Radiografía de la corrupción
Son una serie de artículos de investigación y denuncia publicados en http://www.razonpublica.com por el Director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales de Colombia, investigador en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Políticos Javier Duque Daza y Alpher Rojas Analista político, investigador social, Director Nacional de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales Colombia Plural que consideramos actual, conveniente, oportuno correspondiente a la inocultable historia de la corrupción de la vida nacional y de los detentadores del poder y la política en Colombia, situación inherente al Estado Burgués Terrateniente que nos ha regido durante más de 200 años que bien vale la pena difundir. Hacemos una especial recopilación de tan invaluable labor y nuestro reconocimiento a tan importante y valiente investigador social.
Radiografía de la corrupción
Son una serie de artículos de investigación y denuncia publicados en http://www.razonpublica.com por el Director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales de Colombia, investigador en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Políticos Javier Duque Daza y Alpher Rojas Analista político, investigador social, Director Nacional de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales Colombia Plural que consideramos actual, conveniente, oportuno correspondiente a la inocultable historia de la corrupción de la vida nacional y de los detentadores del poder y la política en Colombia, situación inherente al Estado Burgués Terrateniente que nos ha regido durante más de 200 años que bien vale la pena difundir. Hacemos una especial recopilación de tan invaluable labor y nuestro reconocimiento a tan importante y valiente investigador social.
Javier Duque Daza y Alpher Rojas
- El Partido de la U y sus políticos impresentables
- Partido Conservador: negocios, clientelismo y corrupción
- Cambio Radical: avales, políticos delincuentes y corrupción
- El Chocó: clanes familiares, paramilitarismo y corrupción desaforada
- El Valle del Cauca: política y corrupción en las ciudades
- El Valle del Cauca: narcotráfico, crimen y corrupción (primera parte)
- Política, criminalidad y corrupción en Santander
- Quindío: clientelismo, corrupción y violencia
- El “Taita” que domina la política y la economía del Quindío
- Arauca: el saqueo de las regalías entre el ELN, los paramilitares y los políticos
DESARROLLO:
El Partido de la U y sus políticos impresentables
Creado para sumar votos y para ser el vehículo de Uribe, este partido acabó siendo el vehículo de Santos y sumando investigaciones y destituciones por cuenta de sus múltiples casos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
Javier Duque Daza*
Partido de reciclaje
El Partido Social de Unidad (PSUN) o Partido de la U surgió en 2005 en medio de la descomposición del bipartidismo y bajo el marco de la reforma política a la Constitución de 1991 que había sido aprobada dos años antes (Acto legislativo 01 de 2003).
El PSUN nació como una agregación de políticos de diversa procedencia:
Exdirigentes liberales (entre ellos Juan Manuel Santos, Rafael Pardo —quien luego regresaría al liberalismo—, Armando Benedetti, Juan Lozano, Luis Guillermo Vélez, Carlos García Orjuela, Aurelio Iragorri, Zulema Jattin Corrales, José David Name y Piedad Zuccardi);
De Cambio Radical (Roy Barreras);
De algunos pequeños partidos regionales como Sí Colombia (Mauricio Pimiento Barrera), el Partido Nacional Cristiano (Claudia Rodríguez) y Convergencia Popular Cívica (de la que provenía Óscar Iván Zuluaga),
y por algunos pocos integrantes del Partido Conservador (Marta Lucía Ramírez —quien después se retiró—).
Este partido se proponía ser el vehículo de Álvaro Uribe y servir de “paraguas” para estos políticos que según la reforma necesitaban evitar la doble militancia y reunir los votos suficientes para pasar el umbral, sin tener renunciar a sus intereses personales y regionales.
Como fue creado un año antes de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2006, su interés central fue agregar votos y por ello se aplicaron laxas condiciones de entrada. El resultado fue ese reciclaje de políticos de procedencias muy diversas, muchos de ellos con vínculos criminales.
El Partido de la U también se vio involucrado con los grupos paramilitares.
En las elecciones de 2006 el PSUN obtuvo la segunda mayor representación en el Congreso (49 de los 267 congresistas), después del Partido Liberal, y respaldó tanto la controvertida reforma constitucional que autorizó ese segundo período como la campaña electoral del candidato-presidente. En 2010 el Partido sirvió para respaldar —junto con otros partidos— a Juan Manuel Santos y en ese año logró la primera bancada en el Congreso (76 curules).
Pero después vino la escisión de la escisión: la ruptura entre Uribe y Santos, la creación del Centro Democrático (CD), la reelección de Santos, un nuevo reparto de fuerzas políticas y la polarización del país. En 2014 disminuyó la representación del Partido en el Congreso (a 58 curules), mientras que el CD obtuvo la cuarta mayor bancada (39 curules).
Política y crimen
Corrupción en la política colombiana. Foto: Urna de Cristal
El Partido de la U también se vio involucrado con los grupos paramilitares, aunque no en la misma proporción que Cambio Radical o partidos efímeros como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, el Movimiento Popular de Unidad y el Movimiento de Integración Popular.
Ocho de los congresistas de la U pasaron de las curules a la Picota: cuatro de los que habían sido elegidos en 2002 fueron condenados (Mauricio Pimiento Barrera, Zulema Jattin, Jairo Enrique Merlano y Miguel Ángel Rangel) igual que otros cuatro elegidos o reelegidos en 2006 (Odín Horacio Sánchez, Marco Alirio Cortés y Fuad Emilio Rapag —Jorge Visbal Martelo está siendo investigado—). Asimismo, decenas de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados elegidos con su aval fueron condenados por nexos criminales.
El ejemplo de Dilian Francisca Toro muestra cómo este partido no repara en la procedencia de sus dirigentes o de sus electores. Esta exsenadora renunció a su curul en 2013 cuando era investigada por lavado de activos (por la presunta compra de propiedades a un narcotraficante) y se le aplicó la reforma política de 2009 que adoptó la figura de la silla vacía. Esta renuncia no fue obstáculo para que el Partido avalara su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca en 2015.
Políticos impresentables
Además de los involucrados en la parapolítica, el Partido de la U ha acogido y avalado a decenas de candidatos que tuvieron éxito en las elecciones pero al poco tiempo fueron sancionados, destituidos y/o condenados. Dentro de este grupo hay alcaldes destituidos por celebración indebida de contratos; concejales vinculados con paramilitares; gobernadores en líos por corrupción y vínculos con paramilitares; ex congresistas que perdieron su investidura por tráfico de influencias; y hasta homicidas. Además del caso de Dilian Francisca Toro, hay otros tres muy ilustrativos.
El del suspendido alcalde de Moñitos, Córdoba, José Félix Martínez, quien fue avalado, elegido y se posesionó aunque estaba detenido en La Picota acusado de tener nexos con el jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”.
El alcalde de Puerto Gaitán (Meta), Edgar Humberto Silva, quien fue sancionado por violar los topes electorales en la campaña de 2011. Por este motivo se le pidió al Tribunal Administrativo del Meta que solicite la pérdida del cargo. El Consejo Nacional Electoral, que suele ser inoperante, en este caso aplicó una norma que se viola con mucha frecuencia y prohibió que el Partido de la U inscribiera candidato para las elecciones de 2015.
El gobernador de La Guajira Wilmer González (antecedido de otros tres mandatarios elegidos en menos de cuatro años), fue acusado de los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción del votante y fraude procesal durante su campaña.
En las elecciones de 2015 la Procuraduría publicó un listado de inhabilitados, y el Partido de la U tenía 103 de sus avalados en esta situación, desde aspirantes a ediles a las Juntas Administradoras Locales hasta postulados a las Gobernaciones. La lista siguiente ilustra el panorama:
Casos de candidatos elegidos por el Partido Social de Unidad Nacional destituidos y/o condenados
Político
Cargo y año de elección
Situación
Doris Acero de Vera
Alcalde de Guaduas, Tolima, 2011.
Condenada por celebración indebida de contratos.
Harold Wilson Chamorro
Concejal de Algarrobo, Magdalena.
Participó en el Pacto de Chivolo con grupos paramilitares.
Julio César Vélez
Concejal de Cúcuta, 2007 y 2011.
Condenado por el asesinato de su esposa.
Hugo Edulfo Maestre
Concejal de Plato, Magdalena.
Condenado por paramilitarismo.
William Villamizar
Gobernador de Norte de Santander 2008-2011.
Sanción fiscal por la Contraloría. En la Procuraduría tiene 12 investigaciones por contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Jorge Humberto Tascón
Alcalde de Yotoco, Valle del Cauca, 2007.
Elegido mediante fraude electoral, se mantuvo dos años en el cargo.
Iván Vargas Silva
Gobernador del Guainía 2007.
Condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción del elector porque ganó las elecciones comprando el voto de indígenas.
Patrocinio Sánchez Montes de Occa
Gobernador del Chocó 2007.
Condenado por peculado culposo y destituido en 2010.
Odín Sánchez Montes de Occa
Representante a la Cámara, 2006.
Condenado por sus vínculos con grupos paramilitares.
Óscar Raúl Iván Flórez
Gobernador de Casanare, 2007
Acumuló sanciones diversas y dos destituciones, con más de 25 años de inhabilidad acumulada.
Juan Manuel González Torres
Gobernador del Meta en elecciones atípicas, 2006.
Tiene varias investigaciones en la Procuraduría y una sanción en un juicio fiscal por parte de la Contraloría por el manejo de recursos de regalías.
Adolfo Raad Hernández
Concejal de Cartagena, 2007.
Destituido por las irregularidades como presidente del Concejo de la ciudad (2003-2004); pagó indemnizaciones ilegales a empleados del Concejo.
Eduardo Carlos Merlano
Senador, 2010.
Destituido e inhabilitado por la Procuraduría por influencia indebida para evitar que se le inhabilitara su vehículo por conducir ebrio.
Edgar Humberto Silva
Alcalde de Puerto Gaitán, Meta, 2011.
Destituido por violar topes de financiación en la campaña.
José Felix Martínez
Alcalde de Moñitos, Córdoba, 2011
Fue elegido aunque estaba detenido en la Picota por sus nexos con grupos paramilitares que lo ayudaron a elegir en 2004.
Henry Armando Suárez
Alcalde de Santana, Boyacá, 2011.
Se posesionó a pesar de estar inhabilitado por una sanción de la Procuraduría por estafa.
Juan Carlos Giraldo
Alcalde de Calarcá, Quindío, 2011.
Destituido por la Procuraduría por contratación sin cumplimiento de requisitos legales.
Lucero Cortés
Representante a la Cámara por Bogotá, 2010.
Condenada por la Corte Suprema de Justicia a cinco años de prisión por tráfico de influencias.
Raúl Emilio Casallas
Alcalde de Mosquera, Cundinamarca, 2015.
Destituido por falsificar su diploma de pregrado de la Universidad Santo Tomás.
Carlos Andrés López
Alcalde de Fresno, Tolima, 2015.
Destituido por el Tribunal Administrativo del Tolima porque su hermana era la registradora departamental el año anterior a su candidatura.
Wilmer González B.
Gobernador de La Guajira, 2016
Detenido por fraude electoral. Acusado de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal durante su campaña a la Gobernación en noviembre del año pasado.
Fuente. Elaboración del autor sobre la base de: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia Única juzgamiento 31.560, marzo 24 de 2010, caso Patrocinio Sánchez Montes de Occa; Procuraduría General de la Nación, Fallo Segunda Instancia, caso Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, junio 17 de 2011, radicado D- 2009-643-180014, también para este caso Procuraduría General de la Nación, Boletín 392 abril de 2011; Caso Juan Manuel González, Procuraduría General de la Nación, Boletín No 219, abril 30 de 2009; Caso Iván Vargas Silva: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 32.136, septiembre 21 de 2011; El Tiempo, septiembre 23 de 2008 “Procuraduría destituye al concejal de Cartagena Adolfo Raad Hernández”; Consejo Nacional Electoral, diciembre 16 de 2014, “Alcalde de Puerto Gaitán sancionado por violación de topes”.
Sancionar a medias
Exsenadora, miembro del partido de la U, y actual Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, investigada por lavado de activos. Foto: Gobernación Valle del Cauca
En el asunto de los avales el Partido de la U ha seguido la misma línea de conducta que la mayoría de los partidos, es decir, no cumple con la ley pues no evalúa antecedentes ni estudia en detalle a quienes le piden el aval. Esto se pone en evidencia en los casos mencionados y en la información sobre las elecciones de 2015 proporcionada por la Procuraduría.
El Partido de la U no evalúa antecedentes ni estudia en detalle a quienes le piden el aval.
Además, cuando empezaron a darse las sentencias condenatorias de políticos con nexos criminales el Partido se lavó las manos sin descuidar los votos: expulsó a los ocho congresistas condenados (también a gobernadores condenados o sancionados por corrupción), pero mantuvo algunos avales cuestionables:
Jairo Merlano fue expulsado, pero en 2010 el Partido avaló la candidatura al Senado de su hijo Eduardo Carlos Merlano (quien después fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría)
El Partido no se incomodó por mantener el electorado del controvertido “clan” de los Sánchez Montes de Occa en el Chocó.
Avaló a Patrocinio Sánchez, quien ganó la Gobernación en 2007 y en 2010 fue condenado y destituido por peculado culposo.
Avaló la candidatura en 2006 de Odín Sánchez, condenado por parapolítica,
Mantuvo su respaldo a la candidatura de Astrid Sánchez, acusada de fraude en las elecciones, quien ingresó en 2012 como reemplazo permanente de Eduardo Carlos Merlano y es actualmente senadora (también investigada por vínculos con paramilitares).
¿Otro partido en crisis?
Al igual que Cambio Radical, el Partido de la U enfrenta serias críticas por sus avales, sus nexos con la criminalidad y por la inacción del CNE frente a sus acciones. Sin embargo, ante algunas evidencias inocultables, ya ha sido objeto de sanciones sin precedentes.
Estos dos partidos fueron creados por agregación de dirigentes (la mayoría liberales), sin cohesión fuerte, sin control sobre la dirigencia regional y movidos por un afán puramente burocrático. Ambos tienen puertas de vaivén para que entre y salga quien quiera y sin controles para evitar los vínculos de muchos dirigentes con la criminalidad.
En las próximas elecciones el Partido de la U corre el riesgo de seguir menguando su capital electoral y enfrentar una derrota que conduzca a la pérdida de la Presidencia y de sus escaños en el Congreso.
* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
Cambio Radical: avales, políticos delincuentes y corrupción
Escrito por Javier Duque Daza
Las condenas contra funcionarios avalados por este partido se acumulan mientras sus dirigentes se lavan las manos. Cambio Radical está inhabilitado para presentar candidato a la Presidencia. ¿Qué hará el Consejo Nacional Electoral?
De crítico a criticado
En 1998 Germán Vargas Lleras, entonces exconcejal de Bogotá y aspirante al Senado, retirado del Partido Liberal e incorporado al nuevo partido Cambio Radical (CR), manifestó su malestar por la forma de hacer política en Colombia. Vargas declaró que “muchos candidatos estaban en una subasta al mejor postor y las elecciones se habían convertido en una especie de mercado en el que los candidatos participaban, invertían y buscaban recuperar su inversión y obtener ganancias”.
Aún se sentían los ecos del Proceso 8.000, terminaba el controvertido gobierno de Samper y empezaban los procesos que llevarían a la cárcel a más de 20 congresistas, dos ex contralores y un ex procurador. Al mismo tiempo en muchos departamentos se estaban trenzando los lazos entre paramilitares y dirigentes que darían pie al escándalo de la parapolítica.
Una década después de estas declaraciones y después de haber sido senador, ministro del Interior y vicepresidente, Vargas aspira a la Presidencia, y su partido es uno de los más criticados por los nexos de muchos de sus integrantes con la criminalidad. Pese a las críticas y al descrédito de los partidos a raíz de la parapolítica, ni CR desapareció, ni Vargas Lleras renunció a hacer de él el vehículo de sus aspiraciones personales.
Avales, criminales y corrupción
Rodrigo Lara, Representante a la Cámara y miembro del partido Cambio Radical. Foto: Congreso de la República de Colombia
Cambio Radical ha sido uno de los partidos que más avales ha expedido a candidatos cuestionados. Varios de ellos han sido condenados, destituidos o procesados por la justicia, se han involucrado en actos de corrupción o han tenido nexos criminales. La lista es larga e incluye al menos a 16 personajes avalados desde 2003. Entre ellos se cuentan:
9 exgobernadores (5 de ellos condenados por delitos derivados de sus vínculos con organizaciones criminales, y otros más por corrupción, fraude electoral y constreñimiento al elector);
5 alcaldes destituidos y/o procesados por corrupción y uno más por falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, y
1 candidato al Concejo involucrado en fraude electoral.
CR alberga a una gran variedad de políticos impresentables, para quienes los cargos oficiales son el medio para apropiarse de las rentas públicas manipulando la contratación o asociándose con redes de contratistas criminales. En el partido hay desde homicidas hasta pillos y tinterillos que distribuyen prebendas o manipulan autoridades locales para acceder a cargos de forma fraudulenta (ver Cuadro 1).
En este partido convergen políticos con apellidos que en el pasado se asociaron a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción (como Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara Restrepo), pero también políticos clientelistas, un poderoso clan que domina la política en el Atlántico, líderes emergentes, críticos de la política tradicional, y políticos trajinados en las transacciones oscuras y en la apropiación de rentas públicas.
Cuadro 1. Gobernantes locales elegidos por Cambio Radical incursos en procesos penales
Político
Cargo y año de elección
Situación
Miguel Ángel Pérez
Gobernador de Casanare 2003.
-Condenado en 2005 por la Corte Suprema por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Nexos con grupos paramilitares.
Edilberto Castro Rincón
Gobernador de Meta 2003
-Condenado en 2007 por el homicidio de una diputada y un excandidato a la Gobernación. Nexos con paramilitares.
Julio Enrique Acosta
Gobernador Arauca 2003
-Destituido en 2009 por la Procuraduría y condenado en 2013 por la Corte Suprema de Justicia.
Fredy Forero Requiniva
Gobernador Arauca 2007
-Destituido en 2008 por la Procuraduría, condenado en 2011 por la Corte Suprema
Joaco Hernando Berrío
Gobernador 2007. Bolívar
-Destituido por la Procuraduría en 2010.
Álvaro Cruz
Gobernador Cundinamarca 2011
-Condenado en 2016 a 6 años de cárcel por interés indebido en celebración de contratos y cohecho.
Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar
Gobernador de La Guajira 2011
-Condenado por homicidio a 55 años, nexos con organizaciones criminales. Destituido por la Procuraduría en abril de 2014 por irregularidades en contratación.
Oneida Pinto
Gobernadora de La Guajira 2015
-Su elección fue anulada por el Consejo de Estado por violación al régimen de inhabilidades. En enero de 2016 la Fiscalía anunció la imputación de cargos por la presunta suscripción irregular de un contrato.
César Fabián Villalba
Alcalde de Girardot 2015
Detenido acusado de concierto para delinquir, constreñimiento y corrupción al sufragante y peculado por apropiación.
Carlos Arturo Hernández Carrillo
Candidato al Concejo de Barranquilla 2015.
Involucrado en fraude electoral, anulada su elección.
Fabio David Velásquez
Elegido alcalde de Riohacha en 2015
-Detenido en la investigación por un contrato entregado de forma irregular de forma directa y sin licitación pública.
Benjamín Socadagui Cermeño
Alcalde de Arauca. 2015
-Detenido por corrupción al sufragante, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento.
Héctor Antonio Amado
Alcalde de Sáchica, Boyacá 2015
-Le imputaron cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Manuel Antonio Carebilla
Gobernador de Amazonas 2015
Procesado por recibir comisiones cuando era congresista de este partido 2010-2014
José Vargas Palacio
Alcalde de Galapa, Atlántico, 2015.
Condenado a 48 meses de prisión por falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
Henry Alí Montes
Alcalde de Aguachica, Cesar, 2015.
La Fiscalía le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el lleno de los requisitos legales y tentativa de peculado por apropiación.
Fuente: Elaboración del autor sobre la base de la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Radicado 24.679, julio 27 de 2006, caso Miguel Ángel Pérez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, proceso No 26.450, noviembre 8 de 2007, caso Edilberto Castro; Procuraduría General de la Nación, Boletín No 138, febrero 26 de 2010; Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No 12.678, diciembre 2 de 2015 “Capturado por fraude en escrutinio de Barranquilla”; Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa No 252, abril 25 de 2014 “Procuraduría en segunda instancia destituyó e inhabilitó al gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar”; Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No 13.467 abril 14 de 2012 “Corrupción en contratos para alimentos de niños: capturan al alcalde de Aguachica, Cesar”; El Heraldo, octubre 13 de 2016 “Nulidad de alcalde y nuevas elecciones en Galapa: Tribunal Administrativo”.
Digno heredero del liberalismo
Recientemente, el codirector de CR, el representante a la Cámara Rodrigo Lara, manifestó que el partido estaba acéfalo y en llamas, una forma de describir una organización donde todos quieren mandar pero nadie quiere asumir la responsabilidad por las decisiones. Pululan las ambiciones y las divisiones al punto que hay más dirigentes que partido. Producto de una escisión del Liberalismo, del cual renegó, CR acabó por heredar los atributos de este partido:
Agregado de electores. Más que un proyecto político coherente, CR es una suma de congresistas que a su vez agregan políticos locales que atraen electores en función de sus prebendas; y al final todos aportan al caudal de su jefe Vargas Lleras.
