Privatización del sistema de justicia en EU, según NYT: ¡aniquilación del individuo!
Alfredo Jalife-Rahme
La Jornada.
El perturbador reportaje en tres entregas en The New York Times (NYT), de los excelsos reporteros Jessica Silver-Greenberg, Robert Gebeloff y Michael Corkery, espléndidamente resumido por Amie Tsang, deja estupefacto a un lector que haya podido conservar su alma en medio del imperante hipermaterialismo global.
Amie Tsang resume y rezuma que decenas de millones (¡supersic!) de ciudadanos de Estados Unidos han renunciado a su derecho constitucional para acudir siquiera un día a los tribunales aun sin saberlo, debido a que las trasnacionales han estado insertando cláusulas individuales de arbitraje en los contratos de empleo y de usuarios, dando la vuelta a los tribunales y previniendo a la gente de emprender juicios de acción colectiva (http://goo.gl/rMWDgE).
Las cláusulas pueden ser solamente pocas palabras, como aquellas con las que obligan a los tarjetahabientes en sus contratos de tarjetas de crédito, al señalar que quienes presentan un problema con su cuenta pueden elegir resolver cualquier reclamo mediante el arbitraje individual.
Tal movimiento fue ingeniado hace más de una década por una coalición de empresas de tarjetas de crédito y de menudistas de Wall Street quienes deseaban aislarse (sic) de los juicios legales muy costosos, lo que llevó a dos sentencias de la Suprema Corte que prohibían los juicios de acción colectiva en los contratos.
El arbitraje individual, cuyo recurso no pocas veces aparece en forma misteriosa en las letras pequeñas de los contratos amañados, otorga un ventaja descomunal a las omnipotentes trasnacionales frente a la orfandad jurídica del individuo decente.
¿Pretenden los banqueros de Estados Unidos demoler la icónica Estatua de la Libertad, cercana a Wall Street, para establecer en su lugar la liturgia del paleobíblico becerro de oro?
La proliferación de prohibición de juicios de acción colectiva ha orillado a que los fiscales en 16 estados adviertan –en una carta a la Oficina de Protección (sic) Financiera al Consumidor– que tales prácticas ilegales (sic) de las trasnacionales podrían florecer aún mas.
Los fiscales consideran haber perdido un instrumento para exponer los patrones de abuso de las trasnacionales.
Amie Tsang, quien se basó en dos de las tres entregas estrujantes del NYT (http://goo.gl/qL1ZXS) y (http://goo.gl/EccIUN), sintetiza que miles de negocios, desde las prácticas de obstetricia, pasando por las escuelas privadas (sic), hasta las megatrasnacionales, han usado el arbitraje como un sistema alterno de justicia. La tercera entrega del NYT versa sobre el otro polémico arbitraje religioso (http://goo.gl/iZRqOO).
¡Y eso que todavía las trasnacionales no implementan sus ominosos tres tratados plutocráticos TPP/TTIP/TISA (http://goo.gl/zIEccW) que aniquilan al individuo!
Ahora miles (sic) de casos entablados por los querellantes individuales sobre reclamos como la mala práctica médica y la muerte por negligencia se deciden tras bambalinas.
En forma insólita, en el país que ostenta la mayor (des)información per cápita del planeta, poco se sabe sobre el arbitraje, debido a que sus procedimientos son confidenciales (¡supersic!) y el gobierno no requiere que los casos sean reportados.
En la macabra ambientación de la desregulada globalización financierista que controla la bancocracia de Wall Street (http://goo.gl/zzUclr) –que ahora se arroga el lujo de despojar al ciudadano de sus derechos elementales de defensa judicial–, las reglas y sentencias del arbitraje tienden (sic) a favorecer a los negocios, cuando los árbitros han sustituido a los jueces y a los jurados, ya que consideran comúnmente a las empresas como sus clientes.
Nada nuevo bajo el sol sobre las conductas inicuas: con el fin de otorgar resultados favorables a las empresas, algunos (sic) árbitros han distorsionado o pisoteado llanamente las leyes.
Existe una simbiosis judicial, para no decir incesto, entre los venales árbitros y los negocios en Estados Unidos, ya que a los árbitros les conviene establecer lazos íntimos con las empresas para atraer un mayor número de negocios a su molino: entre 41 árbitros, cada uno ha manejado 10 o más casos para una empresa entre 2010 y 2014.
Anthony Kline, juez de apelación de California, aduce que juzgar en forma privada es un oxímoron ya que las empresas y los árbitros tienen una razón económica para decidir en favor de los jugadores que repiten.
¿Quién juzga a los árbitros venales?
La mayoría de las veces, los querellantes pierden sus casos, incluso cuando las decisiones de los árbitros causan sustancial injusticia.
Ahora resulta que los árbitros reconocen estar secuestrados por las empresas, pero son impotentes cuando han hecho de la deliberada injusticia un modus vivendi y operandi: ¡el síndrome de Estocolmo judicial!
Los óptimos investigadores Jessica Silver-Green¬berg y Robert Gebeloff aducen que el uso del arbitraje legal (sic) ha permeado en cada rincón de las vidas de los estadunidenses, dañando a la gente desde su cuna hasta su muerte.
Myriam Gilles, profesora de leyes, arguye que el arbitrario manejo del arbitraje constituye la privatización del sistema de justicia, donde los estadunidenses están siendo activamente privados de sus derechos.
Los investigadores exhiben que muchas de las empresas y marcas con las que los consumidores interactúan tienen cláusulas de arbitraje escritas en letras pequeñas en los términos de sus servicios, como las omnipotentes trasnacionales AT&T y Starbucks (http://goo.gl/waoB9T), las cuales, por cierto, se están apoderando del "México neoliberal itamita".
Lo peor es que "en los años recientes se ha vuelto cada vez más difícil presentar solicitud de una tarjeta de crédito, el uso de un celular, un servicio de Internet o de cable o la compra on-line, sin aceptar el arbitraje privado. Lo mismo aplica para obtener un empleo (¡supersic!) o rentar un carro". ¡Qué horror sin honor!
Algunos jueces han catalogado las prohibiciones de acciones judiciales colectivas como un permiso para salir libre de las cárceles, ya que es casi imposible que un solo individuo pueda demandar a una trasnacional con vastos recursos.
William G. Young, juez federal en Boston, quien fue nombrado por el presidente Reagan, comentó que el arbitraje se encuentra entre los más profundos giros de nuestra historia legal, ya que, en forma ominosa, los negocios tienen una alta probabilidad de optar por salirse del sistema legal vigente y conducirse de pésima manera sin ningún reproche.
¿Cómo andarán las cosas en el "México neoliberal itamita", donde los ciudadanos impugnan la ausencia de justicia en general, y en particular en la presidencia del controvertido Tribunal Superior de Justicia (sic) del DF, que destila un fuerte olor a azufre?
Una cosa es seducir y/o comprar la justicia pública de los venales jueces penales –práctica muy socorrida por las trasnacionales–, y otra es privatizarla.
La privatización de la justicia en Estados Unidos por la bancocracia constituye la quintaesencia de la impotencia y la indefensión del ciudadano esclavizado por las leyes del mercado y su emblemático becerro de oro.
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