LA RESPONSABILIDAD DE LOS ALTOS MANDOS QUE SANTOS Y URIBE SE NIEGAN A RECONOCER
Colombia: Altos mandos militares vinculados con ejecuciones extrajudiciales
Generales y coroneles implicados en “falsos positivos”
Fotocopia de fotografía de los cuerpos de dos víctimas de presuntas ejecuciones de falsos positivos cometidas en el departamento de Meta en 2004, donde se ven soldados en segundo plano. La fotografía fue tomada cuando las autoridades inspeccionaron el lugar del hecho. La fotocopia, con marcas efectuadas por un testigo, fue extraída de un expediente de la Fiscalía General de la Nación.
Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles
Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces. No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas
(Bogotá) – Amplias evidencias, hasta ahora inéditas, implican a numerosos generales y coroneles del Ejército colombiano en ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas de civiles ocurridas entre 2002 y 2008, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El documento de 105 páginas, titulado “El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, presenta evidencias que sugieren de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de “falsos positivos”, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión. La Fiscalía investiga al menos 3.000 de estos casos, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate. Cientos de soldados de los rangos más bajos han sido condenados, pero apenas algunos coroneles y ningún general lo fueron.
“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. “No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”.
El análisis de datos de la Fiscalía efectuado por Human Rights Watch indica que los fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas—adscritos a casi todas las brigadas y en todas las divisiones del Ejército en ese momento—que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Diversas evidencias presentadas en el informe muestran que comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones—además de los entonces máximos mandos del Ejército—al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos y, por lo tanto, podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando.
Human Rights Watch también obtuvo grabaciones y transcripciones de testimonios prestados a la Fiscalía por militares implicados en falsos positivos que señalaron que sus superiores, incluidos generales y coroneles, presuntamente conocían, planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión de estos crímenes.
Algunos de los oficiales del Ejército que comandaron las 11 brigadas que se analizan más detenidamente en el informe, posteriormente se convirtieron en los mandos militares de mayor jerarquía en Colombia. Por ejemplo, datos proporcionados por la Fiscalía indican que estaría investigando:
- Al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General retirado Mario Montoya estuvo al mando. Montoya fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008;
- Al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General (r) Óscar González Peña estuvo al mando. González Peña fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010;
- Al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General Juan Pablo Rodríguez Barragán estuvo al mando. Como actual comandante general de las Fuerzas Militares, Rodríguez Barragán es el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia, y supervisa los tres cuerpos de estas fuerzas, incluido el Ejército; y
- Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar estuvo al mando. Lasprilla Villamizar es actualmente comandante del Ejército Nacional.
El informe se elaboró a partir del análisis efectuado por Human Rights Watch de datos de la Fiscalía inéditos hasta este momento; expedientes penales; testimonios de testigos, en gran parte hasta hoy no publicados; grabaciones de conversaciones mantenidas por el Teniente Coronel (r) Robinson González del Río, las cuales fueron ordenadas judicialmente y efectuadas por autoridades judiciales tras su detención por falsos positivos; así como entrevistas con fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus abogados, entre otras fuentes.
“Los fiscales enfrentan obstáculos sustanciales que impiden que haya avances en sus casos, y que incluyen desde represalias contra testigos clave hasta falta de cooperación por parte de autoridades militares”, observó Vivanco. “Y numerosos—posiblemente cientos—de casos de falsos positivos continúan en la Justicia Penal Militar, donde prácticamente se garantiza su impunidad”.
Human Rights Watch documentó amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra soldados que han declarado contra sus superiores en casos de falsos positivos. El 27 de octubre de 2014, Nixón de Jesús Cárcamo, que había confesado y aportado información a la Fiscalía sobre la presunta participación de sus superiores en falsos positivos, fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada.
Diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch que es común que militares se resistan a remitir documentos del Ejército que son trascendentales para sus investigaciones, como aquellos donde se ordenaban las supuestas operaciones en las cuales se produjeron las ejecuciones y se autorizaban pagos a informantes en los casos.
Asimismo, a pesar de que la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado en reiterados pronunciamientos a que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas exclusivamente por autoridades de la justicia ordinaria, diversos fiscales indican que muchos casos de falsos positivos (posiblemente cientos) continúan en la Justicia Penal Militar. Esto supone un grave impedimento para que exista rendición de cuentas, especialmente considerando la evidencia documentada en el informe según la cual la Justicia Penal Militar no adoptó medidas básicas para investigar falsos positivos cuando la mayoría de los casos estuvieron bajo su jurisdicción, y que al menos algunos jueces militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir los delitos.
Human Rights Watch examinó grabaciones de audio ordenadas judicialmente de llamadas telefónicas mantenidas por el Teniente Coronel (r) González del Río con un juez militar y un hombre que parece ser un coronel vinculado con una oficina de alto nivel dentro de la Justicia Penal Militar. Ambos hombres le ofrecieron a González del Río su ayuda, luego de que fuese detenido por falsos positivos, lo cual aporta mayores evidencias sobre la falta de independencia y de credibilidad del sistema de justicia militar. El coronel parece ofrecer ayuda para que el caso de González del Río se transfiera de la justicia penal ordinaria a la Justicia Penal Militar, y manifiesta que espera que pronto concluya su detención.
También hubo deficiencias en la Fiscalía, como un volumen de expedientes abrumador a cargo de fiscales y la distribución de casos de una misma unidad militar a distintos fiscales, lo cual obstaculiza la posibilidad de investigaciones contextualizadas que son fundamentales para el juzgamiento de responsables de alto rango.
El gobierno colombiano debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y proteger a los testigos y sus familias, señaló Human Rights Watch. Debería asegurar, asimismo, que las medidas de justicia transicional que se incluyan en un futuro acuerdo de paz no impidan la posibilidad de que se haga justicia en los casos de falsos positivos.
En 2012, Colombia promulgó el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que posibilita la impunidad de atrocidades cometidas por guerrillas, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La reforma habilita al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades solo a quienes se identifiquen como sus “máximos responsables” y ofrecer inmunidad legal a todos los demás implicados; eximir a crímenes de guerra de la posibilidad de investigación penal cuando no se determine que hayan sido sistemáticos; y aplicar “penas alternativas” a todos los condenados, incluyendo a los máximos responsables.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) realiza un seguimiento de los procedimientos vinculados con casos de falsos positivos en Colombia y podría iniciar una investigación si determina que las autoridades nacionales no se muestran dispuestas a investigarlos o juzgarlos, o que realmente no pueden hacerlo. La Fiscalía de la CPI ha señalado con respecto al Marco Jurídico para la Paz que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada “viciaría el carácter genuino” del procedimiento. Es decir, podría dar lugar a una investigación de la CPI.
La Fiscalía de la CPI debería mantener un seguimiento riguroso de los procedimientos vinculados con casos de falsos positivos, expresó Human Rights Watch.
El gobierno de Estados Unidos debería exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia, incluida la exigencia de que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria”, y que los militares cooperen con los fiscales en estos casos. Ante las evidencias de que estos dos requisitos no se están cumpliendo, Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar que depende de que Colombia cumpla con ellos, indicó Human Rights Watch.
“Colombia debe asegurar que las medidas de justicia transicional que puedan adoptarse en el marco de un futuro acuerdo de paz no priven a los familiares de víctimas de falsos positivos de que se haga justicia”, dijo Vivanco. “Si Colombia no lleva ante la justicia a los máximos responsables, la Corte Penal Internacional debería abrir una investigación formal”.
Ejemplos de testimonios que involucran a generales
Un ex comandante de tropas adscritas a la Décima Sexta Brigada ha declarado a la Fiscalía y ante un juez que su comandante de brigada, el General Henry William Torres Escalante, ordenó, planificó y encubrió falsos positivos. Al menos 66 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Décima Sexta Brigada mientras Torres Escalante estuvo al mando están siendo investigadas por la Fiscalía.
El testimonio prestado por varios soldados y oficiales a los fiscales involucra al General (r) González Peña, al señalar que, como mínimo, tuvo conocimiento de los falsos positivos mientras fue comandante de la Cuarta Brigada, y posteriormente como jefe del Comando Conjunto del Caribe.
El Teniente Coronel (r) González del Río, que ha admitido en forma pública tener responsabilidad en al menos 27 casos de falsos positivos, declaró a la Fiscalía que varios generales sabían de, autorizaron y/o encubrieron estos delitos cometidos por sus tropas. En su testimonio mencionó al General Rodríguez Barragán, entonces comandante de la Cuarta Brigada y actual comandante general de las Fuerzas Militares, y al General (r) Hernando Pérez Molina, entonces comandante de la Tercera División, entre otros.
Según señaló González del Río en su testimonio ante la Fiscalía, el General (r) Montoya, comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, presionó a comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate, los sancionó cuando no lo hacían y fue el principal “motivador” de los falsos positivos. En un testimonio ofrecido a la Fiscalía, otro alto oficial del Ejército que ha confesado su participación en falsos positivos identificó como causa de estas muertes a la “política” de Montoya que exigía que hubiera muertos en combate.
Represalias contra testigos
El 27 de octubre de 2014, Cárcamo fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada del Ejército, donde permanecía detenido en relación con acusaciones por falsos positivos. Once días antes, advirtió a la Fiscalía que temía por su vida y que, si era asesinado, los responsables serían las personas a quienes estaba señalando.
Existen evidencias sustanciales de que la violación sexual de la esposa de un soldado por hombres no identificados, ocurrida en 2013, fue un acto en represalia debido a que el soldado había declarado contra un coronel del Ejército. El soldado, que también ha recibido amenazas de muerte, es un testigo clave en procesos sobre falsos positivos contra el coronel en cuestión y otros oficiales y soldados.
El testimonio del Sargento Carlos Eduardo Mora ha contribuido a la condena de un teniente coronel y numerosos soldados por falsos positivos. En represalia, ha recibido amenazas de muerte, y ha sido hostigado y sufrido intentos de estigmatización por altos oficiales del Ejército. Indicó que, en 2013, funcionarios del Ejército intentaron ingresarlo contra su voluntad en una clínica psiquiátrica, presuntamente con la intención de desacreditarlo, y que en 2014 un general hizo declaraciones frente a él y un grupo numeroso de integrantes de contrainteligencia del Ejército en las cuales insinuaba fuertemente que era un “traidor”. En abril de 2015, el Ejército inició una investigación disciplinaria contra Mora debido a las declaraciones que efectuó a los medios de comunicación con respecto a falsos positivos y los abusos que ha sufrido como testigo, sin autorización de sus superiores.
http://www.hrw.org/es/news/2015/06/24/colombia-altos-mandos-militares-vinculados-con-ejecuciones-extrajudiciales
MÁS DE 180 BATALLONES COMETIERON EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ENTRE 2002 Y 2008
Foto: Contagio Radio
José Miguel Vivanco
En horas de la mañana, Jose Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch expuso los puntos más importantes del último informe sobre Falsos Positivos en Colombia, titulado "El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles".
En el informe se habla de evidencias que sugieren que numerosos generales y coroneles tenían conocimiento de varios casos de falsos positivos y que en algunas ocasiones fueron ellos mismos quienes ordenaron o en su defecto, hicieron posible que se cometieran los asesinatos.
Cerca de 3.000 casos son investigados actualmente por la Fiscalía General de la Nación, en los que tropas del ejército asesinaron a civiles, por la presión de incrementar el número de bajas en la guerra contra los guerrilleros, asegurando que habían sido muertes en combate.
De acuerdo a los análisis de Human Rights Watch los fiscales han identificado más de 180 batallones que cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, por lo que comandantes y unidades responsables de estos hechos podrían ser penalmente imputables por su capacidad de mando.
Vivanco expresó su indignación con el tema de los falsos positivos, "Quienes fueron comandantes de esas brigadas del ejército colombiano, deberían ser objeto de indagatorias, de investigación y deberían rendir cuentas ante las autoridades de la Fiscalía por la responsabilidad que tienen en esa serie de hechos atroces".
Grabaciones y testimonios de militares implicados en falsos positivos, obtenidos por Human Rights Watch acusan a varios generales y coroneles de conocer, planificar, ordenar o facilitar estos crímenes y como agravante algunos de estos oficiales se convirtieron posteriormente en mandos militares de mayor jerarquía en Colombia.
http://www.contagioradio.com/human-rights-watch-expone-su-ultimo-informe-sobre-falsos-positivos-en-colombia-articulo-10455/
INFORME COMPLETO
CONTENIDO:
El rol de los altos mandos en falsos positivos
Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles
Resumen
Evidencias contra comandantes específicos
Evidencias de que más comandantes sabían o
deberían haber sabido de los crímenes
Para que hubiera falsos positivos fueron necesarias acciones de
comandantes
Las circunstancias poco plausibles de las muertes en combate informadas
Denuncias públicas creíbles sobre falsos positivos
Brigadas y batallones específicos involucrados en falsos
positivos
Obstáculos a la rendición de cuentas
Jurisdicción militar
Deficiencias en el ámbito de la Fiscalía
Obligaciones de Colombia y la Corte Penal Internacional
Recomendaciones
Al Presidente Juan Manuel Santos
Al Fiscal General de la Nación
Al Gobierno
de Estados Unidos
A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
Metodología
I.
Responsabilidad de mando por falsos positivos
Hechos a gran escala
Carácter sistemático
Modus operandi
Perfil de las víctimas
Organización, planificación y coordinación
logística necesarias para las ejecuciones
Motivos comunes: presiones para incrementar el número de bajas y
premios
Para que hubiera falsos positivos fueron necesarias acciones de
comandantes de brigadas y unidades tácticas
Documentación oficial
Autorización para movilizar soldados
Autorización de pagos y premios
Las circunstancias poco plausibles de las supuestas muertes en combate
Tipos de armas supuestamente encontradas junto a las víctimas
Ubicación y función de la unidad militar
Cientos de delincuentes comunes informados como muertos en operaciones
militares
Un caso
representativo
Ejecuciones habituales a lo largo de un período de siete
años
Denuncias públicas creíbles sobre falsos positivos
II. Perfiles de brigadas y comandantes específicos implicados en
falsos positivos
Cuarta Brigada
Batallón Pedro Nel Ospina
Batallón Jorge Eduardo Sánchez (Bajes)
Batallón Pedro Justo Berrío
Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeur)
N.º 5
Décima Cuarta Brigada
Batallón Calibío
Décima Primera Brigada
BCG N.º 10
Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre (FTCS)
Gaula Córdoba
Décima Sexta Brigada
Gaula Casanare
Batallón Birno
Séptima Brigada
Batallón Pantano de Vargas
Brigada Móvil N.º 12
BCG N.º 83
Vigésima Octava Brigada
Batallón Rojas
Octava Brigada
BCG N.º 57
Novena Brigada
Batallón Pigoanza
Batallón Magdalena
Décima Brigada
Batallón Popa
Brigada Móvil N.º 15
Testimonios contra militares en posiciones superiores al nivel de
brigada
III.
Obstáculos a la rendición de cuentas
Falta de cooperación de autoridades militares con las
investigaciones
Represalias contra testigos clave
Asesinato de Nixón de Jesús Cárcamo
Amenazas y hostigamiento a Carlos Eduardo Mora
Violación sexual de la esposa de un testigo clave
Otras agresiones contra testigos
Apoyo al Teniente Coronel González del Río
Contratos militares y otros fondos del Ejército
Automóviles y alojamiento para la defensa de González del
Río, y otros obsequios
La Justicia Penal Militar
Ausencia de investigación de falsos positivos
Presunto rol de jueces militares en el encubrimiento de falsos
positivos
Expectativas de impunidad
Falta de credibilidad e independencia
Tácticas dilatorias de abogados defensores
Deficiencias en el ámbito de la Fiscalía General de la
Nación
Volumen de casos
Distribución ineficaz de los casos
Falta de coordinación efectiva entre unidades de la
Fiscalía
Agradecimientos
Anexo 1: Lista de comandantes de las 11 brigadas
analizadas en este informe
Resumen
Entre 2002 y 2008, la ejecución de
civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en
toda Colombia. Soldados y oficiales, presionados por superiores para que
demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número
de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus
víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como
ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e
informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.
Estos casos de “falsos positivos”, cometidos a gran escala durante
siete años, constituyen uno de los episodios más nefastos de
atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas
décadas.
En septiembre de 2008, el escándalo
mediático sobre la ejecución por soldados de hombres
jóvenes y adolescentes de Soacha, un suburbio de Bogotá,
influyó en que el gobierno se viera obligado a adoptar medidas serias
para frenar estos delitos, incluido el pase a retiro de tres generales del
Ejército. La Fiscalía General de la Nación investiga
actualmente más de 3.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos
a militares. Más de 800 miembros del Ejército, en su
mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados por
ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2002 y 2008. Entre los condenados
hubo unos pocos ex comandantes de batallones y de otras unidades
tácticas, pero ningún oficial al frente de brigadas o que ocupara
una posición superior en la línea de mando al momento de los
delitos. De los 16 generales del Ejército activos y retirados que
están siendo investigados, ninguno ha sido acusado formalmente.
