HACIA UN SISTEMA DE SALUD QUE PROTEJA LA VIDA, NO EL NEGOCIO

Mauricio Torres-Tovar*

La crisis de salud que conmueve a la sociedad global desnudó la precaridad del sistema que debería velar por la vida de todos y todas, cuya privatización transformó un derecho humano fundamental en una mercancía y destruyó lo público del sector. La crisis abre una oportunidad de oro para revertir tal realidad.

La pandemia desatada por el denominado covid-19, inédita en el mundo por llevar al confinamiento simultaneo a más del 70 por ciento de la población mundial y a una parálisis global de los procesos productivos y de la economía, ha revelado con enorme aspereza asuntos de los que sabemos hace mucho tiempo pero que se han pretendido naturalizar o se han ocultado, uno de ellos relacionado con la situación de los sistemas de salud.

Sabemos, que contener un fenómeno epidémico requiere una actuación muy ágil por parte de las autoridades sanitarias, para identificar rápidamente las personas que están contagiadas y establecer su aislamiento; de no ocurrir esto se expande y se torna difícil su control. Esto revela la enorme importancia de que las naciones cuenten con estructuras de salud pública sólidas, con capacidad de intervención territorial y poblacional en la totalidad del país.

En situaciones de crisis de salud, como lo es una epidemia, se evidencia con enorme claridad la importancia de contar con un sistema de salud, como institución social que proteja y atienda al conjunto de la población; evidencia, con la misma claridad, la labor clave que cumplen las personas que lo operan: los y las trabajadoras.

Precisamente la pandemia ha revelado con enorme nitidez la destrucción de los sistemas públicos de salud, algo en proceso desde la década de los ochentas del siglo pasado, producto de la implantación de políticas neoliberales; asunto acompañado de una enorme precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector.

Las situaciones más dramáticas de esta pandemia de covid-19 están presentes en Francia, Italia, España, y Estados Unidos, cuatro países que concentran el 60 por ciento de las muertes globales, que al 28 de abril suman 202.773 (Estados Unidos 49.170; Italia 26.977; Francia: 23.261; España: 23.190 (1)); asunto que se ha relacionado con el hecho o bien que sus sistemas públicos de salud y de protección social fueron destruidos en el pasado reciente o que cuentan con sistemas de salud de base privada, articulados a seguros privados de salud individuales.

En contraste, países que han preservado o fortalecido lo público del sistema de salud y que han desplegado la estrategia de atención primaria (APS), como Vietnam, Camboya, Singapur, Cuba y Tailandia, informan de un impacto llamativamente menor del virus. A la fecha Camboya y Vietnam tienen cero víctimas, Singapur 14, Cuba 56 y Tailandia 54 cada uno (2).

Por otro lado, en los sistemas de salud privatizados, es donde las condiciones laborales de quienes allí trabajan son más precarias, producto de la inestabilidad laboral, los pésimos salarios y las escasas o nulas condiciones de bioseguridad. Esto ha conducido al sacrificio de cientos de trabajadores del sector por infección con el covid-19.

A la fecha Colombia aún no se encuentra en una fase crítica de la pandemia, aunque se requiere aclarar que no tenemos cifras reales dada el bajo número de pruebas realizadas y la demora en sus resultados. Por cifras oficiales al 28 de abril hay confirmados 5.949 infectados y 269 muertes (3).

Lo cierto es que la gran preocupación que se tiene, dada las características y desarrollo del sistema de salud desde 1993, estructurado con la Ley 100 (4), es que la capacidad de respuesta que tenga el país en esta materia frente a la pandemia sea supremamente débil, lo que llevaría a la pérdida de un gran número de vidas.

Uno de los asuntos revelados con más fuerza en Colombia producto de la pandemia, son las indignas condiciones laborales que padecen los trabajadores del sector de la salud: cientos de denuncias por falta de pago de salarios durante meses, contratación absolutamente temporal a pesar de ser labores misionales, salarios míseros y falta de protocolos de bioseguridad y de dotación con los adecuados elementos de protección personal (EPP).

Esto ha gestado una protesta nacional amplia de las y los trabajadores, la configuración de nuevos procesos organizativos y la confluencia organizativa, para demandarle al gobierno que garantice condiciones dignas de trabajo, que paguen las deudas contraidas con los trabajadores y que efectivamente tengan las condiciones de bioprotección para no ser contaminados en la atención a la pandemia.

