EL HURACÁN RECESIVO QUE ARRASA A COLOMBIA

Gobierno, recesión y pandemia, en gavilla, devastan la capacidad empresarial del país. En particular, micro, pequeños y medianos negocios están en bancarrota. En el lapso de un año (mayo 2019-mayo 2020) fueron destruidos 4,9 millones de empleos (-17,9%), quebraron 261 mil patrones o empleadores (-32,4%) y desparecieron 1,3 millones de trabajadores por cuenta propia (-14%). El FMI prevé el hundimiento de la economía colombiana en este 2020 con una contracción del PIB de 7,8 por ciento, como consecuencia de la paralización productiva. El ingreso per cápita caerá en 8,7 por ciento. Este artículo describe esta compleja, inesperada e incierta situación.

De acuerdo con los resultados de la encuesta “Pulso Empresarial” del Dane, abril de 2020, el 69 por ciento de las empresas afronta riesgos en su operación o amenazas de quiebra. A la vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica que en Colombia 140.000 empresas formales están en riesgo de colapsar por la crisis en curso. Según los resultados de la Encuesta de Liquidez de las Empresas adelantada por la Andi y publicada en julio de 2020, las compañías enfrentan una difícil situación: muchas requieren mayúsculos apoyos e incluso planes de salvamento; las empresas hoy tendrían 35 días para operar si destinan la totalidad de su caja para cumplir con todas sus obligaciones, es decir, la nómina completa incluyendo seguridad social, proveedores, sector financiero, contratos y los compromisos con la Dian.

La realidad empresarial en Colombia evidencia sin recato alguno el país que somos. Al sumar el universo de unidades económicas, formales e informales, de todos los tamaños, la cifra es de 7 millones, de las cuales 1.802.906 renovaron la matrícula mercantil en 2020 (10% menos que en 2019). De los 5.874.177 micronegocios, el 87,8 por ciento (5.157.527) no cuentan con registro mercantil.

De las empresas formales apenas el 1 por ciento son grandes; en tanto, el 97 por ciento son micro y pequeñas; estas últimas generan 49 por ciento del empleo nacional, las grandes el 35 del mismo. Pero las diferencias en productividad son abismales: los ingresos operacionales de las 1.000 empresas más grandes del país (0,05% de todo el tejido empresarial formal) corresponden al 70 por ciento del PIB; en contraste, los 5,9 millones de micronegocios (84,4% del total de negocios, formales e informales) generan escasamente el 16,8 por ciento del valor de los bienes y servicios finales producidos anualmente en el país.

Un país de millones de personas que sobreviven con su esfuerzo individual y solitario, a cuenta y riesgo propio. En 2019, el 87,6 por ciento de los micronegocios (5,2 millones) eran atendidos por su propietario –trabajador por cuenta propia– como dicen por ahí de los “emprendedores”, negocios que fueron constituidos porque quien lo creó no tenía otra posibilidad de ingreso. Es decir, ante la ausencia de proyecto de país que motive a su población y la incorpore a un proyecto de vida colectiva, donde cada uno contribuya de acuerdo con sus capacidades, cada quien termina desplegando ingenio y esfuerzo intuitivo para no dejarse arrasar por los malos gobiernos y el capital monopolizador, que para nada los tienen en cuenta. De ahí que no sea raro, por ejemplo, que el 45 por ciento de las micro y pequeñas empresas solo sobreviva los dos primeros años desde su creación. Ausencia de apoyo y estimulo estatal que lleva a que muchos de los propietarios de estos negocios opte por no legalizarse, vivir en la informalidad, una clara manifestación de rechazo al poder estatal.

Pese a esta realidad, pese a que la crisis potenciada por el coronavirus ahondó la debilidad de este empresariado por cuenta propia y pequeños negociantes, las medidas económicas tomadas por el gobierno en medio de la actual recesión son para sus aliados y socios, quienes dirigen parte de los ministerios. Gobierno de ricos para ricos. Las líneas de crédito abiertas por el sector financiero, auxilios a la tasa de interés, las políticas del gobierno como el día sin IVA y las ayudas como el subsidio a la nómina y a la prima solo benefician a las medianas y grandes empresas del sector formal, esto es, con registro en la Dian y la Cámara de Comercio, que están bajo controles administrativos y bancarizadas.