El presente informe ofrece la
descripción más detallada que se haya publicado hasta el momento
sobre investigaciones penales de tropas de numerosas brigadas y batallones
específicos responsables de gran cantidad de presuntos falsos positivos,
expone las evidencias—ahora sustanciales—de que altos oficiales del
Ejército serían responsables por muchas de las ejecuciones y
evalúa los obstáculos que hasta el momento han impedido que tales
oficiales rindan cuentas por su actuación. El informe se elaboró
a partir de nuestra extensa consulta de expedientes penales, sentencias
judiciales y datos relativos a investigaciones de la Fiscalía sobre
falsos positivos; testimonios de testigos que en gran parte no habían
sido previamente publicados; y entrevistas que mantuvimos con más de 40
fiscales, testigos, familiares de víctimas y abogados, entre otros.
Nuestro análisis del trabajo impulsado
por la Fiscalía muestra que fiscales han identificado más de 180
batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, que
operaban bajo el mando de las siete divisiones que tenía entonces el
Ejército, y que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales
entre 2002 y 2008. En estos casos, los patrones sugieren de manera convincente
que comandantes de unidades tácticas y brigadas responsables de una
cantidad significativa de falsos positivos, al menos sabían o
deberían haber sabido sobre las ejecuciones, y por lo tanto
podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando.
El presente informe analiza a 11 de estas brigadas y muchas de las unidades
tácticas específicas que operaban como parte de estas y
estuvieron implicadas en las ejecuciones.
Algunos de los comandantes de esas 11 brigadas
posteriormente ascendieron a los niveles más altos de la línea de
mando militar. Por ejemplo, datos de la Fiscalía indican que fiscales
estarían investigando [1] :
- Al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General retirado Mario Montoya estuvo al mando. Montoya fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008;
- Al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la CuartaBrigada durante el período en el cual el General (r) Óscar González Peña estuvo al mando. González Peña fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010;
- Al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General Juan Pablo Rodríguez Barragán estuvo al mando. Como actual comandante general de las Fuerzas Militares, Rodríguez Barragán es ahora el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia, y supervisa los tres cuerpos de estas fuerzas, incluido el Ejército; y
- Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la NovenaBrigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar estuvo al mando. Lasprilla Villamizar es ahora comandante del Ejército Nacional.
Human Rights Watch también
identificó testimonios de testigos y expedientes de fiscales donde se
nombraba a tres de estos oficiales de alto rango, además de otros
generales y coroneles, que supuestamente sabían de, planificaron,
ordenaron o facilitaron de otro modo los falsos positivos. Sus posiciones
jerárquicas en el momento de los delitos incluían las de
comandantes de batallones, brigadas y divisiones, así como un comandante
del Ejército Nacional. Efectivamente, las ejecuciones extrajudiciales
aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de
casi la totalidad de las brigadas en cada división de Colombia abonan la
conclusión de que los más altos niveles de mando del
Ejército deberían, al menos, haber sabido de las ejecuciones, e
incluso podrían haberlas ordenado o facilitado activamente su
comisión.
Nuestra investigación demuestra
asimismo que los fiscales que investigan casos de falsos positivos enfrentan
graves obstáculos, que van desde la falta de cooperación con las
investigaciones por parte de autoridades militares hasta amenazas y ataques a
testigos clave. A su vez, numerosos casos siguen bajo la jurisdicción de
la Justicia Penal Militar. Esto atenta contra la posibilidad de justicia, ya
que tradicionalmente el personal de la Justicia Penal Militar ha garantizado la
impunidad para estos delitos, y hasta hoy carece de independencia y
credibilidad.
También se han producido deficiencias
dentro de la Fiscalía, incluido un volumen de expedientes que algunos
fiscales han calificado como abrumador. Asimismo, los casos correspondientes a
la misma unidad del Ejército en general se distribuyen entre distintos
fiscales, lo cual impide que puedan llevar adelante el tipo de investigación
contextualizada y sistemática que resulta necesaria para identificar a
los responsables de alto rango. Funcionarios de la Fiscalía indicaron
que han comenzado a adoptar medidas para resolver estos problemas internos.
A siete años de que trascendiera el
escándalo sobre los falsos positivos, existen abundantes evidencias que
indican que son muchos los oficiales de alto rango del Ejército que
tienen responsabilidad por lo sucedido, y es vital que el gobierno realice
acciones más enérgicas para asegurar que rindan cuentas. Algunos
pasos importantes son disponer que las autoridades militares cooperen con
investigaciones sobre falsos positivos, asignar suficientes fiscales para que
impulsen tales investigaciones, proteger a testigos y sus familiares, y asegurar
que cualquier legislación sobre justicia transicional que se implemente
como parte de un futuro acuerdo de paz con la guerrilla no impida la
posibilidad de que se haga justicia con respecto a estos delitos. Llevar ante
la justicia a los máximos responsables de uno de los capítulos
más oscuros del conflicto colombiano no será fácil, pero
es una tarea irrenunciable y completamente factible para el gobierno.
Evidencias contra comandantes específicos
Human Rights Watch examinó testimonios
de testigos y documentos de fiscales que contenían señalamientos
de que ex comandantes de unidades tácticas, brigadas, divisiones y del
Ejército Nacional—entre otros mandos militares—sabían
de o planificaron, ordenaron o de otro modo facilitaron o intentaron facilitar
los falsos positivos. La mayoría de estos oficiales están siendo
investigados, algunos han sido procesados y tres ya han recibido condena. Entre
los ejemplos de oficiales implicados que actualmente tienen el rango de
generales se incluyen los siguientes:
- Un ex comandante de tropas de la Décima Sexta Brigada ha declarado a la Fiscalía y ante un juez que su comandante de brigada, el General Henry William Torres Escalante, ordenó, planificó y encubrió falsos positivos. Al menos 66 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Décima Sexta Brigada mientras Torres Escalante estuvo al mando están siendo investigadas por la Fiscalía.
- Un alto oficial del Ejército que comandó fuerzas adscritas a la Décima Primera Brigada y que ha admitido responsabilidad por falsos positivos indicó a la Fiscalía que comandantes de su brigada y división, entre otros superiores, tenían conocimiento de los delitos. (Pudimos consultar el testimonio con la condición de que no publicáramos el nombre del testigo ni de los oficiales implicados).
- El testimonio prestado por varios soldados y oficiales a la Fiscalía involucra al General (r) Óscar González Peña, al señalar que, como mínimo, tuvo conocimiento de los falsos positivos mientras fue comandante de la Cuarta Brigada, y posteriormente como jefe del Comando Conjunto del Caribe. En 2009, el inspector general del Ejército Nacional indicó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que González Peña, entonces comandante del Ejército Nacional, estaba intentando obstaculizar sus investigaciones sobre falsos positivos, y era uno de los oficiales militares que había estado “involucrado” en las ejecuciones o que las había “aprobado tácitamente”, según se señala en un cable de la embajada que fue divulgado por Wikileaks.
- El Teniente Coronel (r) Robinson González del Río, que ha admitido en forma pública tener responsabilidad en al menos 27 casos de falsos positivos, declaró a la Fiscalía que varios generales sabían de, autorizaron y/o encubrieron estos delitos cometidos por sus tropas. Esto incluye al General Juan Pablo Rodríguez Barragán, entonces comandante de la Cuarta Brigada y, como se señaló antes, actual comandante general de las Fuerzas Militares, y al General (r) Hernando Pérez Molina, entonces comandante de la Tercera División, entre otros. El testimonio de González del Río, que por primera vez se describe públicamente de una manera detallada en este documento, permitió a la Fiscalía iniciar investigaciones contra los generales.
- González del Río también contó a fiscales que el General (r) Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, presionó a comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate (bajas), los sancionó cuando no lo hacían y fue el principal “motivador” de los falsos positivos. En un testimonio ofrecido a la Fiscalía, otro alto oficial del Ejército que ha confesado su participación en falsos positivos identificó como causa de estas muertes la “política” de Montoya que exigía que hubiera muertos en combate. De manera similar, en 2009, el inspector general del Ejército Nacional informó a la Embajada de Estados Unidos que un factor clave detrás de los falsos positivos era la “constante presión de Montoya para [producir] bajas”, y manifestó que era uno de los oficiales que estuvieron “involucrados” en los crímenes o que los “aprobaron tácitamente”, según el cable de la embajada. Conforme a datos de la Fiscalía, los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados alcanzaron un nivel máximo durante los tres años en los cuales Montoya estuvo al frente del Ejército, y se están investigando más de 1.100 presuntas ejecuciones ilegales cometidas por agentes del Estado solamente en 2007, que se atribuyen en su gran mayoría a miembros del Ejército. Montoya renunció a su comandancia del Ejército inmediatamente después de que se conociera el escándalo de los falsos positivos de Soacha.
Evidencias de que más comandantes sabían o deberían haber sabido de loscrímenes
El derecho internacional prevé la
imputabilidad penal de los superiores en función de su responsabilidad
de mando cuando estos sabían o deberían haber sabido que
subordinados efectivamente bajo su control estaban cometiendo un delito, pero
no adoptaron las medidas razonables y necesarias para prevenir o castigar estos
actos. Los máximos tribunales de Colombia han emitido pronunciamientos
en los cuales indicaron que la responsabilidad de mando puede aplicarse a
comandantes militares en casos de graves violaciones de derechos humanos, y la
Fiscalía afirma estar evaluando este tipo de responsabilidad en sus
investigaciones sobre falsos positivos.
Cuanto mayor es la cantidad de delitos y
más parecen haber respondido a un plan y a un método, más
difícil resulta creer que los superiores no tenían conocimiento
de ellos. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda
reconoció que los indicios relevantes para determinar si un superior
debe haber sabido sobre delitos cometidos por subordinados incluyen, entre
otros, la cantidad de actos ilícitos, la magnitud de estos actos, los
aspectos logísticos que estos supusieron, la ubicación
geográfica de los actos, si se trató de actos generalizados y el
modus operandi de actos ilícitos similares. Al aplicar estos criterios a
los casos de falsos positivos, es difícil evitar la conclusión de
que, en muchos casos, altos comandantes militares deben haber sabido de ellos.
Hay cada vez más evidencias de que los
casos de falsos positivos fueron cometidos a gran escala por numerosas brigadas
y unidades tácticas en toda Colombia. La Fiscalía está
investigando más de 3.700 ejecuciones extrajudiciales cometidas por
agentes estatales entre 2002 y 2008. Altos funcionarios de la Fiscalía
indicaron que la gran mayoría son casos de falsos positivos perpetrados
por miembros del Ejército. Entre 2002 y 2008, más de 180 unidades
tácticas adscritas a prácticamente la totalidad de las brigadas
del Ejército, que operaban bajo cada una de las divisiones,
presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales en 27 de los 32
departamentos de Colombia, según datos de la Fiscalía.
Nuestro análisis de casos de distintas
regiones de Colombia mostró que en los falsos positivos había
similitudes en los perfiles de víctimas, el modus operandi y el
móvil, que principalmente fue una fuerte presión para incrementar
el número de bajas, sumada a beneficios otorgados por las muertes en
combate informadas. El modus operandi implicó una considerable
planificación y coordinación, que incluía desde llevar a
las víctimas a sitios remotos hasta asegurar que en cada caso hubiera
documentación oficial que certificara que se trataba de muertes
legítimas en combate.
Human Rights Watch obtuvo testimonios de
miembros del Ejército, que describían cómo en las unidades
tácticas y brigadas a las cuales pertenecían había
sistemas establecidos para cometer los falsos positivos. Por ejemplo, dos ex
oficiales de un batallón nos dijeron que, durante un período de
más de un año, se reunían con el comandante del
batallón semanalmente para planificar falsos positivos. Señalaron
que en gran cantidad de casos utilizaban un método similar, que
incluía persuadir a las víctimas para que acudieran a un sitio
donde habría soldados esperándolas, quienes las ejecutaban y les
colocaban armas, y que luego el comandante premiaba a los soldados con
días de vacaciones.
Según aseveraron los ex oficiales, la
mayoría de las otras unidades tácticas adscritas a su brigada
llevaban a cabo la misma práctica, y usaban para ello a los mismos
reclutadores. “Eso era un modus operandi, un sistema”,
expresó uno de ellos [2] . Dijo que más adelante, cuando fue transferido a otra brigada
en una región distinta, advirtió que sus soldados también
estaban perpetrando falsos positivos, e inmediatamente participó en la
planificación de dos de estas ejecuciones junto con miembros de
batallones allí.
Para que hubiera falsos positivos fueron necesarias acciones de comandantes
Los expedientes y las entrevistas con testigos
y fiscales también sugieren de manera persuasiva que el modus operandi
en los casos de falsos positivos requería que los comandantes de
unidades tácticas y brigadas realizaran una serie de acciones, sin las
cuales las ejecuciones no habrían sido posibles.
En prácticamente todos los casos de
falsos positivos, los comandantes de brigadas y/o unidades tácticas
expidieron documentos oficiales que autorizaban las supuestas operaciones en
las cuales, según se aseveraba, se había dado muerte a las
víctimas. Los documentos, conocidos como “órdenes de
operaciones” y “misiones tácticas”, otorgaron una
apariencia de legalidad a las ejecuciones extrajudiciales. Sin tales
documentos, las ejecuciones no podrían haber sido informadas como bajas
ocurridas durante combates en el marco de operaciones militares
legítimas. Otras acciones realizadas por comandantes que fueron
indispensables para las ejecuciones incluyen desde autorizar verbalmente el
movimiento de tropas durante supuestos operativos, hasta autorizar pagos a
falsos informantes y otorgar permisos y otros premios a soldados por presuntas
muertes en combate, lo cual contribuía a generar incentivos para estos
crímenes.
Ninguno de estos actos constituyen delitos per
se. Los comandantes pueden afirmar que, al realizarlos, estaban siendo
engañados reiteradamente por subordinados, quienes les hacían
creer que estaban exigiendo, autorizando y premiando bajas legítimas de
combatientes enemigos. Sin embargo, que estos actos hayan sido esenciales para
que se cometieran falsos positivos muestra que fueron varias las etapas del
proceso de comisión de estos delitos en las cuales los comandantes de
batallones y brigadas tomaron conocimiento de la supuesta muerte en combate, y
tuvieron oportunidad de detectar que se trató en verdad de una
ejecución. Asimismo, si a esto se suman otros fuertes indicios de que
los comandantes sabían o deberían haber sabido que sus soldados
estaban cometiendo falsos positivos, los hechos pierden la apariencia de
acciones lícitas orientadas a generar bajas legítimas en combate,
y cobra fuerza el argumento de que se trata de actos deliberados para facilitar
que hubiera falsos positivos.
Las circunstancias poco plausibles de las muertes en combate informadas
En todos los
casos de falsos positivos, las supuestas muertes en combate se informaban
inmediatamente a los superiores en la línea de mando, incluidos
comandantes de unidades tácticas, brigadas, divisiones y posiblemente
instancias de mayor jerarquía, según señalaron fiscales y
testigos. En muchos casos, las circunstancias de las
muertes que se informaban oficialmente a los comandantes deberían haber
alertado a estos para que detectaran irregularidades y sospecharan de que las
víctimas podían haber sido ejecutadas ilegalmente. Human Rights
Watch examinó casos de falsos positivos de distintas regiones en los
cuales se informaba que las víctimas llevaban armas cortas—incluso
algunas que no funcionaban—en vez de armas de combate típicas; se
indicaba que delincuentes comunes que portaban armas livianas habían
iniciado ataques contra soldados fuertemente armados; y numerosas muertes en
combate eran informadas por unidades que normalmente no participaban en
operativos de combate, o en zonas donde no había presencia de
guerrillas.
Algunos militares que han reconocido su
responsabilidad en casos de falsos positivos han señalado que las
irregularidades eran absolutamente obvias, y que también deberían
haberlo sido para los superiores. Por ejemplo, un ex teniente de la
Décima Sexta Brigada declaró que “en el grado de un coronel
y con la experiencia que puede tener en ese grado no es nada oculto a lo que la
tropa... [estaba] matando gente inocente que no tenía nada que ver en el
conflicto y eran reportadas con armas la cual la guerrilla no se enfrenta a
uno”.
Asimismo, la gran cantidad de delincuentes
comunes que se informaron como muertos en combate debería haber
despertado sospechas, ya que, a diferencia de los combatientes de la guerrilla
que participaban en el conflicto, la fuerza pública solamente
podía aplicar contra ellos la fuerza letal en una serie muy acotada de
circunstancias, como por ejemplo cuando esto es indispensable para proteger una
vida. El número de delincuentes comunes que el Ejército
informó como muertos en operaciones militares aumentó de 27 en
2004, a 325 en 2007, y descendió posteriormente a un promedio anual de 5
desde 2009, luego de que el gobierno adoptara medidas para detener los casos de
falsos positivos.
La habitualidad de estas ejecuciones significa
que, incluso si un militar solamente estuvo al frente de un batallón,
brigada o división durante un año, habría tenido numerosas
oportunidades de detectar circunstancias inverosímiles. Quienes ocuparon
múltiples puestos de mando entre 2002 y 2008, como el General (r)
Montoya y el General (r) González Peña, habrían tenido
muchos años para detectar estos casos.
