El deterioro de los derechos humanos en América Latina se intensifica
Carlos Torralba
REPRESIÓN E IMPUNIDAD DEL ESMAD EN COLOMBIA
La violencia y la discriminación de las minorías se agravaron en la región según Amnistía Internacional
La protección de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de los mandatarios latinoamericanos. La violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión y la discriminación de las minorías no solo no se redujeron sino que se intensificaron en la región, según el último informe anual sobre la situación de los derechos humanos de Amnistía Internacional.
Algunos gobiernos como los de Paraguay, Colombia o Puerto Rico (EE UU) recurrieron el año pasado a tácticas represivas como el uso indebido de la fuerza para silenciar las críticas. La región sufre un aumento alarmante del número de amenazas o ataques contra quienes defienden los derechos humanos o los periodistas. La impunidad sigue siendo la norma general y el factor clave en los países con más homicidios como Honduras, El Salvador, México, Brasil o Venezuela. La violencia ejercida contra la comunidad LGTBI, mujeres e indígenas continuó agravándose y la región mantiene la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres más alta del mundo.
El deterioro de los derechos humanos en la región no se tradujo, sin embargo, en una caída del activismo social. Buenos ejemplos son las manifestaciones masivas en Argentina contra la desaparición del activista Santiago Maldonado o el movimiento social Ni una menos que denunció los feminicidios en varios países de la región. Amnistía celebra la sentencia del Tribunal Constitucional chileno que refrendó la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, y la reforma del Código Penal boliviano que amplió significativamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Aun así, seis de los siete países que hoy mantienen la prohibición total al aborto son de la región: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.
En México la violencia aumentó en todo el país, la cifra de homicidios (42.583; unos 117 diarios) fue la más alta de su historia. Las desapariciones forzosas, tanto con implicación del Estado como perpetradas por agentes no estatales, siguen siendo una práctica habitual alentada por la impunidad. Las detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad siguen derivando en torturas e incluso en ejecuciones extrajudiciales. Por cuarto año consecutivo, las autoridades se negaron a publicar la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la Policía o el Ejército.
Derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión sufrieron un grave retroceso en Venezuela. Más de 50 emisoras de radio fueron clausuradas y al menos 120 personas perdieron la vida en protestas multitudinarias. Los derechos políticos también han sido constantemente vulnerados y la disidencia, que no participó en la elección de la Asamblea Constituyente, es silenciada y fragmentada desde el Gobierno. La independencia judicial quedó una vez más en entredicho. La fiscal general Luisa Ortega Díaz fue destituida en circunstancias irregulares y decenas de civiles fueron procesados bajo jurisdicción militar. Cientos de personas sufrieron detenciones arbitrarias y los disidentes y defensores de derechos humanos fueron recluidos en condiciones extremadamente duras. La crisis alimentaria y médica que padece el país siguió agravándose. También aumentó drásticamente el número de venezolanos que solicitó asiló en el extranjero, principalmente en Brasil, Colombia, Estados Unidos y España.
El informe lamenta que el proceso de paz en Colombia no haya derivado en una mayor protección de los derechos humanos. A pesar de que las cifras oficiales indican que el número de civiles muertos en acciones militares o paramilitares ha descendido, en algunas regiones del país el conflicto parece haberse intensificado. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los activistas por los derechos humanos siguen siendo los que más sufren la violencia entre el Estado y las guerrillas colombianas. Amnistía confía en que los crímenes cometidos durante el conflicto armado no acaben quedando impunes. Las estadísticas oficiales del país no muestran una reducción de la violencia contra las mujeres y niñas, en especial la sexual. La organización también destaca que el Estado sigue ejerciendo un uso excesivo de la fuerza que en ocasiones causa la muerte de civiles.
El avance del "discurso del odio" prende la mecha del activismo en el mundo, según Amnistía Internacional
La ONG publica su informe en el que ofrece una panorámica de la situación de los derechos humanos en 159 países durante 2017. Icíar Gutiérrez
En los despachos de varios líderes políticos mundiales proliferan los recortes de libertades, las medidas de austeridad económica y los "discursos del odio". En las calles, lejos de amedrentarse, cada vez más gente protesta y exige justicia. En 2017, el mundo se adentró en una "nueva era de activismo social" empujada por el "abandono" de los derechos humanos en muchos rincones del planeta, según concluye Amnistía Internacional (AI).
La ONG ha publicado este jueves su informe anual en el que ofrece una panorámica de los derechos humanos en 159 países. Si el año pasado alertaba de que la retórica xenófoba y contra ciertos colectivos se estaba instalando en numerosos países, este año analiza algunas de sus "terribles consecuencias" y constata el impulso de los movimientos de protesta a escala global.
"El año pasado, con el mundo sumido en crisis, líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo. Esta situación envalentonó a quienes promueven la intolerancia, pero motivó a muchas más personas para luchar por un futuro más esperanzador", ha asegurado Salil Shetty, secretario general de la ONG.