Carencia de control sobre los políticos locales, con mecanismos de rendición de cuentas que no parecen operar y donde los dirigentes se “pasan la pelota” cuando hay problemas. Por ejemplo el senador Arturo Char, al responder sobre los dudosos avales de La Guajira declaró sin remilgos que “nosotros somos políticos, no somos la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, para andar investigando”. También puso de manifiesto que no respeta las normas que adoptó el partido al que pertenece, pues declaró que no conoce a sus copartidarios, ni siquiera a quienes aspiran a cargos importantes.
Este tipo de partidos orientados a los cargos y los votos, y basado en clientelas locales o en agregación de electorados regionales de incierta procedencia, carece de la estructura y la funcionalidad mínima de un partido político moderno. Como la mayoría de partidos en Colombia, opera como una organización de congresistas de aquí y de allá, interesados en sus aspiraciones personales y en las de sus allegados y familiares.
CR es un partido dividido y con tensiones internas que se han hecho más visibles a raíz de los avales. Poco antes de las elecciones de 2014, el entonces director del partido, Carlos Fernando Galán, aseguró que este partido decidía “con quién queremos y con quién no queremos hacer política, porque para hacer política no se requiere solo cumplir con requisitos legales sino que deben haber requisitos adicionales que ponga el partido”.
Pero al año siguiente quedó claro que ni los requisitos legales ni los adicionales se aplicaban. Por discrepancias con los avales concedidos a Oneida Pinto, aspirante a la Gobernación de La Guajira, y a Luis Pérez, a la Gobernación de Antioquia, Galán renunció y declaró que no podía dirigir un partido donde no se respetaba el trámite de los avales. El actual codirector y representante a la Cámara Rodrigo Lara terció en la controversia y aclaró que había llegado a la dirección en julio de 2015, cuando ya se habían dado los avales en cuestión y pidió que respondieran las directivas de aquel momento (es decir, Galán). Siguió un cruce de declaraciones donde el senador Carlos Fernando Motoa acusó a Lara y la familia Char se lavó las manos invocando “la buena fe” de políticos criminales. Y el vicepresidente Vargas Lleras simplemente guardó silencio.
Son comunes las disputas entre congresistas y excongresistas, directores y exdirectores. CR es un partido reducido a unos cuantos liderazgos en pugna que, para terminar de dibujarse públicamente, claman, como si fuera un partido decimonónico, por un “comité de notables” que controle el asunto de los avales. Es decir, piden “notables” para que controlen a los que ellos mismos no pudieron o no quisieron controlar.
¿No hay quién lo ronde?
Partido Cambio Radical con grandes conflictos internos y relaciones de corrupción. Foto: Congreso de la República de Colombia
Es claro que CR se ha movido en los márgenes de la ilegalidad. Además de sus congresistas parapolíticos, es uno de los dos partidos a los cuales se le aplicó la figura de la “silla vacía” después de la condena del senador Javier Cáceres por sus nexos con grupos paramilitares.
Y sin embargo el Consejo Nacional Electoral (CNE) está en mora de sancionarlo por el manejo de sus avales. La Ley 1475 de 2011 establece que antes de expedir avales los partidos deben verificar el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos. La norma considera como faltas sancionables las acciones u omisiones imputables a los directivos que inscriban candidatos a cargos o a corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, o que se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o lo sean durante el período para el cual resulten elegidos.
Esto rige para delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Como se observa en el Cuadro 1, con CR se violó la ley por lo menos en los casos del exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez, los alcaldes de Arauca y Girardot o el candidato al Concejo de Barranquilla. Sin embargo, al aprobar la ley los honorables congresistas se protegieron, pues excluyeron los delitos por corrupción de las causales de sanción, tal vez pensando que si no lo hacían todos desaparecerían.
Si se aplicaran las sanciones estipuladas en la ley a CR le serían suspendidos los derechos para inscribir candidatos y se cancelaría su personería jurídica. Esto último impediría además que Germán Vargas Lleras aspirara a la Presidencia en el 2018. ¿Se atreverá el Consejo Nacional Electoral?
Después de la oleada de la parapolítica y de los numerosos casos de alcaldes, gobernadores, congresistas condenados y/o destituidos, es sorprendente que no haya sanciones para este partido y que el CNE no aplique las normas vigentes.
En una democracia seria el dirigente de un partido con tan impresentables integrantes y tan cuestionables modos de obrar no hubiera aspirado a la Presidencia, no sería vicepresidente ni se aprestaría a ser nuevamente candidato.
* Profesor de la Universidad del Valle.
Partido Conservador: negocios, clientelismo y corrupción
Una de las fuerzas más importantes en la historia de Colombia se ha convertido en una asociación para conseguir cargos y contratos del Estado. Y no son pocos -ni poco notables- sus representantes que han estado implicados en acciones criminales.
Estrategias de sobrevivencia
El conservatismo es un partido en declive que pasó de ser coprotagonista durante un siglo y medio de bipartidismo (hasta el 2002) a ser un actor de segundo orden. Cuatro hechos permiten apreciar este declive:
Su decreciente presencia en el Congreso, donde pasó de ser la segunda fuerza a ser un partido más en un sistema multipartidista. En 1986 tenía el 38,6 por ciento de curules en el Senado (44 curules) y 43 por ciento en la Cámara (82 curules). Tres décadas después, en las elecciones de 2014, obtuvo 18 curules de las 102 en el Senado (el 18 por ciento) y 27 de las 166 en la Cámara (16 por ciento).
En las elecciones de alcaldes de 1988 ganó en 412 municipios, mientras que en 2015 lo hizo en 156, y en la primera elección de gobernadores de 1991 triunfó en siete departamentos, mientras en 2015 solo en uno. En Concejos y Asambleas su papel es minoritario (1.965 de los 11.639 concejales y 58 de los 409 diputados).
La renuncia a tener candidatos presidenciales propios en 2002 y 2006, la división interna en las elecciones de 2010 y 2014 y la escasa renovación de sus dirigencia hacen que no tenga candidatos con opciones reales de ganar las elecciones y no se vislumbran quienes renueven al partido. Las dos posibles candidaturas de hoy son de muy bajo perfil: Marta Lucía Ramírez, quien no logra unir al Partido y carece de la proyección nacional y de fuerza movilizadora, y Alejandro Ordoñez, un conservador ultramontano, criticado por su ejercicio como procurador y más cercano al Centro Democrático que a su propio partido.
El triunfo de Andrés Pastrana en 1998 se logró con el respaldo de un sector del Partido Liberal (del cual hicieron parte Humberto de la Calle, Néstor Humberto Martínez e Ingrid Betancourt). Tras renunciar a candidatos propios en 2002 y 2006, el Partido Conservador (PC) se vio relegado en el 2010 al quinto lugar con Noemí Sanín y a un magro tercer puesto en 2014 con Marta Lucía Ramírez.
Ante el declive el partido ha adoptado dos estrategias de sobrevivencia: actuar como partido-rémora que se adhiere al candidato con mejores opciones, y apostarle a la búsqueda de puestos mediante adhesiones pragmáticas en los niveles nacional, departamental y municipal.
El PC es un partido burocrático-clientelista cuya dirigencia, congresistas y jefes locales buscan pactos que les representen pedazos de poder en términos de contratos, influencia y burocracia. Por esta razón, por su clientelismo y por la laxitud en el manejo de las candidaturas por parte del directorio nacional, el partido se ha visto involucrado en numerosos eventos de corrupción y de nexos con la criminalidad.
Voto a cambio de regalos
Caso de Agro Ingreso Seguros, con ex presidente Uribe y Andrés Felipe Arias. Foto: Histórico Presidencia de la República
El PC fue uno de los grandes beneficiados con la burocracia y los contratos durante los dos gobiernos de Uribe, cuando asumió el papel de supra-patrón clientelista que proveía cargos y favores a cambio de apoyo para sus proyectos en el Congreso y respaldo a sus programas. Después se reveló que la aprobación de la reforma constitucional para reelegir al presidente estuvo mediada por un delito; tres congresistas conservadores dieron el voto decisivo a cambio de prebendas y acabaron en la cárcel:
Yidis Medina, de Santander, se había opuesto inicialmente al proyecto y reconoció que cambió de voto porque el gobierno entre otras gabelas le prometió más inversión en su zona de influencia política (Magdalena Medio). La congresista fue condenada a 47 meses de prisión.[1]
Teodolindo Avendaño, del Valle del Cauca, desapareció del Congreso el día de la votación del proyecto y recibió una notaría a cambio que luego vendió por 450 millones de pesos. También fue condenado por cohecho y enriquecimiento ilícito.[2]
Iván Díaz Mateus, representante a la Cámara reemplazado por Yidis Medina, fue condenado a seis años de cárcel por el delito de concusión, por presionar a un funcionario público, pues contribuyó a presionar a su suplente para cambiar su voto[3].
Dos exministros del gobierno Uribe (Sabas Pretelt y Diego Palacio) y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Alberto Velásquez) fueron condenados también por el cohecho.
Las notarías han sido moneda de cambio en la política colombiana y el PC ha sido uno de los beneficiados.
Las notarías han sido moneda de cambio en la política colombiana y el PC ha sido uno de los beneficiados. En el mismo caso de la reelección ilegal de Uribe se destapó lo que la prensa llamó el “carrusel de las notarías”. El entonces superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello, declaró ante la Corte Suprema que se entregaron 40 notarías a congresistas a cambio del apoyo a la reelección. Señaló que el Ministro del Interior, Sabas Pretelt, y el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, lo citaban a Palacio para notificarle sobre la urgencia de crear una nueva notaría que llegaba siempre con nombre predeterminado cercano a algún parlamentario. Cuello fue condenado a ocho años por concusión, abuso de poder y prevaricato.
En este caso se vieron involucrados 34 congresistas pero solo han sido condenado dos, ambos conservadores: Alirio Villamizar Afanador (exrepresentante, 2002-2006 y senador 2006-2010) por delito de concusión, y Teodolindo Avendaño, quien recibió –y vendió- una notaría.
Entre los congresistas conservadores mencionados en la investigación también estaban los senadores Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Roberto Gerlein y el representante a la Cámara Santiago Castro.
Parapolíticos y narcofamilias
También fueron muchos los congresistas conservadores involucrados en casos de vínculos con grupos paramilitares: como se observa en la Tabla 1, trece congresistas de este partido han sido condenados por concierto para delinquir.
Además de estas condenas, este partido avala candidatos sin preocuparse por las calidades de quienes reciben su respaldo, siempre y cuando le aporten votos en un mercado electoral cada vez más competido. Por ejemplo:
El conservatismo ha servido para que una familia se apodere del manejo del municipio de Bello, Antioquia. Su congresista Óscar Suárez Mira fue condenado por parapolítica y es prófugo de la justicia que lo investiga por nexos con el narcotráfico; no obstante en 2010 el partido avaló la candidatura al Senado de su hermana Olga Suárez Mira, quien fue reelegida en 2014 (ya había sido concejal y alcaldesa en el período 2004-2007) y avaló también en 2015 a su hermano César Suárez Mira elegido, actual alcalde.
El PC avaló los candidatos procedentes de la familia Benito-Revollo en Sucre. Su congresista Muriel de Jesús Benito-Rebollo fue condenada a tres años de cárcel; su hermano Edgar fue concejal y diputado departamental y alcalde de San Onofre (2008-2011) y su esposa fue elegida diputada por el mismo partido en 2015. Otros tres hermanos de la familia fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
Dos bonitos ejemplos del partido del orden, de la tradición, católico y defensor de las buenas costumbres.
Tabla 1. Congresistas conservadores condenados por sus nexos con grupos paramilitares
Político
Cargo
Situación legal
Ciro Ramírez Pinzón (Boyacá)
Exdiputado, exconcejal, exrepresentante a la Cámara (1986-1990) y exsenador (1994-2010), expresidente del partido.
Condenado en 2011 a siete y medio años de prisión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Alfonso Campo Escobar (Magdalena)
Exrepresentante a la Cámara (1998-2010).
Condenado a 6 años de prisión en 2007 por la CSJ.
Gonzalo García Angarita (Tolima)
Exalcalde del Valle del San Juan (2001-2003); exrepresentante a la Cámara (2006-2010).
Sentenciado a 90 meses de cárcel por concierto para delinquir agravado.
Óscar Suárez Mira (Antioquia)
Exalcalde de Bello (1995-1997), exrepresentante a la Cámara (2002-2006) y exsenador (2006-2010).
Sentenciado a ocho años de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares. Investigado por nexos con el narcotráfico.
Muriel Benito-Revollo (Sucre)
Exrepresentante a la Cámara (2002-2006).
Condenada en 2008 a tres años de cárcel por concierto para delinquir agravado.
Álvaro Morón Cuello (Cesar)
Exrepresentante a la Cámara (2006-2010).
Condenado en 2010 a ocho años de prisión por concierto para delinquir.
Antonio Valencia Duque (Antioquia)
Se pasó a Equipo Colombia tras una larga carrera burocrática. Exrepresentante a la Cámara (2002-2006) y exsenador (2006-2010).
Condenado en 2010 a 45 meses de cárcel por sus nexos con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC
William Montes Medina (Bolívar)
Exsenador (2002-2010)
Condenado en 2012 a 90 meses de cárcel por concierto para delinquir.
Julio Manzur Abdala (Córdoba).
Exdiputado (1980-1982), exsenador (1982-2009).
Investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares.
Luís Fernando Almario (Caquetá)
Exdiputado y exrepresentante a la Cámara.
La CSJ lo condenó en 2016 a 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 7.500 millones por concierto para promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al sufragante.
Jorge Luís Caballero (Magdalena).
Exdiputado (1990-1992), exconcejal, exgobernador (1995-1997). Después pasó a Colombia Viva en el 2002 (elegido representante hasta el 2010).
Condenado en 2008 a 39 meses por concierto para delinquir agravado y constreñimiento al electorado.
José María Imbett (Bolívar)
Exrepresentante a la Cámara (2002-2006).
Condenado en 2012 a siete años y medio por concierto para delinquir.
Javier Ramiro Devia (Tolima)
Exdiputado (1994-1997) y también ex representante a la Cámara (2002-2010)
Condenado en 2011 a 8 años y medio por concierto para delinquir.
Fuente. Elaboración del autor sobre la base de: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 26.948, marzo 10 de 2011, caso Ciro Ramírez Pinzón; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 26.470, febrero 15 de 2007, caso Álvaro Araujo Castro y otros, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.941, diciembre 4 de 2009, caso Gonzalo García Angarita; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.267, julio 24 de 2013, caso Óscar Suárez Mira; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 30.126, diciembre 14 de 2010, caso Ramón Antonio Valencia Duque.; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 33.054, enero 19 de 2011, caso William Montes Medina; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, diciembre 7 de 2011, caso Javier Ramiro Devia Arias, Acta 214, agosto 1 de 2008; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de 36.046, marzo 16 de 2016, caso Luís Fernando Almario; Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 27.530, junio 28 de 2012, caso Jorge Luis Caballero; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.408, enero 18 de 2012, caso Óscar Josué Reyes; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia; Auto Interlocutorio No 39.144 de 3 de Abril de 2013, Caso Álvaro Morón Cuello.
El heredero
Alejandro Ordóñez, miembro del partido Conservador y exprocurador anulado. Foto: Procuraduría General de la Nación
El PC tuvo el manejo del Ministerio de Agricultura durante varios gobiernos. En virtud de este reparto que los políticos llaman “representación política” fue nombrado Andrés Felipe Arias (2005-2009). Este ministro ejecutó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que originalmente consistía en dar subsidios a los campesinos y productores agrícolas para que pudieran afrontar la internacionalización de la economía.
La voracidad burocrática y la búsqueda de rentas del conservatismo lo llevaron incluso a beneficiase de los recursos expropiados a las mafias.
En octubre de 2008 la revista Cambio divulgó una serie de irregularidades que dieron origen al escándalo y a los debates en el Congreso[4]: se descubrió que este programa había dado subsidios a familias dueñas de grandes empresas y extensas propiedades; a familiares de políticos, incluso a narcotraficantes y a una reina de belleza. Por este escándalo los partidos de oposición a Uribe –liberalismo y Polo Democrático- promovieron una moción de censura contra Arias, pero otra vez se impusieron las mayorías de la coalición de gobierno.
Posteriormente, el ministro Arias fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 16 años por parte de la Procuraduría General. En julio de 2011 fue detenido y condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión[5]. Quien aspiraba a ser el clon de Uribe (a quien los medios llamaron “Uribito”) y su remplazo en la Presidencia, acabó prófugo y pidiendo asilo en Estados Unidos con el apoyo vehemente de Álvaro Uribe. Como es habitual en el círculo del ex presidente, Arias se declaró perseguido político.
Los bienes de la mafia
La voracidad burocrática y la búsqueda de rentas del conservatismo lo llevaron incluso a beneficiase de los recursos expropiados a las mafias.
Desde el 2006 el presidente Uribe asignó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al PC, y bajo la gestión de Carlos Albornoz se comenzó la feria de repartos de lujosas propiedades, moteles, hoteles y demás bienes incautados. Varios medios han descrito cómo los políticos conservadores corrompieron esta institución y fueron parte de irregularidades que incluyeron los sobornos para quedarse con la administración de activos; la repartición a personas cercanas a Carlos Albornoz (imputado por la Fiscalía[6]) y a su sucesor, Omar Figueroa (quien es testigo en el caso por acuerdo con la Fiscalía[7]); o el pago de favores a personas recomendadas o que servían de testaferros a congresistas. Por estos manejos son investigados 13 congresistas, entre los cuales están los conservadores Hernán Andrade, Myriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Óscar Fernando Bravo, Ómar Yepes Alzate y Héctor Ospina.
La DNE fue liquidada en 2011 y reemplazada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero la herenciaque dejaron los recomendados por el PC es como sigue:
Decenas de miles de propiedades y bienes que no se sabe en dónde están,
Deterioro de un gran número de bienes –algunos están en ruinas-;
6.000 bienes inmuebles están invadidos de forma ilegal;
No se sabe bien cuál es el total de bienes y en manos de quienes están.
Este fue un caso paradigmático de mala gestión, clientelización, corrupción y criminalidad. Los bienes de la mafia en manos de los políticos, sus familias y allegados.
Otras dos perlas azules
El exministro del PC, Fernando Londoño Hoyos, fue protagonista del sonado caso de Invercolsa. En 1997 adquirió de forma ilegal el 20 por ciento de las acciones de esta empresa de gas que remató Ecopetrol, pero no podía comprar las acciones porque estaban reservadas para quienes hubieran sido trabajadores de esta y Londoño había trabajado cinco años bajo la figura de honorarios. En 2007 la justicia determinó que debía devolver las 145 millones de acciones más los dividendos que había recibido de forma ilegal.
Tiempo después la Procuraduría General destituyó a Londoño por realizar gestiones a favor del consorcio italiano Recchi, del cual había sido apoderado y por valerse de sus poderes como ministro del Interior y de Justicia. La Procuraduría consideró que el exministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad. Londoño fue apoderado judicial del consorcio que contrató en 1994 con el Estado la construcción de un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. Después se presentó un conflicto en el contrato y el entonces ministro sugirió conformar un Tribunal de Arbitramento que falló en contra del Estado colombiano por cerca de 14.000 millones de pesos [8].
Otro caso es el de Alejandro Ordoñez, procurador general entre 2009 y 2016. El Consejo de Estadodeterminó que la Corte Suprema de Justicia no podía ternarlo ante el Senado porque Ordoñez había nombrado en altos cargos de la Procuraduría a familiares cercanos de los magistrados que lo postularon.
Marchando con los suyos
Recientemente Álvaro Uribe y el Centro Democrático convocaron a una marcha contra la corrupción. Entre quienes se unieron estaban algunos de los personajes antes mencionados –como Fernando Londoño y Alejandro Ordoñez-. La marcha también recibió el respaldo del expresidente conservador Andrés Pastrana.
El apoyo de Pastrana llama mucho la atención pues el exmandatario fue un crítico radical de la corrupción en su partido y del gobierno de Uribe. Tanto así que en su momento declaró que: “entre una punta y otra (directores de estupefacientes y congresistas) se encuentra el fantasma de la reelección presidencial de 2006, porque esas prebendas tenían un solo propósito: conquistar los votos de los parlamentarios que aseguraban así su supervivencia. Ahora es la supervivencia del propio partido la que está en juego”.
A diferencia del expresidente, las directivas del PC criticaron la marcha y no se sumaron oficialmente a ella, que fue considerada como una protesta en contra del gobierno Santos, de cuya coalición hace parte el conservatismo. Este partido sigue pensando en la supervivencia y esto lo lleva por los mismos caminos que ha recorrido en las últimas décadas de beneficios para sus dirigentes y sus políticos locales, sin muchos miramientos éticos. Un curso de acción que resulta difícil de revertir.
* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Acta No 173, junio 26 de 2008
[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia No 29. 29.705, junio 3 de 2009.
[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia No. 29.769, junio 3 de 2009.
[4] “Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza”. Recuperado de: http://www.cambio.com.co/paiscambio/847/ y "La Gran Estafa". 2 de noviembre de 2008. Recuperado de: http://www.cambio.com.co/paiscambio/707/3398366-pag-3_4.html
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP9225-2014 Radicación n° 37462, julio 16 de 2014.