Denuncias públicas creíbles sobre falsos positivos
Por último, las denuncias
públicas sobre falsos positivos deberían haber contribuido a que
los comandantes advirtieran estas ejecuciones, y haberlos instado a
escudriñar con más detalle las supuestas bajas en combate que les
eran informadas. Como fue señalado por la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional (CPI), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos denunció presuntos falsos positivos en todos los
informes anuales sobre Colombia emitidos entre 2004 y 2007. Por ejemplo, en su
informe de 2005 señaló que se había producido un aumento
de las ejecuciones realizadas por miembros del Ejército y que la
mayoría de las víctimas habían sido informadas como
guerrilleros muertos en combate. El informe concluyó que la
negación de los crímenes por parte de las autoridades y la falta
de sanciones a los autores “plantean la eventual responsabilidad de los
superiores jerárquicos”.
Brigadas y batallones específicos involucrados en falsos positivos
Como se señaló antes, el examen
de Human Rights Watch de datos relativos a investigaciones de la
Fiscalía sugiere que miembros de al menos 41 brigadas y brigadas
móviles han estado implicados en ejecuciones extrajudiciales cometidas
entre 2002 y 2008, lo cual representa casi la totalidad de las brigadas del
Ejército Nacional de Colombia.
El presente informe expone información
detallada de investigaciones en curso sobre 11 brigadas adscritas a seis de las
siete divisiones que entonces integraban el Ejército Nacional (en 2009
se añadieron otras dos divisiones). Elegimos estas 11 brigadas debido a
que han estado implicadas en una cantidad significativa de casos de falsos
positivos, y a que obtuvimos información adicional que corrobora casos
en los cuales tuvieron participación. Es importante destacar que hay
otras brigadas que no se tratan en este documento, cuyos miembros
también son investigados por cantidades significativas de casos.
Las brigadas que se abordan en el presente
documento son:
- La Cuarta Brigada (con sede en el departamento de Antioquia), cuyos miembros están siendo investigados en relación con al menos 412 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008;
- La Séptima Brigada (Meta), en relación con al menos 66 ejecuciones ocurridas entre 2002 y 2008;
- La Octava Brigada (Quindío), en relación con al menos 56 ejecuciones ocurridas entre 2003 y 2008;
- La Novena Brigada (Huila), en relación con al menos 119 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008;
- La Décima Brigada (Cesar), en relación con al menos 146 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008;
- La Décima Primera Brigada (Córdoba), en relación con al menos 214 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008;
- La Brigada Móvil N.º 12 (Meta), en relación con al menos 27 ejecuciones ocurridas entre 2005 y 2007;
- La Décima Cuarta Brigada (Antioquia), en relación con al menos 51 ejecuciones ocurridas entre 2006 y 2008;
- La Brigada Móvil N.º 15 (Norte de Santander), en relación con al menos 38 ejecuciones ocurridas entre 2006 y 2008;
- La Décima Sexta Brigada (Casanare), en relación con al menos 113 ejecuciones ocurridas entre 2004 y 2008; y
- La Vigésima Octava Brigada (Vichada), en relación con al menos 45 ejecuciones ocurridas entre 2006 y 2008.
Human Rights Watch también
analizó la cantidad anual de ejecuciones atribuidas a los batallones y
otras unidades tácticas adscritas a cada una de las 11 brigadas. Por
ejemplo, para la Cuarta Brigada—sobre la cual los fiscales están
investigando más casos de falsos positivos que respecto a cualquiera de
las demás brigadas que consideramos—las cifras son las siguientes:
Presuntas ejecuciones
extrajudiciales atribuidas a la Cuarta Brigada que están siendo
investigadas
Unidad
|
‘02
|
‘03
|
‘04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Batallón Pedro Nel Ospina
|
0
|
1
|
6
|
7
|
25
|
8
|
0
|
47
|
Batallón Pedro Justo Berrío
|
0
|
3
|
6
|
15
|
14
|
5
|
0
|
43
|
Batallón Juan de Corral
|
0
|
0
|
8
|
9
|
0
|
7
|
0
|
24
|
Afeur N.º 5
|
0
|
0
|
8
|
6
|
4
|
3
|
0
|
21
|
Batallón Bajes
|
4
|
10
|
31
|
21
|
10
|
19
|
0
|
95
|
Gaula Antioquia
|
3
|
2
|
0
|
2
|
4
|
7
|
4
|
22
|
Gaula Rural Oriente Antioqueño
|
0
|
0
|
2
|
5
|
6
|
6
|
0
|
19
|
Batallón Atanasio Girardot
|
3
|
5
|
4
|
9
|
23
|
22
|
5
|
71
|
Una combinación de unidades
tácticas de la Cuarta Brigada
|
0
|
0
|
3
|
1
|
6
|
0
|
0
|
10
|
Otras unidades tácticas/unidades
tácticas no identificadas de la Cuarta Brigada
|
9
|
4
|
6
|
6
|
13
|
14
|
5
|
57
|
Una combinación de unidades
tácticas de la Cuarta Brigada y otras brigadas (contabilizadas una
única vez aquí)
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Total de la Cuarta Brigada
|
19
|
25
|
74
|
84
|
105
|
91
|
14
|
412
|
Hay motivos sustanciales para creer que
miembros de estas 11 brigadas pueden ser responsables de muchos más
casos de falsos positivos que no están incluidos en las
estadísticas anteriores. En numerosos casos de ejecuciones
extrajudiciales que están siendo investigados, los fiscales no han
identificado o registrado de manera interna cuál es la unidad del
Ejército presuntamente responsable. Asimismo, muchos—posiblemente
cientos—de otros casos siguen a cargo de jueces de la Justicia Penal
Militar, conforme señalaron diversos fiscales [3] .
Obstáculos a la rendición de cuentas
Los fiscales a cargo de casos de falsos
positivos enfrentan graves obstáculos interpuestos por diversos actores,
incluidos oficiales del Ejército, jueces militares, abogados defensores
que emplean tácticas dilatorias y los autores de amenazas y ataques
contra testigos clave. Hay también fallas en la Fiscalía que
frenan la posibilidad de avances en los casos.
Diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch
que es común que militares se resistan a remitir expedientes del
Ejército que son trascendentales para sus investigaciones, como
“órdenes de operaciones” y documentos donde constan pagos a
informantes en casos de falsos positivos. Cuando los fiscales envían a
investigadores a brigadas y batallones para obtener estas posibles evidencias,
a veces los soldados aseveran que la persona a cargo de los archivos no
está presente en ese momento, o los obligan a esperar varias horas antes
de permitirles consultar los documentos. En otros casos, militares han
argumentado sin ningún fundamento que la información era
confidencial, y se han negado a proporcionarla, según señalaron
varios fiscales.
Otro
obstáculo sustancial es que los soldados que
declaran contra sus superiores a menudo sufren represalias, como hostigamiento
y estigmatización por parte de militares de alto rango, así como
amenazas de muerte y agresiones contra ellos y sus familiares. Estos abusos
disuaden a los testigos de declarar o impiden que lo hagan, y envían un
mensaje contundente a otros soldados de que serán castigados si cuentan
lo que saben. A continuación se presentan tres ejemplos representativos
de abusos contra testigos clave y sus familiares:
La experiencia de estos tres testigos clave se
distingue radicalmente de la vivida por el Teniente Coronel (r) Robinson
González del Río durante el período en el cual se abstuvo
de prestar declaraciones que comprometieran a sus superiores, tras ser detenido
por falsos positivos en agosto de 2012. En febrero de 2014, la revista Semana,
uno de los principales medios de Colombia, publicó decenas de
grabaciones de audio ordenadas judicialmente y efectuadas por la
Fiscalía entre octubre de 2012 y abril de 2013, correspondientes a
conversaciones mantenidas por González del Río a través de
su teléfono celular. Las grabaciones mostraban que pasó gran
parte del tiempo fuera del centro de reclusión militar, y parecía
contar con soldados a disposición suya y de su familia en forma
permanente. Las grabaciones también indicaban que hablaba habitualmente
con coroneles y generales del Ejército, que parecían ayudarlo de
distintas maneras, como darle fondos tomados de sus presupuestos
institucionales, y permitir que su equipo de defensa jurídica utilizara
vehículos y alojamientos militares. En conversaciones con un presunto
socio comercial, González del Río también aseveró
que estaba recibiendo ayuda de generales para conseguir la adjudicación
de contratos militares. Solamente después de queSemana publicara
las grabaciones de audio de las conversaciones, González del Río
comenzó a cooperar con la Fiscalía y testificar sobre generales
presuntamente involucrados en falsos positivos.
Human Rights Watch analizó miles de
grabaciones de audio adicionales de González del Río ordenadas
judicialmente luego de su detención, que aún no han sido
difundidas al público. Las grabaciones contienen muchos otros ejemplos
en los cuales militares de alto rango aparentemente prestan apoyo a González
del Río. Algunos de los militares que, según aseveró
González del Río, le estaban haciendo favores, o que hablaban
directamente con él, son generales a quienes posteriormente
implicó en casos de falsos positivos, o que estuvieron al mando de
unidades militares presuntamente responsables de muchos de estos delitos.
No estamos en condiciones de determinar los
motivos por los cuales oficiales del Ejército prestaron apoyo a
González del Río tras su detención. No obstante, con
independencia de cuál sea el motivo, sería esperable que otros
militares implicados en falsos positivos, al ver el trato especial que
recibió González del Río, concluyan que serán
recompensados si guardan silencio. Los privilegios que tenía
González del Río no eran un secreto para otros militares: tiene
que haber sido claro para otros soldados que salía del centro de
reclusión militar cuando lo deseaba, y tenía soldados y
vehículos del Ejército a su disposición; también
dijo expresamente a subordinados y otros oficiales que podía obtener
favores de superiores.
Jurisdicción militar
Asimismo, a pesar de que la Corte
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado en
reiterados pronunciamientos a que las violaciones de derechos humanos sean
investigadas y juzgadas exclusivamente por autoridades de la justicia penal
ordinaria, diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch que muchos casos de
falsos positivos (posiblemente cientos) continúan en la Justicia Penal
Militar.
Que la Justicia Penal Militar siga
interviniendo en numerosos casos de falsos positivos constituye, por muchos
motivos, un grave impedimento para que se haga justicia en estas
investigaciones. Existen evidencias convincentes de que la Justicia Penal
Militar fue clave para permitir que ocurrieran los falsos positivos, ya que en general
no adoptó medidas básicas para investigar los casos cuando
estuvieron bajo su jurisdicción. Asimismo, lo relatado por los testigos
y las entrevistas con los fiscales indican que al menos algunos jueces
militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir los delitos, incluso
dándoles indicaciones sobre cómo hacer para que parezca que hubo
un combate en el lugar del crimen.
Human Rights Watch halló evidencias de
que, en los últimos años, persistió la falta de
independencia y credibilidad de miembros de la Justicia Penal Militar. Por
ejemplo, entre 2008 y 2010, el Coronel (r) Édgar Emilio Ávila
Doria se desempeñó como director interino de la Justicia Penal
Militar, y también como “Coordinador del Ejército”
para esta, una función que implica prestar asesoramiento directo al
director. Este año se libró una orden de captura contra él
en relación con falsos positivos en los cuales estuvo implicado el
batallón que comandó entre fines de 2005 y 2007. Las grabaciones
de audio de conversaciones mantenidas por González del Río
permiten dudar de la credibilidad de otro alto oficial que presuntamente
estaría vinculado con la oficina del Coordinador del Ejército de
la Justicia Penal Militar. En una llamada telefónica efectuada el 26 de
diciembre de 2012 desde la oficina del Coordinador del Ejército al
teléfono celular de González del Río, un hombre a quien
este llama “coronel” parece ofrecer ayuda para que su caso se
remita de la justicia ordinaria a la Justicia Penal Militar, y manifiesta su
esperanza de que pronto concluya su detención.
Human Rights Watch también
examinó conversaciones telefónicas entre González del
Río y un juez militar que aparentemente tenía a su cargo casos de
supuestas muertes en combate atribuidas a soldados de González del
Río. En una de las llamadas, el juez parece referirse a sus esfuerzos
para ayudar a que González del Río obtuviera una salida temporal
del centro de reclusión, y señala: “Registre mi
número… por si alguna vaina, hermano, me timbra, usted sabe que yo
estoy QAP las 24”.
Las grabaciones de conversaciones de
González del Río también indican que él y otros
oficiales creían que remitir su caso a la Justicia Penal Militar le
aseguraría un trato más favorable. Aparentemente confiado de que
su caso sería transferido en forma inminente a la justicia militar,
González del Río indicó en una llamada grabada al General
Jorge Enrique Navarrette que ya había sido trasladado, y en la llamada
se escucha que el general le responde: “¡Qué verraquera
hombre! Me alegro, hombre… Me alegra… que haya solucionado su
problema”. González del Río indicó al general que
esperaba ser liberado en menos de una semana. (Finalmente, su caso no fue
remitido a la Justicia Penal Militar ni tampoco fue liberado).
Debido a los distintos problemas que existen
en la Justicia Penal Militar, fue particularmente alarmante que entre 2011 y
2015 el gobierno colombiano procurara aprobar una serie de reformas
constitucionales y otras leyes que habrían ampliado la competencia de
los tribunales militares respecto de violaciones de derechos humanos, incluidos
falsos positivos. Cabe reconocer que, en abril de 2015, el gobierno
desistió de los aspectos más alarmantes de su propuesta
más reciente de modificar la Constitución para ampliar la
jurisdicción militar. A fin de asegurar que haya justicia en casos de
falsos positivos, el gobierno debería abstenerse de impulsar medidas
similares en el futuro.
Deficiencias en el ámbito de la Fiscalía
Muchos de los fiscales que entrevistamos
calificaron al volumen de casos a su cargo como abrumador. Esto se debe en
parte a que, en 2012, la Fiscalía quitó a 12 fiscales de la
Unidad de Derechos Humanos que habían estado trabajando en casos de
falsos positivos.
A su vez, en general los casos no se
distribuyen entre los fiscales en función de cuál es la unidad
militar responsable, y esto les impide detectar patrones delictivos que
podrían facilitar la identificación de responsables de alto
rango. Por ejemplo, 19 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el
Batallón Magdalena en 2007 estarían repartidas entre al menos
seis fiscales distintos, y un fiscal en Bogotá tiene a su cargo
ejecuciones ilegales cometidas por 11 unidades tácticas adscritas a seis
brigadas. Hay algunas excepciones importantes: en Medellín, por ejemplo,
los fiscales han repartido los casos en función del batallón
responsable, y a comienzos de 2015 obtuvieron órdenes de captura contra
cinco coroneles que anteriormente habían estado al frente de una de esas
unidades. Funcionarios de la Fiscalía indicaron que tienen previsto
aplicar este modelo exitoso en los distintos despachos de fiscales que trabajan
principalmente en casos de falsos positivos.
Otra preocupación seria es la aparente
falta de coordinación e intercambio de información entre los
fiscales que investigan la gran mayoría de casos de falsos positivos, y
un grupo reducido de “fiscales delegados ante la Corte Suprema” que
investigan exclusivamente la responsabilidad de generales por estos delitos.
(Los generales acusados de delitos solamente pueden ser juzgados en la Corte
Suprema; en estos casos, intervienen fiscales a quienes el Fiscal General
delega el ejercicio de la acción penal ante este tribunal, y que se
denominan aquí “fiscales delegados ante la Corte Suprema”).
Varios fiscales indicaron que cuando remitieron evidencias sobre generales a
fiscales delegados ante la Corte Suprema y solicitaron que iniciaran
investigaciones, algunas veces no se han vuelto a poner en contacto para efectuar un seguimiento.
Por ejemplo, un fiscal dijo a Human Rights
Watch que, una vez que envían pruebas a los fiscales delegados ante la
Corte Suprema, estos “no vienen a revisar los casos; no inspeccionan los
casos; no contestan; no preguntan… Para nosotros es desmotivante porque
sacamos el pecho, llegamos al coronel, pero de ahí no pasa nada”.
En 2015, la Fiscalía incrementó
la cantidad de fiscales a cargo de investigaciones sobre generales, y
designó a un funcionario como punto de contacto entre ellos y los
fiscales que impulsan la mayoría de las investigaciones de miembros del
Ejército de otros rangos en relación con falsos positivos. Ambas
medidas deberían contribuir a abordar los problemas señalados
anteriormente.
Obligaciones de Colombia y la Corte Penal Internacional
Los falsos positivos —básicamente
ejecuciones extrajudiciales y asesinatos— constituyen graves violaciones
de derechos humanos. Son además graves violaciones del derecho
internacional humanitario aplicable en conflictos no internacionales y, como
tales, constituyen crímenes de guerra.
Cuando se comete como parte de un ataque
generalizado y sistemático contra una población civil, el
asesinato puede comportar un crimen de lesa humanidad. Evidencias abundantes
descriptas en este informe indican que numerosos incidentes de falsos positivos
constituyen crímenes de lesa humanidad. Colombia ha asumido conforme al
derecho internacional las obligaciones jurídicas de investigar, juzgar y
sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos,
crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
En 2012, Colombia promulgó el Marco
Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que posibilita la
impunidad de atrocidades cometidas por guerrillas, paramilitares y militares en
caso de que se alcance un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). La reforma habilita al Congreso a limitar
el juzgamiento de atrocidades a quienes se identifique como sus
“máximos responsables” y ofrecer inmunidad legal a todos los
demás implicados; eximir a crímenes de guerra de la posibilidad
de investigación penal cuando no se determine que hayan sido
sistemáticos; y aplicar “penas alternativas” a todos los
condenados.
