Las injusticias con la justicia indígena
De nuevo el gobierno incumple al pueblo nasa
desdeabajo
"Lo que de todos modos hay que intentar,
es conservar la voluntad de luchar
por una sociedad diferente sin caer
en la interpretación paranoide de la lucha". Estanislao Zuleta
Otra vez el gobierno le incumple al Pueblo Nasa. Esta vez el ministro de Justicia, Yesid Reyes, evadió la cita demandada por las comunidades del Norte del Cauca y prevista en las horas de la mañana del 26 de noviembre en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación. Las comunidades nasa convocadas a la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena, decidieron regresar al territorio ante tal engaño. Desde ya preparan acciones para los próximos años.
La reciente condena a Feliciano Valencia, destacado líder nasa, fue el motivo que impulsó la movilización de al menos 2.500 nasa hacia la capital. No obstante, las razones de esta minga son múltiples y mucho más profundas. Hablamos con uno de los delegados del resguardo de Huellas en Caloto, quien nos contó sobre la situación actual y las valoraciones de esta visita a Bogotá.
Fue la condena en segunda instancia proferida contra Feliciano Valencia, por parte de un tribunal de Popayán, la gota que rebosó la copa. Feliciano fue condenado a 16 años de prisión por haber coordinado una asamblea en la que fue aprehendido espiando un miembro del ejército. El cabo tercero Jairo Danilo Chaparral recibió por ello recibió 20 latigazos como castigo por parte de las comunidades nasa en 2008.
Hace ya más de un mes que el líder indígena se encuentra privado de su libertad, primero en la cárcel San Isidro de la capital caucana y actualmente en el Centro de Armonización Indígena de Gualanday en Santander de Quilichao, lugar donde fue objeto de un atentado el lunes 17 de noviembre.
Tanto el atentado como la condena son muestra de la persecución al movimiento social, de la contradicción entre Jurisdicciones en un mismo territorio, y de la tipificación de las acciones de la Justicia Indígena como criminales. Según Arcadio, comunero nasa entrevistado pocas horas antes de su regreso, "las élites del Cauca le estarían cobrando a Feliciano el proceso social de lucha que hacen las comunidades, pues él lo ha abanderado".
Sin embargo, para el profesor de la Universidad Nacional, Rosemberg Ariza, el debate va más allá y se ubica entre los distintos modos de concebir la justicia. Según el profesor, la condena promueve restricciones a la Jurisdicción Indígena amparada por el artículo 246 de la Constitución Política, y en todo caso, como dice un artículo reciente de su autoría,"el dilema no es entonces autonomía vs. justicia, como pretenden plantear, el dilema está en los fundamentos de nuestra forma Estado social de derecho, el asunto es pluralismo-monismo" .
Además de las cuestiones de fondo concernientes al choque entre jurisdicciones y que remiten a la autonomía de los pueblos indígenas, es común ya en la opinión nacional cierto cariz hipócrita al tratar el tema. Cuando las comunidades nasa condenaron a 60 años de prisión a los dos jóvenes milicianos de las Farc, quienes habían asesinado a otros dos de sus compañeros, los medios de comunicación empresariales celebraron la decisión y aplaudieron la Justicia Indígena. Muy diferente ha sido la matriz de opinión con el caso de Feliciano Valencia. Se aplica, de esta manera, una suerte de circunstancialismo cuando se corresponde enjuiciar los actos propios y convenientes, y un cierto esencialismo para el juicio sobre el otro. Un razonamiento que fuera cuestionado por el filósofo colombiano Estanislao Zuleta y ante lo cual cabe cuestionarse la proporcionalidad de nuestro modo de hacer justicia ¿qué es entonces justo, un remedio de 20 latigazos o 16 años de prisión?
Pero la situación en el Cauca excede los asuntos sobre la justicia y la autonomía. Como siempre esuna situación bastante conflictiva. Hace pocos días el ejército asesinó al campesino Miller Bermeo, cuando comunidades del municipio de Argelia trataban de impedir la fumigación y erradicación de cultivos de coca. En el lugar otro campesino resultó herido de bala en una pierna. No es la primera vez que balas del glorioso ejército nacional terminan con la vida de campesinos o indígenas. Lo grave -gravísimo- es que el fuero penal militar les protege ante este tipo de hechos ¿alguna Constitución menciona un supuesto Estado de derecho? Como quiera que sea, este suceso pasó de agache ante una opinión pública absorta por los terribles atentados en París.
Además en las últimas semanas se ha reportado la presencia de paramilitares entre los municipios de Santander de Quilichao y Caloto, quienes dicen estar allí para hacer respetar la propiedad privada, indica Arcadio.La cuestión es grave en tanto las acciones de amenazas y asesinatos a defensores de derechos humanos vienen en aumento, como lo confirman los informes de las organizaciones de defensoras de derechos humanos y las denuncias de las organizaciones sociales.
