DOSSIER:
El gobierno colombiano ha dado serios indicios en los últimos meses de que está dispuesto a asumir el costo de una agresión directa contra su vecino geohistórico...
Intereses y razones por las que Colombia busca prender un conflicto con Venezuela
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Una nueva escalada de acciones diplomáticas y militares contra Venezuela comenzó esta semana en Colombia. Como ya hemos señalado anteriormente, el gobierno colombiano ha dado serios indicios en los últimos meses de que está dispuesto a asumir el costo de una agresión directa contra su vecino geohistórico. Los intereses del gobierno y los poderes fácticos colombianos se unen en este objetivo.
Pero los consensos internos no están dados ni siquiera en algunos sectores de la burguesía colombiana. El propio uribismo presenta matices.
Mientras Álvaro Uribe y sus cuadros en el gobierno asumen frontalmente la voluntad de involucrar a Colombia en una agresión militar, Duque y su canciller son más parcos en el habla. Luego de que el gobierno colombiano se negara a firmar la declaración con la que el Grupo de Lima se deslindó de las declaraciones que hiciera Luis Almagro -precisamente desde Cúcuta-, la cancillería colombiana dio declaraciones muy imprecisas sobre las razones por las que decidió no desmarcarse del Secretario General de la OEA.
Mientras el canciller Holmes habló de mantenerse en la vía diplomática, el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos -quien fuera el vicepresidente de la era "Uribe", Francisco Santos- declaró públicamente que no debe descartarse una acción militar contra Venezuela. El día anterior, el senador estadounidense Marco Rubio había solicitado "aumentar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia militar y en la búsqueda de pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro".
El embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, por su parte dijo la semana pasada a la prensa que, en caso de una agresión desde Venezuela, su país defendería a Colombia. Estas palabras reafirman que el argumento de la "intervención militar por razones humanitarias" se ha venido desmoronando por las declaraciones de la ONU, la precipitación de Almagro que obligó al Grupo de Lima a deslindarse y sobre todo por el éxito del Plan Vuelta a la Patria.
Fracasada aquella narrativa, el gobierno colombiano ha recibido instrucciones para retomar los falsos positivos, que no han cesado desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder en Venezuela.
Tan solo en el último mes, el gobierno colombiano ha denunciado dos supuestas incursiones de militares venezolanos en su territorio. En agosto acusó a la FANB de violar el espacio aéreo colombiano y en septiembre de incursionar por vía fluvial y supuestamente secuestrar a tres ciudadanos colombianos. Ambas denuncias han recibido sendas respuestas de la cancillería venezolana que no ha dudado en calificarlas como operaciones de bandera falsa o falsos positivos.
Colombia ha sido conminada por Estados Unidos para asumir ese papel, pero también hay intereses por parte de grupos de poder en ese país que pugnan por la acción. Una de esos intereses es el de la ruta de acceso al Mar Caribe por el Lago de Maracaibo, un interés geoestratégico que data desde la época en que la entonces Capitanía General de Venezuela convirtió a Maracaibo en el puerto principal del oriente neogranadino y el occidente venezolano.
El café y todos los productos de la minería colombiana -en manos casi exclusivas de capitales transnacionales-, pero sobre todo el carbón, encontrarían en el Lago de Maracaibo una salida al Caribe mucho más cercana y accesible que los propios puertos colombianos.
Pero además el gran negocio del narcotráfico que tiene en Colombia el principal productor de cocaína del mundo también anhela dominar esa salida comercial. Esto significa que hay otros intereses foráneos en el proyecto de apoderarse de lo que el presidente Chávez denominara "la media luna" y pujan por la intervención militar contra Venezuela.
Otro interés estratégico, es sin duda, el combustible. Según un informe de la Contraloría General de Colombia, este país perderá su capacidad de autoabastecerse de combustible en el año 2021, pero ya a partir del año entrante (2019) la declinación de la producción comenzará a sentirse en su economía.
De ser exitosa, una intervención militar en Venezuela daría la posibilidad de controlar las mayores reservas petroleras probadas del mundo y compensar con creces la declinación de la producción petrolera colombiana.