Es crucial que Colombia no implemente el Marco
Jurídico para la Paz, ni otras posibles leyes sobre justicia
transicional, de un modo que atente contra la posibilidad de que se haga
justicia por falsos positivos. Sin embargo, si lo hace, las víctimas
podrían igualmente intentar obtener justicia ante la Corte Penal Internacional
(CPI), que podría ejercer su competencia respecto de delitos de lesa
humanidad cometidos en Colombia desde noviembre de 2002 y crímenes de
guerra ocurridos allí desde noviembre de 2009. La Fiscalía de la
CPI está analizando si una serie de presuntos delitos cometidos en
Colombia quedarían alcanzados por su competencia, y ha concluido que
existen fundamentos razonables para creer que los falsos positivos constituyen
delitos de lesa humanidad. Como tribunal de última instancia, estos
casos solamente serían admisibles ante la CPI si las autoridades
nacionales no se muestran dispuestas a investigarlos o juzgarlos, o realmente
no pueden hacerlo. La Fiscalía de la CPI ha señalado
específicamente con respecto al Marco Jurídico para la Paz que
una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada
“viciaría el carácter genuino” del procedimiento. Es
decir, podría dar lugar a una investigación de la CPI.
Recomendaciones
Al Presidente Juan Manuel Santos
- Asegurar que el efectivo procesamiento penal de los casos de falsos positivos sea un criterio fundamental del éxito de su gobierno.
- Dar instrucciones a las autoridades militares para que cooperen plenamente con las investigaciones de la Fiscalía sobre falsos positivos, lo cual incluye proporcionar oportunamente los documentos que estos soliciten.
- Asegurar que funcionarios gubernamentales no realicen declaraciones públicas en las cuales se cuestione la legitimidad de la actuación de los fiscales en casos de falsos positivos, ni estigmaticen a víctimas y sus representantes.
- No promover proyectos legislativos destinados a ampliar la competencia de la Justicia Penal Militar respecto de casos de derechos humanos.
- Asegurar que los testigos en casos de falsos positivos no sean hostigados ni estigmatizados por oficiales militares, y que los testigos, sus familias y los familiares de víctimas en estos casos reciban protección adecuada cuando haya amenazas creíbles a su seguridad.
- Asegurar que cualquier ley reglamentaria que se adopte en el futuro para el Marco Jurídico para la Paz—una reforma constitucional promulgada en julio de 2012— no exima de investigación o persecución penal a las personas responsables de falsos positivos, ni posibilite que las condenas impuestas a estas sean manifiestamente inadecuadas.
Al Fiscal General de la Nación
- Realizar investigaciones expeditivas y exhaustivas sobre la potencial responsabilidad de ex comandantes de todas las brigadas y unidades tácticas que cometieron una cantidad significativa de falsos positivos. Las investigaciones deberían examinar asimismo la potencial responsabilidad de oficiales en instancias superiores de la línea de mando.
- Incrementar la cantidad de fiscales e investigadores en la Unidad de Derechos Humanos, a fin de que puedan llevar adelante los casos de falsos positivos de manera expeditiva y exhaustiva.
- Reconsiderar el enfoque aplicado para asignar los casos de falsos positivos entre los fiscales, a fin de asegurar que se puedan identificar e indagar de manera eficiente patrones y nexos entre delitos atribuidos a unidades tácticas y brigadas específicas.
Al Gobierno de Estados Unidos
- Exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia, incluida la exigencia de que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria”, y que los militares cooperen con los fiscales en estos casos. En vista de la evidencia de que numerosos falsos positivos permanecen en la Justicia Penal Militar y que las autoridades militares no han cooperado en forma plena ni oportuna con las investigaciones, Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar que depende de que Colombia cumpla los requisitos en materia de derechos humanos.
A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
- Continuar un seguimiento riguroso de los procedimientos vinculados con casos de falsos positivos y cualquier implementación futura de la reforma constitucional conocida como Marco Jurídico para la Paz.
Metodología
Como parte de la investigación para
este informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 40 fiscales,
funcionarios de la Fiscalía, familiares de víctimas y sus
abogados, y testigos, entre otras personas. La gran mayoría de las
entrevistas se llevaron a cabo en Bogotá, Medellín y en
Villavicencio entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, si bien también
se realizaron algunas de forma telefónica.
Numerosos entrevistados accedieron a dialogar
con nosotros a condición de que no publicáramos sus nombres u
otra información que pudiera identificarlos. Se preservó la
confidencialidad de información sobre personas, así como las
fechas y el lugar de las entrevistas, en los casos en que fue solicitado, y
cuando Human Rights Watch consideró que la información
podía poner en riesgo a una persona o a su trabajo.
La investigación de Human Rights Watch
empleó estadísticas de la Fiscalía General de la
Nación, expedientes de causas penales, sentencias judiciales,
grabaciones de audio de audiencias judiciales y testimonios de testigos,
grabaciones de audio ordenadas judicialmente sobre conversaciones mantenidas a
través del teléfono celular por el Teniente Coronel (r) Robinson
González del Río y registradas por la Fiscalía, informes
oficiales y no gubernamentales, y artículos de prensa, entre otros tipos
de evidencias.
En este informe, el término
“falsos positivos” hace referencia a casos de ejecuciones ilegales
en los cuales militares simularon que se trataba de muertes legítimas
ocurridas en combates con guerrilleros, paramilitares o delincuentes, y los
informaron oficialmente como tales. La gran mayoría de víctimas
eran civiles, si bien en algunos casos excepcionales hay evidencias de que se
trataba de miembros de guerrillas asesinados en situaciones que no fueron de
combate, como por ejemplo luego de rendirse.
En este informe, el término
“unidad táctica” hace referencia a unidades que operan
directamente bajo el mando de brigadas del Ejército, como, por ejemplo,
batallones, grupos antisecuestro y antiextorsión (Gaula), y “Grupos
de Caballería”.
Los rangos, así como la
condición de activo o retirado, de los militares que se indican en el
informe hacen referencia a los rangos y condiciones más recientes sobre
los cuales Human Rights Watch encontró información, a menos que
se indique algo distinto.
El informe analiza en particular casos de
falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2008, debido a que la escala y la
frecuencia de estas ejecuciones aumentaron sustancialmente en ese
período. No obstante, conforme fue señalado por el Relator
Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, hay ejemplos de casos
incluso de la década de 1980. También hay denuncias de
algunos incidentes nuevos posteriores a 2008.
I. Responsabilidad de mando por falsos positivos
Existen motivos de peso para creer que
numerosos oficiales de alto rango del Ejército tuvieron
participación o responsabilidad en casos de falsos positivos. En el
próximo capítulo se ofrecen varios ejemplos de evidencias que implican
de manera directa a algunos comandantes. Este capítulo aborda aspectos
relativos a falsos positivos que sugieren que podrían ser muchos
más los comandantes con responsabilidad legal por estos casos.
Conforme al derecho internacional, existe
responsabilidad de mando cuando los superiores sabían o deberían
haber sabido que subordinados bajo su efectivo control estaban cometiendo un
delito, pero no adoptaron las medidas necesarias y razonables para prevenir o
castigar estos actos [4] . Los más altos tribunales de Colombia han dictado sentencias en
las cuales, básicamente, equiparan esta doctrina internacional a la
responsabilidad penal por omisión, que está prevista en el
Código Penal del país. Las sentencias indican que la
responsabilidad de mando puede ser aplicable a comandantes militares en casos
de graves violaciones de derechos humanos, y fiscales señalan estar
examinando este tipo de responsabilidad en sus investigaciones sobre falsos
positivos [5].
Hay varios motivos para concluir que numerosos
comandantes de unidades tácticas y brigadas—y posiblemente
oficiales en posiciones superiores de la línea de
mando—sabían o tenían razones para saber sobre los falsos
positivos y, por ende, podrían tener responsabilidad de mando. Si bien
el hecho que un superior haya efectivamente tenido conocimiento puede
demostrarse a través de evidencia directa, también puede ser
probado por medio de evidencia circunstancial, como la cantidad, el tipo y la
magnitud de los ilícitos ocurridos, si los hechos sucedieron de manera
generalizada, el modus operandi en ilícitos similares, la cantidad y el
tipo de soldados implicados y los aspectos logísticos involucrados [6] .
El estándar “tenía motivos
para saber” exige únicamente información general sobre la
posibilidad de delitos, y no un conocimiento preciso sobre incidentes
individuales [7] . Las evidencias de ambos tipos de conocimiento en casos de falsos
positivos incluyen:
- Evidencias sustanciales de que los falsos positivos no fueron obra de unas “manzanas podridas”, sino que fueron cometidos por la gran mayoría de las brigadas en distintas regiones de Colombia a lo largo de varios años. Cuanto mayor es la cantidad de asesinatos y más parecen responder a un patrón sistemático de ataques, menor es la probabilidad de que los superiores no supieran sobre ellos.
- El modus operandi general de los falsos positivos implicó que los comandantes de unidades tácticas y brigadas debieran realizar una serie de acciones, como emitir “órdenes de operaciones” y otros documentos oficiales para autorizar las supuestas operaciones.
- Todos los falsos positivos fueron informados oficialmente a comandantes de unidades tácticas, brigadas y divisiones como muertes en combate, y las circunstancias frecuentemente poco verosímiles de los incidentes informados sugieren que estos deberían haber detectado irregularidades.
- Desde 2004, o tal vez incluso antes, se difundieron versiones creíbles sobre falsos positivos, y esto puso a los comandantes en conocimiento de la posibilidad de los crímenes.
Human Rights Watch no tiene conocimiento de
evidencias que demuestren que comandantes militares hayan adoptado medidas para
prevenir o sancionar los falsos positivos hasta 2007. En ese año, el
comando general de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa emitieron
varias directivas nuevas, incluida una de noviembre de 2007 que otorgó
más prioridad a las desmovilizaciones y detenciones que a las muertes en
combate [8] . No resulta claro en qué medida—si acaso—los
comandantes del Ejército revirtieron sus prácticas en
función de estas medidas. Es claro que las acciones no fueron
suficientes para detener los falsos positivos: la Fiscalía está
investigando más de 550 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas
en 2008 por agentes del Estado, en su mayoría miembros del Ejército.
Los crímenes recién comenzaron a frenarse cuando el gobierno
destituyó a 27 oficiales y soldados del Ejército luego del
escándalo de Soacha a fines de 2008 [9] .
Si bien el presente capítulo analiza la
potencial responsabilidad de mando de oficiales militares, gran parte de la
evidencia examinada aquí también sustenta la conclusión de
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), según la cual
hay motivos razonables para creer que los falsos positivos fueron cometidos
“conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas
brigadas” [10] . La existencia de tal política indicaría que algunos
comandantes, al menos en el ámbito de las brigadas, no sólo
podrían ser responsables de no haber tomado medidas para que cesaran los
delitos, sino además de haber directamente ordenado, planificado o
facilitado de otro modo estos hechos.
Hechos a gran escala
Hay evidencias convincentes de que numerosas
unidades tácticas y brigadas fueron individualmente responsables de
casos de falsos positivos cometidos a gran escala. Algunos ejemplos son la
Décima Primera Brigada, cuyos soldados están siendo investigados
en relación con al menos 214 presuntas ejecuciones extrajudiciales
ocurridas entre 2004 y 2008, y el Batallón Juan José
Rondón, de la Décima Brigada, cuyos soldados están siendo
investigados en relación con al menos 60 presuntas ejecuciones
extrajudiciales ocurridas entre 2003 y 2008 [11] .
Los casos generalizados de falsos positivos
atribuibles a unidades individuales formaron parte de un patrón mucho
más amplio—y también generalizado—de delitos de este
tipo perpetrados por miembros del Ejército en toda Colombia. La Unidad
de Derechos Humanos de la Fiscalía está investigando más
de 3.700 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado
entre 2002 y 2008. La amplia mayoría de estos casos son ejecuciones
cometidas bajo la modalidad de falsos positivos que son atribuidas a miembros
del Ejército, según señalaron altos funcionarios de la
Fiscalía [12] . Las ejecuciones extrajudiciales a manos de tropas del Ejército
del período entre 2002 y 2008 se produjeron en 27 de los 32
departamentos de Colombia [13], y son presuntamente imputables a más de 180 unidades
tácticas [14] adscritas a casi la totalidad de las brigadas del Ejército [15] , que operaban dentro de cada una de las siete divisiones que
existían en ese entonces[16] .
En 2015, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos informó que la cantidad total de
víctimas de falsos positivos podían ser incluso de 5.000 [17] .
Carácter sistemático
Existen amplias evidencias de que, en el
ámbito de las unidades tácticas, brigadas y a nivel nacional,
tropas del Ejército cometieron falsos positivos de manera
sistemática. En casos en distintas regiones del país,
había similitudes en los tipos de víctimas y un modus operandi
común, para lo cual debió haber sido necesario un alto grado de
coordinación y planificación. Soldados y oficiales involucrados
en falsos positivos han admitido que sus unidades habían establecido
métodos para perpetrar las ejecuciones. También se han referido a
dos motivos comunes: las presiones de superiores para aumentar artificialmente
las estadísticas de bajas en combate, y los premios otorgados a soldados
y oficiales por las ejecuciones.
Modus operandi
El Relator Especial de la ONU sobre
ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía de la CPI y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, se han referido a un modus
operandi común en los casos de falsos positivos [18] . Los dos aspectos más elementales del modus operandi son que
los soldados 1) ejecutaban a víctimas en situaciones que no eran de
combate, y 2) las informaban oficialmente como miembros de guerrillas,
paramilitares o delincuentes muertos en combate.
En muchos casos, soldados o reclutadores
civiles engañaban a las víctimas con falsos pretextos—como
promesas de empleo—para que acudieran a algún sitio, donde luego
eran asesinadas por las tropas. En otros casos, miembros del Ejército
secuestraron a víctimas de sus viviendas o las aprehendieron en lugares
públicos y las trasladaron al lugar donde fueron ejecutadas.
También hubo numerosos incidentes en los cuales las víctimas
fueron entregadas por grupos paramilitares a los soldados.
Según la descripción del Relator
Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, luego de asesinar a las
víctimas, “las fuerzas militares organizan un montaje de la
escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio
legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre
otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las
manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u
otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de
combate” [19] . A menudo, los soldados quitaban a las víctimas sus documentos
de identidad y otras pertenencias.
Posteriormente, los miembros del
Ejército informaban las muertes a sus superiores en la línea de
mando, y con frecuenta también las anunciaban a la prensa. En muchos
casos, los superiores otorgaban a los soldados días de vacaciones y otros
premios, y autorizaban pagos falsos a informantes civiles, que en realidad eran
entregados a soldados o reclutadores. Oficiales del Ejército
confeccionaban gran cantidad de documentos oficiales para acreditar la
afirmación de que las muertes se habían producido en el contexto
de combates.
Perfil de las víctimas
Conforme fue
determinado por la Fiscalía de la CPI, los falsos positivos fueron
ataques “dirigidos contra civiles que residían en zonas alejadas y
eran considerados miembros de sectores marginados de la población” [20] . Entre las víctimas se encontraban agricultores, menores,
personas desempleadas, indigentes, personas con adicción a las drogas,
personas con discapacidad mental, líderes comunitarios, personas con
antecedentes penales o que habían cometido delitos menores, guerrilleros
o paramilitares desmovilizados y, en algunos casos, presuntos colaboradores de
la guerrilla o guerrilleros que habían sido detenidos o se habían
rendido [21].
Organización, planificación y coordinación logística necesarias para las ejecuciones
Conforme se evidencia en la descripción
anterior sobre el modus operandi de los casos de falsos positivos, para estos
crímenes fue necesaria una organización, planificación y
coordinación logística sustancial por parte de oficiales
militares y soldados. Esto incluyó identificar primero a la
víctima; secuestrarla o reclutarla de otro modo para lograr que acuda a
un lugar remoto; con frecuencia transportarla en vehículos militares
entre distintos municipios o departamentos; obtener armas, indumentaria de tipo
militar y otros equipos militares que se colocaban a la víctima; y
asegurar que en cada caso hubiera documentos militares oficiales que avalaran
su supuesta legalidad. También el personal militar debió
coordinar su actuación, para asegurarse de proporcionar a las
autoridades judiciales un relato coincidente sobre las supuestas bajas en
combate.
Distintos soldados involucrados en falsos
positivos han relatado que las unidades militares a las cuales
pertenecían habían adoptado métodos (básicamente,
sistemas) para cometer estos delitos. Por ejemplo:
- En una audiencia de noviembre de 2014, la Fiscalía acusó formalmente a dos ex oficiales de inteligencia del Batallón Pedro Nel Ospina (CuartaBrigada) en relación con 24 falsos positivos ocurridos entre enero de 2006 y junio de 2007. En un caso, el fiscal se refirió a un hombre que había sido engañado para trasladarse a Antioquia desde una ciudad cercana y luego fue ejecutado por soldados, quienes a continuación le colocaron una pistola e informaron que se trataba de una baja en combate. El fiscal indicó después que, según uno de los acusados, que al momento del hecho era oficial de inteligencia del batallón, en 2006 y 2007 “fueron 72 víctimas que de la misma manera fueron presentadas por los miembros del Batallón Pedro Nel Ospina como muertos en combate, sin corresponder esto a la realidad porque en ningún momento se encontraban combatiendo y además de eso fueron llevados bajo engaño a los diferentes lugares donde se dieron las bajas, con el conocimiento de los comandantes de dicho batallón” (énfasis agregado) [22] .