Hace unas semanas, el bloque de guerra occidental del Eln amenazó a la señora Nilsa Ulzape, a su esposo Gersain Rivera y su hija de 12 años, sumándose esto al asesinato del primer alcalde indígena de Jambaló en 1996, Marden Arnulfo Betancurt, con razones infundadas por parte de la Columna Milton Hernández del ELN. La actuación de la insurgencia guerrillera en la región hacia las comunidades nasa, evidencia que la izquierda vanguardista no sabe reconocer la autonomía de los sujetos. O lo hace con el mencionado criterio que el maestro Zuleta tanto interpelaba.
Pero no todo es guerra. Desde diciembre de 2014 las comunidades nasa han emprendido acciones de liberación de tierras que se encontraban en uso por parte de multinacionales y empresarios nacionales y destinadas al monocultivo de la caña de azúcar. Las 2500 hectáreas de la hacienda Miraflores en Corinto y las 160 de la famosa hacienda La Empreratriz en Caloto, siguen en posesión por parte de las comunidades indígenas. Ahora se ha sumado la toma de la finca La Agustina en López Adentro. Las comunidades permanecerán en esas fincas hasta que sean de su uso y propiedad colectiva. Todas estas acciones se realizan como parte de la Minga de Liberación, emprendida tras evaluar el incumplimiento de más de 30 acuerdos por parte de los últimos cinco gobiernos nacionales. Entre los acuerdos incumplidos está la titulación de 15.636 hectáreas y la reparación integral, como parte del compromiso al que llegaron con el gobierno de César Gaviria luego de la masacre del Nilo que ejecutaron conjuntamente paramilitares y agentes de la policía.
Además de eso todo esto -y como síntoma de unidad social- las comunidades campesinas que luchan por la constitución de las Zonas de Reserva Campesina, han buscado acercamientos con los nasa; lo propio vienen haciendo las comunidades negras de la región. Este diciembre se iniciará, pues, un primer acercamiento fraguado ahora con relativa independencia de las dirigencias tanto de los campesinos como de los indígenas y afros. Un proceso así, aunque esperanzador, no estará exento de profundas dificultades.
La Minga regresa, pues, a sus territorios de origen con el sinsabor de haber insistido en las vías del diálogo y haber obtenido la negativa del gobierno nacional. "Cumplimos con la palabra. Habíamos acordado discutir con el gobierno unos puntos como el de la jurisdicción especial indígena, fuimos a la cita en Centro Memoria y el gobierno no llegó. Regresamos para preparar acciones más concretas, para que el gobierno atienda el llamado que le estamos haciendo los pueblos indígenas y las organizaciones sociales, bien sea durante este año mismo o en los próximos años. Como llegamos acá y el gobierno no quiso hablar, pues esperamos que allá llegue y dé la cara", así lo explica Arcadio.
Ya para terminar, Arcadio comenta sobre la situación particular de Feliciano: "anímicamente está un poco caído pero sigue firme. Sabemos que el no tiene porque estar preso. Es un preso político y esperamos que el tribunal reconozca el derecho que tenemos y que Feliciano sea libre en el menor tiempo posible".
Recuadro
El pasado 12 de octubre las comunidades indígenas le pusieron cita al ministro Reyes en la finca La María (Piendamó), con el fin de entablar una discusión acerca de la Jurisdicción Especial Indígena. En esa ocasión, el titular de la cartera de Justicia argumentó que no habían garantías para asistir al encuentro. Los temas propuestos por la Minga para la discusión con el gobierno son:
- Respeto y garantía a las decisiones de los Tribunales Indígenas y a los procedimientos propios de cada pueblo indígena (detención, investigación, juzgamiento, aplicación de remedio).
- Condiciones y garantías para el Ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. (Asignación presupuestal).
- Exigir la revocatoria inmediata del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal del Circuito de la Ciudad de Popayán, en el caso del compañero Feliciano Valencia.
- Garantía del derecho a la vida, del derecho a la movilización social y del derecho a la protesta. (Desmonte del Esmad, No criminalización y No judicialización de manifestantes).
- Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición por los casos en los cuales miembros del Estado y de sus Fuerzas Militares y de Policía (Esnad) han abusado de su autoridad y han violado los Derechos Humanos ocasionando muertes y graves lesiones a personas civiles en medio de manifestaciones o fuera de éstas.
- Activación de la comisión mixta de alto nivel para el seguimiento, documentación, investigación y sanción de casos de vulneración de derechos humanos que afectan a pueblos indígenas y sectores sociales.
http://www.desdeabajo.info/colombia/item/27700-las-injusticias-con-la-justicia-indigena.html