Múltiples voces sociales, gremiales, académicas y políticas se han unido a esta denuncia y demandan que el Estado retome en sus manos la conducción del sistema de salud, que haga a un lado a las aseguradoras, tanto a las EPS como a las ARL (5); que establezca directamente con la red pública y privada de servicios las actuaciones que deben realizar, girando directamente a estas instituciones los dineros necesarios, obviando la intermediación innecesaria con las EPS; que organice equipos de salud básicos para establecer una intervención poblacional directamente en los territorios donde viven; que garantice una contratación estable al personal de salud y que establezca los protocolos de bioseguridad pertinentes, junto a la dotación con los EPP que corresponden a cada una de las diversas tareas que se deben hacer en el marco de la atención a la pandemia, con los recursos provenientes de la cotización de riesgos laborales.

Esta situación deja claro, tanto en Colombia como en el escenario mundial, que a la “hora de los hornos” lo fundamental es lo público, los bienes comunes en el campo de la salud. La evidencia es que quien ha tenido que colocarse al frente de la pandemia ha sido el Estado, ese que han pretendido acabar durante décadas, y que las empresas privadas lucradas con la salud de millones durante años en este momento de emergencia han demostrado, de un lado su inoperancia y de otro el sostenimiento de su ambición económica por encima de la protección de la vida de amplios grupos sociales.

La salud pública, referida al bienestar de las colectividades, de los grupos poblacionales, en su esencia es una respuesta estatal de base territorial a los problemas colectivos que se tienen con este derecho humano, asunto que se contrapone a la lógica del aseguramiento privado en salud, que desterritorializa la intervención, en tanto lo que vislumbra es un afiliado que paga una póliza y no un individuo que está referido a un territorio en donde se configura su dinámica de salud-enfermedad en la interacción que allí se da con los procesos de determinación social de la salud.

La pandemia que vivimos no se puede considerar exclusivamente como una crisis de salud pública, es una crisis del conjunto de la dinámica de la sociedad, una crisis civilizatoria como algunos la han denominado, que demanda un replanteamiento de las formas de vivir de la especie humana en el planeta, que pasa necesariamente por reconstruir la relación sociedad-naturaleza, superando las formas de producción y consumo centradas en el despojo, la sobre-explotación y la depredación, instaladas por el capitalismo y ahondadas en el periodo neoliberal, sostenidas ideológicamente con el discurso del desarrollo y de la eficiencia del mercado.

Uno de los asuntos que debe ser transformado en este camino, es la configuración de las respuestas sociales a las diferentes necesidades de la salud de las comunidades, que las saque del campo del mercado, del lucro, lo que demanda diversos cambios, entre los cuales destacan (6):

Tomar la salud en las propias manos: esta es una idea potente y muy importante, relacionada con la necesaria desmedicalización de la vida, para recobrar el sentido de la autodeterminación de los cuerpos y recuperar la salud bajo control del conjunto social, que impida que delegue los asuntos de la vida-salud-enfermedad al complejo médico-farmacéutico-tecnológico, creyendo que entre más acceso a atención hospitalaria, más medicamentos y más alta tecnología médica, se tendrá mejor salud, tesis errónea que se vislumbra claramente en esta pandemia que lo que requería eran acciones pertinentes y a tiempo de promoción y prevención, sobre la base de experiencias previas recientes de epidemias parecidas como las del SARS y el H1N1. Hoy la gran tecnología y el desarrollo de medicamentos resulta absolutamente insuficiente y no ha logrado evitar la muerte de más de 200 mil personas.

Tomar la salud en las propias manos significa descolonizar el pensamiento en este campo, para recuperar una visión propia de lo que es y significa la misma para los pueblos; es desarrollar procesos individuales y colectivos para fortalecer la propia salud, que pasa por recuperar los conocimientos y prácticas tradicionales para el cuidado de la vida y la salud, es producir salud desde la configuración de procesos de seguridad y soberanía alimentaria, de recuperación de la herbolaria médica, de la expansión de múltiples terapéuticas alternativas no invasivas, entre muchos otros saberes, que de dominarlos no nos subordinarían al saber médico occidental hegemónico, que considera que es la única verdad en este campo y niega y anula otros saberes.

Crear un sistema de salud soberano y público: se trata de configurar un sistema de salud propio, de base pública, universal, gratuito, que reconozca la diversidad existente en el país y que por lo tanto no homogenice el conjunto de respuestas a la población, sin subordinarse a los intereses de las corporaciones farmacéuticas, de aseguramiento y de tecnología, para controlar a estos actores que convierten la salud en un negocio. En nuestro caso, sería un sistema que en definitiva desaparecería a las EPS y que controlaría la acción tanto de la red pública como privada de atención en salud. Un sistema conducido por el Estado a través de instancias territoriales, junto a las comunidades. Financiado con fuentes diversas que llegarían a un fondo de manejo público, que descentralizaría los recursos para configurar las respuestas de acuerdo a los diversos contextos sanitarios territoriales y poblacionales que tiene el país.

