdadera posesión del cargo.
Para rubricar la reunión, Martínez calificó la eliminación manual de cultivos ilícitos como un fracaso y abogó por la reanudación de las fumigaciones aéreas, desconociendo lo convenido en La Habana.
Desde su perspectiva lo deseable era que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia deberían apoyarse en un dispositivo central: la Fiscalía General de la Nación y la DEA. Martínez trabajó por el afianzamiento de este modelo que viola la soberanía nacional e institucional.
Este es el marco para entender todo el montaje del entrampamiento contra el dirigente de las FARC Jesús Santrich en la fabricación de una operación de narcotráfico con la participación del Cartel de Sinaloa, supuestamente representado por dos mexicanos que eran funcionarios de la DEA. Los 24.000 audios del expediente Santrich cubren la creación y el desarrollo de la inventada alianza.
Estos audios estaban en la Corte Suprema de Justicia. Ya el número de grabaciones resulta digno de atención y es escandaloso que la Fiscalía le enviara apenas doce a la JEP, sin acompañarlos de los protocolos que demanda ese tipo de información. Pero no hay que olvidar que el golpe a la Justicia Transicional fue uno de los objetivos centrales de la ofensiva contra la paz.
Foto: Presidencia de la República Néstor Humberto Martínez y Juan Manuel Santos
Audios y textos
El estudio de los audios permite conocer los métodos y códigos de la DEA en el diseño de sus operaciones y en la construcción del delincuente involucrado como protagonista. En este caso la figura de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez.
Marín era importante debido al acceso a su tío y a Santrich. Desde allí, los agentes de la DEA lo convierten en un pulpo que establece relaciones con criminales para el lavado de activos, que
promete abrir restaurantes y bares en Cuba, que ofrece usar instituciones bancarias en varios países y trasladar dineros a Turquía o colocarlos en paraísos fiscales de Europa.
Como puntualiza Edinson Bolaños, al día siguiente de la captura de Santrich, Marlon Marín es trasladado a los Estados Unidos como testigo protegido de la DEA.
No es claro a quién favorece o cuál es la motivación, pero allí se involucraron personajes como el exvicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, y en menor medida la exsenadora Piedad Córdoba. El uso de enormes sumas de dólares falsos, puestos en manos de participantes, muestra la diversidad e ilegalidad de los métodos de la DEA.
Además de los audios en la investigación de El Espectador, existe un registro gráfico. Por ejemplo, está profusamente documentada la entrega de cinco kilos de cocaína el 1 de noviembre de 2017 y su salida del país el 7 de diciembre del mismo año.
Existen sobre el particular diversos documentos (resoluciones y oficios de la Fiscalía) firmados por Álvaro Osorio Chacón, delegado contra la criminalidad organizada, y Bertha Cecilia Neira Díaz, fiscal 14 adscrita a la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico.
Lo anterior desvirtúa la explicación que Martínez ofreció en la entrevista: “no sé si tu entiendas cómo funciona la fiscalía, una entidad de 25.000 funcionarios, el fiscal general no lleva ningún caso”. Los documentos demuestran sin lugar a dudas que la Fiscalía no es un universo flotante de 25.000 ruedas sueltas.
Es claro que la operación de la DEA y la Fiscalía afectó de manera severa al proceso de paz y llevó una inseguridad profunda a los excombatientes. Para la DEA, la ambición era llevar a Iván Márquez a una bodega con diez toneladas de cocaína para poner en marcha un operativo de captura.
Pero la agencia tuvo que contentarse con la exhibición de las chapuzas de grabación donde aparecía Santrich y que no probaban nada. Sin embargo, el personaje fue capturado y así se consumó el atentado contra el Acuerdo de Paz.
Más allá del Acuerdo
Los problemas no se limitan al Acuerdo de Paz. La documentación muestra la precariedad e ilegitimidad de diversas instituciones, el menosprecio a la soberanía nacional y la precariedad de Colombia como Estado de Derecho.
Esta historia que comienza en su dimensión documental con 24.000 grabaciones no puede desaparecer de la conciencia del país y de la memoria institucional por el paso del tiempo.
El nuevo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, destacó la reiterada negativa de la Fiscalía a las solicitudes de información formuladas una y otra vez por la Sección de Revisión de la JEP.
Igualmente, este organismo se estrelló contra la negativa de Estados Unidos para asistir jurídicamente en el caso Santrich. La intervención de Eduardo Cifuentes señala una nueva vía que brinda información sobre el caso que abrió la investigación del periodista Edinson Bolaños.
En este momento aparece como muy oportuno el debate de control político que se ha anunciado a altos funcionarios del gobierno Duque sobre las revelaciones en el expediente del caso Santrich. Los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino citaron este debate. Pero, sin lugar a dudas, el tema convoca al conjunto de la sociedad civil.
MEDÓFILO MEDINA
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*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.Fuente:
