LA PAZ EN COLOMBIA, DE EL SALVADOR A GUATEMALA
La ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas, requiere de una izquierda con solidez programática, conciencia, organización, unidad y fuerza política.
Libardo Sarmiento Anzola
Fuente de la imagen: http://www.ucc.edu.co
Latinoamérica es la región más violenta, desigual y corrupta del mundo. No obstante que quedaron en el pasado los regímenes autoritarios y las dictaduras militares que asolaron la región durante el siglo XX, que la mayoría de los conflictos internos bélicos encontraron solución política negociada y que hay progresos evidentes en la superación de la pobreza y el crecimiento económico, continúa siendo esquivo el sendero que conduce a la civilización, la convivencia pacífica, la democracia y el respeto por la dignidad humana.
En Colombia, los tiempos que transcurren son de esperanza; la búsqueda de la paz justa y digna es la razón de ser y el corazón de las actuales luchas de la ciudadanía democrática, las organizaciones de los trabajadores y los movimientos populares. El Gobierno Nacional y los grupos insurgentes adelantan procesos de negociación con el fin de terminar el conflicto armado. No obstante, en oposición y antagonismo, vehementes grupos políticos, económicos y militares de derecha atacan con iracundia los acuerdos de paz y promueven la violencia que han usufructuado históricamente.
El Salvador y Guatemala son dos referentes cercanos que nos ofrecen lecciones y experiencias para reflexionar sobre el futuro de la paz en Colombia. El Salvador, después del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla en 1992 que puso fin a doce años de guerra civil (dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos), experimentó la rauda y veloz transformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el principal partido político de izquierda. En 2009 ganó las elecciones presidenciales con Mauricio Funes y en 2014 repitió, una vez más, con Salvador Sánchez Cerén, uno de los comandantes del FMLN, quienes han impulsado sensibles reformas en el Estado y la sociedad. Sin embargo, en el presente el país afronta una explosión de violencia social sin antecedentes y en julio de 2016 la Corte Constitucional derogó la ley de amnistía aprobada en 1993; hecho que ha obligado al presidente a buscar, con el concurso de las principales fuerzas políticas, un acuerdo para que se apruebe una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
En Guatemala, después de 30 años de confrontación armada y más de 200.000 víctimas, el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el Acuerdo de Paz en 1996. La guerrilla, debilitada, no logró transformarse en una fuerza política de izquierda (alcanzan menos del 5% de la votación en los procesos electorales) y los excombatientes se diluyeron en micro proyectos individuales o en organizaciones no gubernamentales con escasa incidencia social y política. A la par, la extrema derecha, entre ellos políticos, empresarios, militares y ejércitos paraestatales, cooptaron la institucionalidad con el apoyo de la ciudadanía conservadora. Los partidos políticos de derecha, usufructuarios de los réditos que deja la corrupción, entregaron la totalidad de los recursos naturales y de los negocios al control del capital transnacional, mientras el pueblo naufraga en medio de la miseria y la violencia.
¿Cuál será el camino que siga Colombia durante los post-acuerdos de paz?
Dos temas para reflexionar: i) Colombia, El Salvador y Guatemala en el contexto latinoamericano; ii) los retos políticos y sociales de la insurgencia.
1. América Latina, Colombia, El Salvador y Guatemala
A partir de 1945 los estados latinoamericanos y caribeños (AL-C) experimentan un proceso de cambio estructural en sus respectivas historias para articularse al sistema mundo capitalista, tan radical como lo que significó en la postrimería del siglo XV para los pueblos amerindios la invasión europea y la cruenta instauración de la Colonia.
Las tres décadas inmediatas a la posguerra (1946-1975) transcurrieron en un ambiente económico internacional expansivo (la economía mundial creció a razón de 5.5% anual). Este proceso favoreció en AL-C el crecimiento desde adentro que dio impulso a la industrialización, a la migración campo-ciudad, a la mayor oferta de educación, salud y servicios públicos, a mejores oportunidades de empleo e ingresos de los hogares. Los niveles de pobreza por ingreso cayeron entre 1960-2015 de 58 a 28,2 por ciento. Consecuencia de estas transformaciones, la región registró un «boom» poblacional: en 1950 el número de habitantes sumaba 169 millones de personas y en 2016 la cifra aumentó a 642 millones.
En contraste, AL-C representa el 9 por ciento de la población del mundo y registra el 27 por ciento de los homicidios. Según el informe 2015/16 de Amnistía Internacional, “América Latina y el Caribe albergan a 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos —Brasil, Colombia, México y Venezuela— se cometen uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial”. La impunidad es la norma, “sólo 20 de cada 100 homicidios desembocaban en una condena”.
La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades de AL-C. Su manifestación más elocuente es la distribución del ingreso. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. El coeficiente de concentración del ingreso (Gini) en AL-C, desde de 1970 hasta 2015, oscila entre 0,58 y 0,49. En la región, el 20 por ciento más rico concentra el 58 por ciento del ingreso.
Cada año la Organización de Transparencia Internacional publica el Índice de percepción de la corrupción. En promedio, los países latinoamericanos se ubican cerca de la mitad de la lista que califica a los países según una escala que va del cero -equivalente a una percepción elevada de los niveles de corrupción- al 100, que representa la transparencia. La calificación promedio de 40 quiere decir que la corrupción es sistemática, está muy impregnada en el Estado. La corrupción, a la vez, profundiza la desigualdad y potencia la violencia.
En este contexto, la comparación entre Colombia, El Salvador y Guatemala muestra significativas diferencias y sorprendentes similitudes. De una parte, la extensión geográfica, el volumen de la población y el ingreso promedio de la población son significativamente más altos en Colombia comparado con los otros dos países (ver cuadro inferior).