Para comprender este mundo empresarial, y proyectar las medidas económicas poscovid por tomar, para dinamizar la producción y neutralizar la crisis del desempleo, hay que indicar que Colombia opera funcionalmente, integra y retroalimenta dos economías y mercados de trabajo: formal e informal, visibles e invisibles al Estado. La interrelación es fluida y sinérgica entre ambas. De una parte, de acuerdo con la Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), en 2020 se realizaron 1.802.906 renovaciones de la matrícula mercantil1 en todo el país, un 10 por ciento menos que las registradas en 2019. De otra parte, de acuerdo con la Encuesta de Micronegocios aplicada por el Dane, Colombia tuvo en 2019 un total de 5,9 millones de micronegocios que ocuparon a 8,3 millones de personas (37,6% del total ocupados a nivel nacional) y que registraron ventas anuales de 169 billones de pesos (equivalentes al 16,8 por ciento del PIB). El 75,7 por ciento (4,4 millones) de estas unidades económicas no cuentan con Registro Único Tributario –RUT–, y el 87,8 (5,1 millones) no tienen Registro Mercantil.

Del universo de empresas registradas en Confecámaras (cuadro 1 y gráfico 1), 18.029 son grandes (1%), 36.058 son medianas (2%), 126.203 son pequeñas (7%) y 1.622.615 son microempresas (90%). De acuerdo con la clasificación tradicional del tamaño de las empresas, las microempresas cuentan entre 1 a 9 asalariados, las pequeñas de 10 a 49, las medianas de 50-249 y las grandes 250 o más asalariados (a partir de 2020 la clasificación se basa en los ingresos operacionales). Dos de cada tres empresas formales pertenecen a uno de los siguientes cuatro sectores: comercio (26,6%), actividades profesionales (14%), industrias manufactureras (12,7%) o construcción (8,9%); no obstante, una tercera parte de los negocios formales (600.786) desarrollan actividades no homologadas con la clasificación oficial (Dane, Ciiu 4) de actividades económicas por procesos productivos, esto es, no tienen una actividad económica principal.

En general, en mayo de 2020, el número de personas ocupadas en el país fue de 18.105.873; las microempresas generan el 21 por ciento del empleo; las pequeñas 28; las medianas 16, y las grandes 35.

En Colombia se crean cada año alrededor de 303 mil empresas, de las cuales 70 mil son sociedades mientras 233 mil están constituidas como establecimientos de personas naturales. El 45 por ciento de las micro y pequeñas empresas formales (97% del total) solo sobrevive los dos primeros años (gráficos 2). El FMI advierte que bancarrotas de micro y pymes se triplicarán por covid-19; esto es, las quiebras de empresas podrían aumentar al 12 por ciento desde el 4 por ciento registrado antes de la pandemia.

Un micronegocio es la unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción. De acuerdo con la Encuesta de Micronegocios aplicada por el Dane, Colombia tuvo en 2019 un total de 5,9 millones de micronegocios, de los cuales el 87,6 por ciento (5,2 millones) eran propiedad de trabajadores por cuenta propia, mientras que el restante 12,4 por ciento (730 mil) tenían como propietarios a empleadores (gráfico 3).

De acuerdo con la actividad económica, el 27,9 por ciento de los micronegocios desarrollaron actividades de Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; el 21,7 de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y el 11,6 tuvieron como eje la industria manufacturera. Desde la perspectiva del motivo principal de creación, el 34,8 por ciento de los micronegocios fueron constituidos porque su propietario no tenía otra alternativa de ingreso; el 28,8 debido a una oportunidad de negocio en el mercado; el 12,3 por ciento se constituyeron por tradición familiar o herencia.

Por otra parte, el 44,1 por ciento de los micronegocios tiene 10 años o más de funcionamiento, el 17,8 de 1 a menos de 3 años, y el 15 cuentan con 5 a menos de 10 años. El 61,5 por ciento de estas unidades económicas fueron constituidas con ahorros personales, el 14,3 no requirió financiación, el 10 acudió a préstamos familiares y el 9,3 a préstamos bancarios.

En 2019, los 5,9 millones de micronegocios obtuvieron 169 billones de pesos en ventas, equivalentes al 16,8 por ciento del PIB. El 81,2 por ciento de los micronegocios no acceden al crédito bancario; del total, el 41,3 porque no lo necesitaba, el 32,5 sostiene que no le gusta endeudarse o que le tiene miedo a las deudas, y el 13,4 no cumple con los requisitos (garantías, codeudores, avales, fiadores).