Este combustible, además, es también materia prima para el procesamiento de la coca a razón de 166 galones de gasolina por cada kilogramo de cocaína producido, de modo que la gasolina es doblemente estratégico para una economía que sobrevive también gracias al narcotráfico.
Por estas razones el Estado colombiano parece estarse preparando para iniciar una acción unilateral desde la narrativa de la defensa de su seguridad nacional que, una vez iniciada, contará con el apoyo de los Estados Unidos.
La presión más fuerte para que esta acción se realice viene del gobierno norteamericano, los diferentes sectores de ultraderecha de la oligarquía colombiana y, obviamente, del propio Álvaro Uribe Vélez, quien trata de demostrar que en el pasado solo le "faltó tiempo" para invadir Venezuela, aunque la verdadera razón fue claramente develada por el mismo Comandante Chávez y tal parece que esa razón sigue teniendo vigencia histórica.
Fuente: http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/intereses-y-razones-por-las-que-colombia-busca-prender-un-conflicto-con
Las evidencias que deja la crisis del Grupo de Lima y los llamados a la intervención
El Grupo de Lima, plataforma impulsada por Luis Almagro y el Departamento de Estado norteamericano, como proyecto paralelo a las organizaciones internacionales tradicionales para producir un acuerdo regional contra Venezuela y de respaldo a las sanciones económicas, difundió un comunicado donde rechaza las últimas declaraciones del Secretario General de la OEA, precisando que no se debe descartar ninguna opción para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, ni siquiera la intervención militar.
Esta aparente manifestación de condena a una confrontación directa en territorio venezolano liderado por Estados Unidos, es consecuencia de una línea narrativa que viene tanteando la posibilidad de avanzar con ese plan, apoyándose en el relato de la "crisis de refugiados venezolanos", el "Estado fallido" y la supuesta amenaza que implica Venezuela para la región, en distintos órdenes.
Al plantear con seriedad el ataque unilateral contra la República Bolivariana, los países de la zona se desvincularon del planteamiento, ejerciendo cierto pragmatismo frente a los sectores más hostiles contra la soberanía venezolana. La evidencia principal que deja este alejamiento, es que la idea de la intervención militar en Venezuela se ha posicionado fuertemente en medios y ha logrado escalar a los decisores de la Casa Blanca y el Pentágono. Se transforma en una amenaza creíble.
Pero esta salida diplomática no es nueva. En septiembre de 2017 Donald Trump se reunió al margen de la Asamblea General de la ONU con el ex presidente Juan Manuel Santos y los presidentes de Brasil, Panamá y Perú, presionando con el tema de invadir a Venezuela, propuesta que fue rechazada en consenso por los países consultados.
Fallido el magnicidio, avanzan los llamados a la intervención militar
Inmediatamente de que se frustrara el primer intento de magnicidio mediante el uso de drones a un Presidente de una nación, se dio pasó a una cobertura extensa, con datos imprecisos y exagerando situaciones puntuales del fenómeno migratorio causado por las medidas de guerra económica implementadas contra Venezuela por Estados Unidos.
Tomar los reportajes de los medios corporativos en relación a este tema como sustento de las denuncias que posicionan al país como un asunto de seguridad para la región que compete a Estados Unidos, es la agenda que manejan tanto Almagro como el senador Marco Rubio. Ambos han utilizado la construcción de la "diáspora venezolana" y la narrativa del "Estado fallido" para proyectar un escenario en el que la invasión militar sea un recurso factible.
En el mismo seno del gobierno norteamericano existe una disputa acerca de la política exterior a tomarse contra Venezuela. La disputa entre los neoliberales demócratas y neoconservadores bipartidistas junto a su escolta mediática mundial y los sectores conversadores, ultranacionalista y supremacistas blancos representados por el presidente Trump, ha abierto una discusión pública sobre los planes de intervencionismo.
La posición de Almagro, en este sentido, responde a ese contexto inmediato. Durante un viaje que hizo el 14 de septiembre a la frontera colombo-venezolana, el Secretario General de la OEA ratificó la línea de violencia a escala militar.