Amnistía Internacional ha decidido presentar este año su evaluación anual en Washington. A su juicio, los retrocesos decretados por el presidente Donald Trump "están sentando un peligroso precedente" para otros gobiernos. La organización destaca la prohibición de la entrada a EEUU de personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, el "apoyo público" a la tortura, los elevados niveles de violencia por armas de fuego y los ataques a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.
La respuesta de la sociedad civil
En la calle, contestando a sus medidas, ha estado el movimiento de mujeres, que ha tenido réplicas en todo el mundo y ha denunciado la violencia machista al grito de "Yo también" y "Ni una menos". Ellas, las mujeres, han estado al frente de este resurgir del activismo detectado por Amnistía Internacional. En Rusia y en Polonia también hubo intentos de restringir sus derechos. Por otra parte, en varios países se registró una represión "generalizada" de la comunidad LGTBI.
El informe detalla algunas victorias de los movimientos sociales, como la despenalización del aborto en Chile, los avances hacia el matrimonio igualitario en Taiwán o una sentencia "histórica" contra los desalojos forzosos en Nigeria.
"Cuando el poder judicial es independiente, es un freno a los abusos del poder junto a la sociedad civil", ha señalado Esteban Beltrán, director de AI España en rueda de prensa.
La mecha de la protesta se prendió también en Polonia, que en 2017 vivió manifestaciones "masivas" contra las políticas del Gobierno que "aumentaban" su control sobre el poder judicial, las ONG y los medios, según documenta AI. En Zimbabue continuó la movilización de activistas en las calles y en las redes sociales y en India, miles de personas marcharon contra los crímenes de odio contra los musulmanes bajo el lema "No en mi nombre".
"No importante cuán excluida esté la gente que siempre demandará igualdad y justicia, la movilización masiva es necesaria para conseguir cambios", ha afirmado en una rueda de prensa Arancha Vicario, presidenta de AI en España. Sin embargo, este resurgir de los movimientos sociales también se ha traducido en un aumento de la represión por parte de los Estados que tratan de acallar estas críticas.
La libertad de expresión, el mayor campo de batalla
Alzar la voz contra los abusos, insisten desde la ONG, "cada vez se ha vuelto más peligroso". En este sentido, la libertad de expresión será, a su juicio, "un campo de batalla decisivo" en 2018. Al menos 312 activistas fueron asesinados el año pasado. "Las amenazas han sido constantes y tuve que emigrar para proteger mi vida", ha comentado Yolanda Oquelí, defensora guatemalteca amenazada por enfrentarse a las multinacionales y superviviente de un intento de asesinato en 2012, durante la presentación del informe.
Allí también estaba Ignacio Robles, un bombero que se negó hace casi un año a colaborar en el envío de armas a Arabia Saudí en Bilbao y fue expedientado por ello. "Podría suponer la pérdida de mi trabajo durante seis años. Parece que será favorable, pero el daño ya está hecho: me he gastado mucho dinero, he pasado noches sin dormir, me han robado tiempo con mi familia... ha sido muy duro", resume.
Otros "signos de regresión" mencionados por AI son las "medidas de represión" del derecho de protesta en Francia, el "aumento vertiginoso" de la persecución por parte del Gobierno turco tras el intento de golpe de Estado, la detención de centenares de manifestantes en Rusia y la "fuerte represión" en varios países africanos como Angola, Congo, Kenia, Sierra Leona y Uganda.
Este hostigamiento se extiende a Internet: en 2017, China aumentó su control sobre la red y Camerún y Togo bloquearon el acceso. Varios países trataron de "amordazar" a los medios de comunicación, con Turquía, Egipto y China a la cabeza de reporteros encarcelados y México con el mayor número de periodistas asesinados.
El avance de los discursos del odio
La ONG considera que uno de los principales triunfos del "discurso del odio" se ha dado en Myanmar con la campaña militar de "limpieza étnica" de la población rohingya que ha expulsado a miles de personas. "Vemos claramente a qué extremos puede llegar una sociedad a la que se insta a odiar a las minorías, a utilizarlas como chivo expiatorio y a temerlas", sostiene Shetty.
Además, persisten los conflictos que afectan de forma "devastadora" a la población civil y "alimentados" por la venta mundial de armas. Son los casos de Yemen, Siria, Irak y Sudán del Sur. Afganistán registró el mayor número de víctimas civiles de su historia. Además, hubo concentraciones racistas en Polonia y EEUU. Trump no estuvo solo en la aplicación de "políticas xenófobas", recuerda la ONG, que señala los casos de Hungría y Australia, que encierra a solicitantes de asilo fuera de su territorio.
El año en que la UE incumplió los compromisos de acogida pactados en 2015, el discurso del odio contra las personas migrantes y refugiadas avanzó en Europa. En Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, algunos candidatos electorales trataron de "utilizar las inquietudes sociales y económicas para fomentar el miedo y la culpabilización" de estas personas, según AI.
"Si quienes ejercen el liderazgo no se percatan de lo que está llevando a la gente a protestar, será su ruina. La gente ha dejado sobradamente claro que quiere que se respeten sus derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando", concluye Shetty.
El diario.es
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/02/21/actualidad/1519243640_296369.html
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/02/21/actualidad/1519243640_296369.html