En 2019, los micronegocios ocuparon 8,3 millones de personas desagregadas en porcentaje así: el 70,6 (5,8 millones) correspondieron a los propietarios; el 16,6 (1,4 millones) a trabajadores que recibieron un pago; el 8,1 (674 mil) a trabajadores familiares sin remuneración; y el 4,7 (390 mil) a socios. El 75,8 de los micronegocios ocuparon en 2019 a una persona, el 20,1 entre dos y tres, y el 4,1 entre cuatro y nueve.

Del total de estas unidades productivas, el 27,6 (1,6 millones) se ubican en una vivienda; el 17,3 (1,0 millones) en una finca, el 17,1 (1,0 millones) realizan sus actividades de puerta en puerta o a domicilio; y el 14,6 (0,8 millones) se encuentran en un local, tienda, taller, fábrica, oficina o consultorio.

En 2019, la Encuesta de Micronegocios evidenció que el 75,7 por ciento (4,4 millones) de estas unidades económicas no cuentan con Registro Único Tributario –RUT–, y el 87,8 (5,1 millones) no tienen Registro Mercantil. Así mismo, se indagó sobre los aportes hechos a salud y pensión por parte del propietario con cargo al presupuesto de dicha unidad económica: el 87,5 por ciento de los propietarios no aportó para salud ni pensión2. Por otra parte, el 94,8 por ciento de los propietarios no hicieron aportes para la Administradora de Riesgos Laborales –ARL–.

Respecto a las tecnologías y uso de la información, el 76,1 por ciento (4,5 millones) de estos negocios no cuentan con acceso o uso de internet. En cuanto a los registros contables, el 68,9 por ciento de los micronegocios no tienen registros y el 26,9 tiene otro tipo de cuentas. En relación con la declaración de impuestos, el 88,6 por ciento no era responsable en 2019 del impuesto al valor agregado –IVA–, el 42,6 no declaró el impuesto sobre la renta y el 45,8 tampoco declaró el impuesto de industria y comercio –ICA–.

En síntesis, el sector formal financia al informal a través del pago de impuestos y parafiscales para sostener el sistema de seguridad social y el gasto público. También debe sostener a la clase política, la burocracia y las fuerzas represivas; todos estos son parásitos e improductivos.

Lo relacionado hasta acá nos permite concluir que si bien la crisis económica potenciada por el coronavirus llegó de manera intempestiva, es cierto que el micro y pequeño empresario criollo ya tenía debilidades desde su origen, acumuladas a lo largo de décadas. Con la llegada del covid-19, las dificultades de los micro y pequeños negocios se agudizaron, pues el problema pasó de ser la baja productividad a la insostenibilidad. Aunque la actividad económica del país está reactivándose gradualmente, las medidas draconianas tomadas por el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales (confinamientos, cuarentenas, freno y parálisis de la actividad económica), al igual que el daño ocasionado al aparato productivo y la pérdida de los ingresos de las familias de clase trabajadora y media (se estima que la actual crisis quitará 17 billones de pesos a los hogares de menores ingresos, equivalente a 2 por ciento del PIB de 2020), todo en conjunto, llevará ineluctablemente a que la mayoría de micro y pequeñas empresas quiebren o demoren varios años en recuperarse.

De esta manera, en Colombia miles de hogares están en riesgo de volver a la pobreza por cuenta de una reversión en el curso de la llamada movilidad social. El choque generado por la crisis económico-financiera, la pandemia y las malas políticas públicas ha generado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas de acción social y económica, un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, debilitamiento de la demanda proveniente de los hogares, miseria e incertidumbre por el futuro económico en 60 por ciento de las personas.

Con el objetivo de medir el impacto de la emergencia económica, social y ambiental causada por el covid-19 en las actividades económicas de las empresas, y para hacer seguimiento a sus mecanismos de ajuste y gestión, el Dane implementó la encuesta Pulso Empresarial. En abril de 2020, el 40,5 por ciento de las empresas de los sectores de comercio, industria manufacturera y servicios operó de manera parcial, el 31,4 lo hizo normalmente, y el 28,2 registró cierre temporal o definitivo (gráfico 4).

En abril de 2020, el 70,0 por ciento del total de las empresas en los tres sectores presentó una disminución en el flujo de efectivo. Este porcentaje se incrementa al 81,3 por ciento para las unidades económicas del Comercio, mientras que disminuye al 49,8 en el sector Servicios. Adicionalmente, el 50,6 por ciento del total de ellas presentó dificultades en el acceso a servicios financieros, el 47,1 registró problemas de aprovisionamiento de insumos, y en el 43,6 se redujo el número de trabajadores u horas laboradas.