En rueda de prensa realizada en el Puente Internacional Simón Bolívar, sitio al que asistió para fundamentalmente recoger insumos que le dieran el toque dramático a la cuestión migratoria, manifestó que "en cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción". Un abordaje superficial de testimonios "desgarradores" fue la maniobra para presionar con la amenaza de la "ayuda humanitaria".
Sus consecutivos fracasos en concretar las acciones para desmantelar al país bajo la excusa de las denuncias humanitarias, hoy se intensifican debido al presente contexto de ofensiva económica que está asumiendo el presidente Maduro con el apoyo de fuerzas geopolíticas importantes, a saber, Rusia y China, que también lidian contra golpes a sus sistemas financieros bajo factura estadounidense.
A partir de allí, ese es el punto en el que surge la aceleración de velocidades, que no todos los actores políticos involucrados están dispuestos a asumir.
Igualmente Marco Rubio avanza en la dirección militar en una ruta despejada, luego de que quedara en evidencia por medios de alcance global como Bloomberg y The New York Times, que publicaron la participación de Washington en conversaciones con agentes del golpismo que estaban a cargo de la "Operación Constitución" y de otros planes de golpe de Estado.
Desde ese entonces, y bajo el formato de la campaña mediática migratoria ("la diáspora venezolana"), el senador republicano ha defendido el enfoque de "las opciones no descartadas" para abordar un problema continental que le ha costado al Estado norteamericano ingentes recursos en mecanismos no convencionales de agresión.
Además de funcionar como parte de su trabajo de "gendarme" dentro del Senado estadounidense, Marco Rubio aprovecha el relato del éxodo venezolano para hacer control de daños ante el recule del Grupo de Lima. La propagandización de un falso estado de miseria y hambre en la población venezolana empuja el motivo moral de salvaguardar los derechos humanos, saliendo a relucir Occidente como el "protector" de esta causa. La esencia que les permite invocar la "Responsabilidad para Proteger" (R2P) como doctrina de intervención humanitaria.
De hecho, luego del comunicado emitido por los 11 países firmantes, Rubio publicó en su cuenta de Twitter estar de acuerdo con que "todas las opciones deben estar sobre la mesa para lidiar con la crisis en Venezuela", refiriéndose a lo expresado por el embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos, en su primer acto como funcionario internacional en ese país.
Estoy de acuerdo con el nuevo embajador de #Colombia “todas las opciones” deben estar sobre la mesa para lidiar con la crisis en #Venezuelahttps://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article218596700.html …
Colombia cree que “todas las opciones” deben considerarse con Venezuela
Bogotá: el sastre que toma las medidas del traje invasor
Colombia, Canadá y Guyana, fueron los únicos países que no firmaron el comunicado del Grupo de Lima rechazando cualquier acción que implique una intervención militar. Las declaraciones del embajador Santos aseguran que el cambio de régimen es indispensable para garantizar una solución a la situación venezolana. Respalda a Almagro y señala la falta de consenso con el resto de los países latinoamericanos sobre la consideración de todas las posibilidades para que ese cambio ocurra.
Anteriormente, su homólogo en Bogotá, Kevin Whitaker, marcó la pauta para que el país subordinado pudiera manifestarse con soporte sobre las últimas movidas de operaciones informativas que atacan, con el trasfondo de guerra a la Administración Trump, las salidas violentas de la dirección política de Washington.
En una entrevista de El Tiempo, el embajador de Estados Unidos en Colombia reiteró que Colombia cuenta con el apoyo de su país en caso de una supuesta agresión de Venezuela. Comentó la más reciente inyección de dólares que se hizo para la causa migratoria: 60 millones financiando la intervención humanitaria, disimuladas en la asistencia a los precarios "centros de refugiados" instalados en las ciudades limítrofes del país colombiano.
La insistencia en un supuesto conflicto fronterizo producto de la "tragedia venezolana" se está armando con el beneplácito del alto mando político estadounidense, quienes enviaron en el mes de agosto al secretario de Defensa, James Mattis, con la agenda prioritaria de puntualizar las acciones que el nuevo presidente colombiano debe seguir para aterrizar el suceso que desencadene el enfrentamiento y justifique el ataque unilateral del país vecino.