[6] Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No. 30.11, abril 18 de 2013.
[7] Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No8.891, enero 23 de 2015
[8] Procuraduría General de la nación, Boletín No 381, noviembre 16 de 2004 “Destituido e inhabilitado por 15 años exministro Fernando Londoño por abuso de autoridad y conflicto de intereses”.
El Chocó: clanes familiares, paramilitarismo y corrupción desaforada
Es el departamento más pobre de Colombia, es uno de los que más han sufrido la violencia, y es además la víctima de la extrema corrupción de unas pocas familias que ocupan todos los cargos y cuyos vínculos con el paramilitarismo son irrefutables.
Los clanes, el bipartidismo y la política
El departamento de Chocó fue creado en 1947.
Desde entonces ha sido gobernado por clanes que han combinado el clientelismo tradicional con el mafioso, el nepotismo con el patrimonialismo, y la malversación con la corrupción en el manejo de los recursos públicos. Estas prácticas han sido reproducidas por algunos líderes emergentes.
Entre los políticos dominantes se repiten ciertos apellidos- Córdoba, Palacios, Maya y Lozano- a quienes se sumaron desde hace unos veinte años los Sánchez Montes de Oca y los Torres. Estas familias han ocupado escaños en el Congreso y en la Asamblea, la gobernación y la alcaldía de Quibdó. En alcaldías y Concejos de otros 28 municipios están sus protegidos, allegados y “peones”; hacen alianzas temporales y se disputan los privilegios del poder local mientras el departamento sigue siendo el más pobre del país.
El liberalismo fue hegemónico durante medio siglo. Hasta 1964 el cacique local fue Diego Luis Córdoba; tras su muerte dos dirigentes se disputarían el poder: Daniel Palacios Martínez (Senado 1966, 1974/78, 1990; y representante a la Cámara 1970/74, 1982/86, 1986/90) y Antonio Maya Copete (diputado 1970/72, 1972/74 y representante a la Cámara 1974/78, Senado 1982/86, 1986/90).
Desde el Frente Nacional surgió el Movimiento Liberal Popular creado por Ramón Lozano Garcés y Rafael Sánchez Hinestroza -de otros dos clanes-. Lozano fue concejal, diputado, alcalde de Quibdó y contralor del Chocó; Sánchez fue representante a la Cámara 1960/62, senador en 1970/74, 1974/78, con suplencia de Jorge Tadeo Lozano Osorio, hijo de Ramón Lozano Garcés, elegido en 1978 al Senado y reelegido hasta 1991 (en 1996 fue condenado por el proceso 8000).
En los noventa, los exdiputados Rafael Sánchez Hinestroza y su esposa Luz Marina Montes de Oca fundaron el clan Sánchez Montes de Oca. Su hijo Odín Sánchez hizo parte del concejo de Quibdó en 1992, fue diputado y representante a la Cámara (1998-2002, 2006/10); su hermano Patrocinio fue alcalde de Quibdó (2001/03) y gobernador del departamento (2008/10); la hermana, Astrid, fue senadora en reemplazo de Eduardo Merlano (2012/14). La familia Torres ingresó a la política con el Movimiento de Integración regional, dirigido por Edgar Eulíses Torres, elegido al Concejo en Itsmina y a la Cámara de representantes cuatro períodos (1994-2010).
En 2002 se mantenían estos clanes en el poder aun dentro del Partido Liberal (PL): los representantes a la cámara eran Darío Córdoba Rincón (de los Córdoba) y Edgar Eulíses Torres. En el 2000 la alcaldía de Quibdó la ganó Patrocino Sánchez Montes de Oca, mientras Odín era representante a la Cámara; la gobernación estaba en manos de William Halaby Córdoba.
Multipartidismo y política tradicional
Malecón en el Quibdó. Foto: Alcaldía de Quibdó - Chocó
Tras la reforma del 2003 el sistema transitó hacia el multipartidismo por desagregación de nuevos movimientos, sin embargo, continuaron los mismos clanes políticos. En 2006 se desagregó el PL, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca fue elegido a la Cámara por el Partido de la U; mientras Edgar Eulíses Torres pasó a Cambio Radical y fue reelegido.
Por primera vez el PL quedó fuera del Congreso. En 2007 ganó la gobernación Patrocinio Sánchez Montes de Oca por el Partido de la U (tras la destitución fue reemplazado por Malcom Alí Córdoba) y la alcaldía de Quibdó la ganó alguien de su facción: Francis Ceballos del Partido de la U.
Con los procesos por parapolítica y el surgimiento de nuevos liderazgos locales, se renovó parcialmente la dirigencia chocoana. En 2010 el PL obtuvo un escaño en la Cámara con Carlos Alberto Escobar y el Partido de la U con José Bernardo Flórez. En 2014 el PL mantuvo una curul con Nilton Córdoba Manyoma y el Partido de la U reeligió a José Bernardo Flórez. No entraron el hijo de Edgar Eulises Torres (Partido Conservador) y Melania Valois Lozano (Partido de la U).
Estas elecciones presentaron numerosas anomalías y fueron demandadas ante el Consejo Nacional Electoral por suplantación de jurados, personas fallecidas que aparecieron votando, tarjetones sobrantes introducidos en las urnas, transporte de los votos sin custodia policial y conteos cuestionados.
En 2015 ganó la gobernación el candidato apoyado por Sánchez Montes de Oca: Carlos Alberto Palacios (con el aval del PL y respaldado por el Partido de la U), quien enfrentó al candidato de Edgar Eulises Torres: Aman Alirio Asprilla (con el aval de Cambio Radical y respaldo conservador). Terciaba la ex alta consejera para la mujer y ex negociadora de paz en La Habana Nigeria Rentería, por Alianza Social Independiente (ASI). Para esta última no hubo lugar.
Parapolítica
El Chocó no fue ajeno al fenómeno paramilitar. Era escenario de las acciones de las FARC y del ELN, quienes tomaban carreteras y poblados, y chantajeaban comerciantes y mineros. La respuesta a la guerrilla vino por parte de los paramilitares que crearon el Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de “El Alemán” en septiembre de 1997. Los narcotraficantes de la zona financiaron a los paramilitares para que los defendieran de las acciones guerrilleras y ayudaran a conservar las rutas de exportación de la cocaína. [1]
Dirigentes políticos se aliaron con estas organizaciones y pactaron la distribución del poder en el departamento entre 1990 y 2007 (dos elecciones a Congreso y dos elecciones regionales). De estos hechos quedaron testimonios en el juicio de los excongresistas Edgar Eulíses Torres y Odín Sánchez Montes de Oca.
El ex paramilitar Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”, declaró que llegó al departamento en 1996 gracias a los hermanos Castaño. Los paramilitares primero arribaron al municipio de Acandí y se expandieron combatiendo al Frente 57 de las FARC. Tuvieron la colaboración del ejército, la policía y algunas autoridades civiles; y establecieron relaciones con los Lozanistas, Cordobistas y Sánchez Montes de Oca. Desde 1998 incursionaron en Quibdó, Andagoya, Istmina y Condoto, y se reunían con los alcaldes; llegaban en avionetas privadas al aeropuerto de Quibdó. [2]
La Corte señala que ambos congresistas habían hecho parte del proyecto “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”, conocido en Chocó como “Proyecto Político del Darién Colombiano” (Riosucio, Ungía y Acandí). Se realizó una gira con los dirigentes políticos para determinar qué grado de aceptación tenían los candidatos, escoger el movimiento o partido político en cuya lista serían incluidos, y seleccionar el candidato a la Gobernación.
El acuerdo, llamado “Pacto de Singapur”, se describe de esta forma: “El acuerdo fue éste: nosotros apoyamos al profesor Ibargüen y la próxima administración a la Gobernación va Patrocinio Sánchez y esta vez lo vamos a acompañar a la Alcaldía, Patrocinio fue a la Alcaldía, Odín a la cámara, Édgar a la Cámara y el profesor a la Gobernación y a la próxima, iría Patrocinio a la Gobernación. [4]
Por vínculos con paramilitares fueron procesados: Odín Sánchez Montes de Oca y Edgar Eulises Tórres, condenados en 2011 a nueve años de cárcel por concierto para delinquir; Torres recibió otra condena de cinco años en 2013 por tráfico de influencias en contratos multimillonarios entre la Gobernación y la empresa Chocó Pacífico para la distribución de licores, cuyo accionista era el narcotraficante Olmes Durán Ibargüen.[4]
El exrepresentante Carlos Alberto Escobar Córdoba fue condenado a seis años de cárcel por recibir apoyo logístico y financiero en su candidatura a gobernador en el 2003. [5] Patrocinio Montes de Oca sería condenado por peculado en 2010, pero nunca lo condenaron por los presuntos nexos con paramilitares.
En 2015 fue condenado a siete años y medio de prisión el exgobernador Julio Ibargüen (2004/07) por el delito de concierto para delinquir al promover grupos armados al margen de la ley. Se trata del “profesor” mencionado en el “Pacto de Singapur”. El gobernador asignó cuotas burocráticas a quienes lo habían apoyado y a sus socios armados ilegales.
En la sanción por nombramientos que hizo la Procuraduría, quedó demostrado que Ibargüen nombró dos funcionarios violando la normatividad. Asimismo, el “Proyecto Manizales” –una alianza para enfrentar las amenazas a periodistas– revisó las cuentas de campaña y encontró que la mayoría de los aportes vinieron de personas de su gabinete, parientes o contratistas investigados [6]. Fue una gobernación distribuida entre socios políticos y co-administrada por paramilitares.
Política y narcotráfico
Ex Congresista Odín Sánchez. Foto: Canal Capital
En Chocó las alianzas entre política y narcotráfico han tenido tres episodios centrales: la relación de grupos paramilitares con el narcotráfico, el proceso 8.000 y los vínculos de varios políticos con el foco mafioso de Olmes Durán Ibargüen, chocoano nacido en 1968 y extraditado en el 2007 a Estados Unidos.
Jorge Tadeo Lozano Osorio, heredó la red clientelar y el poder económico y político de su padre, fue concejal municipal primero, diputado y congresista entre 1982 y 1995, representante a la Cámara y senador de la República. Se convirtió en el cacique político más poderoso a través del clientelismo, el nepotismo y el patrimonialismo. Condenado a 12 años de prisión por ser responsable del manejo ilegal de auxilios parlamentarios entre 1985 y 1992. Con dineros del Estado organizó fundaciones donde los presidentes seguían sus órdenes, construyó edificios y compró una emisora cuyos cargos importantes ocupaban sus familiares.
Posteriormente la Corte lo condenó por el delito de enriquecimiento ilícito; Miguel Rodríguez Orejuela le entregó millones a través de terceros en la cuenta "Comercializadora de Carnes del Pacífico Limitada", donde participó el congresista Jaime Lara Arjona (quien fue testigo en su contra). El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá en fallo de 28 de noviembre de 2000 lo absolvió y la Fiscalía apeló el fallo, no obstante, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y lo condenó en el 2002 a 7 años de prisión. [7]
En las investigaciones salió a la luz pública en 2007 el nombre de “el gobernador en la sombra”, Olmes Durán Ibargüen, el principal narcotraficante de la región del Pacífico de Colombia, extraditado a Estados Unidos en el 2007.
La prensa detalló la influencia de este narcotraficante en la administración pública del departamento y sus relaciones con el gobernador Julio Ibargüen Mosquera. Olmes Durán fue capturado en Bogotá en junio de 2007; en el allanamiento encontraron varios contratos relacionados con Dasalud, entidad que maneja la salud en el Chocó y que había sido intervenida por el Gobierno dadas múltiples irregularidades.
En su casa en Cali encontraron un listado de 14 contratos firmados en 2006 con Dasalud por 5.000 millones de pesos, y registros de las comisiones. Descubrieron numerosas grabaciones de llamadas telefónicas que revelan las relaciones ente Durán y “el Profe”, los dineros que le entregaban, los pagos al secretario de hacienda del departamento y el manejo de Caprecom; también hay referencias a Odín Sánchez Montes de Oca y Eulíses Torres. Existen discusiones en torno a las elecciones de 2007, las órdenes para cambiar funcionarios en el departamento, y registros de las cifras del negocio de los licores y de los contratos con Dasalud. [8]
Durán estuvo también relacionado con Juan Carlos Martínez Sinisterra, exdiputado del Valle del Cauca y exsenador (2002/06, 2006/10), condenado por vínculos con grupos ilegales en las elecciones de 2002. Sin embargo, Durán negó tener vínculos con el exgobernador Ibargüen (su primo) y el exsenador Martínez (su amigo de infancia), aceptó haber financiado campañas a la alcaldía de Pizarro o Bajo Baudó y de su primo Julio Cesar Moreno, concejal del mismo municipio en varios períodos (avalado en 2003 por el Movimiento Popular Unido creado por el exsenador Carlos Herney Abadía, condenado por el Proceso 8.000, y del cual era integrante Martínez). [9]
En el proceso contra Juan Carlos Martínez se comprobó que Olmes Durán apoyó su campaña del 2002; y respaldó la campaña a la Cámara de Cristóbal Rufino Córdoba, del Movimiento Social del Chocó, (ocupó la curul como reemplazo temporal de Darío Córdoba Rincón y reemplazó temporalmente en el Senado en 2008/10 a Miguel Alfonso de la Espriella, de Colombia Democrática, condenado por parapolítica). Aunque había obtenido 3.750 votos ocupó una curul en el Senado porque los seis que le antecedían fueron condenados por parapolítica. Martínez es investigado por corrupción en el manejo de los bienes de la mafia en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
“Estirpes de defraudadores”
José E Mosquera llamó a la clase política del Chocó “estirpes de defraudadores”. [10] Esta denominación da cuenta del alto número de integrantes de los clanes y de nuevos políticos que han gobernado, han sido vinculados a procesos penales, destituidos o sancionados y, condenados por corrupción.
Estas castas tienen su propia territorialidad, un espacio de privilegio en Quibdó. Al sector del Jardín los pobladores le dicen el Barrio del Estado, allí viven exfuncionarios, políticos y funcionarios de alto rango en casas privilegiadas. Es una isla en un mundo de pobreza, ausencia de servicios públicos, vías en malas condiciones y marginalidad. Nido de muchos defraudadores.
Los clanes se mantienen en el poder recurriendo a modos de obrar ilegales y corruptos. Es común encontrar sus integrantes y asociados en cargos importantes del Estado e institutos descentralizados. Las alianzas electorales para gobernación y alcaldía son coaliciones por reparto, con participación de los socios ganadores; cuando no gobiernan u ocupan directamente dichos cargos lo hacen a través de intermediarios.
[1] Verdadabierta.com, “¿Cómo van investigaciones de parapolítica en Chocó? Pregunta magistratura”, marzo 4 de 2013.
[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 31653, julio 27 de 2011, p.4-
[3] Idem, p.3.
[4] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP4760-2016 Radicación N° 2814 1 Aprobado acta N° 22 4, julio 27 de 2016.
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP218-2016, Radicación 46335 (Aprobado en acta No. 16), enero 21 de 2016.
[6] El País, julio 1 de 2007 “El otro gobernador del Chocó”, p. A14.
[7] Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso No. 8041 febrero 21 de 2002; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 22.905, agosto 9 de 2006, caso Jorge Tadeo Lozano Osorio; Chocó 7 días, enero 20 2011 “Estoy en el Chocó por rebelde y por servir a los más pobres”.
[8] Véase: Ideas para la Paz, “El gobernador y el narco”, julio 2 de 2007. El Tiempo, junio 30 de 2007 “Este es Olmes Durán Ibarguen, alias ‘El Doctor’ o el otro gobernador del Chocó”; El País, julio 1 de 2007 “El otro gobernador del Chocó”, p. A14.
[9] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia-Única Instancia 30.097, junio 8 de 2011, caso Juan Carlos Martínez Sinisterra.
[10] Mosquera, José E, “Los clanes de defraudadores”, El Mundo, febrero 22 de 2007.
El Valle del Cauca: narcotráfico, crimen y corrupción
Desde la financiación ilícita de políticos aliados con la mafia en la década de 1980 hasta las investigaciones contra su actual gobernadora, este departamento ha sido marcado por la corrupción y la influencia del crimen en la política.
La política como corrupción
En el Valle del Cauca – como en el resto del país- la mayoría de los jefes políticos gestionan sus propias microempresas electorales.
Las etiquetas partidistas sirven de paraguas para las aspiraciones de dirigentes que actúan por su propia cuenta, hacen alianzas, se financian y manejan sus campañas con total independencia. Las reglas de juego electoral han favorecido el personalismo, tanto durante el período 1991-2002 --cuando rigió el sistema de múltiples listas, sin umbral, con doble militancia y sin controles en la financiación--, como tras las reformas políticas a partir de 2003 --con voto preferente, umbral electoral, prohibición de la doble militancia y algunos controles formales sobre la financiación--.
La actuación tardía e ineficiente de las agencias de control estatal (Procuraduría y Contraloría) y de la justicia ayuda a la corrupción y a la persistencia de nexos entre políticos y criminales. Aunque haya muchos políticos sancionados, condenados o encarcelados, subsiste un margen de impunidad que estimula la comisión de delitos. Falta además el esfuerzo preventivo por parte de aquellos entes de control sobre las elecciones y las actuaciones de los gobernantes.
Esa falta de control por parte de los directorios nacionales y de los organismos especializados ha permitido que muchos dirigentes locales asuman la política como una forma de enriquecimiento y de ascenso personal. Para esto se han asociado con funcionarios, con redes de contratistas, e incluso con las mafias para enturbiar los procesos electorales y apropiarse de recursos públicos.
Entre finales de la década de 1980 y 1994, gran parte de las campañas fueron financiadas por el cartel.
Por eso han sido tan numerosos los casos de ilegalidad, que van desde el proceso 8.000 hasta decenas de alcaldes involucrados en casos de corrupción, pasando por la Yidispolítica y la corrupción electoral. Así lo muestra la Tabla siguiente:
Panorama de políticos del Valle del Cauca involucrados en delitos y corrupción
El cartel y los políticos
La trama del proceso 8.000 se gestó y se concretó en Cali, y el mayor número de condenados por nexos entre políticos y narcotráfico provenía del Valle del Cauca.
Fueron sentenciados cuatro senadores (Gustavo Espinosa, Carlos Herney Abadía, Armando Holguín y José Félix Turbay), un exgobernador, exalcalde y exrepresentante a la Cámara (Mauricio Guzmán) y un exconcejal (Armando Mosquera) del Partido Liberal. Igualmente fueron condenados un exsenador conservador (Hugo Castro Borja) y el exgobernador y exalcalde Gustavo Álvarez Gardeazabal.
La relación entre políticos y narcotráfico en el Valle se dio de un modo casi natural. El cartel de Cali convivió con la sociedad y con las autoridades nacionales y locales que se hicieron los de la vista gorda mientras se daba el enfrentamiento entre el Estado y el cartel de Medellín en la década de 1980. Los dineros de los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios financiaron desde el equipo de futbol América, hasta la Policía y las autoridades locales, pasando por periodistas y emisoras, cadenas de droguerías y otras empresas.
Los políticos no fueron la excepción, y por un conocido hotel de la ciudad desfilaban congresistas y aspirantes a serlo que buscaban financiar sus campañas- encarecidas por la circunscripción nacional para el Senado y por la intensificación de la competencia en el departamento-. Como actuaban de manera individual, resultaba “normal” que cada candidato se acercara a los principales ricos de la ciudad, también interesados en tener amigos en el Congreso y en el poder local.
Entre finales de la década de 1980 y 1994, gran parte de las campañas en el Valle del Cauca fueron financiadas por el cartel. El clientelismo tradicional seguía vigente, solo que ahora había más candidatos y menos recursos por las restricciones que introdujo la Constitución del 91. Los electorados tradicionales no eran suficientes para garantizar la elección, y por eso se le sumó el clientelismo mafioso. A los recursos del Estado se añadieron los del narcotráfico con el fin de ganar las elecciones.
Con el proceso 8.000 acabaron en la cárcel decenas de políticos, pero otros muchos se quedaron en la sombra. Solo quienes recibieron cheques o quedaron registrados en los documentos del cartel pasaron unos años detenidos bajo condiciones privilegiadas.
Teodolindo Avendaño y la Yidispolítica
Partido Integración Nacional.
Foto: Wikimedia Commons
Como quedó reseñado en un artículo anterior de Razón publica, durante los ocho años del gobierno Uribe el conservatismo fue uno de los grandes beneficiados con la burocracia y con los contratos.
Una vez aprobado en el Senado, el proyecto de reelección del presidente debía contar con el visto bueno de la Comisión Primera de la Cámara. La comisión lo aprobó por 18 a favor y 16 en contra, con un voto ausente. Después se reveló que dos representantes conservadores definieron la suerte del proyecto a cambio de prebendas y acabaron en la cárcel: Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, este último del Valle del Cauca, quien desapareció del Congreso en la fecha de la votación a cambio de una notaría que vendió por 450 millones de pesos.
En el Valle del Cauca se han presentado casos sucesivos de “urnas contaminadas” por parte de políticos importantes.
Teodolindo Avendaño había hecho su carrera política en Caicedonia, había sido diputado y había tenido dos “palomas” en el Congreso como suplente del también conservador Rodrigo Arcila, en la práctica habitual del “carrusel” entre socios políticos que suman votos para obtener una curul. Este nuevo período le sirvió para ajustar su pensión, aunque fue condenado a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y cohecho. Después, en 2013, el Consejo de Estado consideró ilegal su pensión como congresista y la redujo a menos de la mitad [1].