En abril de 2020, el 75,6 de las empresas en los tres sectores enfrentó una disminución en la demanda de sus productos o servicios, el 12,6 registró su aumento, el 7,6 sostuvo que no presentó un cambio, y el 4,1 no tuvo demanda.

El 54,9 por ciento de los empresarios en los tres sectores consideró que la situación económica del país en mayo de 2020 era peor que la presentada hace un año; el 41,2 la percibió mucho peor. Así mismo, el 42,9 por ciento sostuvo que la situación económica del país en un año será mejor que la de mayo de 2020 mientras el 26,8 afirmó que será peor.

En relación con el aumento del desempleo en el país, en las pequeñas empresas hubo una reducción de 3,4 millones de ocupados, frente a mayo de 2019; así mismo, en las empresas de más de 10 empleados se redujo la población ocupada en 1,5 millones. El 43,5 por ciento de la población ahora desocupada perdió el empleo durante la pandemia.

De acuerdo con la cuarta entrega de la Encuesta de Liquidez de las Empresas adelantada por la Andi, si bien la liquidez de las empresas aumentó en junio, gracias a la recuperación gradual de vida productiva, la cuarentena ya ha dejado a otras compañías en grandes problemas que requieren de apoyos e incluso planes de salvamento. La mejoría, según la Andi, puede explicarse por un mayor número de actividades productivas en funcionamiento, la reactivación de cadenas productivas, la racionalización de costos dentro de las empresas, ayudas proporcionadas por el sector financiero, medidas del gobierno como el día sin IVA y los apoyos como el subsidio a la nómina y a la prima. Así las cosas, las empresas hoy tendrían 35 días para operar si destinan la totalidad de la caja de la compañía para cumplir con todas sus obligaciones. El resultado representa una evolución positiva de la situación, ya que en abril ese total de días para operar rondaba los 11 días, y en mayo alcanzó los 23 días, precisa el análisis.

De acuerdo con la ONU, la pandemia disparará la pobreza, las desigualdades, la concentración de la riqueza y la violencia en América Latina y el Caribe, por lo que reclamó a los gobiernos de la región y a la comunidad internacional un apoyo decidido a las personas más vulnerables.

En América Latina, las empresas han enfrentado la crisis con medidas en cada país, a la luz de la emergencia, como la postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito. Sin embargo, advierte la Cepal, estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años ya que, muy probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual.

En resumen, la mayor parte de las medidas de apoyo al sector empresarial se concentraron en ampliar el acceso al crédito, subsidios parciales para el pago de la nómina y proveer liquidez. Estas ayudas se han dirigido, principalmente, hacia el beneficio de las medianas y grandes empresas. El sector financiero es el gran ganador con la inyección de liquidez por parte del gasto público y la intermediación de los subsidios. Para la micro y la pequeña empresa no hay apoyos estatales, máxime si son informales.

La coyuntura plantea la urgencia de mitigar la destrucción de las capacidades, sin olvidar la necesidad de aumentar de manera sostenida la productividad, generar encadenamientos productivos e incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de innovaciones. De acuerdo con la Cepal, la economía colombiana tiene la oportunidad de ahondar en su diversificación productiva en nuevos escenarios de comercio internacional, reforzar la industria manufacturera, recuperar el agro, incentivar el trabajo decente y fomentar la creación de cadenas de valor.

En mayo pasado, Cepal y OIT presentaron una nueva publicación conjunta en la que analizan los desafíos laborales tras la pandemia: “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”. Según estos dos Organismos de Naciones Unidas, la implementación de las políticas para la reactivación requerirá de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y salud para los actores del mundo del trabajo. Asimismo, de prolongarse la crisis por más tiempo, será necesario una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas, con un foco especial en grupos vulnerables como microempresarios, los migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente al covid-19.

En materia de coyuntura, Cepal y OIT indican que la pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo, con consecuencias en el sector formal (reducción de horas, caída de salarios y despidos) e informal (quiebra de micro negocios, caída de empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, menor acceso a compensaciones de ingreso, ausencia de demanda para los bienes y servicios que ofrece). Asimismo, advierten que las mujeres trabajadoras son las más vulnerables y sectores intensivos en mano de obra como el turismo, hotelería, transporte, comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente afectados. Además, la economía informal o irregular, invisible al Estado por razones de evasión fiscal o de controles administrativos, emplea a más del 60 por ciento de la población activa en América Latina.

