No hay paz para un Caribe colombiano que aún espera al Estado
JORDI VIÑALS BROS
La desatención del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta ofrece vía libre para que estructuras criminales impongan su ley. A sus habitantes no les queda más alternativa que sostenerlas, mientras dejan un rastro de sangre detrás de sí.
Si los días 14 no existiesen, los días previos no serían tan duros para Saida García. “Quisiera que se borrara este número de todos los meses del calendario”, dice cuando se cumple un año del asesinato de su marido. Ella, lideresa social de Perico Aguao, pueblo que se encuentra dentro del caribeño Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, renuncia a ocultar su identidad tal y como había hecho en otras ocasiones: “Wilton [Orrego] y miles de víctimas que quedan en la impunidad en Colombia lo merecen”.
Las personas defensoras de derechos humanos, y por ende sus familias, viven en alerta permanente en Colombia, que se erige como el país latinoamericano que registra más asesinatos a este colectivo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde la firma de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno, hasta el 8 de septiembre de 2019, ya serían 666. En La Lengüeta, sector de la Sierra Nevada donde se encuentra Perico Aguao, estos tres años de postacuerdo no han alterado “en nada” las dinámicas de ilegalidad, asegura Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe.
La organización guerrillera nunca llegó a ejercer control en la zona, ya que se lo impidieron las autodefensas y los paramilitares de extrema derecha que ahora, bajo nuevas denominaciones (los Pachenca y el Clan del Golfo), vestidos de civil, con armas cortas y con importantes líderes extraditados a Estados Unidos, siguen manteniendo su dominio sobre el territorio. “Ofrecen seguridad, administran justicia y posibilitan la ampliación de la oferta turística a cambio de extorsión”, según Trejos, que asegura que aquellas personas que no pagan son sancionadas “con violencia directa contra ellas o sus bienes”.
Quienes regentan negocios no hablan de estas dinámicas a los cuatro vientos y, de hecho, a primera vista no son fáciles de detectar, pero la prudencia generalizada encuentra sus grietas. “No hay otra, toca aceptarlo y punto”, dicen con resignación algunos ciudadanos. Ante la falta de alternativas, se ha dado una normalización de este día a día, sin que ello implique necesariamente un apoyo explícito. “El Estado ha dejado la zona en el olvido y la gente necesita una seguridad que estos grupos, de cierta forma, les subministra”, apunta un trabajador de la zona.
LA PARTE BUENA Y LA VERDAD
“¿Quieres saber la parte buena del turismo o la verdad?”, se le escapaba al calor de un día festivo de finales de 2018, a un policía de Palomino, localidad vecina de Perico Aguao y destino al cual se dirigían estas pasadas Navidades Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. La pareja, que estaba celebrando su luna de miel, nunca llegó al pueblo y sus cuerpos sin vida fueron encontrados a escasos tres kilómetros de la tumba de Orrego. Habían sido víctimas de un robo, según la versión de la Fiscalía.
“Llama mucho la atención que un país con altos índices de impunidad resolviera en pocos días este crimen”, asevera Trejos. Si prácticamente la totalidad de actividades turísticas y comerciales pagan extorsiones a cambio de seguridad, ¿por qué una pareja recién casada es hallada muerta? Según la principal asociación de hoteles de la zona, fueron víctimas de un “hecho aislado que no define a este territorio”. En ese caso, ¿el asesinato de Orrego solo fue un hecho aislado más?
Los motivos de estos crímenes se funden entre el cuchicheo y las teorías de la gente del territorio, pero diversos analistas coinciden en que lo más probable es que el asesinato de Jiménez y Monsalve se debiera a su actividad como ambientalistas.
Lo cierto es que no solo la pareja y Orrego, guardabosque de la Sierra Nevada desde 2015, ya no recorren este sector del parque nacional. En noviembre se supo que el director del área protegida, Tito Rodríguez, se había exiliado a Canadá. Ante estos hechos, otro trabajador de la institución, que pide mantener el anonimato, asegura no saber si va a seguir con sus tareas: “Me he sentido bastante abatido todo el año”, afirma. La preocupación y la sensación de amenaza vienen de largo. En su caso, hace ya unos años vio cosas relacionadas con el narcotráfico mientras trabajaba que “no tendría que haber presenciado”.