"Será como la primera visita a un sastre", fue lo que expresó el jefe del Pentágonode la reunión para tratar el tema de seguridad del hemisferio con Iván Duque. Las medidas fueron tomadas con precisión por Colombia, que está asumiendo desde el fatídico quiebre de la oposición venezolana, al fallar con el modelo de revoluciones de color, el lobby pro-intervención a escala regional.
Condiciones a las que se enfrenta el Grupo de Lima en el continente
El cisma queda evidenciado en la región: la breve integración colectiva de los países en amparar los planes de caotización económica y social de la población venezolana, no mantiene su ritmo cuando las políticas exteriores del poder fragmentado en Estados Unidos se obstruyen entre ellas, sacudiendo a los Estados avasallados en la región latinoamericana.
Cuando países que se benefician de recursos facilitados por el Gobierno venezolano son sacrificados para continuar con la agenda sancionadora, como Brasil, que puede verse afectado en el suministro de energía eléctrica en una zona de su territorio por las acciones económicas coercitivas que le impiden pagar a Corpoelec, se dan esta clase de virajes en las relaciones con Venezuela.
Otro caso es Argentina, que siente exterminada la economía nacional luego de seguir la receta dictada por asesores del FMI y que ha derivado en una precarización de la vida social, con recortes financieros a los sectores públicos, el aumento del costo de servicios básicos y el debilitamiento de la seguridad social.
Los agentes encargados de retomar la senda de la Doctrina Monroe en el seno de los gobiernos progresistas, mediante intervenciones indirectas vía infiltración (judicial en el caso brasileño, política en lado ecuatoriano) en el Estado, ahora ven cómo se revierte la situación en sus respectivas administraciones. Son fichas frágiles en las operaciones contra Venezuela y por lo tanto descartables. Pedro Pablo Kuczynski, anfitrión inicial del Grupo de Lima, es testigo de ello.
De hecho, apoyar una intervención militar extranjera en Venezuela significaría para esos gobiernos que firmaron el último comunicado del Grupo de Lima un equívoco como decisión política, pues no sólo están frescas en la memoria los desastres humanitarios resultantes de tales invasiones (Panamá 1989, Libia 2011, etc.), sino que también tendría consecuencias regionales con mucha ascendencia en los países limítrofes con Venezuela o que tienen una relación comercial y diplomática que cuidar con el Estado que preside Maduro.
Colombia, por su parte, parece tener razones e intereses de sobra para empujar hacia una campaña bélica, pues con ese medio buscarían garantizar el control de una zona estratégica (el occidente venezolano) para el corredor del narcotráfico, así como del petróleo y la gasolina, un recurso imprescindible para la elaboración de la cocaína y su transporte.
En un contexto de golpe vía invasión militar, avizoran que los carteles de la droga quedarían al mando, cuyos intereses convergen estrechamente con la dinámica paraeconómica de poderes estadounidenses. Ello se ilustra con la siguiente pregunta enunciada desde esta tribuna: "¿Cómo satisfacer a los sectores gubernamentales de los Estados Unidos poniendo freno al negocio que oxigena y sostiene la economía colombiana, la parapolítica y el negocio de la guerra, que a su vez se mezcla con los intereses de otros sectores del mismo Estado norteamericano?".
Proyecciones (realistas) de un ataque unilateral de Estados Unidos
Bajo este delicado cuadro, pareciera no haber un acuerdo entre las élites de Estados Unidos para activar ese escenario, ya que las fuerzas que se oponen están cartelizadas en una campaña de desprestigio contra el actual inquilino de la Casa Blanca.
Este conflicto interno, primero, determina con mayor claridad las intenciones de Estados Unidos y maximiza sus costos de credibilidad en la opinión pública. Segundo, legitima las denuncias que ha hecho el Estado venezolano de todas las operaciones para cambiar el orden político chavista en el país.
Por otro lado, le da un margen para maniobrar con actores políticos que se decantan por el diálogo en detrimento de las acciones violentas, y hacia ese lado vira la diplomacia venezolana.