Si bien la tasa de desempleo es bastante más elevada en Colombia, de otra parte, este país comparte varias similitudes con El Salvador y Guatemala: el alto grado de concentración de la riqueza (entre 0,44 y 0,56); el 80 por ciento de la población, en promedio, considera que la distribución del ingreso es injusta y desconfía de las instituciones políticas y del Estado; cerca del 30 por ciento de los jóvenes ni estudia ni trabaja (Ninis); un bajo nivel de gasto público respecto al PIB (entre 7,5% en Guatemala y 14,8% en El Salvador); y una baja calificación en el índice de democracia (este índice evalúa: i) derechos políticos: proceso electoral, pluralismo político y participación, funcionamiento del gobierno; ii) libertad de expresión y creencias, derechos de asociación y organización, imperio de la ley, autonomía personal y derechos individuales).
Guatemala se diferencia de manera elocuente por el alto nivel de su población viviendo bajo condiciones de pobreza e indigencia (las poblaciones indígenas y los sectores populares urbanos son los más afectados). Respecto a estos indicadores, El Salvador está en un nivel intermedio y Colombia comporta valores similares al promedio latinoamericano. En el índice de corrupción, Guatemala ocupa el puesto 123 entre los 175 países más corruptos, Colombia el 83 y El Salvador el 72.
Respecto a la violencia, El Salvador sobresale por ser uno de los países con mayor violencia en el mundo: con 6.650 homicidios en 2015, la tasa de homicidios es de 103 por cada 100.000 habitantes; la confrontación entre pandillas juveniles y la agresividad policial explican esta explosión de violencia. En Guatemala hubo 4.778 homicidios en 2015, equivalentes a una tasa de 29,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, producto de la violencia estatal, la corrupción y las pandillas callejeras. En Colombia ocurrieron 12.540 asesinatos en 2015 (una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes); aunque el país llegó a ser considerado la capital mundial del crimen, esta tasa de homicidios es la más baja en las últimas dos décadas; la reducción del conflicto armado entre el Gobierno y las FARC han contribuido a este resultado. La inseguridad es el común denominador entre los tres países y el miedo amenaza a la frágil democracia.
2. Paz, insurgencia y política
Los Acuerdos de Paz no implican el fin de los conflictos o la violencia. La paz no está directamente correlacionada con la disminución de la pobreza o el crecimiento económico. Las expresiones de la violencia están enlazadas o vinculadas con la desigualdad, la violación de los derechos humanos, la precariedad de la democracia, la corrupción y la exclusión.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia, entre 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte a 218.094 personas. Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, las víctimas suman ocho millones solo durante el período 1985-2015. Es el momento de darle el sí a la paz. La renuncia generalizada a la violencia requiere el compromiso de toda la sociedad.
Entre 1960 y 2016 Colombia redujo sensiblemente el nivel de pobreza de su población. El país ha registrado un sostenido crecimiento económico pero sin generar los puestos de trabajo suficientes ni el empleo decente que la sociedad demanda. Durante este período, la tasa de homicidios escaló sin compasión a lo largo de tres décadas entre 1980 a 2010, en los últimos años retornó al nivel de los años 1960, pero todavía esta tasa es anormal comparada con los estándares internacionales. El nivel de concentración de la riqueza y el ingreso en Colombia atropella la concepción más elemental de justicia; el coeficiente que mide la desigualdad del ingreso registra un rápido incremento desde los años 1960 hasta la primera década del siglo XXI; durante el último lustro presenta un ligero e insuficiente descenso (ver gráfico 1).
La construcción colectiva y desde los territorios de un modelo económico, político, social, cultural y ambiental, igualitario, justo, incluyente, respetuoso de los derechos humanos, sostenible y con democracia participativa es el reto que tiene la izquierda en general, y las insurgencias en particular, para los tiempos de implementar los post acuerdos de paz. La salida no es desplazarse hacia el centro, al contrario se requiere un ideario clásico de izquierda (la ola rosada de la izquierda que gobernó durante las dos últimas décadas en Latinoamérica no logró transformaciones sostenibles). Es necesario radicalizar los cambios estructurales que el país popular, trabajador y democrático demanda y necesita.
La ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas, requiere de una izquierda con solidez programática, conciencia, organización, unidad y fuerza política. La insurgencia sola no lo va a lograr, es necesaria la confluencia en un gran frente social y político que articule todo el movimiento social y político popular rural y urbano, los sindicatos, los sectores solidarios de la economía, los estudiantes y los intelectuales orgánicos, la ciudadanía democrática y los partidos políticos que compartan una plataforma mínima de lucha. Es la hora de los medios pacíficos de la lucha de clases, del ejercicio de la democracia en las urnas y de la consolidación del poder popular desde abajo, en lo territorial, a partir de la pluralidad y con expresión en el parlamento.
La encuesta de Cultura Política del 2015, aplicada por el DANE, que indaga sobre la percepción que tienen los ciudadanos colombianos sobre su entorno político, muestra un gran atraso en la conciencia política de la población, una democracia frágil y desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones públicas. Esta situación explica la cifra histórica de la abstención, nunca inferior al 51 por ciento (gráfico 2). El 49 por ciento que acude a las urnas se distribuye entre el centro (24,6%), la derecha (16,3%) y la izquierda (8,1%). Este es otro de los retos que enfrenta la izquierda radical para los tiempos de paz: ganar el corazón y la conciencia de la mitad de la población colombiana que rehúye, repugna, menosprecia, evita o se sustrae por múltiples razones de la democracia participativa y representativa, del compromiso social, de la organización, de la responsabilidad pública y del ejercicio de la política.
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