- El Coronel (r) Luis Fernando Borja ha confesado numerosos casos de falsos positivos cometidos mientras estuvo al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre (Décima Primera Brigada), y ha sido condenado por estos hechos. Según informó a los fiscales, cuando asumió el mando de las tropas, ya había un método para ejecutar a falsos positivos: “el propio mayor Céspedes me dijo cómo era el verdadero modo de las bajas ilegales, y que los comandantes de escuadra ya sabían lo que tenían que hacer… [que] hay unos soldados que son los encargados de conseguir a los muchachos o víctimas, y las armas que se le iban a colocar a esas víctimas” [23] . Borja dijo asimismo que “ya esto estaba organizado cuando yo llegué” [24] .
Motivos comunes: presiones para incrementar el número de bajas y premios
Existen abundantes evidencias de que los
responsables de falsos positivos en toda Colombia tenían dos motivos
principales, como se indicó precedentemente: mostrar
“resultados” en la lucha contra la guerrilla y la delincuencia, y
obtener beneficios por supuestas muertes en combate [25] .
Presiones para producir bajas
El testimonio de miembros del Ejército
que han reconocido su responsabilidad en relación con falsos positivos
sugiere, de manera contundente, que los comandantes medían el
éxito en función de las bajas en combate informadas, y
presionaban a los subordinados para que incrementaran estas
estadísticas. Esta presión parece haber estado presente en toda
la línea de mando del Ejército, desde al menos un comandante del
Ejército Nacional, el General (r) Mario Montoya, hasta comandantes de
brigadas y batallones, así como todos los escalafones inferiores hasta
los soldados que llevaron a cabo las ejecuciones. Existe evidencia de que
superiores habrían amenazado con sancionar a subordinados que no
produjeran bajas en combate para informar, organizaron competencias entre
unidades militares para determinar cuál reportaba mayor cantidad de
muertes en combate e incluso indicaban a subordinados cuotas mínimas de
bajas que debían cumplir.
Varios oficiales del Ejército han
señalado que el General (r) Montoya presionaba a las tropas para que
subiera el número de bajas mientras estuvo al frente del Ejército
(2006-2008). Por ejemplo:
- El Teniente Coronel (r) Robinson González del Río, quien ha admitido responsabilidad por numerosos casos de falsos positivos ocurridos mientras estuvo al mando de unidades tácticas entre 2006 y 2008 [26] , señaló a la Fiscalía:
A usted lo evaluaban… por bajas…. Esto de las bajas es una política que venía implementando el Señor General Mario Montoya… las diez mejores unidades del país, todos los lunes eran resaltadas por él. Pero esas unidades eran evaluadas por bajas. Porque le pongo un ejemplo: si un batallón ha hecho 40 desmovilizados, y lleva nada más una baja, pero otro batallón llevaba 1 desmovilizado y 4 bajas, estaba por encima el que llevaba las 4 bajas… [En] programas radiales…él le preguntaba a muchas unidades, “¿Cuánto lleva usted sin resultados operacionales?”. [Ellos respondían] “Mi General el día de ayer se hicieron dos capturas”. [Y Montoya replicaba] “No, no, no hermano, resultados operacionales, somos un ejército en guerra, aquí lo que vale son las bajas”. Los días que eran el miércoles a domingo los comandantes de las brigadas y de los batallones entraban en crisis porque sabían que el día lunes había que reportar bajas. Si no reportaban bajas, el comandante del Ejército los iba a vaciar, los iba a llamar a atención, los amenazaba con relevarlos[27].
González del Río aseveró que la
presión descendía a lo largo de la línea de mando:
“La presión era desde el mando del Ejército que era en ese
tiempo, el General Montoya, de ahí para abajo todos los comandantes de
brigada y de división eran los responsable de hacer esa
presión”[28].
(Consultar más información sobre el General (r) Montoya,
incluidos señalamientos de que ejercía presión sobre las
tropas para que aumentaran las estadísticas de bajas, en la
sección “Testimonios contra militares en posiciones superiores al
nivel de brigada”).
Diversos soldados responsables de falsos positivos
también han señalado como causa de los delitos la presión
ejercida dentro de sus batallones y brigadas para generar bajas en combate. Por
ejemplo:
- Dos ex oficiales del Batallón Pedro Nel Ospina acusados en relación con falsos positivos se refirieron a la presión de los comandantes de su batallón como una causa común detrás de estos crímenes. En relación con una ejecución en particular, el acusado “señal[ó] que para este hecho fue presionado por el Mayor [José] Zanguña [Duarte], ya que si no daban resultados lo podían retirar del Ejército, pues estaba en período de prueba”, según indica la Fiscalía [29] . (A comienzos de 2015, José Zanguña Duarte, actualmente coronel, fue detenido en relación por falsos positivos cometidos por el Batallón Pedro Nel Ospina) [30] .
- En declaraciones a la Fiscalía, un soldado llamado Nixón de Jesús Cárcamo atribuyó los casos de falsos positivos que ejecutó mientras formó parte de la Décima Primera Brigada a presiones de sus comandantes para elevar el número de bajas: “ellos le decían a uno que había que dar bajas y bajas, no se hablaba más que de matar” [31] .
- Edgar Iván Flórez Maestre, un ex teniente del Batallón Calibío (Décima Cuarta Brigada), señaló: “Para el mes de febrero de 2008 tuvimos una reunión en el COT (centro de operaciones tácticas) del batallón, en esa reunión estaba mi coronel Ramírez el nuevo comandante de Batallón… [quien] nos dijo... ‘cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes... [E]n este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción correspondiente” [32] .
Premios
La presión para que hubiera resultados
estuvo complementada por incentivos establecidos en unidades militares de
distintas regiones de Colombia, que recompensaban las muertes en combate con
días de vacaciones (permisos), ascensos, medallas, cursos de
formación y felicitaciones de superiores, entre otros premios. Diversos
soldados han explicado cómo estos incentivos habían motivado
casos de falsos positivos. Por ejemplo:
- Un ex oficial del Batallón Pedro Justo Berrío (Cuarta Brigada) indicó que luego de que su unidad cometiera varios falsos positivos en 2005, los soldados recibieron 35 días de permiso. Señaló que “cada uno busca su beneficio personal, [los soldados] saben que por cada caso hay unos días de permiso, entonces ninguno se opuso” [33] .
- Un soldado del Batallón Rifles (Décima Primera Brigada)indicó que el factor que impulsó a que su unidad ejecutara como falso positivo a su hermano en abril de 2007 fue que los soldados deseaban tener días libres para festejar el Día de la Madre: “[E]l Día de la Madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar’ a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las ‘legalizaciones’ son un asunto cotidiano” [34] .
- Cuando la Fiscalía le preguntó qué beneficios recibió por los falsos positivos, el Teniente (r) Marco Fabián García, ex comandante de tropas adscritas al Batallón de Contraguerrillas N.º 65 (Décima Sexta Brigada) respondió: “Yo fui candidato para obtener la medalla a orden público, me mandaron a hacer cursos de fuerzas especiales que eso es un honor, yo lo hice porque a mí me premiaron con eso” [35] .
Existen evidencias de que, al menos en algunos
casos, el lucro económico fue otro incentivo para que los soldados
participaran en falsos positivos[36]. Diversos fiscales y militares se han referido a una práctica
similar en distintas unidades militares: tras las ejecuciones, los comandantes
efectuaban pagos oficiales con fondos del Ejército a supuestos civiles
informantes que, según se indicaba, habían aportado información
que posibilitó la baja en combate. A veces los militares tomaban gran
parte del pago en vez de entregar la totalidad al supuesto informante. En
otros, los comandantes firmaban para autorizar el pago a una persona que no
estaba al tanto de haber sido indicada como informante, y entregaban todos los
fondos a las tropas[37]. Por ejemplo:
- El Coronel (r) Luis Fernando Borja, de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre (Décima Primera Brigada) declaró al respecto: “[E]n algunas oportunidades por estos homicidios se daba dinero a los comandos de patrullas. Era el dinero que el Estado daba por inteligencia, mensual. Todos pagos ficticios. Colocaban a una persona ficticia o real que nunca recibía dinero y este iba para el C2 (inteligencia) y se administraba a mi orden” [38] .
- La acusación formal de la Fiscalía contra el Teniente Coronel (r) Henry Acosta Pardo, ex comandante del Batallón Birno (Décima Sexta Brigada), por el homicidio de tres trabajadores en julio de 2007, indica que al cometer falsos positivos, obtuvo “prebendas tanto personales como económicas, bajo la modalidad de pago de información” [39] .
Para que hubiera falsos positivos fueron necesarias acciones de comandantes de brigadas y unidades tácticas
Human Rights Watch examinó expedientes
penales, declaraciones de testigos y otras evidencias que mostraban que para
que los soldados cometieran falsos positivos, los comandantes de brigadas,
batallones y otras unidades tácticas necesitaban adoptar una serie de
acciones concretas, sin las cuales estos crímenes no habrían sido
posibles. Esto demuestra que hubo varias instancias del proceso de
ejecución de falsos positivos en las cuales tales comandantes tomaron
conocimiento de información que podría—y con frecuencia
debería—haber causado que detectaran que las supuestas muertes en
combate eran, en verdad, ejecuciones. Cuando los comandantes ya sabían
que sus soldados estaban cometiendo falsos positivos, estas acciones
podrían ser interpretadas por sí solas como actos criminales que
formaron parte de un plan delictivo más amplio.
Documentación oficial
En casi todos los casos de falsos positivos,
los comandantes de brigadas o unidades tácticas emitieron
“órdenes de operaciones” [40] . Se trata de documentos del Ejército donde se autorizan
operaciones militares y se da instrucciones a las tropas con respecto a
dónde, cómo y contra quiénes ejecutarlas [41] . En numerosos casos de falsos positivos, los comandantes emitieron
además documentos denominados “misiones tácticas” y
órdenes de operaciones “fragmentarias”, que están
basados en “órdenes de operaciones” y contienen instrucciones
más detalladas sobre cómo llevar a cabo operaciones
específicas.
Las órdenes de operaciones y las
misiones tácticas fueron esenciales para que hubiera casos de falsos
positivos, debido a que proveían el fundamento para que los soldados se
movilizaran hasta las zonas donde cometieron las ejecuciones, y daban sustento
al señalamiento de que las ejecuciones ocurrieron en el marco de una
operación dispuesta legalmente.
Los fiscales han confirmado el rol clave que
tuvieron estos documentos en la comisión de falsos positivos [42] . Por ejemplo, en un caso donde tuvo participación el
Batallón Pedro Nel Ospina, el fiscal señaló que la
“orden de operaciones” fue emitida por el comandante del
batallón y funcionó como “el soporte jurídico para
que las tropas estuvieran presentes en el lugar” [43] . En un caso de un falso positivo en el cual estuvo implicado el
Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.º 23, adscrito a la
Décima Sexta Brigada, el fiscal determinó que la
“misión táctica” firmada por el comandante del
batallón, era un “artilugi[o] bien concebid[o] para justificar un
acto ilegal: la muerte de tres personas” [44] .
Autorización para movilizar soldados
Para que hubiera falsos positivos fue
necesario una importante movilización de los soldados, primero para
detener o reclutar a las víctimas, y luego para ejecutarlas en otros
sitios. El testimonio aportado por miembros del Ejército y otras
evidencias sugieren de manera contundente que, en numerosas instancias, para la
movilización de soldados fue necesaria la autorización de los
comandantes de unidades tácticas y/o brigadas.Por ejemplo:
- Un soldado y operador de radio que admitió haber participado en operativos en los cuales el Batallón Efraín Rojas Acevedo (Vigésimo Octava Brigada) ejecutó a falsos positivos declaró que, cuando perpetraron los delitos, los soldados no podían trasladarse sin la autorización del entonces comandante del batallón, el Coronel Óscar Orlando Gómez Cifuentes [45] .
- El Teniente Coronel (r) González del Río indicó a la Fiscalía que cuando él estuvo al mando de unidades tácticas adscritas a la Cuarta y Octava Brigadas, y sus tropas intervenían en operativos para llevar a cabo las ejecuciones, el desplazamiento de los soldados requería la autorización de los comandantes de brigadas. “Yo no p[odía] mover un soldado a hacer una operación sin que el comandante de brigada me autori[zara]”, dijo con respecto al período en el cual estuvo en la Octava Brigada [46] .
Según explicó un funcionario
judicial a Human Rights Watch, los comandantes de brigadas debían ser
informados sobre los movimientos operativos de las distintas unidades tácticas
bajo su mando, para asegurar que no se cruzaran involuntariamente en el terreno [47] .
Autorización de pagos y premios
Diversos testimonios de testigos,
investigaciones judiciales y documentos militares sugieren de manera
convincente que los pagos efectuados a informantes en casos de falsos positivos
exigían la autorización de comandantes de brigadas y batallones.
Como se explicó antes, estos pagos en ocasiones se asignaban a las
tropas responsables de las ejecuciones y, por ende, servían como incentivos
para casos de falsos positivos. Asimismo, los fondos también parecen
haber sido usados para efectuar pagos a reclutadores, al menos en algunos casos [48] . Entre las evidencias de que los comandantes autorizaron los pagos se
incluyen:
Además de autorizar pagos a falsos
informantes, algunos comandantes de batallones y brigadas también
parecen haber estado involucrados en el otorgamiento de premios, como
días de vacaciones o cursos de capacitación, a cambio de
presuntas muertes en combate. Por ejemplo, González del Río
indicó a la Fiscalía que el comandante de su brigada lo
autorizaba a conceder días de vacaciones a los soldados por supuestas bajas
en combate. También aseveró que el jefe del Ejército, el
General (r) Montoya, les decía a los comandantes que dieran días
de descanso a los soldados por bajas en combate [53] . De manera similar, un hombre que participó como guía en
una operación llevada a cabo por el Ejército en marzo de 2006 en
el departamento de Meta, durante el cual los soldados habrían cometido
dos ejecuciones, dijo a la Fiscalía que poco después de las
muertes, escuchó al comandante del batallón cuando felicitaba a
los soldados por radio, y les decía que serían recompensados con
un viaje al exterior [54] .
Las circunstancias poco plausibles de las supuestas muertes en combate
En los casos de falsos positivos, las
supuestas muertes en combate se informaban inmediatamente a los superiores en
la línea de mando, incluidos comandantes de unidades tácticas,
brigadas y divisiones, y posiblemente instancias de mayor jerarquía,
según señalaron diversos fiscales y conforme surge del testimonio
de miembros del Ejército responsables de estos delitos [55] . Como se explicó precedentemente, los comandantes
también tomaron conocimiento de los incidentes a raíz de la
autorización de los correspondientes desplazamientos de tropas y pagos.
Hay evidencias persuasivas de que, en
numerosos casos de falsos positivos, las circunstancias de las ejecuciones que
se informaron oficialmente a los comandantes deberían haberles permitido
advertir irregularidades en los presuntos operativos y sospechar que se
trató de ejecuciones extrajudiciales.
Tipos de armas supuestamente encontradas junto a las víctimas
Las armas que los soldados declararon haber
hallado en poder de las víctimas con frecuencia no eran del tipo que los
grupos armados utilizan habitualmente contra la fuerza pública (como por
ejemplo, pistolas y revólveres), e incluso armas que ni siquiera funcionaban,
conforme indicaron fiscales y se expresa en el testimonio ofrecido por autores
de estos hechos. Por ejemplo:
En numerosos casos, que se informara que
habían sido las víctimas quienes iniciaron el ataque contra
soldados fuertemente armados debería haber bastado para que resultara
particularmente inverosímil que sólo llevaran armas cortas u
otras armas básicas, en vez de fusiles u otras armas de combate. Por
ejemplo, un fiscal señaló que en 17 incidentes de falsos
positivos, por los cuales estaban siendo imputados dos ex oficiales del
Batallón Pedro Nel Ospina, se informó que la totalidad de las 24
víctimas afectadas habían atacado a los soldados. Sin embargo,
salvo un caso, las únicas armas halladas en las víctimas fueron
revólveres, pistolas, escopetas, o changones [59] .
Ubicación y función de la unidad militar
En el caso de algunas unidades
tácticas, debido a la ubicación donde operaban y su
función establecida dentro del Ejército, resulta
inverosímil que generaran números elevados de muertes en combate.
Por ejemplo:
Cientos de delincuentes comunes informados como muertos en operaciones militares
Dentro de la fuerza pública colombiana,
es la Policía, antes que las Fuerzas Militares, el cuerpo que desarrolla
actividades básicas de seguridad pública, incluida la captura de
delincuentes comunes. Los agentes del Estado únicamente pueden aplicar
la fuerza letal contra civiles, incluidos delincuentes comunes, en una serie de
circunstancias muy acotadas, como por ejemplo cuando esto es absolutamente
necesario para proteger una vida. No obstante, en numerosos casos de falsos
positivos, las tropas informaban que las víctimas habían sido
delincuentes comunes, como extorsionistas, muertos en combate. Las
estadísticas oficiales muestran que, entre 2004 y 2007, la cantidad
informada de delincuentes comunes muertos en operaciones militares a manos del
Ejército aumentó un 1.200 por ciento, y ascendió a 325
muertes. Llamativamente, en 2007 el Ejército informó casi 100
casos más de muertes en combate de delincuentes comunes que de miembros
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla
más numerosa de Colombia.
