La explotación perpetua
Por Creusa Muñoz
El auge económico que vive Perú desde hace diez años, sin precedentes en la historia del país, comienza a mostrar señales de agotamiento. Un crecimiento sin desarrollo ni inclusión social, que saquea las riquezas naturales y deja a la población sumida en la inequidad.
La pérdida [del guano y del salitre] nos reveló trágicamente el peligro de una prosperidad económica apoyada o cimentada casi exclusivamente sobre la posesión de una riqueza natural, expuesta a la codicia y al asalto de un imperialismo extranjero o a la decadencia de sus aplicaciones por efecto de las continuas mutaciones producidas en el campo industrial por los inventos de la ciencia” (1). Esta crítica al vasallaje de la economía peruana, fundada sobre un modelo primario exportador, fue escrita hace casi un siglo por José Carlos Mariátegui cuando la Guerra del Pacífico, librada entre Perú y Bolivia contra Chile, dejaba al primero inerme frente a la pérdida de las materias primas sobre las que giraba toda la nación. Hoy lo único que cambió fueron los recursos. El sistema económico peruano sigue fielmente anclado sobre riquezas tan endebles como fugaces.
Crecimiento sin desarrollo
Durante el dominio español el crecimiento económico peruano estuvo garantizado por la extracción del oro y de la plata; a mediados del siglo XIX, por el guano y el salitre; cincuenta años después, por el caucho; otros cincuenta años más, por la harina de pescado, y hoy, casi como una réplica de la época colonial, nuevamente por la minería. Este sistema, sin embargo, llevó a un boom económico sin precedentes en la historia del país. En la llamada década de oro (2003-2013), a la que algunos califican como generadora de un “milagro”, Perú casi duplicó el Producto Interno Bruto (PIB), con un crecimiento promedio de 6,4%, o 7,1% si no se contempla el año 2009, que recibió los coletazos de la recesión internacional (2). Estas cifras históricas fueron propulsadas por factores externos azarosos, que afortunadamente esta vez inclinaron la balanza a favor de la economía peruana, como el aumento exponencial del precio internacional de las materias primas, las bajas tasas de interés (que impulsaron el financiamiento, la inversión y la expansión empresarial) y la creciente y voraz demanda china por los commodities.
Pero el crecimiento no condujo indefectiblemente al desarrollo y mucho menos a la inclusión social. Y es que la productividad del país continúa siendo insignificante comparada con el brutal y sostenido auge económico de la última década (entre 2002 y 2013, la productividad sólo representó un 25% del crecimiento del PIB (3)). Tampoco se realizaron avances significativos en materia de educación, empleo formal, acceso al financiamiento, desarrollo tecnológico, innovación e infraestructura. La extranjerización del aparato productivo seguramente sirva como respuesta: de las 30 empresas más grandes en 2010, 17 eran extranjeras, reteniendo éstas el 54,6% de las utilidades. Un dato no menor es que entre 2003 y 2012 ingresaron al país 56.751 millones de dólares al tiempo que salieron unos 74.078 millones de dólares en concepto de repatriación de utilidades (4).
En cuanto al desarrollo social, si bien la pobreza monetaria disminuyó sustancialmente del 52% al 27% de 2005 a 2013, el crecimiento no tuvo el mismo impacto sobre la pobreza multidimensional que contempla la educación, la salud y la vivienda (véase Lynch y Fernández-Maldonado, pág. 82). La emergencia de una clase media más importante numéricamente y consolidada, tampoco contribuyó a resquebrajar la rampante desigualdad social que asola al país desde tiempos inmemoriales. Según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el ingreso del 20% más rico de la población es 18,5 veces mayor que el ingreso del 20% más pobre (5).
Concentración de la riqueza, extranjerización del aparato productivo, desindustrialización del país… Los principales cuestionamientos al modelo primario exportador quizás no sean tan falaces.
Tierra fecunda
La reprimarización de la economía fue impulsada por el gobierno de Alberto Fujimori que en los años noventa se encargó de implementar un modelo neoliberal, privatizando y concentrando la economía en pocas manos, principalmente extranjeras, que cooptaron al Estado, resucitando una de las peores características de un gobierno oligárquico: el patrimonialismo. Este sistema, que parecía subsistir gracias a la mano dura de una dictadura, al clientelismo y a una retórica que postulaba al gobierno como el salvador de la hiperinflación y de la violencia desatada por el grupo guerrillero maoísta-leninista Sendero Luminoso, continúa hasta el día de hoy. Todos los gobiernos que le sucedieron, inclusive el de Ollanta Humala Tasso (2011-2016), ferviente crítico del proyecto neoliberal, optaron por el continuismo económico y político, y nada parecería indicar un cambio rotundo del sistema con la elección de Pedro Pablo Kuczynski como Presidente en junio de 2016, que representa el ala más dogmática de la derecha liberal.