Intervención de base territorial y poblacional: se conoce desde hace muchos años que los mejores sistemas de salud son aquellos que desarrollan estrategias de base territorial y poblacional, logrados principalmente a través del desarrollo de la llamada APS; de un lado, porque de manera efectiva el sistema de salud está cerca a la gente, no espera a que se enferme para que acuda al hospital, dado que desarrolla importantes acciones directamente donde viven y trabajan, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad y a su vez, de atención, con una enorme oportunidad, continuidad, integralidad y efectividad, en tanto tiene la capacidad de atender el 80 por ciento de problemas de salud de la población, derivando solo un 20 por ciento a niveles de atención hospitalario, con lo cual además disminuye los recursos financieros que se deben invertir en la atención a la enfermedad. Esta estrategia de APS demanda, además, sólidos procesos organizativos para que efectivamente haya participación comunitaria en salud, con capacidad para incidir en el curso de las decisiones que se van tomando en el sistema.

Condiciones dignas de trabajo: se requiere comprender el valor social que cumplen las y los trabajadores de este sector, entendidos como el conjunto amplio de personas que labora en los diversos procesos que la hacen posible, que incluye al cuerpo médico y más allá del mismo. Con la pandemia se ha revelado la importancia que tiene este grupo laboral para enfrentar una crisis de salud pública, y que por lo tanto los países requieren invertir en su formación y reconocerle su valor social gestando formas de empleo dignas, estables, seguras, por lo cual es necesario superar esta “normalidad” del trabajo temporal e inestable, con salarios paupérrimos, para pasar a una nueva etapa en donde además de que cuenten con formas laborales dignas, estas también sean sanas y seguras e impidan, como es posible, que se deteriore la salud de aquellos que dedican su vida laboral a cuidar la salud de otros.

Reorientar la formación del campo de la salud: este nuevo sistema de salud requiere de técnicos y profesionales que atiendan las características heterogéneas de la población del país y que tengan las bases para trabajar directamente con las comunidades en los territorios urbanos y rurales donde viven y trabajan; lo que demanda descentrar la formación en lo clínico-hospitalario, siendo consecuentes con la visión de la desmedicalización de la vida, para pasar a una formación centrada en los procesos de producción de la salud desde un enfoque de determinación social, promocional de la salud y preventiva de la enfermedad, con capacidad resolutiva de los problemas generales de enfermedad de la población.

Construcción de conocimiento propio: el país requiere desarrollar sus propios procesos de investigación y producción de conocimiento en salud, que permitan estudiar y enfrentar los problemas autóctonos que tenemos en este aspecto de la vida y que integre los saberes y prácticas que las propias comunidades tienen y desarrollan. Se trata de configurar una ciencia y tecnología soberana, que logre recuperar conocimientos propios e innovar y producir en servicios y bienes que se requieren.

Con estos retos ante el conjunto social, entendemos está situación inédita como una expresión culmen de la crisis civilizatoria que estamos atravesando, la misma que requerimos abordar como una oportunidad para gestar cambios de fondo que nos permitan replantear la forma de existencia social, para configurar sociedades que protejan y defiendan la salud y la vida, no solo de la especie humana sino del conjunto de especies vivas del planeta, como único camino para sobrevivir.

Un reto inmenso, que nos demanda entre otros asuntos que los individuos recuperen su autonomía y los pueblos su autodeterminación sobre los asuntos del bienestar, la salud, el cuidado y las terapéuticas, lo que exige avanzar en un proceso para concretar unos retos que podríamos sintetizar como los 5D: descolonización del pensamiento, desmedicalización de la vida, desmercantilización de la salud, desindustrializar del desarrollo y dignificación de la vida.

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1. Organización Mundial de la Salud https://covid19.who.int

2. Ídem.

3. Ministerio de Salud https://d26365dl3a1tu8.cloudfront.net/

4. La cual ha llevado a una privatización de los servicios de atención, con un enorme protagonismo en la intermediación financiera de las aseguradoras privadas (EPS), con una destrucción del Instituto de Seguros Sociales y de la red pública hospitalaria, una enorme desestructuración de las respuestas estatales en salud pública, una violación sistemática de este derecho y una precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

5. Administradoras de riesgos laborales.

6. Algunas de las ideas que expreso acá no son propias, son producto de múltiples discusiones colectivas dadas por años en reuniones, talleres, foros, asambleas, congresos, tanto locales, como nacionales e internacionales, en donde organizaciones populares, indígenas, campesinas, barriales, sindicales, estudiantiles, gremiales, académicas, identificadas en comprender la salud como un derecho humano, han propuesto diversas alternativas en el campo de la salud.

Profesor Departamento Salud Pública, Universidad Nacional

Miembro del Movimiento Nacional por la Salud, la Asociación Latinoamericana

de Medicina Social (ALAMES) y del Movimiento de Salud de los Pueblos (MSP)