Muertes en combate informadas por el
Ejército [64]
Año
|
‘04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
‘09
|
‘10
|
‘11
|
‘12
|
‘13
|
‘14
|
Delincuencia
|
27
|
44
|
207
|
325
|
112
|
7
|
3
|
5
|
4
|
6
|
0
|
FARC
|
303
|
1252
|
1647
|
1752
|
975
|
473
|
437
|
307
|
344
|
258
|
153
|
ELN
|
106
|
329
|
298
|
239
|
173
|
34
|
30
|
22
|
33
|
50
|
26
|
BACRIM
|
155
|
283
|
195
|
629
|
378
|
34
|
30
|
24
|
27
|
13
|
12
|
Otros grupos armados /
Narcotráfico
|
9
|
44
|
52
|
38
|
7
|
5
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
Un caso representativo
El testimonio de un soldado en particular
constituye un ejemplo impactante de diversas circunstancias implausibles que
coincidieron en un único incidente [65] .
El soldado dijo que su compañía,
que estaba adscrita a un batallón de contraguerrillas que operaba como
parte de una brigada móvil, secuestró a cinco civiles de un
pueblo en el departamento de Guaviare donde estaba instalada, y los retuvo en
una finca durante aproximadamente dos semanas. El día de la
ejecución, un teniente que estaba al mando de la compañía
hizo que cuatro de las víctimas se sentaran en torno a una mesa en la
finca. Todas habían sido vestidas con prendas de tipo militar. Luego el
teniente ordenó a los soldados que les dispararan, según
contó el soldado, quien afirmó que se encontraba aproximadamente
a 50 metros de distancia. El teniente regresó a la cocina, vio los
“rostros destrozados” y dijo “uy jueputa la cagamos”.
El testimonio del soldado indica que creía que el teniente estaba
preocupado debido a que todas las víctimas habían recibido los
disparos en el rostro, lo cual parecía incongruente con el tipo de
combate que tenían previsto informar.
Luego las tropas ejecutaron a la quinta
víctima e informaron al “puesto de mando” que se
habían enfrentado en combate con 20 guerrilleros, y habían matado
a cinco, según dijo el soldado. El soldado señaló que las
tropas colocaban armas “muy dañadas” a las víctimas,
lo cual resultaba poco realista para él, dado que el frente de las FARC
con presencia en la región contaba con armas de gran calidad.
El soldado dijo que, posteriormente esa tarde,
los jefes del batallón, la brigada y la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA [66] llegaron en helicópteros militares que habían sido
movilizados para llevarse los cuerpos, y recompensaron inmediatamente a los
soldados: “Nos llevaron pollo, cigarrillos, nos felicitaron. Se fueron y
la buena noticia era que nos íbamos de permiso 45 días”.
Según el soldado, la guerrilla tenía
una presencia mínima en la zona donde operaba la compañía.
Indicó que, al día siguiente a que llegara el teniente para
asumir el comando de la compañía, a fines de 2004, este
reunió a sus tropas y les dijo que la compañía
“estaba muy caída ante los ojos de la Brigada por falta de
resultados”. En el término de tres meses, la
compañía informó 10 muertos en combate, a pesar de que, en
realidad, sólo mantuvo un único combate con la guerrilla durante
todo el tiempo en que el teniente estuvo al mando, y en el cual no hubo
muertes. Esto indica que hubo circunstancias adicionales que podrían
haber levantado la sospecha de los comandantes: en una zona donde la presencia
de la guerrilla era mínima, llegó a una compañía un
nuevo comandante con el mensaje de que la brigada estaba disconforme con la
falta de “resultados” de la unidad, y entonces rápidamente
la unidad incrementó la cantidad de muertes en combate informadas.
Ejecuciones habituales a lo largo de un período de siete años
A lo largo de siete años, fueron
habituales los falsos positivos en Colombia. No hubo solamente un comandante
que tuvo oportunidad de detectar las circunstancias inverosímiles
descriptas precedentemente en las cuales se informaron las muertes en combate.
Hubo cientos de comandantes de unidades tácticas y brigadas que, en
general, tuvieron múltiples oportunidades de detectar falsos positivos
mientras estuvieron al mando de unidades militares, a menudo por
períodos superiores a un año a la vez. Algunos comandantes que
ocuparon varias posiciones de mando entre 2002 y 2008 tuvieron la posibilidad
de detectar una cantidad incluso mayor de falsos positivos. Este es el caso del
General (r) Montoya, quien comenzó como comandante de la Cuarta Brigada
en 2001 y 2003, estuvo al frente de la Primera División y del Comando
Conjunto del Caribe entre 2004 y comienzos del 2006, y llegó a ser
comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de
2008. (Para ampliar la información sobre Montoya, ver la sección,
“Testimonios contra militares en posiciones superiores al nivel de
brigada”).
Parece improbable que soldados rasos puedan
haber engañado en forma reiterada a tantos comandantes, y en tantos
casos, durante un período tan prolongado.
Denuncias públicas creíbles sobre falsos positivos
Hubo denuncias públicas creíbles
de falsos positivos varios años antes de que se desatara el
escándalo de Soacha a fines de 2008. Conforme fue señalado por la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) al analizar la eventual
“responsabilidad de esferas superiores” dentro de las Fuerzas
Militares, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
se refirió a presuntos falsos positivos en cada uno de sus informes
anuales sobre Colombia entre 2004 y 2007 [67] . El informe de 2005 de la Alta Comisionada, por ejemplo,
denunció un incremento en los señalamientos de ejecuciones
extrajudiciales por soldados del Ejército, y señaló al
respecto que “[l]a mayoría de estas ejecuciones ha sido presentada
por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate, con alteraciones
de la escena del crimen...” [68] . El informe indicó que la negación de los delitos por
algunas autoridades y la falta de sanciones a los autores “plantean la
eventual responsabilidad de los superiores jerárquicos” [69] .
Christian Salazar Volkmann, representante de
la Alta Comisionada en Colombia entre 2009 y 2011, indicó que cuando el
escándalo sobre falsos positivos en Soacha cobró público
conocimiento, “el tipo de delitos del Ejército... no era
desconocido, ni para los jefes militares, ni para el ministro de defensa, ni
para el presidente del país, Álvaro Uribe Vélez” [70] . Según Salazar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había alertado varias veces
al gobierno y a las autoridades militares sobre las ejecuciones al menos desde
2003, e incluso había manifestado al presidente Uribe estas
preocupaciones en 2003 y 2004, pero “[s]i bien había
señales de alerta, el presidente aparentemente prefirió creer en
las negativas militares e ignoró la información que se le
proporcionó” [71] . Conforme señaló Salazar, “no se adoptó
ninguna medida” [72] .
Un ejemplo de que altos oficiales del
Ejército aparentemente conocían las denuncias creíbles de
falsos positivos se evidencia en un artículo del 6 de mayo de 2006 que
contiene una entrevista a un vocero de la Séptima División del
Ejército, que supervisa varias brigadas en el norte de Colombia,
incluida la CuartaBrigada [73] . El artículo, publicado en el periódico El Tiempo,
señala que autoridades del departamento de Antioquia y también la
ONU habían denunciado 24 posibles ejecuciones ilegales de personas que
habían sido presentadas por militares como muertas en combate en
distintas zonas de Antioquia, en algunos casos luego de que su desaparición
hubiera sido informada por familiares. Autoridades de la ONU y de Antioquia
plantearon este tema durante una reunión con Francisco Santos, entonces
vicepresidente de Colombia. El artículo recoge las expresiones de un
vocero no identificado de la Séptima División, quien afirma que
“ellos” (refiriéndose presuntamente a las autoridades
militares de la Séptima División) “conocen sobre las
denuncias del año pasado”. En las citas, el vocero resta gravedad
a las denuncias: “Si hay [algún caso] aislado la
investigación lo determinará. Los familiares tienen derecho a
decir lo que quieran y se imaginen” (énfasis agregado).
También expresó: “De los casos que conozco puedo estar
tranquilo” [74] .
Un mes después, El Tiempo
publicó un artículo de Sergio Jaramillo, quien se
desempeñó como asesor de la ministra de defensa en 2002 y 2003,
en el cual advertía que la “insaciable presión por
bajas” ejercida por altos mandos del Ejército podía estar
provocando ejecuciones ilegales. Jaramillo observó que “resultan
verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada
han sido hombres con fusil” [75] .
[4]Prosecutor v. Delalić, Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), Caso N.º
IT-96-21-T, Sentencia (Sala de Primera Instancia), 16 de noviembre de 1998,
párr. 346. Si bien la descripción anterior capta acertadamente lo
establecido en la actualidad por el derecho internacional consuetudinario en materia
de responsabilidad de mando, la doctrina se ha plasmado con algunas leves
diferencias en distintos acuerdos internacionales. Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativos a la Protección
de Víctimas de Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), arts.
86-87; Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos
responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991 (Estatuto del
TPIY), art. 7(3); Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda
(Estatuto del TPIR), art. 6(3); Estatuto del Tribunal Especial para Sierra
Leona (Estatuto del TESL), art. 6(3); Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (Estatuto de Roma), art. 28.
[5] La responsabilidad penal por omisión se encuentra tipificada en
el artículo 25 del Código Penal de Colombia. En su
decisión de junio de 2014, relativa al General (r) del Ejército
Jaime Humberto Uscátegui, la Corte Suprema dispuso: “frente a
casos de graves violaciones a los derechos humanos, en el orden internacional
así como en el ámbito interno, se extiende la responsabilidad
penal al superior militar respecto de los actos de sus inferiores, siempre que
se den los requisitos señalados por la normativa trasnacional, que en
nuestro ordenamiento jurídico se verifican a través de la figura
de la posición de garante y de la dogmática de los delitos de
comisión por omisión”. Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, radicación n.º 35113, decisión
del 5 de junio de 2014, págs. 156 y 157. En la
sentencia en la cual confirmó la ratificación por Colombia del
Estatuto de Roma, la Corte Constitucional dispuso: “[E]n Colombia la
responsabilidad del jefe o superior tiene cabida respecto del jefe militar,
oficial o de facto”. Corte Constitucional de Colombia, Auto C-578 de
2002. En 2001 la Corte Constitucional también determinó que
“en las relaciones de jerarquía, el superior con autoridad o
mando, tiene el deber de tomar medidas especiales... para evitar que personas
que se encuentran bajo su efectivo control, realicen conductas que vulneren los
derechos fundamentales. Vg. Si el superior no evita —pudiendo
hacerlo— que un soldado que se encuentra bajo su inmediata dependencia
cometa una tortura, o una ejecución extrajudicial, o en general un
delito de lesa humanidad, por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior…”. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-1184 de 2001.
[6]Prosecutor v. Limaj et al., TPIY, Caso
N.º IT-03-66-T, Sentencia (Sala de Primera Instancia), 3 de noviembre de
2005, párr. 524, Prosecutor
v. Galic, TPIY, Caso
N.º IT-98-28-T, Sentencia (Sala de Primera Instancia), 5 de diciembre de
2003, párrs. 174 y 427; Prosecutor
v. Kordic and Cerkez,TPIY, Caso N.º
IT-95-14/2-T, Sentencia (Sala de Primera Instancia), 26 de
febrero de 2001, párr. 427; Ntagerura,
Bagambiki e Imanishimwe, Tribunal Penal Internacional para Ruanda,
Caso N.º ICTR
99-46-T, Sentencia (Sala de Primera Instancia), 25 de febrero de 2004,
párrs. 629 y 648.
[7]Delalic et al. (Sala de
Apelaciones), 20 de febrero de 2001, párrs. 238 y 241, (“No es
necesario que esta información aporte datos concretos sobre actos
ilícitos que se hayan cometidos o estén por cometerse”).Ntagerura, Bagambiki, e Imanishimwe (Sala
de Primera Instancia), 25 de febrero de 2004, párr. 629; Nahimana, Barayagwiza y Ngeze, TPIR, Caso
N.º ICTR 99-52-A, Sentencia (Sala de Apelación), 28 de
noviembre de 2007, párr. 791; Prosecutor
v. Halilovic, TPIY, Caso N.º IT-01-48, Sentencia
(Sala de Primera Instancia), 16 de noviembre de 2005, párr. 65.
[8] El Ministerio de Defensa también emitió dos directivas,
en las cuales dispuso que las Fuerzas Militares debían asegurar que la
policía judicial, y no la Justicia Penal Militar, fuera la primera en
investigar y recoger de evidencias en casos informados como muertes en combate.
Para consultar un análisis de las medidas adoptadas en 2007, ver Informe
del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, A/HRC/14/24/Add.2, 31 de
marzo de 2010, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/132/38/PDF/G1013238.pdf?OpenElement
(consultado el 1 de junio de 2015), párrs. 16-18, 24, 28 y 31; e Informe
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/7/39, 29 de
febrero de 2008,
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/2007/Report%20HC%202007%20Advance%20Edited.pd
(consultado el 1 de junio de 2015), párrs. 21-23.
[9] El gobierno pasó a retiro a los militares luego de una
investigación interna de denuncias de falsos positivos que fue realizada
por una comisión militar de alto nivel, y que identificó “serios
indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la
observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de
inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y
evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una
inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa
de presuntos casos irregulares en su jurisdicción”.
“Comunicado de la Presidencia sobre el retiro de 25 militares por casos
de desapariciones”, El Tiempo, 29 de octubre de 2008,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4632012 (consultado el 18 de mayo
de 2015).
[10]Fiscalía de la Corte Penal Internacional,
“Situación en Colombia: Reporte Intermedio”, noviembre de
2012,
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF
(consultado el 22 de abril de 2015), párr. 9.
[11] Datos relativos a investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos
sobre ejecuciones extrajudiciales hasta diciembre de 2014, en los registros de
Human Rights Watch.
[12] Altos funcionarios de la Fiscalía también han indicado
que los fiscales están investigando al menos 3.000 falsos positivos.
Reunión mantenida por Human Rights Watch con altos funcionarios de la
Fiscalía, Bogotá, 3 de diciembre de 2014; “‘Yo
encontré una situación catastrófica en la
Fiscalía’: Montealegre”, El Tiempo, 30 de diciembre
de 2012, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12483235 (consultado el
22 de abril de 2015).
[13] Los cinco departamentos donde no se están llevando a cabo
investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas en ese
período son Guainía, Vaupés y Amazonas (tres de los
departamentos con menos población de Colombia, en la región de
Amazonia), así como en San Andrés y Providencia, que son islas ubicadas
a bastante distancia de la costa de Colombia, y Risaralda. (Hay casos
debidamente documentados en los cuales las víctimas fueron reclutadas en
Risaralda pero asesinadas en otros departamentos). Datos relativos a
investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales
hasta diciembre de 2014, en los registros de Human Rights Watch.
[14] Según su tamaño, las brigadas y
brigadas móviles están integradas por una cantidad variable de
batallones y otras unidades tácticas. Datos relativos a investigaciones
de la Unidad de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales hasta
diciembre de 2014, en los registros de Human Rights Watch.
[15] De las 26 brigadas informadas actualmente por el Ejército, 24
existieron al menos durante parte del período 2002-2008 (las otras dos
se crearon en 2009). La Unidad de Derechos Humanos está investigando
presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008 por tropas
adscritas a las 24 brigadas. Además de estas brigadas
“territoriales” fijas, la Unidad de Derechos Humanos también
investiga ejecuciones ilegales de ese período presuntamente cometidas
por 17 brigadas móviles. Un estudio sobre Colombia realizado por la
División Federal de Investigación de la Biblioteca del Congreso
de Estados Unidos indicó que, en octubre de 2007, el Ejército contaba
con 20 brigadas móviles. Datos sobre investigaciones de la Unidad de
Derechos Humanos relativas a ejecuciones extrajudiciales hasta diciembre de
2014, en los registros de Human Rights Watch; Ejército Nacional de
Colombia, “Brigadas”, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239185
(consultado el 19 de mayo de 2015); Red A. Hudson, ed., Colombia: a Country
Study (Federal Research Division of the Library of Congress: 2010),
pág. 296.
[16] Datos relativos a investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos sobre
ejecuciones extrajudiciales hasta diciembre de 2014, en los registros de Human
Rights Watch.
[17] El Alto Comisionado de la ONU indicó al respecto: “El
alto número de falsos positivos (potencialmente 5.000 víctimas),
el número de años en los que este fenómeno tuvo lugar
(2002-2010), el importante número de unidades implicadas, la calidad de
la violación (derecho a la vida violada por la ejecución
extrajudicial de civiles), así como el hecho que estas operaciones
fueron planeadas, apoyan la idea que estas violaciones pueden considerarse
sistemáticas bajo el derecho internacional de los derechos humanos.Además,
se plantean serias cuestiones respecto a la responsabilidad de aquellos en la
línea de mando que, bien sabían, o bien deberían haber
sabido, lo que estaba sucediendo y no tomaron medidas para
atajarlo”.Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, A/HRC/28/3/Add.3, 23 de enero de 2015, http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/A_HRC_28_3__Add_3_SPA.pdf
(consultado el 1 de junio de 2015), párr. 56.