El signo político del gobierno tradicionalmente de derecha, la debilidad institucional, el neopatrimonialismo, los escándalos de corrupción que envuelven a la clase política peruana son tierra fecunda para el desarrollo de una economía manejada por el capital transnacional que saquea las riquezas naturales y deja a gran parte de la población inerme frente a la inequidad.
La única esperanza quizás sea la resistencia de los oprimidos que están comenzando a alzar la voz fundamentalmente en la sierra y en la selva, donde la pobreza está por encima del promedio nacional (46% en el ámbito rural mientras en las áreas urbanas es del 15,3% (6)) y donde, paradójicamente, se encuentran los distritos mineros que perciben un canon por esa actividad. Mientras tanto, el gran capital apoyado por una clase política parasitaria de una economía netamente exportadora de metales (la minería representa más del 12% del PIB, 60% de las exportaciones y 21% de la IED (7)), seguirá libando las últimas utilidades de un modelo que ya muestra señales de agotamiento por el fin del superciclo de los precios de los commodities.
Hasta que los rezagados de la economía peruana hagan suyo el grito de aquel legendario insurrecto Túpac Amaru, descendiente de los incas, que al sublevarse contra la corona española, exclamó: “¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!” (8). Pero en toda la historia contemporánea sólo una izquierda (la del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, 1968-1975) llegó al poder en Perú reivindicando verdaderamente a los oprimidos, y hoy el pueblo peruano, adormecido por el “milagro”, sigue apostando a las migajas de una sociedad jerárquica anquilosada.
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1. José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Capital intelectual, Buenos Aires, 2009.
2. Carlos Ganoza Durant y Andrea Stiglich Watson, El Perú está calato, Planeta, Lima, 2015.
3. Las mediciones comparativas de productividad son referencias más que indicadores exactos. Los autores las citan para indicar que la productividad en Perú es inferior a países que registraron verdaderos “milagros económicos” como Hong Kong (54%) y Corea del Sur (58%). Ibídem nota 2.
4. Véase Nicolás Lynch, “Perú: la prosperidad falaz”, Nueva Sociedad, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2013.
5. “Panorama social de América Latina”, Cepal, Santiago de Chile, 2011.
6. “Población en situación de pobreza monetaria, según ámbito geográfico, 2004-2014”, INEI, Lima, 2014.
7. José de Echave, “La minería ilegal en Perú”, Nueva Sociedad, Buenos Aires, mayo-junio de 2016.
8. Juan Velasco Alvarado, La revolución peruana, Eudeba, Buenos Aires, 2014.
http://www.eldiplo.org/notas-web/la-explotacion-perpetua?token=&nID=1
http://www.eldiplo.org/notas-web/al-servicio-del-capital/
LA CAPITULACIÓN PRESIDENCIAL FRENTE AL LOBBY MINERO
Al servicio del capital
Por Anna Bednik*
Desde hace varios años, el poder político se ha sometido a los intereses económicos de las sociedades mineras. El exponencial aumento de precios de los metales consolidó la dependencia de la economía al sector y dejó al gobierno peruano al servicio total del capital.
¿Les han preguntado a ustedes su opinión?” Con estas palabras, micrófono en mano y un poncho regional sobre la espalda, Ollanta Humala, ex militar candidato a la presidencia, gritaba, el 2 de mayo de 2011, en la plaza central de Bambamarca, en la meseta andina peruana: “¿Qué es más importante el agua o el oro? ¡No tomamos el oro, no comemos el oro! Del agua viene la riqueza”. No, Minas Conga no pasará.
Minas Conga es un proyecto de extracción de cobre y de oro manejado por Yanacocha, consorcio formado por el gigante estadounidense Newmont (51,35%), el grupo peruano Buenaventura (43,65%) y la Sociedad Financiera Internacional, filial de crédito en el sector privado del Banco Mundial (5%). Cuatro lagos van a desaparecer. Durante los diecisiete años de explotación prevista serán arrojadas cerca de noventa mil toneladas de escoria cargadas de metales pesados todos los días. Pero estamos en una zona de recarga hídrica, fuente de ríos que alimentan los campos, las ciudades y los pueblos de las inmediaciones.