Corrupción electoral
En el Valle del Cauca se han presentado casos sucesivos de “urnas contaminadas” por parte de políticos importantes:
En 1992 el Consejo de Estado anuló la elección de todos los concejales de Cali y ordenó un nuevo conteo de los votos en las elecciones de 1990. El Consejo determinó que se habían dado muchas irregularidades, que las cifras anotadas en los formularios no coincidían, y que 2.821 votos inexistentes habían sido consignados en favor de uno de los concejales [2].
En 1998 dos candidatos a la Cámara denunciaron irregularidades en seis registradurías auxiliares de Cali y describieron en detalle la forma como se habría formado una red de corrupción electoral. La Registraduría reconoció el fraude e informó de varias destituciones en esa entidad y en firmas de contratistas, y se iniciaron procesos en la Fiscalía y en la Procuraduría [3].
En las elecciones para el Senado en 2010 hubo muchas denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero este se limitó a revisar el 10,5 por ciento de las cerca de 76.000 mesas que funcionaron ese día. La revisión produjo 38.871 modificaciones a los resultados iniciales en 23 de los 32 departamentos y en 267 municipios.
Uno de los casos en duda involucró al senador del Valle Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. El candidato del mismo partido Rodrigo Lara -que perdió por 13 votos frente a Motoa- impugnó los resultados ante el Consejo de Estado. En el reporte inicial de la Registraduría Lara llevaba 400 votos de ventaja, pero luego apareció perdiendo por 30 votos y la diferencia final fue de 13 votos. La indagación reveló que la diferencia se concretó en la mesa 7 del puesto 1 de la zona 2, del municipio de Carmen de Bolívar, que fue la única mesa de ese municipio donde le aparecieron votos a Motoa. Lara argumentó que Motoa no había visitado Carmen de Bolívar, y este se defendió señalando que su jefe de prensa era de la región y que él le había conseguido los votos. Rodrigo Lara ha denunciado este caso como un fraude en su propio partido con complicidad de la Registraduría local. La revisión final nunca se llevó a cabo [4].
También en las elecciones de 2010 el presidente del CNE denunció que en Cali se detectaron irregularidades en más de 1.500 mesas y que los votos emitidos habían sido superiores en un 36 por ciento a los depositados en el 2006. Los escrutinios para la Cámara debieron aplazarse porque en Buenaventura, Cali y Yotoco estaba pendiente la anulación de mesas por irregularidades y se detectó que la votación aumentó en 350.000 sufragios respecto de 2006, lo cual significaba que todas las cédulas expedidas en los cuatro años efectivamente fueron usadas para votar, algo inusual.
El Partido de Integración Nacional (PIN) – varios de cuyos dirigentes tenían relaciones con el paramilitarismo- obtuvo el mayor número de curules en este departamento (tres representantes a la Cámara y tres senadores), un hecho que despertó muchas dudas porque se trataba de políticos con poca trayectoria.[5]
El candidato a la Alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero –exalcalde, exconcejal y parte de los altos círculos sociales del departamento– se presentó a través de firmas y denunció que en la Registraduría le estaban pidiendo dinero para avalárselas. Guerrero informó a la Presidencia de la República, quien hizo pública la denuncia y ayudó a que la Registraduría revisara el proceso y validara las firmas. Guerrero pudo ser candidato y ganó las elecciones. Así quedó la imagen de un candidato que hacía parte de la elite caleña que acudía al Presidente para que hiciera viable su candidatura, es decir, lo que empezó como una denuncia acabó en una inusual intermediación presidencial.
En 2012 hubo elecciones atípicas por la destitución del gobernador Héctor Fabio Useche, quien se había inscrito, aunque estaba inhabilitado por el delito de detrimento patrimonial del departamento cuando fue secretario de salud. Hubo otro escándalo por fraude. Se descubrió que varios funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional habían montado una sofisticada registraduría paralela para alterar los resultados a favor del candidato del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO). [6]
Gobernadores con problemas legales
Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca. Foto: Procuraduría General de la Nación
En el Valle del Cauca se han elegido nueve gobernadores por voto popular y hubo dos más designados como encargados para terminar periodos de los destituidos. Entre estos, tres fueron vinculados a procesos legales.
La elección de gobernadores en el departamento se puede dividir en dos momentos:
En el primero, que llegó hasta 2007, fueron elegidos gobernadores que tenían una proyección nacional, prestigio en sus respectivos partidos y una carrera política previa: (1) Carlos Holguín Sardi, 1992-1994 (exrepresentante a la Cámara y exsenador, exalcalde de Cali, exministro de Educación y figura nacional del Partido Conservador), (2) Germán Villegas, dos veces gobernador, 1995-1997 y 2001-2003, excongresista y exalcalde de Cali; (3) Gustavo Álvarez Gardeazabal, escritor reconocido, exconcejal de Cali, exdiputado y dos veces alcalde de Tuluá, y (4) Angelino Garzón, dirigente de izquierda, sindicalista, exconstituyente y exministro de Trabajo.
Luego viene un período de inestabilidad, con dirigentes de nueva generación, sin mucha trayectoria y aliados con políticos cuestionados: (1) Juan Carlos Abadía, exdiputado e hijo del excongresista Herney Abadía (condenado en el Proceso 8000); (2) Héctor Fabio Useche, exalcalde de Bugalagrande y exsecretario departamental de salud (ambos fueron destituidos); (3) Ubeimar Delgado, exconcejal de Cali, exrepresentante a la Cámara y exsenador del Partido Conservador, elegido para completar el período del gobernador destituido; y (4) Dilian Francisca Toro, exalcaldesa y exsenadora. Hubo también dos gobernadores designados como encargados para terminar los respectivos períodos inconclusos: Juan Fernando Bonilla Otoya y Francisco Lourido, ambos personajes reconocidos en el mundo empresarial.
Son varios los gobernadores que han tenido problemas legales:
Gustavo Álvarez Gardeazabal fue vinculado formalmente al proceso 8.000 por recibir seis cheques provenientes de empresas fachadas del cartel de Cali. Un cheque por 6 millones de pesos fue la prueba clave y otros títulos valores que en total sumaban 12 millones de pesos que el gobernador trató de justificar como producto de ventas de obras de arte. En noviembre del 2000 la Corte lo condenó a pagar seis años y medio de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Después de haber sido condenado, la Procuraduría General lo sancionó en 2003 por incumplimiento de requisitos legales en la licitación de un contrato para impulsar la expresión artística y la cultura sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal. Hubo también varias investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios. La Procuraduría profirió pliego de cargos por posibles irregularidades en la celebración de varios contratos durante su gestión y fue nuevamente destituido. [7]
En las elecciones de 2007 accedió a la gobernación un político sin grandes antecedentes: Juan Carlos Abadía, quien se presentó a través de firmas pero con un fuerte respaldo electoral del Movimiento Popular Unido, la organización creada y dirigida por su padre Carlos Herney Abadía. El nuevo gobernador fue muy controvertido por supuestos vínculos con el narcotráfico de sus principales socios políticos, especialmente el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra.
Posteriormente fue destituido e inhabilitado en tres ocasiones por la Procuraduría. La primera destitución se dio por su participación indebida en política en 2010. El gobernador hizo una reunión con 21 alcaldes a la cual asistió el precandidato presidencial por el Partido Conservador Andrés Felipe Arias.[8] La segunda destitución se dio a comienzos de 2013 junto con su secretario de Salud, Héctor Fabio Useche de la Cruz, por suscribir un contrato sin cumplir la licitación obligatoria para favorecer a un particular.[9] La tercera destitución se dio a comienzos del 2015 nuevamente por el contrato de las cirugías bariátricas, pero por otras irregularidades.
Además de estas tres destituciones, el exgobernador Abadía fue objeto de un fallo de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General, junto con el entonces secretario de salud, Héctor Fabio Useche y trece integrantes de la junta directiva de la Licorera del Valle, pues se fijó una política de promociones donde el licor destinado a las degustaciones quedaba exento del pago de impuestos a favor del departamento. Los bienes de los implicados fueron embargados y el pago por el detrimento patrimonial fue de 60.000 millones de pesos. [10]
Del gobierno del destituido Juan Carlos Abadía salió el nuevo candidato a gobernador, Héctor Fabio Useche. En las elecciones de 2011 recibió el aval del partido efímero Movimiento de Inclusión y Oportunidades, una etiqueta bajo la cual se estaba intentando redefinir el antiguo Movimiento Popular Unido. Este gobernador tuvo dificultades desde el comienzo. Cuando llevaba dos meses en el cargo la Contraloría emitió el fallo por el escándalo de la Licorera del Valle y el juicio de responsabilidad fiscal que condujo a que sus bienes fueran embargados. Después sobrevino la segunda destitución en junio del mismo año 2013 por el caso de las operaciones bariátricas.
Luego fue elegido gobernador Ubeimar Delgado, del Partido Conservador, quien hizo algo inusual en Colombia: advirtió que había redes en la Gobernación que venían manipulando la liquidación de cuatro impuestos departamentales (registro, vehículos, valorización y estampillas) y que el detrimento por las irregularidades superaba los 100.000 millones de pesos. Según el mandatario, estos hechos provenían de administraciones anteriores. Se supone que desde entonces se adelantan las investigaciones pertinentes. [11]
En el 2015 fue elegida Dilian Francisca Toro. La expresidenta del Senado fue avalada por el Partido Social de Unidad Nacional en coalición con otros sectores, incluyendo el de su antiguo contradictor Roy Barreras y el de exvicepresidente Angelino Garzón, quien se postuló en la misma fórmula para la Alcaldía de Cali. A pesar de las investigaciones y las denuncias, Toro ganó con una amplia ventaja.
Cuando era senadora, reelegida para el periodo 2006-2010, la Corte Suprema le inició una investigación por supuestas negociaciones ilegales por parte de una sociedad de la cual ella era parte (Agropecuaria Ceiba Verde Ltda.), que habrían tenido lugar entre 2005 y 2007. Esta sociedad compró las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), que según la Corte habían pertenecido a exintegrantes del cartel del Norte del Valle, entre ellos Phánor Arizabaleta, Víctor Patiño Fómeque, Iván Urdinola Grajales, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta” y Wílber Varela, alias Jabón. La exsenadora estuvo en prisión por estas investigaciones y decidió renunciar a su curul. [12]
Como se verá en la segunda parte de este artículo, la corrupción y las relaciones de los políticos con la criminalidad en el Valle del Cauca está extendida por gran parte de los municipios.
Notas:
[1] Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia No 29. 29.705, junio 3 de 2009 y noticiasrcn.com, noviembre 28 de 2013, “Fallo redujo millonaria pensión a Teodolindo Avendaño”.
[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Quinta. Bogotá, D. E, seis (6) de junio de 1991. Consejero Ponente: Dr. José Joaquín Camacho Pardo. Referencia: Expediente: No. 0523. Apelación Sentencia.
[3] El Tiempo, marzo 3 de 1998 “Vélez y Motoa hablan de la red para fraude electoral”, p.4ª.
[4] Véase: Misión de Obervación Electoral. Informe de observación de elecciones de 2010; El Espectador, julio 18 de 2010 “Colombia tiene ya sus 102 senadores definidos”; El Espectador, marzo 16 de 2013 “El viacrucis electoral de Rodrigo Lara”.
[5] El Tiempo, abril 15 de 2010 “Fraude en 1.500 mesas de Cali, dijo el Consejo Nacional Electoral” p.1-4; El Tiempo, julio 13 de 2010 “Sigue incertidumbre en el Valle del Cauca por escrutinio de votación para Cámara y Senado”.
[6] Véase: El Espectador, julio 1 de 2012 “Entre capturados por fraude en el Valle, hay funcionarios de la Registraduría”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia 30.097, junio 8 de 2011, caso Juan Carlos Martínez Sinisterra.
[7] Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, proceso 16.694, noviembre 27 del 2000; El Tiempo, mayo 5 de 1999 “Prisión preventiva para Álvarez Gardeazabal”; Procuraduría General de la Nación, sala disciplinar, radicación No 161-02143 (165-063694/01), marzo 4 de 2004 y El Tiempo, octubre 8 de 2001 “Mala contratación”; El Tiempo, octubre 12 de 2001 “Cargos contra Gustavo Álvarez Gardeazabal”.
[8] Procuraduría general de la Nación, Boletín No 330, mayo 6 de 2010.
[9] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 117, febrero 28 de 2013.
10] Véase: El Tiempo, febrero 17 de 2012 “Embargaron los bienes del gobernador del Valle” y Caracol.com, febrero 18 de 2011, “Corrupción en el Valle es muy graves: fiscal general”.
[11] El País, abril 7 de 2014 “Corrupción habría afectado las rentas del Valle del Cauca”.
[12] Fiscalía General de la Nación, Boletín marzo 21 de 2013 “Fiscalía acusa a Dilian Francisca Toro por lavado de activos”.
- El Partido de la U y sus políticos impresentables
- Partido Conservador: negocios, clientelismo y corrupción
- Cambio Radical: avales, políticos delincuentes y corrupción
- El Chocó: clanes familiares, paramilitarismo y corrupción desaforada
- El Valle del Cauca: política y corrupción en las ciudades
- El Valle del Cauca: narcotráfico, crimen y corrupción (primera parte)
- Política, criminalidad y corrupción en Santander
- Quindío: clientelismo, corrupción y violencia
- El “Taita” que domina la política y la economía del Quindío
- Arauca: el saqueo de las regalías entre el ELN, los paramilitares y los políticos
Rodrigo Lara, Representante a la Cámara y miembro del partido Cambio Radical. Foto: Congreso de la República de Colombia
Cuadro 1. Gobernantes locales elegidos por Cambio Radical incursos en procesos penales
Partido Cambio Radical con grandes conflictos internos y relaciones de corrupción. Foto: Congreso de la República de Colombia
Partido Conservador: negocios, clientelismo y corrupción
Caso de Agro Ingreso Seguros, con ex presidente Uribe y Andrés Felipe Arias. Foto: Histórico Presidencia de la República
Tabla 1. Congresistas conservadores condenados por sus nexos con grupos paramilitares
Fuente. Elaboración del autor sobre la base de: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 26.948, marzo 10 de 2011, caso Ciro Ramírez Pinzón; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 26.470, febrero 15 de 2007, caso Álvaro Araujo Castro y otros, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.941, diciembre 4 de 2009, caso Gonzalo García Angarita; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.267, julio 24 de 2013, caso Óscar Suárez Mira; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 30.126, diciembre 14 de 2010, caso Ramón Antonio Valencia Duque.; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 33.054, enero 19 de 2011, caso William Montes Medina; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, diciembre 7 de 2011, caso Javier Ramiro Devia Arias, Acta 214, agosto 1 de 2008; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de 36.046, marzo 16 de 2016, caso Luís Fernando Almario; Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 27.530, junio 28 de 2012, caso Jorge Luis Caballero; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.408, enero 18 de 2012, caso Óscar Josué Reyes; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia; Auto Interlocutorio No 39.144 de 3 de Abril de 2013, Caso Álvaro Morón Cuello.
Alejandro Ordóñez, miembro del partido Conservador y exprocurador anulado. Foto: Procuraduría General de la Nación
El Chocó: clanes familiares, paramilitarismo y corrupción desaforada
Malecón en el Quibdó. Foto: Alcaldía de Quibdó - Chocó
Tras la reforma del 2003 el sistema transitó hacia el multipartidismo por desagregación de nuevos movimientos, sin embargo, continuaron los mismos clanes políticos. En 2006 se desagregó el PL, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca fue elegido a la Cámara por el Partido de la U; mientras Edgar Eulíses Torres pasó a Cambio Radical y fue reelegido.
Ex Congresista Odín Sánchez. Foto: Canal Capital
El Valle del Cauca: narcotráfico, crimen y corrupción
Desde la financiación ilícita de políticos aliados con la mafia en la década de 1980 hasta las investigaciones contra su actual gobernadora, este departamento ha sido marcado por la corrupción y la influencia del crimen en la política.
La política como corrupción
Panorama de políticos del Valle del Cauca involucrados en delitos y corrupción
Partido Integración Nacional.
Foto: Wikimedia Commons
Como quedó reseñado en un artículo anterior de Razón publica, durante los ocho años del gobierno Uribe el conservatismo fue uno de los grandes beneficiados con la burocracia y con los contratos.
Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca. Foto: Procuraduría General de la Nación
El Chocó
(segunda parte):
cleptocracia y deuda social de los políticos
Javier Duque Daza
La pobreza y el abandono del Estado son hechos evidentes, pero hay también la corrupción desaforada de la clase política. Los chocoanos han protestado y siguen protestando en paros cívicos, pero ningún dirigente local reconoce su culpa.
Javier Duque Daza*
Billones que no se ven
El Chocó es el departamento más pobre y con mayores niveles de exclusión social del país.
Según el Departamento Nacional de Planeación (2016) la mortalidad infantil es de 42.8 por ciento; el déficit de vivienda es del 80.3 por ciento; el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es del 93.1 por ciento y la pobreza extrema es del 37.1 por ciento. El analfabetismo es del 21 por ciento; la desnutrición crónica es del 18.5 por ciento; y la baja asistencia escolar implica que miles de niños y jóvenes están en sus casas, desamparados, o incorporados en la delincuencia.
Indicadores de un país donde las brechas sociales son también regionales y de que hay una deuda innegable del Gobierno con este departamento.
Pero la responsabilidad también recae sobre la dirigencia política local patrimonialista, depredadores que se ha lucrado y apropiado de los recursos. Entre 2010 y 2015 las transferencias del Presupuesto General de la Nación al Chocó pasaron de 390.846 a 873.179 millones de pesos. Los dos últimos gobiernos del departamento han recibido siete billones de parte de la Nación, ¿a dónde han ido a parar los recursos?
Entre 1992 y 2015 - y a fuerza de disputas territoriales e intereses políticos- el departamento pasó de 17 a 30 municipios. La mayoría de estos municipios -con menos de 10.000 habitantes- viven de los recursos de la Nación. A esto se le agrega la burocratización derivada de los repartos clientelistas, el nepotismo y la ineficiencia administrativa.
Los políticos actúan siguiendo un libreto: acceder a los cargos para convertir los recursos públicos en su coto privados. Otros se han unido a organizaciones criminales, han concertado delitos y han violado códigos penales y disciplinarios.
En el Chocó existe una deuda social amplia, a veces las protestas a puntan al lado equivocado. Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
Gobernadores: historias truculentas
Entre 1991 y 2015 ha habido 13 gobernadores: 10 elegidos y 3 reemplazos temporales: 2 sancionados, 3 condenados, 2 destituidos y dos más están siendo investigados.
Tabla 1. Gobernadores del Chocó: sanciones y condenas
Gobernador
Período
Partido
Situación
Antonio Maya Copete
1992-1994
Liberal
-Suspendido en 1994 por nombrar sin los requisitos legales a un funcionario.
-Investigado por manejo irregular de auxilios.
Franklin Orlando Mosquera
1995-1997
Liberal
Suspendido por la Procuraduría en 1996.
Luís Gilberto Murillo
1998
Liberal
Destituido
Juan B. Hinestroza
1999-2000
Liberal
Sin sanciones
William Halaby Córdoba
2001-2003
Liberal
Condenado por la Corte Suprema en 2010 por contratación ilegal.
Julio Ibarguen Mosquera
*Roger Pastor Mosquera (reemplazo)
2004-2007
2007
Coalición
-Suspendido del cargo por la Procuraduría en 2007, 2011 y 2012.
-Condenado en 2015 por concierto para delinquir.
-Detenido en 2009 acusado por peculado por apropiación.
Patrocinio Sánchez Montes de Oca
*Malcom Alí Córdoba (reemplazo)
2008-2010 2011
Social de Unidad Nacional
-Condenado por la Corte Suprema
Luis Gilberto Murillo Urrutia
*Hugo Arley Tovar (reemplazo)
2012
2012-2013
Coalición
Coalición
Destituido
Sin sanciones
Efren Palacios Serna
2014-2015
Coalición
La Fiscalía le imputó en mayo de 2016 cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Jhoany Carlos Alberto Palacios
2016-2019
Liberal (con apoyo del PSUN).
Sin sanciones. Con cuatro investigaciones en curso.
Con el primer gobernador, Antonio Maya Copete, se conformó la “Coalición Amplia de Salvación Regional” de la que hicieron parte: la Fuerza Democrática Cordobista, el Movimiento Liberal Popular (MLP), y dos facciones del Partido Conservador (PC). Maya Copete optó por la gobernación tras las dificultades para ser reelegido al Senado.
Copete fue investigado dos veces en 1994: la primera por desviar los auxilios de la Nación a una fundación dirigida por su hija cuando era congresista. El Ministerio Público encontró que un porcentaje de los auxilios iba para él; once cheques girados a favor de terceros habían sido endosados con firmas ilegibles, cédulas de ciudadanía que no correspondían, cobrados con un segundo endoso y confirmados por Maya Copete. La segunda investigación fue por nombrar en la dirección del hospital local a alguien que no cumplía con los requisitos legales. No habían salido los fallos definitivos cuando el exgobernador fue asesinado en septiembre de 1997 en Bogotá.
El segundo gobernador, Franklin Orlando Mosquera (1995-1997), enfrentó una situación crítica en el departamento e incurrió en varias irregularidades por las que fue sancionado. El departamento tenía una grave situación financiera en 1996: había nóminas atrasadas, pensionados que no recibían sus mesadas y habían embargado la sede de la gobernación.