[18] Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, 31 de marzo de
2010, párr. 11; Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
“Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, 7 de marzo de 2011, Capítulo IV,
Colombia”, OEA/Ser.L./V/II. Doc. 69, 30 de diciembre de 2011, nota al pie
27; Fiscalía de la CPI, “Situación en Colombia: Reporte
Intermedio”, noviembre de 2012, párr. 118.
[19] Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, 31 de marzo de
2010, párr. 11.
[20]Fiscalía de la CPI, “Situación en Colombia: Reporte
Intermedio”, noviembre de 2012, párr. 94.
[21] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II,
7 de marzo de 2011, Capítulo IV, Colombia”, 30 de diciembre de
2011, nota al pie 27; Fiscalía de la CPI, “Situación en
Colombia: Reporte Intermedio”, noviembre de 2012, párr. 94; datos
sobre investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos relativas a ejecuciones
extrajudiciales hasta diciembre de 2014, en los registros de Human Rights
Watch; entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014 y
febrero de 2015.
[22] Grabación de audio de audiencia preliminar de
formulación de imputación contra William Darley García
Ospina y Manuel Alejandro Cuellar Urrutia, Juzgado Tercero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías en Medellín, radicado n.º
0500126000206200705152, 18 de noviembre de 2014.
[23] “Soy culpable”, Semana, 16 de julio de 2007,
http://www.semana.com/nacion/articulo/soy-culpable/243091-3 (consultado el 22
de abril de 2015).
[24] Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP),
“Colombia: Deuda con la humanidad 2: 23 años de Falsos Positivos
(1988-2011)”, octubre de 2011, http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda2/DEUDA2_web.pdf
(consultado el 22 de abril de 2015), pág. 322.
[25] Estos motivos también se identifican en informes del Relator
Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y la Fiscalía de la
CPI. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, 31 de marzo de
2010, párrs. 19-28; Fiscalía de la CPI, “Situación
en Colombia: Reporte Intermedio”, noviembre de 2012, párrs.
99-102.
[26] Además del testimonio ofrecido a la Fiscalía,
González del Río reconoció su responsabilidad por 27
falsos positivos durante una entrevista mantenida en junio de 2014 con RCN
TV: “La responsabilidad mía es en el Valle del Cauca y Cauca.
Se hicieron 17 operaciones donde existieron alrededor de 27 muertos de falsos
positivos, los cuales voy a aceptar”. “‘Acepto 27 muertes por
falsos positivos’: González del Río”, Semana,
9 de junio de 2014,
http://www.semana.com/nacion/articulo/gonzalez-del-rio-yo-acepto-27-muertes-por-falsos-positivos/391005-3
(consultado el 19 de mayo de 2015).
[27] Video que contiene la declaración jurada prestada por Robinson
González del Río a la Fiscalía General de la Nación
en el radicado n.º 170016000030200800096, 31 de julio de 2014.
[28] Ibíd.
[29] Grabación de audio de audiencia preliminar de
formulación de imputación contra William Darley García
Ospina y Manuel Alejandro Cuellar Urrutia, Juzgado 3 Penal con Función
de Control de Garantías Municipal de Medellín, radicado n.º
0500126000206200705152, 18 de noviembre de 2014.
[30] “Caen los coroneles del batallón que ganó el
concurso de falsos positivos”, La Silla Vacía, 19 de marzo
de 2015,
http://lasillavacia.com/queridodiario/caen-los-coroneles-del-batallon-que-gano-el-concurso-de-falsos-positivos-49778
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[31] Fiscalía General de la Nación, declaración de
Nixón de Jesús Cárcamo, radicado n.º 4538, 16 de
julio de 2014.
[32] Procuraduría General de la Nación, denuncia presentada
por Edgar Iván Flórez Maestre, 15 de diciembre de 2009. Durante
un juicio en 2011, Flórez se retractó de su testimonio ante la
Procuraduría, y aseveró que lo había prestado debido a
presiones de la Fiscalía. No obstante, el juez rechazó su
retractación, y determinó que su afirmación de que
había sufrido presiones carecía totalmente de fundamento. Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, radicado n.º
6808160000020100007, decisión del 15 de julio de 2013.
[33] Fiscalía General de la Nación, declaración jurada
prestada por ex oficial del Ejército, 2012 (el nombre del ex oficial, la
fecha exacta y el número de radicado se mantienen bajo reserva).
[34] En agosto de 2011, seis miembros del Ejército fueron condenados
por el asesinato. “Mi hermano fue un falso positivo”, revista Semana,
25 de octubre 2008, http://www.semana.com/nacion/articulo/mi-hermano-falso-positivo/96639-3
(consultado el 22 de abril de 2015); Fiscalía General de la
Nación, “Condenados seis militares por homicidio en persona
protegida”, 24 de agosto de 2011, http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenados-seis-militares-por-homicidio-en-persona-protegida/
(consultado el 28 de mayo de 2015).
[35]Fiscalía General de la Nación, declaración jurada
de Marco Fabián García Céspedes, radicado n.º 4977,
26 de octubre de 2013.
[36] El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales se
refirió a los falsos positivos como “el asesinato a sangre
fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”.
La Fiscalía de la CPI también ha hecho alusión a los
incentivos económicos para que hubiera falsos positivos, y ha informado
que miembros del Ejército colombiano presuntamente “han dado
muerte intencionalmente a miles de civiles con el fin de potenciar su tasa de
éxito en el contexto del conflicto armado interno y obtener incentivos
monetarios procedentes de fondos del Estado”. “Declaración
del Profesor Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009”,
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
sin fecha,
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9219&LangID=S
(consultado el 29 de mayo de 2015); Fiscalía de la CPI,
“Situación en Colombia: Reporte Intermedio”, noviembre de
2012, párr. 8.
[37]Ver además, Procuraduría General de la Nación,
denuncia presentada por Edgar Iván Flórez Maestre, 15 de
diciembre de 2009.
[38] “Soy culpable”, Semana, 16 de julio de 2007.
[39] Fiscalía General de la Nación, resolución de
acusación contra el Teniente Coronel (r) Henry Hernán Acosta
Pardo y el Teniente (r) César Augusto Combita Eslava, radicado n.º
5690, 31 de octubre de 2013.
[40] Reunión de Human Rights Watch con altos funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 3 de diciembre de
2014; entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014 y
febrero, abril y mayo de 2015.
[41] El glosario que aparece en el sitio web del Ejército define a
la “orden de operaciones” como “el documento que dispone la
ejecución de una operación específica, en un futuro
inmediato o muy próximo y en el cual se dan las instrucciones necesarias
de situación de Fuerzas amigas y del enemigo”. Citando un manual
del Ejército, un ensayo publicado en 2012 por la Universidad Militar
Nueva Granada describe a una orden de operaciones como un “documento que
contiene los detalles necesarios para la conducción de una
operación determinada, [y] la cual es emitida por el Comandante a sus
unidades subordinadas, para la coordinación de la ejecución de
una operación”. En el ensayo se indica, citando el manual, que la
aprobación de la orden de operaciones es “facultad
potestativa” del comandante. Ejército Nacional de Colombia,
“Glosario”, sin fecha,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=211740 (consultado el 19 de mayo de
2015); Liliana Angulo Beltrán y Lina Carlos Manosalva,
“Procedencia de la apertura de la indagación preliminar de oficio
por muertes en desarrollo de operaciones militares”, Universidad Militar
Nueva Granada (2012), http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6556/2/AnguloBeltranLiliana2012.pdf
(consultado el 19 de mayo de 2015), págs. 7-8.
[42] Un ejemplo en el cual un tribunal hizo hincapié en este rol es
un pronunciamiento de marzo de 2014, que condena al Teniente Coronel (r)
Gabriel de Jesús Rincón Amado por un falso positivo cometido por
la Brigada Móvil N.º 15 en 2007, época durante la cual
ejercía como segundo comandante de esta brigada. La sentencia establece
que “la elaboración y consignación de la falsedad en la
orden de operaciones, la misión táctica, el anexo de
inteligencia, el diagrama operacional, por parte del acusado en ejercicio de
sus funciones, como jefe de Operaciones de la Brigada Móvil N.º 15,
llevaban inmerso la voluntad e intención, de disfrazarabiertamente el fusilamiento indefenso… como muerto en
combate”. Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Descongestión, San José de Cúcuta, radicado n.º:
2010-0161, decisión del 10 de marzo de 2014.
[43] Grabación de audio de audiencia preliminar de
formulación de imputación contra William Darley García
Ospina y Manuel Alejandro Cuellar Urrutia, Juzgado 3 Penal con Función
de Control de Garantías Municipal de Medellín, radicado n.º
0500126000206200705152, 18 de noviembre de 2014.
[44] El fiscal también destacó que el documento de
“misión táctica” se basaba en la orden de operaciones
firmada por el entonces comandante de la brigada, el General (r) Henry William
Torres Escalante. Fiscalía General de la Nación, decisión
de imponer medida de aseguramiento contra Cloviz Arbey Duque Vega y Servio
Tulio Fula Arévalo, radicado n.º 7778, 17 de junio de 2013.
[45] Grabación de audio correspondiente a audiencia del juicio de
Edgar Eduardo Erazo Londoño et al., Juzgado Promiscuo de Circuito de
Puerto Carreño, radicado n.º 990013189001201200019, 9 de octubre de
2014.
[46] Video de declaración jurada prestada por Robinson
González del Río a la Fiscalía General de la Nación
en el radicado n.º 170016000030200800096, 31 de julio de 2014; grabaciones
de audio de declaraciones juradas prestadas por Robinson González del
Río a la Fiscalía General de la Nación, junio de 2014 (las
grabaciones de audio no explicitan las fechas exactas de junio en que
efectuó las declaraciones).
[47] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario
judicial, abril de 2015.
[48] Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, 31 de marzo de
2010, párrs. 24- 26; Federación Internacional de los Derechos
Humanos y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, “La guerra
se mide en litros de sangre”, 29 de mayo de 2012,
https://www.fidh.org/IMG/pdf/colombie589e.pdf (consultado el 29 de mayo de
2015), pág. 9.
[49] Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional,
Batallón de Contraguerrillas N.º 57 Mártires de Puerres,
“Cancelación de informaciones por un valor de 2 millones ($
2.000.000,00)”, 17 de marzo de 2008.
[50] Juzgado Quinto Penal del Circuito, Distrito Judicial de Manizales,
radicado n.º 17-001-31-09-005-2011-00085-00, decisión del 19 de
abril de 2012.
[51] Grabación de audio de audiencia preliminar de
formulación de imputación contra William Darley García
Ospina y Manuel Alejandro Cuellar Urrutia, Juzgado 3 Penal con Función
de Control de Garantías Municipal de Medellín, radicado n.º
0500126000206200705152, 18 de noviembre de 2014.
[52] Fiscalía General de la Nación, declaración de
William Darley García Ospina, radicado n.º 4701, 2 de julio de
2013.
[53] Video que contiene la declaración jurada prestada por Robinson
González del Río a la Fiscalía General de la Nación
en el radicado n.º 170016000030200800096, 31 de julio de 2014.
[54] Fiscalía General de la Nación, declaración de
Jhon Fredy Garces, 19 de septiembre de 2011.
[55] El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales
también señaló en su informe de 2010 sobre Colombia que
“[c]ada unidad del ejército y de la policía proporciona
diariamente a las divisiones operacionales de su mando información sobre
los resultados de cada operación (fecha, lugar, unidad y resultado de la
operación, por ejemplo, incautaciones, capturas, desmovilizaciones y
bajas)”. Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014
y febrero de 2015; declaración prestada por oficial del Ejército
a la Fiscalía General de la Nación (nombre y fecha bajo reserva);
Procuraduría General de la Nación, “Continuación de
queja suscrita por el señor Edgar Iván Flórez
Maestre”, 16 de diciembre de 2009; video que contiene la
declaración jurada prestada por Robinson González del Río
a la Fiscalía General de la Nación en el radicado n.º
170016000030200800096, 31 de julio de 2014; grabaciones de audio de
declaraciones juradas prestadas por Robinson González del Río a
la Fiscalía General de la Nación en junio de 2014; e Informe del
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
Philip Alston, Misión a Colombia, 31 de marzo de 2010, nota al pie 12.
[56] Distrito Judicial de Yopal, Juzgado Segundo Penal del Circuito,
“Acta de audiencia dentro del proceso No. 2011-0011-00, seguido en contra
de Marco Fabián García Cespedes”, 18 de mayo de 2012.
[57] Fiscalía General de la Nación, resolución de
acusación contra el Coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo y el
Teniente (r) César Augusto Combita Eslava, radicado n.º 5690, 31 de
octubre de 2013.
[58] Fuerzas Militares de Colombia, “Informe—Comisión
Transitoria”, octubre de 2008, pág. 39.
[59] Grabación de audio de audiencia preliminar de
formulación de imputación contra William Darley García
Ospina y Manuel Alejandro Cuellar Urrutia, Juzgado 3 Penal con Función
de Control de Garantías de Medellín, radicado n.º
0500126000206200705152, 18 de noviembre de 2014.
[60] Ibíd.
[61] “El Batallón que ganó el concurso de falsos
positivos”, La Silla Vacía, 8 de diciembre de 2014,
http://lasillavacia.com/historia/el-batallon-que-gano-el-concurso-de-falsos-positivos-49218
(consultado el 23 de abril de 2015).
[62] Grabación de audio con declaración jurada prestada por
Robinson González del Río a la Fiscalía General de la
Nación, junio de 2014.
[63] Fuerzas Militares de Colombia, “Informe—Comisión
Transitoria”, octubre de 2008, pág. 39.
[64] Comunicación oficial del Ministro de Defensa Juan Carlos
Pinzón al congresista Alirio Uribe Muñoz, n.º 67286, 28 de
septiembre de 2014.
[65] Fiscalía General de la Nación, declaraciones juradas
prestadas por soldado, 2014 (el nombre, el número de radicado y las
fechas exactas se mantienen bajo reserva). El testimonio a continuación
se extrae del relato proporcionado por el soldado en su testimonio a la
Fiscalía. La fecha exacta de las ejecuciones y los nombres del
batallón y la brigada implicadas se mantienen bajo reserva.
[66] La Fuerza de Tarea Conjunta Omega está integrada por miembros
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y se dedica
principalmente a combatir a las FARC en el sudeste de Colombia.
[67] Fiscalía de la CPI, “Situación en Colombia:
Reporte Intermedio”, noviembre de 2012, párr. 100.
[68] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,
E/CN.4/2006/9*, 16 de mayo de 2006,
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/36/PDF/G0610636.pdf?OpenElement,
párr. 25.
[69]
Ibíd., párr. 26.
[70]
Christian Salazar Volkmann, “Evaluating the Impact of Human Rights Work:
The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the
Reduction of Extrajudicial Executions in Colombia”, Journal of Human
Rights Practice, vol. 4, no. 3 (2012), pág. 398.
[71] Ibíd., pág. 408.
[72] Ibíd.
[73] “Dudas por ‘muertes en combate”, El Tiempo, 6
de mayo de 2006, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2012889
(consultado el 29 de mayo de 2015).
[74] Ibíd.
[75] Sergio Jaramillo, “La crisis subterránea del
Ejército”, El Tiempo, 11 de junio de 2006,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2061221 (consultado el 23 de
abril de 2015). En la época en que se publicó el artículo,
Jaramillo dirigía un centro de pensamiento, posteriormente
ejerció como viceministro de defensa entre 2006 y 2009, y es actualmente
Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia.
II. Perfiles de brigadas y comandantes específicos implicados en falsos positivos
En este capítulo se analizan 11
brigadas—adscritas a seis de las siete divisiones que entonces integraban
el Ejército Nacional—en las cuales los numerosos casos de
presuntos falsos positivos apuntan a la posible responsabilidad de comandantes
de brigadas y unidades tácticas. Las cantidades de presuntas ejecuciones
extrajudiciales que atribuimos a brigadas y unidades tácticas
específicas se basan en el análisis que efectuamos de datos de la
Fiscalía General de la Nación. Mencionamos concretamente a
algunos de los oficiales que estaban al mando de las brigadas al momento de las
presuntas ejecuciones. Con respecto a varios de estos
oficiales—así como algunos ex comandantes de unidades
tácticas—también exponemos señalamientos
creíbles sobre su participación en casos de falsos positivos o su
conocimiento de estos, basados en declaraciones de testigos y expedientes penales.
Las brigadas descritas en este capítulo
son la Cuarta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima
Primera, Décima Cuarta, Décima Sexta y la Vigésima Octava,
así como las brigadas móviles 12 y 15.
Esta descripción no tiene por objeto
ofrecer una lista exhaustiva de brigadas o casos: hay otras brigadas con
cantidades importantes de presuntos casos de falsos positivos, y es probable
que muchas de las brigadas presentadas aquí hayan cometido falsos
positivos no incluidos en nuestros recuentos. Las cifras a continuación
incluyen únicamente presuntas ejecuciones extrajudiciales respecto de
las cuales fiscales de la Unidad de Derechos Humanos han identificado y
registrado internamente a la unidad militar responsable. Los fiscales señalan
que son muchos los casos en los cuales aún no lo han hecho y que otros
cientos de casos de falsos positivos están a cargo de fiscales locales o
la Justicia Penal Militar, y no de la Unidad de Derechos Humanos[76] .
