Salarios, precios, ganancias e impuestos: ¿quién paga la crisis?
Es evidente que el Gobierno toma decisiones en contravía, que hacen más desigual la sociedad colombiana.
Aurelio Suárez Montoya
El ingreso nacional bruto de un país está dado por la sumatoria de: 1) los salarios con los que se remunera a los trabajadores; 2) las ganancias, provenientes de los excedentes de explotación de los distintos sectores productivos no financieros; 3) las rentas, generadas por los dividendos, los intereses y la tierra, como tal, y 4) los impuestos indirectos, que pagan todos los agentes al consumir los bienes y servicios que unos y otros producen.
Al monto total, que también se conoce como valor agregado monetario, contribuye en distintas proporciones cada una de estas fuentes, y de dicha participación puede deducirse cuánto de ese ingreso nacional captura cada una de ellas; es decir, por cada cien pesos, qué tanto es remunerado el factor trabajo o el capital, en sus distintas formas, productiva, comercial o especulativa, o el Estado, por la vía de los impuestos indirectos, ya que los directos se descuentan de la remuneración del respectivo sector.
Esa contabilidad está en las Cuentas Integradas de Sectores Institucionales. Cálculos aproximados sobre las mismas para Colombia entre el 2005 y el 2013, que es hasta donde se dispone de información, arrojan que las remuneraciones salariales se han mantenido alrededor del 34,5 % del ingreso; los impuestos indirectos, entre el 7,5 % y el 8,5 %; el sector financiero subió del 21 % al 25 % y el capital no financiero, en tendencia a la baja del 35 % al 32 %. Vale notar que cada punto porcentual de retroceso o avance podría significar a pesos de hoy, para cualquier sector, cerca de ocho billones de pesos.
Fuera de anotar que al trabajo solo le corresponde un tercio del ingreso, este análisis es relevante cuando se trata de mirar cómo se descargarán los costos de las crisis, o cuando por economía política se decide qué sectores van a perder participación y cuáles la mantendrán o, en medio de ella, la acrecentarán. Cuando el salario mínimo sube por debajo del índice de precios, justo lo sucedido con los asalariados de bajos ingresos, o cuando viene una cascada de impuestos indirectos, como la promocionada por la Comisión de Expertos, cuyo vocero es el exsecretario de Hacienda de Bogotá Humana, la decisión pone los costos de la “desaceleración” sobre los hombros de los más pobres. Igual análisis se da en la relación entre capitales no financieros, industria, agricultura y comercio y los financieros en torno a la tasa de interés, cuya elevación, invocada a nombre de la “moneda sana”, es favorable a los bancos y demás entidades captadoras de rentas de capital.
Es paradójico que cuando lo que se reclama es “fortalecer la demanda interna” lo que se hace es debilitarla, pues el alza real de los salarios impulsa el consumo de bienes ‘de primera necesidad’ antes que elevar sus precios y reduce además la tasa de quienes elaboran las mercancías suntuarias. Esta verdad la demostró Carlos Marx (sí, Marx) hace 150 años, en el libro ‘Salario, precio y ganancia’ y, como él mismo lo reconoce, “por Adam Smith y sus predecesores franceses en la parte realmente científica de sus investigaciones”.
Entendido lo anterior, es evidente que el gobierno de Santos toma decisiones en contravía, que hacen más desigual la sociedad colombiana asestando garrotazos a los sectores del trabajo y restringiendo los de la producción nacional, preservando los intereses del sector financiero, concentrado en cuatro poderosos grupos, y remarcando una política fiscal regresiva. A este inicuo panorama debe agregarse que, por fuera de las cuentas, está la ocupación informal, tributaria del modelo pero marginada, y que, para colmo de males, de este ingreso nacional se destina renta neta exportada para “el resto del mundo”, por cerca del 5 % del total.
Este 2016, calificado como “muy duro” para la economía, ahondará la contradicción entre los distintos sectores por defender su participación en el ingreso. Y arrancaron perdiendo las mayorías a causa del desbalance gestado por las medidas oficiales ya tomadas, por las que están en ciernes y porque el gobierno de Santos pretende suplantar una política económica equilibrada por lo que denomina “gasto público en infraestructura”, cebado con el raponazo de Isagén. El desenlace final es incierto.
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