Como no contaba con recursos y la nómina crecía al ritmo de los compromisos con sus socios políticos, el gobernador recurrió a las regalías destinadas a la adecuación y dragado del río Atrato. No se pudo adelantar la obra contratada y el anticipo de la mitad del valor estaba comprometido. La procuraduría lo suspendió por un mes.
En 1997 se destapó el mal manejo de los dineros para atención de desplazados. Un reporte indicaba que los medicamentos llegaron incompletos; compraron mil toldillos que no se distribuyeron; gastó dinero en un grupo de música folklórica de Cuba; y contrató servicios médicos especializados con una empresa que provee instrumentos médicos, por lo que hubo sobrecostos en la atención de los pacientes.
La corrupción en el departamento era alarmante. El presidente Samper (cuestionado por el proceso 8000) anunció que conformaría un equipo de investigación, y que ninguna obra podía realizarse si persistía la corrupción. Una comisión se encargaría de verificar que las obras se ejecutaran sin irregularidades. Pero nada se cumplió.
En las elecciones de 1997 el vencedor fue Luís Gilberto Murillo (actual ministro de Medio Ambiente) del Partido Liberal (PL), el segundo, Juan Betzabé Hinestroza del PL, impugnó los resultados y la Red de Veedurías de Colombia demandó la elección. El Consejo de Estado anuló la credencial de Murillo, e Hinestroza fue gobernador por dos años.
Murillo estaba inhabilitado pues había sido condenado por peculado por destinación diferente -por haber destinado, como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, cinco millones de pesos para arreglar una escuela-. Durante su gobierno ingresaron los paramilitares al departamento financiados por comerciantes. Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”, declaró que recibió apoyo de varios políticos, entre ellos Hinestroza. Nunca fue procesado por estas acusaciones.
William Halaby Córdoba (2001-2003), del PL, había hecho carrera en la administración pública: Juez penal en Quibdó, Secretario General de la Lotería del Chocó, Secretario de Gobierno Departamental, Delegado del Fondo Educativo Regional, Secretario General de la Alcaldía de Quibdó, Vicerrector Administrativo de la Universidad Tecnológica del Chocó y Notario en Quibdó.
La Procuraduría investigó a Halaby Córdoba -junto con la Gerente de la Lotería del Chocó- por modificar las condiciones en el cierre de una licitación para beneficiar a Apuestas Unidas del Pacífico en 2003. Sin embargo, fue exonerado y la responsabilidad recayó en la gerente, la cual fue destituida e inhabilitada durante 15 años.[1] Siete años después fue condenado por irregularidades tras eludir la licitación en la construcción del acueducto en Yuto; condenado a cinco años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y abuso de función pública. Fue inhabilitado seis años.[2]
Durante el gobierno de Julio Ibargüen, el paramilitarismo estaba en pleno apogeo y el Chocó se mantuvo en una crisis permanente. En 2007 la Lotería fue intervenida porque llevaba tres años dando pérdidas y no giraba los recursos de ley al sector salud. Tampoco había registro del uso de 50 mil millones girados por la nación en el 2006 para salud.
El Procurador declaró que era la región con más investigaciones por corrupción (192 funcionarios destituidos y 536 investigaciones en curso); en 2007 pidió al gobierno intervenir al conocer la muerte de niños por desnutrición. La superintendencia de Salud intervino al Hospital San Francisco de Asís, a la Lotería del Chocó y a Dasalud. Los tres liquidados por ser inviables financieramente; como tituló algún diario: liquidación gradual del Chocó.
La Procuraduría suspendió a Ibargüen un mes por nombrar dos funcionarios sin cumplir requisitos legales en 2007; un mes en 2011 y en el 2012 tres meses por desacato a una decisión judicial. Estuvo involucrado con el narcotraficante Olmes Durán, manejó ilegalmente los recursos de la salud; y en 2015 fue condenado a siete años de prisión por concierto para delinquir agravado. Su sucesor, Roger Pastor Mosquera, fue detenido en 2009 por peculado cuando ejerció como secretario de hacienda, junto con el extesorero departamental. [3]
Patrocinio Sánchez Montes de Oca (2008-2010) había sido apoyado por el “Bloque Elmer Arenas” dirigido por alias “El Alemán” como candidato a la alcaldía de Quibdó en el 2000 y a la gobernación en 2007, un hecho conocido tras la sentencia de los ex representantes a la Cámara Odín Sánchez Montes de Oca y Edgar Eulíses Torres en 2011. En los dos casos ganó las elecciones y fue acusado de irregularidades y delitos.
Cuando era alcalde de Quibdó (2001-2003), con una empresa de su propiedad, se convirtió en el mayor prestamista de los empleados y contratistas del municipio. Usó dineros públicos para recompensar a quienes lo apoyaban, su familia, allegados y socios, como John Jairo Mosquera, quien administraba su negocio y resultó elegido como su sucesor en la alcaldía para el periodo 2004-2007.
En su gobierno un gerente de las Empresas Públicas de Quibdó y dos funcionarios fueron encarcelados. [4]Bajo su mandato el municipio fue demandado por una empresa que obtuvo el pago de 1.068.946.233 pesos; una parte de esta suma ya había sido reconocida y cancelada a la A.R.S. Barrios Unidos en cumplimiento de una transacción entre las partes[5].
En 2007 Patrocinio Sánchez ganó la gobernación con el Partido de la U. Sus familiares fueron nombrados en el departamento: Orlene Sánchez, como secretaria de Educación de la capital; Siris Sánchez, sub directora técnica del Departamento Administrativo de Salud y Orlando Zapata, su cuñado, alcalde de Bahía Solano. Llevaba más de dos años en la gobernación cuando fue condenado por peculado en el doble pago realizado a una EPS..
Después de su condena se produjo una sucesión de disputas por el poder entre los clanes políticos y se sucedieron cuatro gobernadores encargados en muy pocos meses. El que más tiempo estuvo en el cargo fue Malcom Alí Córdoba, entre febrero y diciembre de 2011.
En 2011 se presentó como candidato Luis Gilberto Murillo, candidato de Cambio Radical (CR), con el apoyo del Partido Verde, el PC y el Partido Alianza Social Indígena. Ganó por la supuesta inhabilidad del nuevo gobernador por la condena anterior, el Consejo Nacional Electoral decidió mantener esa inscripción pues el delito por el que había sido condenado ya no existía.
El candidato perdedor demandó la elección. En 2012 el Consejo de Estado lo suspendió mientras se decidía la demanda; finalmente anuló la elección. Murillo manifestó que se trataba de una persecución política de quienes querían recuperar el poder de un departamento arruinado. Con la suspensión se produjo de nuevo un carrusel de gobernadores, cuatro en 22 meses.
En las elecciones de 2013 ganó Efrén Palacios, de una coalición de CR, el PL y el PC. Un hombre tradicionalista que ocupó cargos en las administraciones anteriores: gerente del Instituto de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó, contralor de Chocó, secretario de Hacienda de la capital del departamento, diputado y representante a la Cámara entre 2006 y 2010. Derrotó a Bernardo Palacios apoyado por el clan Sánchez Montes de Oca.
La Fiscalía lo acusó por ser uno de los protagonistas del desfalco a la salud -junto con un exasesor de la Secretaría de Salud del departamento y su sobrino (detenidos en 2015)-. En 2013 suscribió siete contratos para comprar medicamentos de alto costo destinados a los pacientes más pobres. Sin embargo Palacios utilizó ese dinero –más de 2.000 millones– para pagar deudas de su campaña. La Fiscalía le imputó en enero pasado los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por entregar contratos sin cumplimientos legales a siete droguerías del Chocó.[6]
El gobernador elegido en 2015, Jhoany Carlos Alberto Palacios -exalcalde de Itsmina-, tiene cuatro procesos activos, tres por peculado y uno por fraude a resolución judicial.[7] En marzo de 2017 dos ex secretarios de Infraestructura de Chocó y la actual secretaria de esa cartera fueron capturados por el CTI de la Fiscalía por irregularidades en la contratación de la vía Istmina-Condoto.
En 2017 el CTI capturó a la mesa directiva del Concejo por alterar los resultados de pruebas de mérito para beneficiar a un candidato. Fuente: Alcaldía de Quibdó
Alcaldes y corrupción
En 1990 estaban siendo investigados 17 de los 19 alcaldes por diferentes cargos. Hoy hay 30 municipios producto de segregaciones por intereses políticos, así como un número significativo de casos de corrupción y otros delitos.Chocó siempre ha estado en las noticias por casos de corrupción en las alcaldías.
En la siguiente tabla se presenta un panorama con 28 casos:
Tabla 2. Panorama de alcaldes del Chocó destituidos y/o condenados
Municipio y periodo
Alcalde
Hecho
Quibdó (2001-2003)
Patrocinio Sánchez Montes de Oca
-Condenado en el 2010 por peculado por el doble pago realizado a una E.R.S.
Quibdó (2004-2007)
Jhon Jairo Mosquera
-Condenado en 2015 a cuatro años de prisión por el delito de celebración de contratos sin requisitos legales.
Tadó (1990-1992)
Juan Milton Copete
-Condenado en 1992 por peculado culposo, por la desaparición de 15 millones de pesos destinados a la construcción de un puente
Bojayá (2008-2011).
Manuel Joaquín Palacio Asprilla
-Destituido en 2012 junto con el exsecretario de Gobierno y extesorero por contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Bagadó (2004-2007)
German Gracia Lloreda
-Acusado de apropiarse de más de dos mil millones de pesos que pertenecían a la comunidad indígena
Bagadó (2016-2019)
Marinela Palomeque
-Detenida en 2016 junto con tres funcionarios acusados de falsear documentos y apropiarse de más de 150 millones de pesos del municipio.
Ungía (2004-2007)
Cayetano Tapias Romero
-Condenado en 2015 por el juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento público
Acandí (2008-2011)
Asael Rodríguez Palacio
- La Procuraduría General de la Nación destituyó en 2013 por contratación sin cumplimiento de requisitos legales.
Lloró (2016-2019)
Heneil Correa Rentería
-Orden de captura acusado del delito de secuestro extorsivo en calidad de determinador.
Lloró (2001-2003)
Luis Mariano Cuesta Ibargüen
-En 2012 el Tribunal Superior de Quibdó lo condenó a cinco años y seis meses de cárcel por tentativa de peculado por apropiación.
Lloró (2003-2007)
Nafis Armando Palacios Mena
-Detenido en 2007 acusado de 10 procesos penales por apropiación indebida de recursos y falsedad documental. La Procuraduría lo destituyó.
Lloró (2008-2011)
Édgar Antonio Rentería
-Detenido acusado de supuestos nexos con bandas criminales y por el delito de concusión.
Riosucio (2011-2015)
Cecilio Arroyo Moreno
-Suscribió el convenio sin la licitación que ordena la ley de contratación pública. Celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato.
Riosucio (2008-2011)
Jorge Isaac Mosquera Caicedo
-Suspendido 10 meses en 2013 por manejo irregular de recursos del Sistema Nacional de Participaciones.
-Destituidos por la Procuraduría y condenados a 88 meses de cárcel en el 2013 por nexos con grupos armados ilegales.
Riosucio (2001-2003)
Ricardo Asael Victoria
-Destituidos por la procuraduría y condenados a 88 meses de cárcel en el 2013 por concierto para delinquir agravado.
Riosucio (2004-2007)
Eulalio Lemus Moreno
-Destituidos por la procuraduría y condenados a 88 meses de cárcel en el 2013 por concierto para delinquir agravado.
Cantón de San Pablo (2004-2007)
Franklin Fidel Hinestroza Palacios
-La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 18 años y al extesorero municipal por apoderarse de manera irregular de más de 170 millones de pesos mediante pagos ficticios.
Bajo Baudó (2004-2007)
José Eligio Mosquera Torres
-Destituido junto al tesorero y pagador por peculado por apropiación.
Medio San Juan (2011-2015)
Ebrin Mosquera Ibargüen
-Detenido en 2014 por sus presuntos vínculos con la banda criminal Los Urabeños.
Medio San Juan (2016)
Harrison Moreno Ibargüen (encargado)
-Procesado en 2016 por peculado por apropiación a favor de terceros.
Itsmina (2001-2003)
Miguel Ángel Guerrero Garcés
-Condenado en 2012 a 127 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia peculado por apropiación.
Atrato (2011-2004)
Ángel Ovidio Palacios Palacios
-Destituido por la Procuraduría por posesionarse estando inhabilitado por una condena por falsedad material en documento público.
Juradó (2007)
Bladimir Andrade Perea
-Detenido en 2007 acusado de apropiarse de recursos de la alcaldía.
Juradó (2004-2007)
Jhuver Antonio González
-Procesado por el delito de falsedad en documento público.
Bahía Solano (2008-2001)
José Ignacio Navarrete
-La Procuraduría lo destituyó en 2009 porque se posesionó como alcalde pese a que había sido condenado anteriormente. Asesinado en el 2011.
Bahía Solano (1997-2000)
Alfonso Luis Enrique Navarrete Lozano
- Condenado en el año 2000 por el delito de peculado por apropiación.
Medio Baudó (2008-2011)
Jhon Jairo Mosquera
-Condenado en 2011 a 48 meses de prisión por el delito de celebración indebida de contratos.
Unión Panamericana (2011-2015)
Henry Perea Mosquera
-Condenado por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
Fuente. Elaboración del autor sobre la base de: El Tiempo, octubre 30 de 1991 “Destituido alcalde de Tadó”; Procuraduría General de la Nación, Boletín No 1187, noviembre 9 de 2012, “En firme sanción contra exfuncionarios de la administración municipal de Bojayá (Chocó); Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 13.527, Abril 18 de 2016, “Fiscalía apela libertad de una abogada y tres ex servidores públicos investigados por peculado”; Procuraduría General de la Nación, Boletín No. 062, febrero 14 de 2013 “Procuraduría General confirmó destitución e inhabilidad a exalcalde de Acandí (Chocó); Fiscalía General de la Nación, Boletín octubre 28 de 2015 “A la cárcel alcalde de Riosucio (Chocó) por celebración indebida de contratos; Procuraduría General de la Nación, Boletín No 436, abril 28 de 2010, “procuraduría destituyó e inhabilitó a exalcalde del Cantón de San Pablo”; Procuraduría General de la Nación, Boletín No. 1192, noviembre 9 de 2012 “Por peculado por apropiación confirman sanción a exalcalde y extesorero de Bajo Baudó (Chocó); Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 5920, 10 de abril de 2014, Asegurados alcalde y policías por vínculos con los Urabeños”; Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Penal, No 41.313, noviembre 26 de 2014. Caso Miguel Ángel Guerrero Garcés; Procuraduría General de la Nación, Boletín No. 510, noviembre 11 de 2007, “Destituyen alcalde de Atrato (Chocó) por continuar en cargo estando inhabilitado”; Procuraduría General de la Nación, Boletín No. 261, junio 21 de 2008 “Destituido e inhabilitado por 10 años el hoy suspendido alcalde de bahía Solano”; Fiscalía General de la Nación, Boletín diciembre 1 de 2015 “Capturado exalcalde de Medio Atrato (Chocó) condenado a 48 meses de prisión”; Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, SP 17350-2016, Radicación 42441, noviembre 30 de 2016, casos alcaldes de Riosucio; Fiscalía general de la Nación, Boletín No. 16.722, octubre 28 de 2016 “Asegurado exalcalde € de Medio San Juuan (Chocó)”.
Concejales delincuentes
Muchos concejales también han estado involucrados en diversos delitos. Aquí una muestra.
En 2010 fueron detenidos el alcalde de Riosucio, dos exalcaldes y los ex concejales Manuel Padilla Córdoba y Libardo José Ferro Caicedo (2001-03). Coautores de concierto para delinquir agravado, por promoción de grupos armados ilegales relacionados con los Urabeños.[8] El pueblo era manejado por delincuentes.
En 2011 se desarticuló una banda que trabajaba para los “rastrojos” y entre los detenidos figuran policías, militares, un concejal de Nuquí y la secretaria del Juzgado Penal Municipal de Bahía Solano. Se les investiga por su participación en homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados.
En 2014 la Policía capturó a doce integrantes de “los urabeños”, señalados de homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, extorsión y narcotráfico en Chocó y Antioquia. Los auxiliadores de la banda delincuencial José Elibardo Quinto Rengifo (Concejal de Istmina, Chocó) y Edison Quinto Martínez (Presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cantón de San Pablo), fueron capturados.
En 2015 se desarticuló una red especializada que operaba en el occidente del país y vendía secuestrados al ELN, la cual era dirigida por el concejal de Quibdó Carlos Pinto.
En 2016 fueron destituidos e inhabilitados por 12 años seis concejales de Juradó por manipular la elección del Personero municipal, el designado no fue la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles del concurso de méritos. Los investigan por el delito de prevaricato.[9]
En 2017 El CTI de la Fiscalía capturó a la mesa directiva del Concejo: Pedro Palacios Rentería, presidente (CR); Jaime Enrique Mosquera Murillo, primer vicepresidente (PC), y John James Mosquera Maturana, segundo vicepresidente (Opción centro). Alteraron el resultado de las pruebas desarrolladas en el concurso de méritos de la Personería para beneficiar a un candidato.[10]
En 2017 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a Anurio Murillo Murillo quien fue concejal del Litoral de San Juan a pesar de haber sido condenado a 8 años por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico.[11]
El Tribunal Superior de Quibdó revocó la absolución del exalcalde de Bagadó, Chocó, Jasson Anilio Bedoya Rentería y lo condenó a 21,7 años de prisión por abuso sexual de una menor de 14 años. Un médico que abusó de una menor, la embarazó y la envió a un sitio en Pereira (Risaralda) para que abortara.[12]
La deuda social de los políticos chocoanos
El gobierno Colombiano tiene una deuda histórica con los departamentos y habitantes de extensas zonas del país. Lugares con precariedad estatal y déficits en la provisión de bienes y servicios. Zonas con los peores indicadores sociales en Necesidades Básicas Insatisfechas, servicios públicos, saneamiento básico, educación y salud.
Los habitantes del Chocó se han movilizado reclamando atención del gobierno. El evento más reciente se produjo hace unos días, pero en otras ocasiones se han producido marchas y protestas bajo el eslogan: contra el abandono estatal, contra el centralismo. Hasta de racismo se habla.
El desarrollo social del país es heterogéneo y con muchas asimetrías. La región del pacífico, la costa Atlántica y otras zonas de Colombia tienen problemas de infraestructura, equipamientos urbanos, de comunicación y de provisión de servicios básicos. La clase política de estas zonas es responsable y tiene una gran deuda social con sus habitantes: durante décadas han manipulado el poder, la política y la gestión pública.
La protesta social es legítima, pero en ocasiones apunta en direcciones erradas.
* Profesor de la Universidad del Valle.
Notas:
[1] Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, radicación 165-103306-2004, febrero 27 de 2008.
[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 30677, junio 21 de 2010.
[3] Véase: Procuraduría General de la Nación, Boletín No 058, febrero 23 de 2007.; Procuraduría a General de la Nación, Sala disciplinaria radicado 161 5197, abril 26 de 2012; Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa diciembre 17 de 2009 “Exfuncionarios del Chocó asegurados”.
[4] Mosquera, José E, “Los clanes de defraudadores”, El Mundo, febrero 22 de 2007
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia Única juzgamiento 31560, marzo 24 de 2010.
[6] Fiscalía General de la nación, Boletín de prensa No. 19.932, mayo 11 de 2017 “Fiscalía imputó cargos a exgobernador del Chocó por cuatro delitos”.
[7] Fiscalía General de la nación, Boletín No. 13.105, enero 27 de 2016 “1015 funcionarios electos en octubre pasado son investigados por la Fiscalía”.
[8] Fiscalía general de la Nación, Boletín de prensa No, septiembre 9 de 2010 “Acusados alcalde, exalcaldes y concejales de Riosucio (Chocó)”.
[9] Procuraduría General de la Nación, Boletín No. 945, noviembre 24 de 2016 “audiencia pública concejales de Juradó (Chocó)”.
[10] Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No. 17.780, enero 5 de 2017 “Por presunta corrupción, Fiscalía capturó a presidente y dos vicepresidentes del Concejo de Quibdó (Chocó)”.
[11] Procuraduría General de la Nación, Boletín 354, mayo 15 de 2017 “Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a concejal de Litoral de San Juan”.
[12] Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No20.370, junio 5 de 2017 “Condenado exalcalde de Bagadó”.
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/10315-el-choc%C3%B3-segunda-parte-cleptocracia-y-deuda-social-de-los-pol%C3%ADticos.html
El Valle del Cauca (segunda parte): política y corrupción en las ciudades
Escrito por Javier Duque Daza
En treinta años han sido investigados –y a veces condenados– por corruptos más de veinte alcaldes y una gran cantidad de funcionarios de las grandes, medianas y pequeñas ciudades de un departamento que tiene fama merecida de pujante y de moderno.
Cali
Entre los casos de corrupción más sonados de la ciudad capital se cuentan los que involucraron a tres exalcaldes:
Mauricio Guzmán (fundador del Nuevo liberalismo en el Valle del Cauca), exconcejal de Cali, exrepresentante a la Cámara (1986-1990) y exgobernador encargado, fue condenado en 1998 por enriquecimiento ilícito al comprobarse que recibió nueve cheques de empresas de fachada del cartel de Cali. Ante las múltiples evidencias se acogió a los beneficios de la sentencia anticipada.
