Ineficaz emergencia carcelaria contra coronavirus en Colombia
Juan Sebastián Navarrete Aldana
A pesar de la protesta pacífica llevada a cabo por la población carcelaria a nivel nacional el pasado 6 de abril, reclamando sus derechos a la salud y a la vida, el gobierno nacional no agiliza el decreto para deshacinar prisiones y así evitar un alarmante riesgo de contagio en estos centros del oprobio. Por el contrario el director general del Inpec, general Norberto Mujica, autorizó que personas con “alto perfil delincuencial” que están en Uri (Unidades de reacción inmediata) y estaciones de policía sean enviadas a las cárceles.
La población carcelaria continúa exigiendo sus derechos frente a la pandemia del coronavirus. No temen volver a protestar, a pesar de la masacre sufrida el pasado 23 marzo que dejó 23 reclusos muertos a manos del Inpec y más de 80 lesionados. Y a pesar de la intimidación y castigo a que han sido sometidos, con traslados a cárceles lejos de sus familiares, y con requisas cada vez más frecuentes y la intimidación que se padece en medio de ellas.
Es así como durante la semana que inició el 6 de abril, llevaron a cabo cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles. Siguen exigiendo al gobierno nacional y al Ministerio de Justicia medidas inmediatas para reducir el 52 por ciento de hacinamiento que reina en las cárceles del país, precisamente uno de los factores de riesgo para contraer el letal virus Covid-19, sumado a lo cual está el precario servicio de agua con que abastecen muchas prisiones del país, asi como sus antihigiénicas instlaciones, la mala calidad del servicio médico ofrecido a su interior, para solo relacionar algunos de los factores que agobian la vida de quienes pasan sus días a la sombra y que facilitarían la rápida reproducción del virus.
Sobre esta situación, Gavino Silva, encargado del área carcelaria del Equipo Jurídico Pueblos, comentó que los reclusos exigen medidas inmediatas frente a la pandemia porque “Los presos ven con bastante preocupación cómo se está expandiendo el virus en el país. Sienten que muy pronto les va a llegar. Los guardias del Inpec están entrando sin tapabocas y sus medidas de seguridad sanitaria son bajas. Ellos pueden estar ingresando el virus a las cárceles. Comentan (los presos) que el gobierno decretó una emergencia carcelaria, después de la masacre de los 23 presos, que para lo único que ha servido es para reprimirlos y empezar a trasladarlos”.
El director general del Inpec, Norberto Mujica, y la ministra de justicia Margarita Cabello, decidieron decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público, pero lo único realizado a gran escala es evitar las visitas a los presos y realizar jornadas de aseo en las cárceles. Esto no quita de raíz el alto riesgo de propagación del virus, ya que las medidas impuestas o recomendadas a lo largo del país para evitar la propagación del virus en los lugares de encierro no es posible implementarlas: guardar distancia entre personas –dos o tres metros–, asearse las manos con frecuencia no superior a las tres horas, usar gel y desifectantes, evitar contacto directo con metales, usar mascarillas y de ser posible guantes.
Pero el decreto de la emergencia carcelaria proyectado desde hace algunas semanas para reglamentar la excarcelación y deshacinar prisiones, para evitar un contagio masivo, no ha pasado de su borrador, sigue engavetado en discusiones entre entes gubernamentales. La pandemia no da espera y una crisis de salud pública en cárceles está en riesgo de estallar. La última discusión sobre el borrador del decreto corrió por cuenta de las objeciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación a cargo de Francisco Barbosa, quien dijo que la adopción de medidas de deshacinamiento serían innecesarias porque no reducen el riesgo de propagación del SARS-Cov-2, así como llevar a los reclusos a sus sitios de vivienda sería trasladarle una pesada responsabilidad a su familia.
Ante estas objeciones, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013* se manifestó en un carta abierta. Sobre ello Gloria Silva, integrante de esta Comisión, en entrevista con desdeabajo contó: “La fiscalía plantea que la ley ordinaria ya tiene una serie de medidas para poder acceder a estas excarcelaciones, lo que plantea la Comisión es que esas medidas no cumplen con el propósito de deshacinar de manera rápida las cárceles en frente del corona virus. Si fuera así no estuviéramos con este problema de hacinamiento”.
Una evidente falta de voluntad política por parte del gobierno nacional para resolver esta problemática, como también queda manifiesta en las objeciones interpuestas por la Fiscalía para utilizar las medidas de sustitución existentes en el ordenamiento legal (la reclusión domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, bien sean sindicadas o condenadas), lo que nos lleva a preguntarle a Gloria, ¿qué pasa entonces con los sindicados que son casi 38.000?
“Prisión domiciliaria se le puede aplicar a sindicados y condenados pero existe un régimen de exclusiones que impide la salida de muchos. El decreto se vuelve más restrictivo que hasta la misma ley ordinaria, por ejemplo, el delito de rebelión está excluido cuando en la ley ordinaria no. La ley plantea la detención domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, pero lamentablemente existen aún muchas personas con este tipo de patologías privadas de la libertad. Pero también hay un régimen de exclusiones que se mantiene en el borrador del decreto, que es bastante restrictivo y complicado” contestó la abogada.
¿Qué tipo de exclusiones hay en el decreto?
“Hay un trato discriminatorio. Por ejemplo, están excluidos delitos como hurto calificado y agravado. ¡Y la mayor parte de la población carcelaria está por hurto! Está excluido el delito de robo de ganado: el abigeato ¿Cuántas personas habrán condenadas por abigeato?, o también delitos como porte o tráfico de estupefacientes, donde muchas de quienes permanecen presas son personas pobres que hacen parte de la primera línea de producción y procesamiento de las drogas”, explicó la abogada Gloria Silva que hace parte de esta Comisión reconocida por la Corte Constitucional y cuyas recomendaciones son tomadas en cuenta por la misma para contrastar información.
La más reciente jornada de protesta pacífica realizada por los presos no tuvo mucha cobertura en medios, ni tampoco despertó el interés del gobierno para agilizar el decreto para una inmediata solución a la población carcelaria. Tal vez esto signiica que, como ya es norma en Colombia, solo los sucesos con sangre merecen la atención del poder, así como de los medios oficiosos de comunicación. Ojalá no estén esperando que las circunstancias lleven a otra masacre, para así darle vía libre al decreto, o que el virus desate una emergencia de salud y muerte entre barrotes para ahí sí tratar de remediar lo que ya no tendría solución.
El problema del deshacinamiento de las cárceles del país, uno de las circunstancias estructurales que la misma Corte Constitucional ha declarado como parte de la violación sistemática de derechos humanos de la población reclusa, no es asiumido por parte del gobierno nacional como una prioridad por superar. Un gobierno indolente, violento, que en el caso de la pandemia en curso incurre en evidentes contradicciones con sus medidas de cuarentena. Es así como el número de contagiados día tras día aumenta y más tarde que temprano llegará a las cárceles. El momento oportuno para evitar la propagación del virus es ahora.
*Recordemos que con esta Sentencia la Corte Constitucional declaró por segunda vez el estado de inconstitucionalidad en las cárceles del país e identificó que allí existe una violación sistemática de los derechos humanos.
Fuente:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39335-ineficaz-emergencia-carcelaria-contra-coronavirus-en-colombia.html
Fuente:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39335-ineficaz-emergencia-carcelaria-contra-coronavirus-en-colombia.html