La Cepal estima que para el 2020 la tasa de pobreza aumentará hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces a 34,7 por ciento de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13 por ciento (83,4 millones de personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos los países de la región.

Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. De allí que la Cepal proponga un ingreso básico de emergencia (IBE) por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. En 2020, la línea de pobreza a nivel nacional en Colombia, según el Dane, es de $275.232 (con base en la meta de inflación del 3% al cierre de 2020, según lo proyectado por el Gobierno y Banrepública); de acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.100.928. Esto supondría un gasto adicional del 2,1 por ciento del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020.

En este ámbito, el objetivo estratégico de largo plazo es la implementación gradual de un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e innovadores de financiamiento. El informe Cepal-OIT reitera que es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como lo señala la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, en paralelo a las políticas laborales se requiere un sistema de protección social basado en un enfoque de derechos, sensible a las diferencias, con políticas universales, redistributivas y solidarias.

Pese a estas “buenas” intenciones de los dos Organismos de Naciones Unidas, que potenciarían la recuperación del capital, no su transformación, superar la triple crisis que amenaza a la clase trabajadora (económica-financiera, de salubridad y política pública) exige una revolución, que significa cambios radicales y duraderos de la conciencia humana, desconcentración de la propiedad de los medios de producción, del modelo de desarrollo, de la relación sociedad-economíanaturaleza y de las relaciones e instituciones sociales.

Las organizaciones y sectores sociales que luchan por otro modelo social deben aprovechar esta crisis para potenciar esta ruptura. Quiebre histórico, necesidad de una revolución anticapitalista que desarticule o destruya las bases materiales y productivas del modo de producción hegemónico, al igual que las relaciones sociales y la cultura que generan. Y esto es así, porque la solución a los acuciantes problemas del mundo sólo se puede alcanzar con un sistema socioeconómico bajo el control consciente, socialista y democrático de la gente, en armonía con la naturaleza.

En efecto, sólo la organización social consciente de la producción social, en la cual la producción y la distribución se realizan en forma planificada y según los requerimientos de la “dignidad humana”, articulada a una distribución justa que atienda las necesidades vitales de la especie, puede elevar a la humanidad hasta alcanzar un equilibrio sostenible entre la esencia humana y su existencia cotidiana.

1 La matrícula mercantil es la inscripción que deben hacer los empresarios y establecimientos de comercio para funcionar de manera legal.

2 Sin embargo, esto no quiere decir que se encuentran por fuera del sistema de seguridad social ya que la opción “No aportó” incluye a beneficiarios del régimen contributivo y a afiliados al régimen subsidiado; el 4,5% solo aportó para salud, el 0,4% solo para pensión, y el 7,7% sí lo hizo para ambas categorías.

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* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia, y desdeabajo.

La concentración y centralización de los capitales, inherente al capitalismo concurrencial, tiende, de una parte, a la formación de grandes organismos transnacionales monopolistas y, de otra, a concentrar la mayoría de la población en la clase trabajadora, esto es, los que solo pueden vivir de la venta de su fuerza de trabajo.

La actual crisis económico-financiera y de salubridad pública permite que opere sin restricción alguna la ley de concentración y centralización del capital. Durante la recesión y la crisis las grandes empresas y bancos vienen ampliando su control de los mercados (poder que les permite aumentar arbitrariamente los precios de los bienes y servicios que producen para incrementar los márgenes de ganancia), eliminando capitales (empresas que se arruinan) y expulsando una significativa proporción de la población activa (a la par que crece el desempleo, los cambios en los procesos de trabajo permiten intensificar la tasa de explotación del trabajo). La crisis misma en el capitalismo es regulativa.

El capitalismo moderno está regulado por los resultados del equilibrio de poder entre los grandes propietarios del capital, la clase trabajadora organizada y los grupos de poder que controlan el Estado. La clase dominante, a fin de conservar y reproducir el modo actual de producción y forma de sociedad, tiene que ejercer necesariamente el poder estatal, es decir, dominar políticamente. El excedente social (o plusproducto) controlado por el Estado se destina principalmente a satisfacer las exigencias, intereses y necesidades de las clases y grupos dominantes; otra parte, menor, se reserva para inversiones, una alta proporción al pago de la deuda pública y al mantenimiento de las fuerzas represivas y, mucho menos, a funciones sociales (asistencialismo, salud, educación y seguridad social).

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Autor:Libardo Sarmiento Anzola