John Maro Rodríguez fue elegido para el periodo 2001-2003. Diez años después de concluir su gobierno la Corte Suprema lo condenó a cuatro años de prisión por interés indebido en la celebración de contratos: sin efectuar el concurso previo, Rodríguez contrató como directora de Atención y Prevención de Desastres a una periodista que no cumplía los requisitos ni tenía la experiencia para el puesto[1].
Apolinar Salcedo Caicedo (2004-2007) fue destituido por la Procuraduría por el contrato con único oferente para el recaudo de los impuestos municipales, pese a que los estudios previos eran insuficientes y la experiencia del contratista, los costos de los bienes y servicios requeridos y el pago que debía reconocerse eran inadecuados. Igualmente, los investigadores confirmaron que el contrato comprometía dineros que serían recaudados durante 15 años sin la autorización del cabildo municipal[2].
Por otra parte, en 2007 se destapó el gran escándalo del robo multimillonario de los recursos de la educación mediante una empresa criminal entre concejales, funcionarios y particulares. El diario El País reconstruyó el caso. Con el pretexto de ampliar la cobertura se hicieron pagos a fundaciones y ONG que manejaban colegios de mala calidad. Los colegios recibirían 500.000 pesos por cada estudiante matriculado, pero se les entregaba la mitad de esta suma, pues el resto se lo quedaban los funcionarios que asignaban los cupos. La operación fue coordinada por el concejal Mauricio Mejía López junto con un asesor de la secretaría de educación. Los colegios por su parte incurrieron en falsedad de documentos, suplantación de alumnos y relación fraudulenta de gastos, incluyendo muchos niños que aparecían matriculados en dos colegios o con nombres diferentes.
Los recursos perdidos por este fraude ascendieron a 36.500 millones y en el 2011 fueron condenados con penas de entre 5 y 7 años de cárcel los exconcejales Mejía López y Luís Mario Villafañe, junto con otras 10 personas, entre funcionarios, docentes, directivos de los colegios, un asesor de la secretaría, y un ex director del Dagma[3].
Estos y otros escándalos explican la declaración del alcalde elegido en 2015, Maurice Armitage: “La corrupción campea en casi todas las dependencias […] Mientras algunos funcionarios reciben dádivas para favorecer a particulares con decisiones estatales o roban los recursos públicos, otros simplemente trabajan mal, lo que para él es otra forma de corrupción”.
En un estudio reciente[4] que consultó a altos funcionarios se detectó una gama muy amplia de actos ilegales como decir: contratos muy frecuentes sin llenar los requisitos y omitiendo los procesos de selección objetiva; el robo de al menos 90 vehículos de propiedad de la empresa pública Emcali que fueron a parar a manos de particulares; peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por irregularidades en la adjudicación de becas por varios miles de millones de pesos; becas que se entregaron más de una vez a un mismo beneficiario; existencia de carteles, como el de la compra de insumos para potabilizar el agua, el del robo de cobre que se hace en connivencia con funcionarios de la Gerencia de Energía, el del suministro de contadores, la vigilancia y el de la gasolina; la existencia de un cartel para exonerar de cumplir con el Pico y Placa a un número elevado de carros particulares y el hecho de que muchos agentes tengan grúas que prestan servicios para Tránsito; nóminas paralelas por prestación de servicios que ocupan personas recomendadas por concejales, asesores de la Alcaldía y demás políticos; a los funcionarios se les exigen aportes para el sostenimiento del grupo político que los avaló y el cobro se hace de distintas maneras, por ejemplo, un porcentaje del salario mensual, de las primas o vacaciones, o regalos que el empelado debe hacer en las festividades que promueven los padrinos políticos; algunos contratistas no se presentan a trabajar e incluso el personal doméstico en fincas y viviendas de algunos políticos es pagado con recursos estatales.
Buenaventura
Bartolo Valencia, alcalde destituido de Buenaventura. Foto: Contraloría Distrital de Buenaventura
También en esta ciudad los alcaldes se han visto involucrados en reiterados procesos, líos legales, sanciones y destituciones. Los problemas empezaron a mediados de la década de 1990. La cronología nos indica que el primer mandatario local en problemas fue José Félix Ocoró, alcalde entre 1995 y 1997, quien estuvo preso durante cuatro meses y fue investigado por suscripción de nóminas paralelas, pero fue exonerado; el siguiente mandatario fue Fredy Salas (1998- 2000) asesinado poco después de terminar período, y su sucesor Jaime Mosquera (2001-2003) debió exiliarse en Estados Unidos ante las múltiples amenazas por los poderes fácticos imperantes en la ciudad.
Luego vinieron grandes escándalos, especialmente por el manejo de la educación y de los millonarios recursos transferidos de la nación al municipio bajo el esquema de ampliación de cobertura mediante colegios privados.
Saulo Quiñonez García (2004-2007) no terminó su período pues fue destituido por el manejo de 190 contratos por valor de 11.600 millones de pesos para construcción, reparación y adecuación de sedes escolares. Fue procesado junto con varios contratistas e interventores[5].
El siguiente alcalde (reelegido) fue José Félix Ocoró, (2008-2011) destituido junto con su secretaria de educación e inhabilitado por 14 años. En el marco del programa de ampliación de cobertura para la vigencia de 2011 suscribió contratos con 6 instituciones que no contaban con la estructura física. Todo un negocio de apropiación ilegal donde se reconocían 75.000 pesos mensuales por cada alumno, los contratistas subcontrataban y pagaban a los colegios 45.000 pesos por estudiante y la diferencia se repartía entre el alcalde, concejales e intermediarios[6]. Este exalcalde fue condenado a 18 años y seis meses de prisión por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de las normas establecidas al canjear un terreno que valía 3.200 millones por otro de 500 millones de pesos en detrimento del municipio.[7]
Bartolo Valencia (2012-2015) también fue destituido. El puerto estaba pasando por un momento de terror por la guerra entre bandas y la presencia de paramilitares y se esperaba una ruptura con el pasado inmediato de corrupción bajo los alcaldes pertenecientes a la facción del exsenador Juan Carlos Martínez. No obstante, el nuevo alcalde se vio involucrado en presuntos delitos en el manejo de la educación y está actualmente detenido junto a tres funcionarios y un contratista.[8]
Según la Fiscalía este “negocio” funcionó así: la Alcaldía hacía un “estudio” de ampliación de cobertura para determinar el número de estudiantes que debían destinarse a colegios privados y el Ministerio de Educación Nacional autorizaba el pago. El alcalde, asociado con concejales, asesores e intermediarios, acordaba contratar a los colegios, algunos de los cuales eran de los concejales o de sus familiares. Se elevaba el número real de alumnos (los denominados estudiantes fantasma) y se hacía el pago de la mitad o menos del monto determinado a los dueños de los colegios (muchos de los cuales funcionaban en casas en malas condiciones, sin baños y en condiciones de hacinamiento), mientras el resto se lo repartían los socios del fraude. La ampliación de la cobertura era una estafa, sin ahondar en la calidad de la educación que recibían los estudiantes y sin considerar los negocios con los alimentos y los colegios inexistentes. Se calcula que entre el 35 y el 40 por ciento de los estudiantes nunca existieron[9].
Cartago: cinco casos de corrupción
Con Cali y Buenaventura, Cartago ha sido uno de los focos de corrupción del departamento. Los políticos locales se han visto involucrados con redes de contratistas y funcionarios asociados para delinquir y robarse los recursos públicos. Aquí se describen brevemente cinco casos representativos:
Luis Alberto Castro Ocampo, alcalde en el período 2004-2007 fue destituido antes de terminar su mandato y se fugó de la justicia cuando era investigado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2015 fue detenido junto a quienes habían sido sus secretarios de Hacienda, la extesorera, el exjefe de Presupuesto y el excoordinador de recursos de la Alcaldía.
La estrategia del fraude consistió en facturar órdenes de compra y servicios profesionales ficticios a nombre de personas que no estaban enteradas del fraude y que, además, ni siquiera cumplían con el perfil para presentar la factura fraudulenta. Se calcula que de esta manera se apropiaron de más de 2.000 millones de pesos. Finalmente, los funcionarios aceptaron los cargos ante la Fiscalía.
El exalcalde Germán González Osorio (2008-2011) también era prófugo de la justicia desde comienzos de 2012. En 2014 se entregó y fue condenado a 39 meses gracias a un acuerdo con la Fiscalía. Lo enviaron de nuevo a casa por cárcel por los delitos de fuga de presos, daño informático, prevaricato por acción y celebración de contrato sin los requisitos legales.[10]
En 2016 se reveló nuevamente el manejo corrupto de los recursos del municipio. Se informó que varios funcionarios públicos fueron acusados de manejo ilegal de los recursos del impuesto predial: falsificaban documentos para dar un paz y salvo a cambio de pagos que los particulares hacían por sumas muy inferiores al valor de la deuda real. Por este motivo el municipio dejó de recibir varios centenares de millones de pesos. La Fiscalía les formuló cargos por los delitos de cohecho, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal[11].
Ese mismo año fueron capturados otros funcionarios por el delito de peculado por apropiación. Ellos desviaron 234 millones de pesos –que supuestamente estaban destinados al abono de una deuda que tenía la Alcaldía con la empresa de energía de Cartago– a cuentas de particulares. Fueron detenidos cuatro funcionarios, entre ellos el secretario de Hacienda y contador del municipio.
En 2017 un nuevo caso de corrupción fue divulgado por la prensa. La Fiscalía ordenó la captura de 30 personas –entre ellas Marta Vélez, diputada del Partido de la U, y (nuevamente) el exalcalde Germán González Osorio– por apropiarse de 10.000 millones de pesos que debían invertirse en el Plan Municipal de Aguas. Tanto la diputada como el exalcalde hacen parte de la facción del departamento dirigida por la actual gobernadora Dilian Francisca Toro. Este caso está en desarrollo.
Más alcaldes en líos
Casos de Corrupción. Foto: Urna de Cristal
Y muchos otros municipios del departamento han sido víctimas de la corrupción:
El primer alcalde popular de Yumbo, Héctor Aníbal López Fandiño (1988-1990), el secretario de Obras Públicas, el jefe de Planeación, el almacenista y siete contratistas fueron procesados por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y sobrefacturación en contratos de prestación de servicios y de adquisición de bienes.
El exalcalde de Yumbo Felipe Adolfo Restrepo Gómez (2008-2011), de Cambio Radical, y el perito avaluador Jorge Enrique Posada fueron capturados por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. De acuerdo con la Fiscalía, esa administración municipal pagó 2.930 millones de pesos por un lote de 22 mil metros cuadrados cuando el avalúo real era de unos 1.500 millones de pesos. El Juzgado 29 Penal de Cali, con funciones de control de garantías, envió a los procesados a la cárcel Villahermosa de esta ciudad[12].
El también exalcalde de Yumbo Fernando David Murgueitio (2012-2015), avalado por la Alianza Verde, le pidió al representante legal de una empresa de seguridad con la que suscribió varios contratos 150 millones de pesos como soborno. Según un reporte periodístico, la Fiscalía allanó una sede del alcalde y encontró 178 millones de pesos en efectivo que, según uno de los testigos, eran producto de las comisiones de contratación en Yumbo. Además se encontraron listados de votantes y de concejales que habían comprometido su voto al grupo político del alcalde y comprobantes de contratación para transporte y refrigerios que habían sido usados en las elecciones al Congreso.
En 2007 la Procuraduría suspendió por seis meses al alcalde de Candelaria, Óscar Fernando López Valencia (2004-2007), por nombrar funcionarios que no cumplían los requisitos para desempeñar cargos públicos. Antes de esto había sido sancionado por el mismo motivo: nombró como asesor jurídico a alguien que no era abogado.
El exalcalde de Guacarí, Fabio Humberto Piedrahita, fue destituido e inhabilitado por 10 años porque mediante decreto se autofacultó para modificar el presupuesto de 2007, pasando por alto las restricciones del Concejo municipal sobre sus facultades para reducir y trasladar partidas dentro de la misma vigencia. [13]
El exalcalde de Ginebra Argemiro Jordán Sánchez (2008-2010) fue suspendido por irregularidades en un contrato de suministro de material didáctico. De acuerdo con la investigación, Jordán usó dineros del Sistema General de Participaciones (SGP) que debían destinarse a la educación.
El exalcalde de Ansermanuevo Fernando Escobar Arroyave (2008-2010) fue acusado de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Los hechos investigados se relacionan con la compra directa de repuestos de automotores por valor de 8.337.500 pesos entre marzo y abril de 2010. Esta compra parece haberse realizado sin el trámite de invitación pública y sin el plan de compras respectivo, entre otras irregularidades. Según la Fiscalía el exmandatario no pagó ese dinero en su administración, lo que hizo que fuera ejecutado a través de proceso judicial en donde concilió lo que no podía conciliar: se allanó a las pretensiones para dar vía libre al detrimento patrimonial y no designó apoderado que defendiera al municipio de la acción ejecutiva.
En 2011 la Procuraduría confirmó la suspensión por 12 meses del exalcalde de Calima-Darién, Gustavo Adolfo Llorente Triviño, por irregularidades en la incorporación de dinero del impuesto de espectáculos públicos al presupuesto municipal. En un proceso de cobro coactivo adelantado contra una Caja de Compensación Familiar se recaudaron más de 438 mil millones de impuesto, de los cuales el 25 por ciento se pagó directamente al abogado que se encargó del proceso sin que fueran incorporados al presupuesto municipal, como si se tratara de un negocio privado[14].
Raúl Arboleda Márquez, exalcalde de Palmira (2008-2011), fue suspendido en varias ocasiones y tiene otras investigaciones en curso. En 2011 la Procuraduría lo suspendió por dos meses por cambiar el manual de funciones para poder nombrar a un funcionario como secretario de Servicios Administrativos[15]. En 2016 la Procuraduría lo destituyó por celebración indebida de contratos por suscribir un convenio con la Fundación Habitat Ciudad para recuperar el Parque Bolívar de Palmira sin el proceso de licitación correspondiente.
En Buga, durante la alcaldía de Freddy Libreros (2008-2011), se denunció la existencia de un cartel de contratación en el que estaban involucrados funcionarios, concejales y contratistas. En julio de 2013 fueron detenidos el concejal Darío Cifuentes y dos contratistas de la Alcaldía. Estos hechos se relacionan con las irregularidades en 17 contratos para obra por un monto de 258 millones de pesos que fueron entregados a través del sistema de contratación directa a fundaciones sin ánimo de lucro entre noviembre y diciembre de 2008. El fiscal del caso imputó cargos por violación al régimen legal de inhabilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron detención domiciliaria[16].
Posteriormente un testigo acusó al alcalde Julián Latorre –elegido para el período 2016-2019– de presionarlo para que dejara de implicar a Freddy Libreros en esta investigación. Libreros volvió a ser candidato a la Alcaldía en 2015 por el partido Opción Ciudadana (antiguo Partido de Integración Nacional) y quedó en tercer lugar.
En 2016, el CTI capturó a Carlos Humberto Cardona Hincapié, concejal del municipio de Restrepo, y a su esposa, María Fernanda Valencia, por su responsabilidad en la apropiación de 200 millones de pesos. Según la investigación, usaron documentos adulterados para suplantar a las víctimas que adelantaban procesos de reparación directa contra el Estado y cobrar así el dinero[17]. Al parecer, la esposa del concejal se hizo pasar por abogada para ofrecer asesorías a víctimas en los trámites contra el Estado y después apoderarse del dinero. Por esta razón son investigados por falsedad material en documento público, fraude procesal, falsedad en documento privado, uso de documento falso y estafa agravada.
En 2016 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al alcalde de Jamundí, Jorge Eliécer Aragón Mafla, por las irregularidades derivadas de la ejecución incompleta de las obras de construcción, modificación y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la zona rural de este municipio[18]. Para garantizar el pago del contrato de crédito y sesión de derechos los ingresos de Jamundí provenientes del Sistema General de Participaciones destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico fueron pignorados a 19 años.
Manuel Santos Carrillo, el alcalde de Jamundí elegido para el período 2016-2019, fue suspendido por la investigación que se realiza por presuntas irregularidades en la contratación de redes de servicios públicos en la que se habría apelado a un falso estado de emergencia para eludir la licitación.
El exalcalde de Florida Hugo Venancio Córdoba fue detenido en 2017 y acusado del delito de peculado contra el caudal de Estado por el incumplimiento de sus deberes como alcalde. Celebró un contrato para la construcción de 95 viviendas destinadas a las familias damnificadas por una avalancha del río Fraile en 1994, usando más de 7 mil millones del Ministerio de Hacienda. En 2007 los representantes de las familias afectadas por la avalancha denunciaron las irregularidades en el manejo del proyecto que después fueron verificadas. La Fiscalía consideró que la Alcaldía incumplió con la vigilancia y control del proyecto para los damnificados y que los engañó para que firmaran los documentos para legalizar el desembolso de los subsidios[19].
La política, los negocios y el crimen
Este panorama parcial sobre casos de corrupción y de delitos cometidos por autoridades públicas y funcionarios en el departamento ilustran la forma como la política se convierte en el vehículo para la búsqueda de posicionamiento, dinero, gabelas, bienes. La política como gestión de las necesidades y los intereses colectivos desaparece y ésta se ejerce para el beneficio individual, de grupos, de allegados y de familiares. Los políticos de negocios se han apoderado de los espacios de decisión y de gestión de lo público.
En todos los casos se citan las decisiones judiciales y disciplinarias lo cual denota que las agencias de control y la justicia actúan sancionando, por lo menos a una parte de quienes actúan de forma ilegal, pero hay otro segmento difícil de determinar y cuantificar que se queda en la impunidad. Asimismo, poco se hace en la prevención y mucho menos en la recuperación de los dineros y bienes públicos que son apropiados de forma ilegal.
Un Valle del Cauca asolado por la corrupción.
* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
NOTAS DE PIE
[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto Interlocutorio, junio 5 de 2013, caso John Maro Rodríguez.
[2] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 156, mayo 8 de 2007, caso Apolinar Salcedo Caicedo
[3] Fiscalía General de la Nación, Boletín octubre 7 de 2011 “Condenas por apropiación de dineros para cupos escolares”.
[4] El País, agosto 21 de 2016 “¿Qué tan grave es el flagelo de la corrupción en la Alcaldía de Cali?”.
[5] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa No 655, junio 26 de 2015 “Procuraduría destituyó exalcalde de Buenaventura”.
[6] Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.296, agosto 4 de 2015 “Condenado exalcalde de Buenaventura (Valle del Cauca).
[7] Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.657, septiembre 7 de 2015 “A la cárcel alcalde de Buenaventura por supuestas irregularidades en contratación para cobertura educativa”.
[8] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 1.188, noviembre 9 de 2012
[9] Véase: Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.657, septiembre 7 de 2015 “A la cárcel alcalde de Buenaventura por supuestas irregularidades en contratación para cobertura educativa”; El Pueblo, marzo 23 de 2014 “Estudiantes fantasma y la educación en Buenaventura”.
[10] Fiscalía General de la Nación, Boletín 9.350, febrero 25 de 2015 “Aceptaron cargos exfuncionarios de la administración municipal de Cartago (Valle del Cauca)”.
[11] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 19.784, mayo 4 de 2017 “Fiscalía apeló decisión de juez que dejó en libertad a cuatro exfuncionarios de alcaldía de Cartago
[12] Fiscalía General de la nación, Boletín enero 11 de 2011 “Fiscalía acusa a alcalde de Yumbo”.
[13] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa, Boletín No 1.181, noviembre 8 de 2011
[14] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa, Boletín 781, agosto 5 de 2011.
[15] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa 513, mayo 18 de 2010 “Por no dar cumplimiento al manual de funciones, Procuraduría confirmó suspensión de Alcalde de Palmira (Valle del Cauca)”.
[16] Fiscalía General de la Nación, Boletín julio 4 de 2013 “Asegurados concejal y contratistas de Buga”.
[17] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 14.648, julio 7 de 2016 “Intramuros para concejal de Restrepo y su esposa por varias falsedades”.
[18] Fiscalía General de la Nación, Boletín enero 11 de 2011 “Fiscalía acusa a alcalde de Yumbo”.
[19] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 18037, enero 30 de 2017 “Capturado exalcalde de Florida (Valle del Cauca).
Política, criminalidad y corrupción en Santander
Destacados dirigentes nacionales pero también políticos involucrados en el proceso 8000, la parapolítica, la yidis-política, el carrusel de las contrataciones y otros escándalos. Este departamento fue además la cuna de uno de los partidos y de las familias políticas más oscuros en la historia reciente de Colombia.
Del 8.000 a la parapolítica
Durante muchas décadas la política en Santander se distinguió por el bipartidismo clientelista y dividido entre facciones encabezadas por congresistas o diputados que se aliaban para las elecciones.
El Partido Liberal predominaba con caciques como Carlos Ardila Ballesteros, Hugo Serrano, Jaime Enrique Durán, Tito Rueda Marín, José Aristides Andrade, Tiberio Villareal y Eduardo Mestre, al lado de conservadores con menos fuerza electoral, como Mustafá Feisal y Jorge Sedano.
Algunos políticos mantuvieron su alcance regional, mientras que otros se proyectaron al plano nacional.