Hablar de la Sierra Nevada es hablar de una ruta estratégica para el tráfico de cocaína, que tiene el privilegio de conectar con embarcaderos desde donde es distribuida. Pero es que además, el 90% de este espacio natural es reserva de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y, como la mayoría de los Parques Nacionales de Colombia, tiene problemas de uso, tenencia y ocupación del territorio. En concreto, en La Lengüeta, donde se encontraron los cuerpos de Jiménez y Monsalve, y donde se produjo el atentado que acabó con la vida de Orrego.
LA LENGÜETA: INCUMPLIMIENTOS QUE MATAN
El hasta hace poco director del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, y ahora solicitante de asilo, ya no acepta entrevistas. Le preocupan las consecuencias que sus palabras puedan tener sobre los compañeros que siguen sobre el terreno. En 2018, en su oficina de Santa Marta explicaba que si la situación en La Lengüeta hubiese continuado como cuando él empezó como dirigente en 2013, “indudablemente” se podría estar hablado de “funcionarios muertos”.
El asesinato de Orrego, unas semanas más tarde, cogió por sorpresa y fue un golpe muy duro para el tejido social y, en especial, para la comunidad campesina de este área de la Sierra Nevada a la cual pertenecía el exguardabosque. Su padre, Amilcar Orrego, es una de las cabezas visibles del colectivo, así como García, su esposa, que sigue siendo una de las lideresas del mismo y que afirma sentirse bajo amenaza. Se debe, sobre todo, al hecho de no saber por qué le mataron: “Hasta el momento no ha habido ni un solo pronunciamiento”.
La organización de las familias campesinas en La Lengüeta empezó con la torpe llegada del Estado en 2005 cuando, por primera vez, funcionarios de Parques Nacionales Naturales comunicaron a los habitantes del área que vivían en una zona protegida y que allí no podían ni construir, ni cultivar. “Hasta ese momento, aquí no sabíamos qué era que llegaran proyectos del Estado ni sus instituciones”, explicaba García en su casa unas semanas antes del asesinato de su marido. “Hay familias que llevan más de ochenta años aquí, cuando ni siquiera existía la Troncal del Caribe”, aseguraba refiriéndose a la vía principal de la costa del norte de Colombia.
Pero a lo largo de los cuatro años que precedieron a la muerte de Orrego se llevó a cabo un proceso de diálogo, que Rodríguez aseguraba que había conseguido “resultados muy grandes”. De hecho, el mismo Orrego empezó a trabajar como guardabosque en 2015, dejando atrás su dedicación a la tala de madera. Eso sí, ya en esos días de finales de 2018, el director del parque alertaba de que estaban ante un “momento muy crucial” porque la gente no veía “respuestas efectivas del Estado” y por la presión sobre el territorio de unos intereses “desaforados” del sector turístico. A los pocos días de estas afirmaciones a puerta cerrada, una de las sedes de Parques Nacionales Naturales, ubicada en La Lengüeta, era incendiada.
Hay que tener en cuenta que la comunidad campesina no ha dejado de ver cómo los Gobiernos nacionales se suceden sin que ninguno cumpla con un antiguo compromiso: pagarles sus propiedades para que, así, el área protegida quede libre del actual impacto a la flora y la fauna, y para que los pueblos indígenas puedan gozar de su territorio ancestral. El reiterado incumplimiento deja poco margen de maniobra a unas familias vulnerables que deben seguir viviendo en este entorno con muchas limitaciones.
Fuentes internas de Parques Nacionales Naturales apuntan que está en juego el modelo de desarrollo de la región. Uno de sus trabajadores afirma que “hay muchos intereses asociados a la construcción de hoteles en el área protegida”, e invita a poner más el foco en el poder y la influencia que tienen ciertas familias del Caribe. No solo “la bandita y el criminal” son una amenaza para el territorio, manifiesta.
El 14 de enero de 2019 muchos planes de futuro fueron sepultados en La Lengüeta. García tiene claro su mayor deseo para el año que acaba de empezar: que se haga justicia. En 2019 a la Sierra Nevada le arrebataron a Wilton Orrego, pero los recuerdos no se arrebatan ni pueden imponerse con violencia. Con las palabras de su marido en la cabeza, una lideresa social del Caribe colombiano resurge más empoderada para encarar el 2020: “Él siempre tuvo bien claro como tenía que comportarse en cada lugar”.
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