En lo inmediato se aprecia ese rumbo: una reunión con el directorio de Nicolás Maduro fue confirmada por José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles 19 de septiembre. El ex presidente español, que ha desestimado las causas políticas del flujo migratorio y las ha contextualizado en las sanciones económicas, podría participar en una reversión del tratamiento que países miembros de la OEA le han dado a Venezuela.
En ese sentido, Hugo de Zela, vicecanciller de Perú que dirigió el comunicado del Grupo de Lima y que prevé la caída del actual presidente peruano, Martín Vizcarra, buscaría "congraciarse con la izquierda regional para que faciliten su elección tras una eventual salida de Almagro de la secretaría general de la OEA", según publica Rafael Poleo en la Revista Zeta.
Así, una combinación de intereses y políticos que pugnan por un sitial en la cúspide regional pueden alejar en el corto plazo los vientos de intervención militar de una Venezuela asediada y amenazada por Washington.
Estas riñas internas y la intención de ganarse a los sectores que defienden el discurso oficial de las agresiones políticas y financieras a las que ha sido sometido el país en los últimos cinco años, describe una tendencia regresiva en los efectos de los embates internacionales, aun cuando estos buscan ser más agresivos.
Fuente: http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/quiebre-en-el-grupo-de-lima-disuade-una-posible-intervencion-militar-en
Indicios de que Colombia prepara una agresión contra Venezuela
Cuatro movimientos dentro del tablero geopolítico de la región se convierten en serios indicios de una probable acción militar y operación de bandera falsa contra Venezuela, de la que el Estado colombiano sería el principal operador.
La velocidad de estos movimientos se la ha imprimido el regreso del uribismo al poder, que en sus primeros veinte días de gobierno ha hecho de Venezuela su principal centro de acción nacional e internacional.
Primer indicio: movimientos diplomáticos y magnicidio frustrado
Dos decisiones diplomáticas de Iván Duque dejan clara su decisión de asumir una política hostil contra Venezuela. A pocos días de haber sido electo y antes de ser investido, anunció públicamente que no designará embajador en Venezuela, en tanto Nicolás Maduro sea presidente, pues no lo reconoce como tal.
Por otro lado, el martes 28 de agosto a sólo 21 días de asumir la presidencia, Duque anunció el retiro de Colombia de UNASUR, el cual se hará efectivo en seis meses. Según dijo, esta medida fue tomada por su gobierno en virtud de que este organismo ha servido para avalar lo que él llama "la dictadura en Venezuela".
En realidad, es presumible que la principal razón para este retiro sea la resolución del consejo de seguridad de este organismo en el año 2009, según la cual "queda proscrito, entre los Estados miembros de UNASUR, el uso o la amenaza del uso de la fuerza, así como cualquier tipo de agresión militar o de amenazas a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de los demás Estados miembros".
Como ya se ha hecho costumbre, entre una decisión y otra, apareció una alta funcionaria estadounidense dando instrucciones al gobierno colombiano desde el departamento Norte de Santander fronterizo con Venezuela. Esta vez fue la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien el día 8 de agostodijo: "Es momento de que los países de la región que también sufren con la migración, condenen al presidente Nicolás Maduro y le digan que es momento de irse".
Tres acciones diplomáticas muy agresivas y consecutivas, a las que se suma el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, el cual tuvo a sus principales organizadores y financistas en el lado colombiano, actualmente protegidos por el gobierno de este país.
Segundo indicio: primer falso positivo contra Venezuela y la consolidación del segundo
El 21 de agosto el Estado colombiano denunció la presunta violación de su espacio aéreo por parte de dos helicópteros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La cancillería venezolana calificó esta denuncia como un falso positivo relacionado con los intereses tocados en Colombia por las nuevas medidas económicas dictadas por el presidente Nicolás Maduro.
Mientras tanto, otro falso positivo continúa avanzando: la presunta "crisis de refugiados" de origen venezolano en la región.