Algunos políticos mantuvieron su alcance regional, mientras que otros se proyectaron al plano nacional y ocuparon cargos de importancia (como Luis Carlos Galán, ministro, senador y candidato presidencial; Alfonso Valdivieso, senador y fiscal general; Horacio Serpa, ministro, senador, constituyente y tres veces candidato presidencial).
También hubo políticos vinculados con el narcotráfico en tiempos de los carteles de Medellín y de Cali. La cercanía entre mafia y política era un secreto a voces que tuvo gran resonancia con el proceso 8.000 donde fueron involucrados más de 20 congresistas de todo el país, además del presidente Samper, el ministro de Gobierno, tres contralores y un procurador general.
Por estos vínculos ilegales y por enriquecimiento ilícito fueron condenados dos políticos importantes de Santander: Eduardo Mestre (codirector del Partido Liberal y senador en tres periodos consecutivos entre 1982 y 1994) y Tiberio Villareal (concejal, diputado durante siete periodos y representante a la Cámara durante cuatro periodos). Aunque finalmente fueron exonerados, también fueron investigados Rodolfo González (concejal, diputado, senador, representante a la Cámara y contralor general en dos oportunidades entre 1982 y 1990) y Horacio Serpa, principal defensor de Samper.
Como suele ocurrir en estos casos, solo fueron condenados aquellos políticos a quienes les pudieron demostrar la recepción de dineros ilegales, mientras otros quedaron en la impunidad. Como dijo el ex congresista Alfonso Riaño: “sobre la parapolítica falta decir la verdad. Es cierto que tuvimos responsabilidad en muchos aspectos, pero ¿en dónde están los demás?”.
Por otra parte – y la vez que avanzaba el proceso 8.000- se había ido expandiendo el paramilitarismo. En Santander surgió el partido Convergencia Ciudadana, que desde un comienzo estableció nexos con el narcotráfico. Por cuenta de la parapolítica fueron condenados cuatro ex congresistas de este partido: Hugo Aguilar Naranjo (diputado y gobernador), Óscar Josué Reyes (diputado del Partido Conservador y senador entre 2006 y 2010), Luis Alberto Gil (diputado y senador por el Partido Liberal) y Alfonso Riaño (representante a la Cámara 2006-2010).
Yidis Medina, condenada por cohecho por aceptar prebendas a cambio de su voto para cambiar la constitución. Foto: Congreso Visible
Yidis-política, carruseles y otras hierbas
En los tres últimos lustros hubo otros casos sonados donde los políticos santandereanos fueron protagonistas:
Mientras avanzaban las negociaciones entre Uribe y las AUC, la coalición de gobierno tejía la trama para cambiar la Constitución y reelegir al presidente. En esta componenda participó el congresista Iván Días Mateus (exdiputado, dos veces representante y senador elegido en 2006) quien cedió su curul para que la ocupara su suplente Yidis Medina, cuyo voto sería decisivo para el proyecto reeleccionista. Esta congresista fue condenada por el delito de “cohecho al aceptar” las prebendas que le ofrecieron los también condenados exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt de la Vega) a cambio de su voto y perdió su investidura. Por su parte Días Mateus fue condenado por concusión (presionar a otro servidor público para lograr un beneficio) por su papel en el ofrecimiento que el gobierno le hizo a Yidis Medina.
El llamado “carrusel de las notarías” involucró a 11 congresistas acusados por el exsuperintendente de haber recibido notarías a cambio de apoyar la reelección de Uribe. El único que ha sido condenado – por concusión- en este caso ha sido Alirio Villamizar, del Partido Conservador (representante a la Cámara, 2002-2006 y senador 2006-2010); en su residencia se hallaron más de mil millones de pesos en efectivo que al parecer eran la suma mensual que el dirigente le exigía al notario que había designado.
Por el “carrusel de la contratación” fue condenado Iván Moreno Rojas (igual que su hermano exsenador y exalcalde de Bogotá), político santandereano, exministro de Trabajo, exalcalde de Bucaramanga (2001-2003), y exsenador por el Polo Democrático (2006-2010).
Entre los exalcaldes que han sido condenados cabe mencionar a: el de San Gil, Javier Guillermo Agón(2011-2015), por estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual de dinero; el de La Paz, David Martínez Olarte (2001-2003), por celebración indebida de contratos; el de Barrancabermeja, Carlos Contreras (2008-2011), por prevaricato y peculado; el de San Andrés, Néstor Eduardo Castellanospor contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad. La acción más reciente de la Fiscalía fue detener a cuatro altos funcionarios acusados de peculado por apropiación: la directora de la Corporación Autónoma Ambiental de Santander (CAS), y su antecesor; el subsecretario de Hacienda y otro exfuncionario.
Tabla 1. Panorama de políticos santandereanos condenados por la justicia
Gobernadores y corrupción
Santander es de los departamentos con menos casos comprobados de corrupción de sus gobernadores, pese a que ha habido muchas investigaciones. Como se observa en la Tabla 2, solo dos de los ocho elegidos por voto popular han sido condenados y/o destituidos.
Juan Carlos Duarte no tuvo sanciones ni se vio involucrado en casos de corrupción. Aunque en 1994 la Procuraduría le inició una investigación por participación indebida en política y por poner los recursos del departamento al servicio de campañas electorales, finalmente fue exonerado.
Mario Camacho Prada fue condenado dos veces por la Corte Suprema. En 2001 fue condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades [1]. En 2008 fue condenado a siete años y medio por peculado por aplicación oficial diferente, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción e interés ilícito en la celebración de contratos. Incurrió en estos delitos en la compra del hotel Bella Isla del municipio de San Gil sin cumplir los requisitos de la contratación [2]. Pese a estas condenas, a la sanción de la Procuraduría en tres ocasiones sucesivas y a tener una inhabilidad vigente en el momento de las elecciones, en 2006 se postuló al Senado por Convergencia Ciudadana.
Miguel Jesús Arenas, exconcejal, exdiputado y luego representante a la Cámara, no ha sido vinculado a procesos legales ni casos de corrupción.
Jorge Eliécer Gómez Villamizar cerró este ciclo de gobernadores liberales. Aunque fue acusado de manejar los cargos públicos con criterios políticos (lo que hacen todos los mandatarios) y llegó a ser destituido por ello, en segunda instancia fue exonerado. También la Corte Suprema lo investigó por enriquecimiento ilícito pero fue absuelto. Igual sucedió con una investigación por responsabilidad fiscal, de la que fue exonerado. Aunque no alcanzó un escaño en la Asamblea en 2015 por su apoyo a la candidatura del último gobernador Didier Tavera, su esposa fue nombrada asesora de la Gestora Departamental.
Santander es de los departamentos con menos casos comprobados de corrupción de sus gobernadores, pese a que ha habido muchas investigaciones.
Entre los siguientes gobernadores, Hugo Aguilar fue destituido por la Procuraduría y condenado por la Corte Suprema. Los tres últimos mandatarios, dos de ellos nuevamente liberales y uno de una coalición, no han estado involucrados ni en corrupción ni en problemas legales. Aunque los gobernadores Horacio Serpa y Nerthink Mauricio Aguilar no fueron involucrados en casos de corrupción, sí fueron criticados porque Santander en su momento fue el departamento con más bajo número de proponentes en la contratación pública (inferior en promedio a 2).
Tabla 2. Gobernadores de Santander y casos de corrupción
Hugo Aguilar Naranjo: de héroe a villano
Hugo Aguilar Naranjo fue conocido en todo el país cuando el 3 de diciembre de 1993 apareció en los diarios al lado del cadáver de Pablo Escobar: había comandado el Bloque de Búsqueda que finalmente abatió al capo. Casi dos décadas después volvió a ser noticia de primera plana, esta vez por haber sido condenado por la Corte Suprema por concierto para delinquir agravado por sus nexos con narco-paramilitares.
Entre uno y otro suceso Aguilar había iniciado una carrera política muy exitosa, a la par que en el departamento se expandía la influencia del paramilitarismo. A mediados de la década de 1990 Santander estaba en pleno conflicto y hacían presencia varios frentes de las FARC y cuadrillas del ELN. La inseguridad en las carreteras, las extorsiones y los secuestros estaban a la orden del día, mientras que los grupos paramilitares llevaban más de una década cometiendo masacres, asesinatos, amenazando y desapareciendo dirigentes políticos y sociales.
Pocos años después la presencia guerrillera se redujo drásticamente por la confrontación con grupos paramilitares. Además de sus acciones contrainsurgentes y sus vínculos con el narcotráfico, estos grupos se propusieron establecer vínculos con los políticos locales. Según las declaraciones de algunos de sus jefes, el Bloque Central Bolívar se expandió en Santander y proyectó su inserción respaldando candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y congresistas. Entre los planes estaba elegir a Hugo Aguilar como gobernador e, incluso, impulsarlo a la presidencia en el 2010.
En medio de la crisis del Partido Liberal que provocó el proceso 8000 y de la creciente presencia paramilitar surgió una agrupación que sería protagonista en la política del departamento con proyección nacional: Convergencia Ciudadana. Este movimiento fue creado en 1997 por Luis Alberto Gil, un reinsertado del M19 que aprovechó su trayectoria en el mundo sindical para construir una base de electores que luego amplió a medida que iba accediendo a cargos. En su primera participación electoral de 1997 obtuvo dos Alcaldías y Gil fue elegido diputado.
Convergencia Ciudadana logró consolidar un amplio electorado combinando su acción política en sectores populares, las alianzas con otras facciones partidistas, la atracción de dirigentes de otros partidos, el manejo de algunas empresas del sector salud y el apoyo paramilitar. En las elecciones del 2000 ganó 5 Alcaldías y acogió como candidato a la Asamblea a Hugo Aguilar, quien fue elegido. En las elecciones del 2002 ganó un escaño en el Senado para su principal dirigente Luis Alberto Gil y dos escaños en la Cámara.
Las dos elecciones siguientes fueron las de consolidación del partido: en 2003 obtuvo 4 diputados en Santander, 14 alcaldías, tres concejales en Bucaramanga, cuatro en Barrancabermeja, tres en Floridablanca y otras varias en otros municipios. Este año ganó la Gobernación con Hugo Aguilar para el periodo 2004-2007 y en el interregno Convergencia Ciudadana amplió su presencia en el Congreso en el 2006 con tres de los siete escaños a la Cámara del departamento (José Manuel Herrera Cely, Alfonso Riaño y Edgar Alfonso Gómez) y avaló candidatos en Arauca Guaviare, Meta, Vaupés y Bogotá y siete senadores, entre estos Luis Alberto Gil.
Cuando el partido estaba en su apogeo estalló el escándalo de la parapolítica donde acabarían involucrados todos sus congresistas y otros políticos locales. Hugo Aguilar concluyó su período de gobierno, pero años después fue destituido por la Procuraduría y Condenado por la Corte Suprema. En agosto de 2013 la Corte lo condenó por concierto para delinquir agravado, al aliarse con los paramilitares para llegar a la gobernación.
En enero de 2011 la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por veinte años para ocupar cargos públicos. El Ministerio Público consideró que el exmandatario fue elegido con el apoyo del Bloque Central Bolívar y el Bloque de Puerto Boyacá y puso su cargo al servicio de estas organizaciones criminales [3]. Por su parte la Corte Suprema condenó a Aguilar en el 2013 a nueve años de prisión por concierto para delinquir y promoción de grupos armados ilegales; en la sentencia de la Corte se concluye que:
El exgobernador se reunió varias veces con los jefes paramilitares para concertar su apoyo logístico y financiero en las elecciones. A estas reuniones asistían también el senador Luís Alberto Gil (condenado por estos nexos con grupos ilegales), algunos concejales, diputados y jefes paramilitares como Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”.
Los bloques paramilitares hicieron proselitismo y coaccionaron los electores para que votaran por él, valiéndose de los llamados “comisarios políticos” que coordinaban reuniones e impulsaban el proceso.
El apoyo recibido por Aguilar implicaba la captura parcial de las decisiones del nuevo gobernador, incluyendo el nombramiento de amigos de los paramilitares en altos cargos.
La política reciente
Antes de su destitución (2011) y de su condena (2013) Hugo Aguilar había impulsado la carrera política de su hijo Nerthink Mauricio Aguilar, quien, sin antecedente alguno en elecciones ganó un escaño en el Senado por el controversial Partido de Integración Nacional, (PIN, nuevo nombre de Convergencia Ciudadana) junto a su fórmula en la Cámara, Hólger Horacio Díaz, quien fue secretario de Desarrollo y Gobernador (e) de Santander durante la administración de Aguilar. El senador Aguilar fue reelegido para el periodo 2014-2018 por el nuevo partido Opción Ciudadana (nuevo rebautizo del PIN).
Entre tanto, en las elecciones de 2011 Hugo Aguilar alcanzó a anunciar que de nuevo sería candidato a la Gobernación e hizo presencia pública en uno de los “talleres democráticos” que el expresidente Uribe (quien lo había condecorado en 2006) llevó a cabo en Bucaramanga. Ante la imposibilidad de candidatizarse por la destitución e inhabilidad de la Procuraduría, Hugo Aguilar impulsó la candidatura de su otro hijo, Richard Aguilar Silva, elegido gobernador por el Movimiento Santander en Serio.
Desplazado de la política dejó sus herederos, y ya en libertad, Aguilar sigue siendo una pieza del ajedrez político local: en diciembre de 2016 apareció en una tarima en un acto político con el vicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras.
En las últimas elecciones, sin la injerencia del paramilitarismo y con un menor peso del partido asociado con estos grupos, el multipartidismo se ha consolidado y hay cinco partidos con escaños en la Cámara (Opción Ciudadana tiene dos, dos liberales, uno conservador, uno de Centro Democrático y uno de Cambio Radical) y ocho agrupaciones tienen diputados (además de los anteriores también el Partido de la U, la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo).
El multipartidismo obliga a que los candidatos a la Gobernación y a las Alcaldías recurran a alianzas electorales basadas en intercambios clientelistas. También permite que los partidos en competencia ejerzan vigilancia y puedan denunciar actos indebidos o ilegales de los gobernantes.
Si a la dinámica partidista y de regulación propia de la competencia se suman las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las agencias de control, la reducción de la corrupción y del papel de la criminalidad en la política tienden a reducirse. Esto es lo que se espera en un departamento con reiterados nexos de sus políticos con la criminalidad.
Notas de pie
[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, proceso No 16.837, septiembre 3 de 2001.
[2] Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, proceso No 20.815, febrero 6 de 2008.
[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 37.915 Hugo Aguilar Naranjo, agosto 14 de 2013.
* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
Quindío: clientelismo, corrupción y violencia
Escrito por Javier Duque Daza
Un departamento pequeño y que muchos creerían más bien limpio, es con todo otro escenario de gran corrupción política. Crónica triste sobre los gobernadores y alcaldes que han sido elegidos por el voto popular.
Es parte de Colombia
La política partidista y el manejo de los asuntos públicos en el Quindío no suelen estar en el centro de los debates nacionales, que tienden a focalizarse en departamentos con grandes casos de corrupción, violencia y criminalización de sus dirigentes.
Pero el Quindío no está exento de estos problemas. Una mirada a su historia del último cuarto de siglo revela la persistencia del clientelismo, de gobernadores y alcaldes involucrados en malos manejos de los recursos públicos, injerencia indebida del sector privado en la política y violencia guerrillera.
Aquí también actúan los factores de corrupción que están presentes en otras regiones:
Partidos y facciones en competencia sin controles ni regulaciones;
Predominio de políticos orientados por la lógica de la apropiación que manejan sus electorados mediante el clientelismo;
Un tejido de alianzas o acuerdos entre dirigentes para el reparto de la burocracia, de los contratos y los recursos públicos;
Presencia continuada de actores económicos poderosos que inciden decisivamente sobre los resultados electorales.
Y al igual que en el resto del país, la Contraloría y la Procuraduría actúan básicamente mediante sanciones, pero no con advertencias o control previo de los funcionarios. Es más: aunque muchos políticos han sido sancionados, no se recuperan lo recursos públicos de los cuales ellos se apropiaron de modo indebido.
Fragmentación y clientelismo
Quindío, Colombia. Foto: Armenia.gov.co
En menos de tres décadas el sistema político en el Quindío cambió por completo, pero el clientelismo siguió siendo el eje de las relaciones entre dirigentes y electores.
En efecto: desde mediados de la década del 90 se dio un relevo generacional en los partidos Liberal y Conservador y el sistema pasó del bipartidismo al multipartidismo. Esta fragmentación ha hecho que ningún partido o facción tenga fuerza suficiente para acceder a las corporaciones públicas o ganar las Alcaldías o la Gobernación sin recurrir a alianzas basadas en el reparto de puestos, contratos y recursos públicos.
El duopolio que desde la creación del Departamento en 1966 habían mantenido el cacique liberal Ancízar López y los conservadores Silvio Ceballos y Juan Zuluaga, fue derruido por la emergencia de figuras jóvenes y la intensificación de la competencia multipartidista.
Con la circunscripción nacional que estableció la Constitución del 91, el Quindío no logró ninguna curul del Senado en las elecciones de ese año y en las de 1994, pero a la Cámara llegaron Lucelly García por el Partido Liberal, Néstor García por la coalición Anapo-M19 y Emilio Valencia, también liberal, pero de otra facción. Lucelly García fue asesinada en 1994, la AD-M19 desapareció y “El Taita” Valencia – cuyo perfil presentó Alpher Rojas en la anterior edición de esta revista-pasó a convertirse en el cacique local.
Dado el difícil acceso al Senado y la dura competencia por los pocos escaños en la Cámara, en el Quindío – igual que en otros departamentos pequeños- la competencia tendió a desplazarse hacia la Asamblea, donde el liberalismo siguió siendo mayoritario, pero se encuentra muy fraccionado.
En medio de estas variantes, se han mantenido tres constantes:
El predominio de la facción liberal en cabeza de Emilio Valencia, cuyo apoyo es decisivo para los aspirantes a la Cámara, al Senado, a las Alcaldías y a la Gobernación. El poder político de “El Taita” se basa en la riqueza que resulta de sus nexos con Apuestas Ochoa, una de las principales fuentes de empleo en el departamento desde los años 90. Esta empresa ayudó al triunfo de tres gobernadores mediante donaciones y votos de las familias de sus trabajadores, a cambio de mantener su concesión sobre los juegos de azar. Así fueron elegidos Luis Fernando Velásquez (liberal) en 2000, Amparo Arbeláez (liberal) en 2003 y Julio César López (del Movimiento Por Un Quindío Para Todos) en 2007. Aunque la influencia de la empresa disminuyó con la prohibición legal de que los financiadores de campañas sean contratistas de los gobernantes que ayudaron a elegir, el aval de Valencia sigue siendo necesario para ganar elecciones.
El predominio del clientelismo alimentado por los juegos de azar pero ante todo por recursos estatales – es especial los “auxilios parlamentarios” que fueron siendo rebautizados como partidas regionales, cupos indicativos e inversiones regionales-, la burocracia y la contratación pública. El clientelismo campea en instituciones como la Lotería del Quindío, las empresas de servicios, los hospitales, las Secretarías departamentales y municipales, la Asamblea, el Concejo, los establecimientos educativos, incluso los docentes ocasionales y los remplazos. También se ha extendido durante algunos períodos a la Universidad del Quindío.
Y la corrupción, de la cual paso a ocuparme.
Gobernadores emproblemados
Entre 1991 y 2015 fueron elegidos ocho gobernadores en el Quindío. Es de los pocos departamentos donde no se han dado elecciones atípicas por destitución o muerte del mandatario.
Los tres primeros gobernadores por voto popular fueron del Partido Liberal y no tuvieron sanciones por corrupción, aunque sí fueron objeto de denuncias. De los siguientes cuatro mandatarios, dos fueron destituidos, uno sancionado y una exgobernadora tiene varios pliegos de cargos en la Procuraduría. La Tabla siguiente resume estos eventos, cuyos detalles podrá encontrar el lector en las secciones siguientes (al final del artículo me ocupo de los alcaldes).
Tabla 1: gobernadores en el Quindío 1992-2016
Nombre
Partido
Situación
1992-1994
Mario Gómez Ramírez
Liberal
Sin sanciones
1995-1997
Belén Sánchez Cáceres
Liberal
Sin sanciones
1998 2000
Henry Gómez Tabares
Liberal
Sin sanciones
2001-2003
Luís Fernando Velásquez
Liberal
Suspendido 30 días por la Procuraduría por permitir que se violara la ley de contratación (Ley 89 de 1993).
2004-2007
Amparo Arbélaez Escalante
Liberal
Destituida en 2010 por la Procuraduría, por suscripción irregular de un contrato (licitante único) sobre un sistema de transporte por cable en el municipio de Buenavista.
2008-2011
Julio César López Espinosa
Por un Quindío para todos
Destituido e inhabilitado por 10 años en 2013. Suscribió un convenio mediante contratación directa ilegal para la “rehabilitación de la infraestructura vial afectada por la ola invernal”.
2012-2015
Sandra Paola Hurtado
Movimiento Quindío Firme
Pliego de cargos de la Procuraduría en 2016 por la vinculación de sus familiares a la administración departamental, así como por el nombramiento de un gerente del Hospital San Juan de Dios que no cumplía los requisitos para el cargo.