Famosa por su producción lechera y sus quesos, la región de Cajamarca ya soportó el secamiento de varios de sus lagos por la acción de Yanacocha. Desde 1993, la sociedad explota aquí la mina de oro más grande de América del Sur. Para hacerlo, está autorizada a extraer hasta novecientos litros de agua por segundo, o sea tres a cuatro veces más que la ciudad capital de Cajamarca, obligada a racionar el agua potable de sus doscientos ochenta y cuatro mil habitantes. El frente de defensa del medio ambiente y las rondas campesinas (comités de vigilancia con funciones jurisdiccionales) responsabilizan a la empresa por el agotamiento de algunos cursos de agua y de mucha polución de metales pesados, cianuro y otras sustancias tóxicas.
El giro de Humala
Humala ganó las elecciones en junio de 2011, gracias a la alianza sellada en la segunda vuelta con el ex presidente centrista Alejandro Toledo (2001-2006), que aportó posteriormente la mayoría de sus ministros. Y cinco meses después, cambió de análisis: “¡Rechazamos las posiciones extremas! […] ¿El agua o el oro? Proponemos una posición razonable: el agua y el oro”. Cuando una huelga general paralizó la ciudad de Cajamarca para exigir el abandono del proyecto, Humala adhirió a la línea derecha de sus predecesores: declaró el estado de emergencia y desplegó las Fuerzas Armadas. Cuando en julio de 2012 reiteró su apoyo a Yanacocha, siguieron protestas que fueron violentamente reprimidas.
Denominada “La Gran Transformación”, el programa de Gana Perú, redactado en 2010, comenzaba con una acusación contra el modelo neoliberal y denunciaba el sistema primario-exportador del país así como el control de las empresas extranjeras sobre los recursos naturales. En septiembre de 2013, en el cierre del salón profesional Premium, Humala ya no buscaba la ruptura. “La industria minera responsable debe convertirse en una palanca de nuestro desarrollo gracias a la inversión privada”, declaraba.
Entre 1993 y 2012, la inversión privada en el sector minero se multiplicó por cuarenta. Las reformas neoliberales de los años 1990, llevadas a cabo por Alberto Fujimori, luego el exponencial aumento de precios de los principales metales en 2000 (más del 400% en el oro, el cobre y el estaño, 150% en el zinc, 350% en el plomo, más del 550% en la plata) consolidaron la dependencia de la economía a este sector. Como primer destino de las inversiones extranjeras directas, el sector representa el 60% de las exportaciones, proporciona a Perú el 50% de sus divisas y cerca del 15% de sus ingresos fiscales. Las consecuencias son una débil diversificación y una vulnerabilidad a la fluctuación de las cotizaciones en los mercados internacionales.
Las economías ortodoxas señalan que en el transcurso de la última década, caracterizada por un fuerte crecimiento económico, la tasa de pobreza retrocedió veintiocho puntos. Sin embargo, en las regiones rurales de los Andes, las principales zonas de establecimiento de las minas, se eleva todavía al 58,8% contra el 14,5% en Lima. Poco integrada a la economía local, la industria minera solo emplea directamente al 1,3% de la población activa y se apodera de los recursos, en tierra y en agua, de la agricultura familiar, primera fuente de ingreso del campo.
Avance minero, retroceso ciudadano
Bajo la presidencia de Humala, la revisión de la fiscalidad minera para financiar las políticas sociales no espantó a las empresas: el sobrecosto correspondiente a las nuevas tasas, deducible del impuesto sobre las sociedades, permaneció relativamente limitado, mientras que el nuevo modo de cálculo de la recaudación –fundado sobre el resultado operacional, y no sobre el valor de las ventas– corresponde precisamente a la propuesta del lobby minero.
En contrapartida, este mismo lobby exige del gobierno que simplifique los procedimientos administrativos. Esta sería la condición para ganar en competitividad mientras que el precio de los metales retrocede desde hace dos años. En 2013, un paquete de medidas tomadas por decreto ya modificó las condiciones de concesión de permisos mineros: la garantía de protección del patrimonio arqueológico quedó casi suprimida, el plazo de aprobación de los estudios de impacto ambiental reducido a cien días. Paralelamente, las comunidades andinas, la mayoría quechua y aymara, fueron excluidas del perímetro de la ley que obliga a las empresas a consultar a las poblaciones indígenas. Los permisos de exploración y de explotación se multiplicaron, se extienden sobre nuevos territorios (hasta el 69% de algunas regiones), y la industria minera se ha vuelto la primera causa de conflictos sociales: ciento siete sobre setenta y cinco en septiembre de 2013.