Perú juega con las personas que migran desde Venezuela emulando el doble juego que representara la política de "pies secos, pies mojados" que durante años tuvo Estados Unidos con Cuba. Así, mientras incita a migrar a Perú anunciando una presunta tarjeta de trabajo que entregará a quienes emigren desde Venezuela únicamente hasta diciembre de este año, declara el 28 de agosto una emergencia sanitaria en su frontera debido a esta migración.
Paralelamente, en Colombia se siguen manipulando las cifras para hablar de una crisis generada por un supuesto aumento de personas que solicitan refugio en Colombia. Colocados en la frontera los "Cascos Blancos", la Comisión Noruega para los Refugiados y la Cruz Roja colombiana, esta semana llegó a la costa caribeña, a pocos kilómetros al oeste de la frontera marítima con Venezuela, un buque hospital estadounidense que el presidente Evo Morales develó como una operación encubierta contra la soberanía venezolana.
Tercer indicio: Colombia perderá el próximo año su autosuficiencia petrolera
El anuncio de las medidas de control sobre la gasolina venezolana casi cuesta la vida al presidente Maduro, y ha generado otras muchas reacciones desde el establishment colombiano, porque significa una pérdida económica para las mafiasque se lucran de ella. Para el propio Estado y la debacle de esa economía paralela generaría, como ya lo ha hecho en el pasado, una crisis social en Cúcuta que develaría el abandono del gobierno de Bogotá a su principal ciudad fronteriza.
Significa, asimismo, la cercana pérdida de la autosuficiencia petrolera de Colombia.
Es una razón menos difundida, aunque publicada por un informe de la Contraloría General de Colombia, de hace dos años, en el que se afirma que este país comenzará a perder su capacidad de autoabastecimiento de combustible a partir de 2019 y será definitiva a partir de 2021, lo cual le obligaría a importar, obviamente, desde el proveedor más cercano, es decir, desde Venezuela.
Medidas desesperadas como el fracking que cuenta con el respaldo del presidente Duque comienzan a generar polémica en el país, y es poco probable que realmente sirvan para paliar por completo la crisis de abastecimiento de combustible que se generaría en Colombia.
Cuarto indicio: UNITAS LIX- 2018
El último indicio es el ejercicio militar UNITAS LIX- 2018 que se realizará en la ciudad de Cartagena a partir de la primera semana de septiembre del año en curso.
Esta acción conjunta se realizará en la costa caribeña colombiana a pocas millas náuticas de la frontera marítima con Venezuela. Con ella, se aumentará para esta fecha la presencia de efectivos estadounidenses en Colombia y se concentrarán buques y submarinos procedentes de Estados Unidos y 13 países más, entre ellos Reino Unido.
El pasado 14 de julio el presidente Duque se reunió con el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, para reforzar los lazos cooperativos y de defensa entre ambos ejércitos. El año pasado, en pleno inicio del golpe blando promovido por Washington y la oposición local, Rusia advirtió que el Comando Sur generaba inestabilidad en Venezuela, esto a raíz de las provaciones que realizaba para intensificar las protestas violentas. Este mismo año, en marzo, Tidd declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado, sobre la necesidad de aumentar el presupuesto para aislar la creciente influencia china y rusa en la región, en un claro guiño que señalaba a Venezuela.
Tres datos interesantes que vale la pena agregar: en primer lugar, luego de 11 años sin participar, regresa Ecuador a estas maniobras (país que acaba de anunciar su salida de la ALBA), dirigidas por Estados Unidos; en último lugar, durante dos días (el 30 y el 31 de agosto), esta acción militar coincidirá con el ejercicio Estrella Austral 2018 que se realiza en Chile, desde el 22 hasta el 31 de agosto, el cual es un ejercicio conjunto también dirigido por los Estados Unidos que está enfocado en el entrenamiento para la realización de tareas multinacionales, básicamente de tipo aéreo.
Cuatro indicios que deben considerar las autoridades de Venezuela, y también el resto de los actores de América Latina y el Caribe interesados en que no se desencadene un contexto de alta beligerancia en la región.
Fuente: http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/datos-y-pistas-que-anuncian-una-nueva-amenaza-sobre-venezuela