2015-
Carlos Eduardo Osorio
Coalición: Liberal-Conservador-AICO
Sin sanciones
Entre denuncias y condenas
En 1991 (un año electoral), el Quindío había entregado auxilios por 547 millones de pesos aprobados ilegalmente en el consejo de gobierno durante los mandatos de Samuel Grisales y Alberto Restrepo (gobernadores designados por el presidente).
La primera elección de gobernador la ganó Mario Gómez en competencia con su antiguo jefe, el “cacique” Ancízar López (quien más tarde sería secuestrado y asesinado por el ELN). Gómez ya había ocupado el cargo entre 1978 y 1979, y había sido diputado (1984-1986) y representante a la Cámara (1986-1990). Un político tradicional reciclado que recibió varias denuncias, entre ellas una por el presunto favorecimiento de sus amigos en la adjudicación del sorteo extraordinario Armenia 100 años; pero el gobernador fue exonerado por la Procuraduría.
Gómez también se vio involucrado en un escándalo por auxilios parlamentarios. En 1992 se habrían repartido 400 becas estudiantiles a través de fundaciones de políticos locales que recibieron los recursos del presupuesto nacional y los desviaron hacia fines políticos. Las fundaciones eran Izquierda Liberal, de Rogelio González; Eduardo Santos, del liberal David Barros; Tomás Cipriano de Mosquera, de Alberto Marín (fallecido); Luis Granada Mejía, del conservador Juan Zuluaga; Inés Sánchez de Niño, del liberal Jesús Antonio Niño; Izquierda Liberal, del entonces gobernador Mario Gómez y Rafael Grisales, del liberal Luis Emilio Valencia. Los estudiantes recibían una parte de la beca, pero la “fundación” se quedaba con la cuota del león. La Procuraduría y la Contraloría manifestaron que estaban investigando el caso, pero no hubo avances posteriores
En las elecciones de 1994 se presentaron dos candidatos liberales: Javier Ramírez y Belén Sánchez, quien fue elegida gobernadora con el 62 por ciento de los votos. Sánchez no tuvo sanciones, pero hubo controversia sobre los 47 contratos de publicidad con medios locales que suscribió entre el 29 y 31 de diciembre de 1997, a pocos días de dejar su cargo. El acto no era ilegal, pero fue visto como una devolución de favores a los periódicos y emisoras que respaldaron su gestión.
El tercer gobernador fue Henry Gómez Tabares (1998-2000), también del Partido Liberal, quien tampoco fue sancionado. En 2001 la Procuraduría le inició una investigación por presunta irregularidad en la contratación de varios abogados para defender a la Universidad del Quindío, cuando ella contaba con personal suficiente para esos efectos. La Procuraduría archivó el caso por prescripción [1].
Sancionados y destituidos
Los cuatro gobernadores del período 2001-2015 fueron vinculados a investigaciones y sancionados por irregularidades en la contratación pública: uno fue sancionado, dos fueron destituidos y la exgobernadora debió hacer frente a varios pliegos de cargos.
En las elecciones del 2000 nuevamente se enfrentaron dos candidatos liberales apoyados por alianzas multipartidistas. El ganador fue Luis Fernando Velásquez, respaldado por Emilio Valencia. En 2006 Velásquez fue sancionado por la Procuraduría con 30 días de suspensión, por delegar indebidamente en su secretario de Educación la firma de dos contratos con 20 días de diferencia y con el mismo objeto, es decir, fraccionados para eludir la licitación pública.
En 2003 fue elegida la liberal Amparo Arbeláez. Esta gobernadora fue destituida tres años después de concluir su mandato, cuando ejercía como senadora, y por el contrato sobre el transporte por cable en Buenavista (ver Tabla 1).
El siguiente gobernador fue Julio César López (2008-2011). Durante su último año de gobierno la Procuraduría le formuló pliego de cargos por irregularidades en un contrato de intermediación de pólizas de seguro del departamento sin licitación y sin lista de pre-calificados [2]. En 2013 el exgobernador fue destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, nuevamente por un convenio por más de 2.200 millones de pesos para gerenciar la “rehabilitación de la infraestructura vial afectada por la ola invernal” [3]
En las elecciones de 2011 volvió a ganar una mujer, Sandra Paola Hurtado, exdiputada (2008-2010), que se presentó por firmas (Movimiento “Quindío Firme”), pero con respaldo de Cambio Radical, el Polo Democrático y una facción del Partido Liberal. Después de dejar el cargo, la Procuraduría le ha formulado dos pliego de cargos, uno por realizar irregularmente una junta extraordinaria del Hospital La Misericordia de Calarcá para modificar el Manual de Contratación y convocar a la elección del nuevo gerente; y el otro por presunta vinculación de familiares a la administración departamental y por nombrar un gerente del Hospital San Juan de Dios sin cumplir los requisitos legales [4].
Alcaldes en líos
Los cargos por corrupción también han rodeado a bastantes alcaldes: cinco han sido destituidos, dos fueron condenados y otro tiene pliego de cargos por presuntas irregularidades en la contratación. Así lo enseña la Tabla siguiente, cuyos detalles presentaré más abajo.
Tabla 2: alcaldes del Quindío sancionados o destituidos
Alcaldes
Hechos
2004-2007
David Barros Vélez: exalcalde de Armenia
En 2011 fue condenado a más de 17 años de prisión por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y falsedad en documento público.
2004-2007
María Edy Segura: exalcaldesa de La tebaida
Condenada en 2014 por peculado por apropiación en concurso con obtención de documento público falso y en 2016 condenada a 42 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contrato.
2008-2011
Ana María Arango: exalcaldesa de Armenia
Destituida e inhabilitada por 15 años por alterar actas de las Empresas Públicas de Armenia.
2008-2011
Edgar Cuervo Osorio: exalcalde de Pijao
Suspendido por un año en 2012 por autorizar la consignación de recursos que tenían destinación específica en la cuenta de fondos comunes, sin comprobante que justificara el giro. En 2012 fue destituido e inhabilitado por 10 años por fragmentación de contratos.
2011-2015
Juan Carlos Giraldo: exalcalde de Calarcá
En 2013 suspensión de un año por irregularidades en la contratación de cámaras de foto multas; en 2014 destituido por irregularidades en la contratación pública.
2011-2015
Héctor Fabio Urrea: exalcalde de Filandia
En 2013 la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por actuaciones irregulares cuando se desempeñó como gerente del hospital San Vicente de Paúl de ese municipio.
2008-2011
Simón Morales Jaramillo: exalcalde Filandia.
Pliego de cargos en junio de 2015 por presunta irregularidad en el cumplimiento de los principios de la contratación pública.
2008-2011
John Didier Grisales: exalcalde de Génova.
Destituido e inhabilitado por 12 años por declarar sin justificación estado de urgencia manifiesta y contratar sin requisitos legales.
En 2011 fue condenado a 17 años el exalcalde de Armenia David Barros Vélez, quien había sido gobernador designado (1986-1987) y senador (1990-1991). Tras una carrera política de más de dos décadas acabó en la cárcel por corrupción en la compra de unas cámaras de vigilancia por más de 2.000 millones de pesos.
En 2011 fueron destituidas e inhabilitadas por 15 años la exalcaldesa de Armenia Ana María Arango y la secretaria general de Empresas Públicas de Armenia, por alterar dos actas de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Armenia (EPA), donde comprometieron recursos del Sistema General de Participaciones.
En 2012 fue destituido el exalcalde de Pijao Edgar Cuervo Osorio por haberse valido de los convenios interadministrativos y fragmentar la construcción de una vía en nueve contratos para evitar la licitación; los contratos se suscribieron en la misma fecha, fueron ejecutados en el mismo tiempo y con el mismo objeto.
En 2013 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años al exalcalde de Filandia, Héctor Fabio Urrea, por celebración irregular de contratos cuando ocupó la gerencia del Hospital San Vicente de Paúl de ese municipio.
En 2014 fue condenada la exalcaldesa de La Tebaida, María Eddy Segura, por peculado en concurso con obtención de documento público falso y en 2016 fue condenada de nuevo a 42 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contrato. Recibió pagos por trabajos que no se efectuaron.
En 2014 el exalcalde Calarcá, Juan Carlos Giraldo, fue destituido e inhabilitado por 12 años debido al contrato que otorgó a una empresa que no cumplía los requisitos legales. Ya había suspendido por la instalación de cámaras para fotomultas en vías nacionales omitiendo el proceso de selección objetiva.
En 2015 la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exalcalde de Filandia, Simón Morales, por presunta irregularidad en el cumplimiento de los principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva en la celebración de contratos.
En 2016 el exalcalde de Génova, John Didier Grisales, fue destituido e inhabilitado por 12 años por declarar el estado de emergencia manifiesta por causa de la ola invernal y ordenar contrataciones de forma directa. La Contraloría General estableció que no hubo razones para esta declaratoria y que los respectivos contratos de obras públicas no tenían justificación legal.
Corrupción y violencia
Ex Gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, investigada por la procuraduría. Foto: Gobernación del Quindío
Aunque el Quindío suele ser presentado como un departamento más bien tranquilo, sin presencia de grupos armados y sin violencia política, en el período de este análisis se han presentado numerosos eventos de violencia sobre dirigentes políticos, mandatarios locales y periodistas que han denunciado actos de corrupción.
Entre las personas asesinadas por denunciar la corrupción se cuentan:
Ernesto Acero Cadena, director del Informador Socioeconómico del Quindío, asesinado en 1995;
Jairo Elías Márquez, director de la publicación El Marqués, asesinado en 1997;
El ex viceministro de Comunicaciones, Rommel Hurtado, asesinado en 2010.
Este último fue quien instauró la denuncia que desembocó en la formulación de pliego de cargos contra la exgobernadora y senadora Amparo Arbeláez Escalante, destapó los casos de las cámaras de seguridad y enriquecimiento ilícito en contra del exalcalde de Armenia, David Barros Vélez (condenado en 2012) y había denunciado irregularidades en unas cooperativas de trabajo creadas por algunos concejales de Armenia. Era testigo en varios procesos jurídicos que entonces se seguían en casos de corrupción y había sido testigo en el proceso del exdiputado y exrepresentante a la Cámara Carlos Alberto Oviedo (condenado en 1990 por homicidio y asesinado en 2009).
Por otra parte, los grupos guerrilleros han hecho presencia y ejercido la violencia contra los políticos locales. El caso más sonado fue el del ya dicho Ancízar López, primer gobernador del departamento y senador durante más de dos décadas quien fue secuestrado por el ELN en abril del 2002 y murió en cautiverio.
En algunos municipios las FARC han presionado a los alcaldes y en Génova han amenazado a los alcaldes y asesinado a dos de ellos: a Jairo Gómez Giraldo (1997-2000), quien de nuevo era candidato a las elecciones de 2003 y figuraba en una lista de funcionarios amenazados por el este grupo ilegal; y a José Heriberto Castro Toro en febrero de 2005. En este caso el comandante de la Policía informó que habían recibido boletas del frente 50 de esta guerrilla que le exigían una cuota mensual de los ingresos del municipio.
¿Cura para la corrupción?
En 2015 fueron elegidos los nuevos mandatarios locales.
En el Quindío se impuso para la gobernación el sacerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien se presentó mediante firmas pero luego recibió el apoyo de los liberales y los conservadores y le ganó al candidato de Cambio Radical.
A los pocos meses de posesionarse formuló con su equipo el denominado Plan Anticorrupción que se propone identificar riesgos, impulsar la transparencia y el acceso a la información y anima a la población a que se convierta en veedora de la gestión pública y del manejo de los recursos. Solo queda esperar que avance la gestión y su período de gobierno.
Solo habían pasado un año y 11 días y sectores de oposición ya estaban presentando una solicitud para acudir a la figura de la revocatoria del mandato. Esta iniciativa es impulsada por un integrante del movimiento Dignidad Agropecuaria en Quindío, el excandidato por el partido Centro Democrático a la Asamblea departamental, Carlos Arturo López. Solo queda esperar a los resultados de su gestión y ver si prospera la propuesta de revocatoria.
En la alcaldía de Armenia ganó el candidato del Partido Liberal, el filósofo y profesor Carlos Mario Álvarez. Parecen ser otros tiempos. Pero habrá que esperar.
* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
[1] Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, radicación No 162-
[2] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 060, enero 29 de 2010.
[3] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 968, noviembre 29 de 2013.
[4] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa No 658 junio 26 de 2015
El “Taita” que domina la política y la economía del Quindío
Esta no es una historia de corrupción como tal, sino el perfil de un político exitoso que a su manera los representa a (casi) todos y nos ayuda a ver cómo se asciende en el sistema colombiano y cómo la corrupción flota en el aire.
De vendedor a “taita”
El jefe del Partido Liberal en el Quindío, Luis Emilio Valencia Díaz (nacido en 1921), es un antioqueño mejor conocido como “El Taita” o “Emilio Carriel”.
Valencia ayudó a financiar las campañas del extinto “cacique” del Quindío, el senador Ancízar López, secuestrado y asesinado por el ELN en 2002. López recompensó a Valencia con canonjías clientelistas y toda suerte de prerrogativas institucionales. El Taita ha sido concejal, diputado y representante a la Cámara de muy pobre desempeño.
Este político en ascenso fue capturando al Partido Liberal para su personal beneficio, valiéndose de dádivas clientelares y de la industria del juego. También facilitó la penetración de la ilegalidad en el sistema político regional.
El Taita llegó a Armenia proveniente de San Roque, Antioquia, a vender textiles con una carreta de tracción humana que él mismo conducía mientras promovía sus productos con gritos estentóreos. Luego se hizo administrador y propietario de numerosos bares y cantinas de la ciudad. Allí encontró la simiente que le ayudó a dar un giro notable en su vida: su agraciada compañera y una habilidad zahorí de jugador de cartas, dados y billar con la cual fue allegando lo que hoy es una enorme fortuna.
Su riqueza le permitió ascender en la escala social mediante gestos o dádivas asistenciales. La misma táctica que usaría para captar los votos de su clientela política y para controlar a los periodistas de su entorno.
Cuando los productores de café denunciaron el impacto de la crisis de precios, El Taita les compró sus acciones en los clubes, y ellos en reciprocidad lo admitieron como socio del Club Campestre y lo incluyeron en las juntas directivas de otros círculos exclusivos.
A muchos distinguidos cafeteros en quiebra les compró sus propiedades y les prestó dinero a intereses irredimibles hasta convertirse en gran propietario urbano. A partir de allí los “formadores de opinión” de la localidad exaltaron la sagacidad de este colonizador como una prueba de su inteligencia y su generosidad.
Es impensable que El Taita pudiera fracasar en el ambiente deletéreo de la ciudad, pues él mismo lo ha formado y moldeado para garantizar su supervivencia. Valencia se ufana a media voz de que muy pocos dirigentes en la historia departamental se han resistido a consultarle decisiones importantes o a solicitarle “servicios personales”.
El “juego” de la política
Su intensa vocación lúdica llevó al Taita a crear en la década de los setenta el hoy llamado “chance”, un sistema de apuestas consistente en acertar las últimas tres cifras de la lotería a cambio de un premio en dinero.
Los pocos controles de las autoridades permitieron que este juego moviera parte de su industria en la ilegalidad y las ganancias para sus propietarios se elevaran como espuma. Las comisiones para los vendedores disminuyeron del 30 al 20 por ciento, pero los trabajadores (en su mayoría personas de la tercera edad, niños y madres cabeza de familia) deriva de esa actividad un ingreso precario y una forma de vida. Y Armenia tiene una de las tasas más altas de desempleo de Colombia.
Durante muchos años el Taita monopolizó ese mercado en forma artesanal (con “libreticas y lapiceros”), hasta cuando un acuerdo entre los más poderosos carteles del país determinó una división territorial que dejó el sistema en manos de Apuestas Ochoa. A El Taita le favoreció su condición de dirigente político, su conexión con los llamados “bajos fondos” y su influjo sobre la burocracia local para permanecer en el sector.
Apuestas Ochoa modernizó sus sistemas de ventas con computadores y puntos fijos de expendio y se vio protegida legalmente por las disposiciones de la Ley 643 de 2001 sobre juegos de suerte y azar. En la elaboración de esta ley participaron varios legisladores que por entonces recibían apoyos financieros de las casas de apuestas.
Ha sido concejal, diputado y representante a la Cámara de muy pobre desempeño.
Entonces El Taita y su grupo de caballistas y finqueros llenaron la ciudad y el departamento de maquinitas de juego, prenderías, hoteles, moteles y lupanares lujosos. Y desde estos antros ejercen el juego del poder regional para decidir el destino administrativo y político de la ciudad. La influencia de estos “empresarios” sobre la gestión del departamento y de los municipios es un hecho que muy pocos se atreven a controvertir. Ejercen su dominio a través de más de 15.000 puntos de venta de chance, casinos, bingos, maquinitas, hoteles y casas de lenocinio para turistas.
Como socios de El Taita llegaron a la ciudad José Ignacio Gallego (un amansador de equinos y expendedor de carne), quien en menos de un lustro llegó a ser multimillonario, presidente del Partido Liberal y representante a la Cámara por el departamento del Quindío. También llegó Anuar Oswaldo Oyola Márquez, proveniente del Urabá antioqueño pero nacido en Pueblo Nuevo, Córdoba, en donde se reconoce su cercanía con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso y la enjuiciada chancera La Gata. Oyola es también multimillonario y ahora aspira a una curul en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal.
Oyola obtuvo como cuota en la gobernación de Amparo Arbeláez (2004-2007) la gerencia de la Lotería del Quindío para Julio César López Espinoza, uno de sus subalternos. La mandataria, quien confesó haber sido financiada por Apuestas Ochoa, fue sancionada con la destitución del cargo e inhabilitada por doce años por manejos irregulares en la contratación. López Espinoza fue gobernador del Quindío en representación de los chanceros en el período 2008-2011, pero pronto se vio involucrado en una operación de lavado de dinero por lo cual fue destituido e inhabilitado por diez años.
El cartel de gobierno
La financiación de candidatos sumisos es algo conocido por la ciudadanía. No se trata tan solo de una táctica para el control de posiciones estratégicas, sino de extender el brazo de su poder a la vida económica y social de la región. A su sombra, el microtráfico y la trata de blancas utilizan sus redes y con el apoyo de ejércitos privados aseguran el curso fluido del negocio.
Además y pese a su bajo nivel de escolaridad, El Taita ha dispuesto en forma casi permanente de las Secretarías de Educación como cuota burocrática. También de las rectorías de la Universidad del Quindío (Julio César Victoria), y de La Gran Colombia (Jaime Bejarano Alzate).
Es decir, el país ha dejado al arbitrio de El Taita la formación cultural y científica de los quindianos. Como quiera que son él y su hija quienes postulan candidatos para cargos en el magisterio, al final acaban promoviendo una particular construcción de conocimiento y de bienes culturales en el sistema educativo regional y local.
Para don Emilio y sus socios, el ejercicio de sus actividades públicas y clandestinas no está orientado exclusivamente a la gestión de los intereses económicos de grupo. También tiene el propósito de crear en la sociedad la conciencia de que sus puntos de vista, el carácter de sus compromisos y el enfoque de sus inversiones tienen un valor superior a las razones de quienes por las vías democráticas ejercen el poder.
Su electorado está integrado sobre todo por vendedores de chance y sus familias, buhoneros, líderes comunales y zonales. Él mismo cuenta que diariamente pone en sus bolsillos muchos billetes de dos mil pesos para atender los pedidos de los “transeúntes”.
En su condición de jefe del Partido Liberal mantuvo durante años una coalición con la Alianza Nacional Popular (Anapo) para la Alcaldía de Armenia. Pero sus partidarios Alba Stella Buitrago y Efrén Tovar Martínez fueron asegurados judicialmente e impedidos para desempeñar cargos públicos.
El país ha dejado al arbitrio de El Taita la formación cultural y científica de los quindianos.
Fue socio político del parlamentario Carlos Alberto Oviedo Alfaro, comprobado abogado del Cartel del Norte del Valle y con una trayectoria criminal de pánico. Por haber incinerado vivo y abaleado al ingeniero Juan Guillermo Acosta Botero el 2 de enero de 1997, y dado que Oviedo gozaba de completa impunidad mientras sus problemas judiciales estuvieron en manos de los operadores de la justicia en el Quindío, la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación, lo juzgó y condenó, aunque no por tráfico de narcóticos. Oviedo también fue sindicado del asesinato del reportero Ernesto Acero Cadena el 12 de diciembre de 1995. El sábado 18 de abril de 2009 Oviedo fue muerto a bala –dijo la prensa- en una vendetta mafiosa en una cafetería del centro de Armenia.
También los periodistas de la ciudad son frecuentemente agasajados y obsequiados por Luz Piedad Valencia y sus socios. A su turno, “Nacho” Gallego les ofrece periódicamente agasajos (sancochadas y frijoladas) regados con finos licores y dinero en su finca “La Galana” en cercanías del municipio de Montenegro.
Don Emilio controla un submundo social periférico y, por tanto, goza de privilegios que de otra manera no podría tener. Desde la Dirección Liberal Nacional le delegan el poder para manejar el Partido a su antojo –como si se tratara de otro de sus casinos- y otorgar avales a candidatos sin trayectoria pública, que él mismo selecciona como hizo con sus socios del chance y su hija, Luz Piedad, a quien también hizo representante a la Cámara y alcaldesa de Armenia. Pero la ONG Congreso Visible calificó a los Valencia con las más bajas notas entre todos los parlamentarios.
* Director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales de Colombia, investigador en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Políticos.
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