En conjunto, los perfiles de las diferentes
brigadas refuerzan las evidencias de la naturaleza sistemática y
generalizada de falsos positivos en Colombia durante el período
comprendido entre 2002 y 2008. Esto plantea serios interrogantes sobre si
comandantes en posiciones superiores al nivel de brigada—desde comandantes
de divisiones hasta el comandante del Ejército Nacional—al menos sabían
o deberían haber sabido de los crímenes, o podrían incluso
haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión. El
capítulo concluye con testimonios que señalan la posible responsabilidad
de algunos comandantes superiores al nivel de brigada.
Cuarta Brigada
La Cuarta Brigada, adscrita a la
Séptima División, opera en gran parte de Antioquia, y en partes
de Caldas y Chocó [77] . La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 412
ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2002 y 2008 por al
menos 11 de las unidades tácticas de la brigada [78] .
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Cuarta Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos
Humanos
Unidad
|
‘02
|
‘03
|
‘04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Batallón Pedro Nel Ospina
|
0
|
1
|
6
|
7
|
25
|
8
|
0
|
47
|
Batallón Pedro Justo Berrío
|
0
|
3
|
6
|
15
|
14
|
5
|
0
|
43
|
Batallón Juan de Corral
|
0
|
0
|
8
|
9
|
0
|
7
|
0
|
24
|
Afeur N.º 5
|
0
|
0
|
8
|
6
|
4
|
3
|
0
|
21
|
Batallón Bajes
|
4
|
10
|
31
|
21
|
10
|
19
|
0
|
95
|
Gaula Antioquia
|
3
|
2
|
0
|
2
|
4
|
7
|
4
|
22
|
Gaula Rural Oriente Antioqueño
|
0
|
0
|
2
|
5
|
6
|
6
|
0
|
19
|
Batallón Atanasio Girardot
|
3
|
5
|
4
|
9
|
23
|
22
|
5
|
71
|
Una combinación de unidades
tácticas de la Cuarta Brigada
|
0
|
0
|
3
|
1
|
6
|
0
|
0
|
10
|
Otras unidades tácticas/unidades
tácticas no identificadas de la Cuarta Brigada
|
9
|
4
|
6
|
6
|
13
|
14
|
5
|
57
|
Una combinación de unidades
tácticas de la Cuarta Brigada y otras brigadas (contabilizadas una
única vez aquí)
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Total de la Cuarta Brigada
|
19
|
25
|
74
|
84
|
105
|
91
|
14
|
412
|
Comandantes
de la brigada: General (r) Mario Montoya (del 28 de
diciembre de 2001 al 15 de diciembre de 2003; 44 presuntas ejecuciones);
General (r) Óscar González Peña (del 16 de diciembre de
2003 al 16 de julio de 2005; 113 presuntas ejecuciones); General (r) Luis
Roberto Pico [79] (del 16 de julio de 2005 al 16 de octubre de 2006; 124 presuntas
ejecuciones); General Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo [80] (del 17 de octubre de 2006 hasta, por lo menos, el 8 de mayo de 2007;
79 presuntas ejecuciones); General Juan Carlos Piza Gaviria (al menos parte de
octubre y noviembre de 2007); General Juan Pablo Rodríguez
Barragán (del 13 de noviembre de 2007 al 28 de noviembre de 2009; 28
presuntas ejecuciones) [81] .
La Fiscalía investiga en la actualidad
al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas de la
Cuarta Brigada mientras el General (r) González Peña estuvo al
mando de esta, entre 2003 y 2005. Asimismo, dos ex miembros de la Cuarta
Brigada acusados de falsos positivos ocurridos en el período indicaron a
la Fiscalía que el entonces comandante de la brigada, González
Peña, visitaba a los soldados que habían sido detenidos y les
daba instrucciones sobre lo que debían decir a las autoridades
judiciales [82] . Según un documento de la Fiscalía, varios soldados
indicaron que González Peña “tuvo conocimiento de lo
realmente acontecido, es decir, que no existió ningún combate con
grupo subversivo y sin embargo los presionó para que continuaran
asegurando a la Fiscalía que tal enfrentamiento sucedió” [83] . (Para ampliar la información sobre González
Peña, ver la sección “Testimonios contra militares en
posiciones superiores al nivel de brigadas”).
La Fiscalía investiga en la actualidad
al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Cuarta
Brigada mientras el General Rodríguez Barragán estuvo al mando.
(Rodríguez Barragán es ahora comandante general de las Fuerzas
Militares). Asimismo, el Teniente Coronel (r) González del Río ha
dado declaraciones a la Fiscalía que sugieren que Rodríguez
Barragán podría haber sabido de, autorizado y ayudado a encubrir
falsos positivos cuando estuvo al mando de la brigada [84] . González del Río estuvo al mando del Gaula Antioquia
entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Informó que, durante ese
tiempo, en reiteradas ocasiones sus soldados habían engañado a
presuntos delincuentes comunes para que se trasladaran a sitios remotos con la
falsa promesa de que participarían allí en algún tipo de
actividad ilícita, como extorsión. Cuando llegaban, eran
asesinados por disparos de soldados que los estaban esperando. Según
González del Río, si la víctima no traía consigo
algún arma, los soldados le colocaban alguna. Contó que él
planificaba estas operaciones con la intención de matar —y no de
capturar— a las víctimas.
González del Río informó
que, para cada operación, obtenía la aprobación previa de
Rodríguez Barragán. Declaró que Rodríguez
Barragán no le pedía detalles de la operación planificada,
y que no sabía cómo se engañaría y
trasladaría a la víctima hasta el área del falso combate,
ni que podrían colocarle armas. En vez, dijo que la participación
de Rodríguez Barragán en la planificación consistía
en indicarle que diera de baja, en lugar de arrestar, a individuos que,
según se le había explicado, participaban en delitos comunes,
como extorsión. Según González del Río,
Rodríguez Barragán le advertía: “A mí no me
vaya a salir con cuentos de que no pudieron [darlos de baja]. Hay que dar
bajas”.
Ante la pregunta de si el General
Rodríguez Barragán estaba informado de que sus soldados fueran a
cometer un “falso positivo” cuando autorizaba las operaciones,
González del Río respondió a la Fiscalía: “Yo
le explicaba… mire, mi General, vienen 3, 4 sujetos con armas cortas, al
parecer van a llegar a este punto a hacer una extorsión... Él, lo
único que le decía a uno era… ‘no [inaudible] porque
los capturaron o que no fueron capaz o que se les volaron. Lo que necesitamos
son bajas, y hay que hacer bajas’”. González del Río
dijo que interpretó esto como una orden.
González del Río indicó
que la presión de Rodríguez Barragán para que hubiera
muertes en combate motivaba las ejecuciones: “¿Y por qué se
montaron esas operaciones? Producto de que…él todos los días
venía pidiendo bajas… Para él [las capturas] no eran
resultados; para él los resultados eran bajas”.
González del Río también
señaló que Rodríguez Barragán contrató a un
investigador policial para que “hiciera la acomodación en la
escena” del supuesto combate antes de que llegaran los investigadores de
la Fiscalía para reunir pruebas. Esto sugiere que Rodríguez
Barragán podría haber intentado encubrir las ejecuciones.
Asimismo, como manifestó González del Río, también
indica que podría haber tenido conocimiento de las irregularidades
asociadas con las muertes: “Si las bajas son tan claras y son tan
transparentes, ¿por qué el comandante de la brigada tiene que
contratar un funcionario de policía judicial para que fuera a verificar
la escena?”.
Al momento de la redacción de este
documento, las autoridades judiciales se encuentran verificando el testimonio
de González del Río, incluida su aseveración de que las
víctimas eran delincuentes comunes que pensaron que iban a cometer un
delito. Incluso si las víctimas creían equivocadamente que iban a
cometer un delito, su ejecución premeditada por soldados en las
circunstancias señaladas por González del Río
equivaldría de todos modos a una ejecución extrajudicial, dado
que se trataba de civiles y no de combatientes que participaban en un conflicto
armado. (Los subordinados de González del Río en el Gaula
Antioquia han confirmado que la unidad ejecutaba a víctimas tan pronto
llegaban al lugar donde las estaban esperando soldados, sin que hubiera
ocurrido ningún enfrentamiento con armas [85] ). En función del testimonio de González del Río,
la Fiscalía inició una investigación preliminar contra
Rodríguez Barragán por falsos positivos [86] .
Batallón Pedro Nel Ospina
La Fiscalía está investigando al
menos 47 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el
Batallón Pedro Nel Ospina entre 2003 y 2007. Existen pruebas de que el
batallón cometió muchos más falsos positivos,
además de estos 47 casos, y que lo hizo de manera sistemática,
con la participación de comandantes de la unidad.
Un fiscal que presentó cargos contra
dos ex oficiales del batallón señaló que uno de los
acusados (un teniente retirado) había calculado que, mientras fue
oficial de inteligencia del batallón en 2006 y 2007, soldados de ese
batallón habían perpetrado 72 falsos positivos “con el
conocimiento de los comandantes de dicho batallón”. Sobre los 24
falsos positivos por los cuales se presentaron cargos contra los dos acusados,
el fiscal señaló: “[hemos visto] en el relato de todos y
cada uno de estos hechos cómo estas dos personas en
compañía de los miembros del Batallón Pedro Nel Ospina,
desde sus máximos comandantes hasta los comandantes del pelotón,
se reunían… [y] acordaban el que se entregaran éstas
víctimas para darles muerte y para que fueran presentadas como
resultados operacionales” [87] .
Un ejemplo de esto es el asesinato de Julio
César Castañeda Velásquez ocurrido en Bello, Antioquia, el
3 de marzo de 2006. Uno de los acusados, con rango de sargento,
involucró directamente en el caso al Coronel (r) Édgar Emilio
Ávila Doria, quien fue comandante del batallón entre fines de
2005 y junio de 2007 [88] . Indicó que Ávila había inducido a un soldado a
que reclutara a la víctima ofreciéndole para ello días de
descanso, había coordinado la ejecución y había autorizado
la compra del arma que los soldados colocaron junto al cuerpo de la
víctima [89] . La Fiscalía investiga decenas de presuntos falsos positivos
que habrían sido cometidos por soldados del Batallón Pedro Nel
Ospina mientras Ávila estuvo al frente de la unidad. (Consultar mayor
información sobre Ávila, incluida la orden de captura emitida
recientemente en su contra, en la sección “La Justicia Penal
Militar”).
Batallón Jorge Eduardo Sánchez (Bajes)
La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente
95 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón Bajes
entre 2002 y 2007. Funcionarios judiciales que investigan estos casos
señalaron que la unidad cometió ejecuciones de falsos positivos
en forma sistemática [90] . Un fiscal dijo que en lugar de reclutar víctimas en zonas
urbanas, el batallón directamente ejecutaba a campesinos de zonas
rurales donde tenían presencia, e informaba que se trataba de
guerrilleros muertos en combate.
Un ex oficial y un ex soldado del
Batallón Bajes indicaron a la Fiscalía que los soldados
recibían presiones para que hubiera más bajas [91] . El soldado contó que su compañía detuvo y
ejecutó a dos hombres un día de 2004, y que les “dieron
permiso de cinco días por cada muerto, porque el coronel Barreara (sic)
daba cinco días de permiso por cada muerto[,] eso ya todos los
sabíamos” [92] . El Coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado estuvo al mando del
Batallón Bajes al menos durante parte de 2004, año en el cual el
batallón presuntamente cometió 31 ejecuciones extrajudiciales, y
luego fue comandante de la Décima Cuarta Brigada entre noviembre de 2007
y octubre de 2008, un período durante el cual la unidad habría
cometido, al menos, 12 ejecuciones extrajudiciales[93] . (Para ampliar la información sobre Barrera, ver la sección
Décima Cuarta Brigada, más adelante).
Batallón Pedro Justo Berrío
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 43 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el
Batallón Pedro Justo Berrío entre 2003 y 2007. Un oficial del
Ejército, que anteriormente estuvo adscrito al batallón, ha
acusado al entonces comandante de la unidad de haber ordenado tres falsos
positivos perpetrados en un único incidente, en mayo de 2005. El oficial
dijo a la Fiscalía que cuando informó al comandante del
batallón que había capturado a tres presuntos milicianos de la
guerrilla en una zona rural, el comandante le dijo que tenía que
“bajarlos”. Según el oficial, esto significaba que
debía matar a esas tres personas, y los soldados cumplieron la
instrucción. Contó que los cuerpos de las víctimas fueron
llevados a Medellín “porque estaban los medios, para mostrar que
la Cuarta Brigada había dado baja en diferentes sitios de
Antioquia”. El oficial dijo además que los soldados luego
recibieron 35 días de permiso [94] . Según señaló un fiscal, las tres víctimas
eran campesinos [95] .
Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeur) N.º 5
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 21 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Afeur
N.º 5 entre 2004 y 2007. Un suboficial retirado informó a la
Fiscalía sobre siete falsos positivos en los cuales participó o
de los cuales tuvo conocimiento mientras formó parte de la Afeur
N.º 5. En un caso de mediados de 2005, indicó que uno de sus
comandantes que ordenó la ejecución había recibido
presiones del General (r) González Peña, entonces comandante de
la Cuarta Brigada, para que mostrara “resultados”. El suboficial
dijo al respecto: “El comandante de la brigada general González
Peña le había dicho que lo iba a relevar por que (sic) no
había hecho ningún resultado… [El comandante] me
llamó y me dijo… que le tenía que dar un resultado esa
misma noche…. Esa noche buscaron un muchacho que supuestamente era un
delincuente y resultó siendo un vendedor de aguacate... lo subieron por
un camino y le dispararon” [96] .
El suboficial retirado dijo que paramilitares
en Medellín entregaban mensualmente víctimas a la Afeur N.º
5[97] . También informó a las autoridades que los soldados
recibían permisos por las ejecuciones, y que los falsos positivos de la
unidad eran “como una política, porque de ahí se derivaban
los beneficios para mí, para el comandante y para los soldados” [98] .
Décima Cuarta Brigada
Con sede en Puerto Berrío, Antioquia, y
adscrita a la Séptima División, la Décima Cuarta Brigada
tiene jurisdicción en el nordeste antioqueño y la región
del Magdalena Medio de Antioquia, Boyacá y Santander [99] . Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos investigan en la
actualidad 51 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2006 y
2008 por al menos cuatro unidades tácticas adscritas a la Décima
Cuarta Brigada.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Décima Cuarta Brigada que son investigadas por la Unidad
de Derechos Humanos
Unidad
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Batallón Calibío
|
0
|
2
|
6
|
8
|
Batallón Bomboná
|
2
|
23
|
0
|
25
|
Batallón Mario Serpa Cuesto
|
4
|
6
|
3
|
13
|
Otras unidades tácticas/unidades
tácticas no identificadas de la Décima
Cuarta Brigada
|
0
|
4
|
1
|
5
|
Total de la Décima Cuarta Brigada
|
6
|
35
|
10
|
51
|
Comandantes
de la brigada: General Jorge
A. Segura Manonegra (de febrero de 2006 al 31 de octubre de 2007; 39 presuntas
ejecuciones); Coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado (del 31 de octubre de 2007
al 30 de octubre de 2008; 12 presuntas ejecuciones).
De los 27 oficiales y soldados que el gobierno
pasó a retiro en octubre de 2008, tras la investigación militar
interna de denuncias de falsos positivos, 11 pertenecían a la
Décima Cuarta Brigada, incluido quien era su comandante en ese momento,
el Coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado [100] . Edgar Iván Flórez Maestre, un ex teniente del
Batallón Calibío adscrito a la Décima Cuarta Brigada,
alegó que Barrera presionaba a las tropas para elevar el número
de bajas: “Cuando tomó el mando de la brigada el Coronel Juan
Carlos Barrera, en un programa radial le dijo a los comandantes de
batallón que el batallón que en noventa (90) días no
tuviera bajas o combates hacía echar del Ejército al
comandante... en ese momento la presión se empezó a poner cada
vez más dura, hasta un nivel que nos contaban los días que
llevábamos sin combatir” [101] . Flórez dijo que Barrera organizó un concurso entre los
pelotones sobre el número de muertes en combate informadas anualmente.
Batallón Calibío
La Unidad de Derechos Humanos investiga
actualmente ocho presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el
Batallón Calibío en 2007 y en la primera mitad de 2008. Algunos
soldados han señalado que ex comandantes del batallón, como
mínimo, tuvieron conocimiento de falsos positivos.
El “informe Suárez” de las
Fuerzas Militares describe en detalle seis casos de muertes en combate
reportadas por el Batallón Calibío entre agosto de 2007 y julio
de 2008 en las cuales familiares y/o miembros de la comunidad, entre otros,
afirmaron que la víctima había sido ejecutada. Uno de esos
incidentes es el asesinato del campesino y líder comunitario Aicardo
Ortiz, de 58 años, ocurrida en una vereda de Yondó, Antioquia, el
8 de julio de 2008. El batallón informó que Ortiz era un presunto
miembro de las FARC a quien habían disparado y matado después de
que este abriera fuego primero contra ellos, mientras realizaban un operativo.
Indicaron haberle encontrado un revólver, una granada y una radio, entre
otros elementos de guerra [102] .
En contraposición con esto, los vecinos
sostuvieron que, temprano por la mañana, un grupo de soldados golpearon
la puerta de Ortiz, ingresaron por la fuerza en su vivienda, le dispararon,
sacaron su cuerpo afuera y le colocaron armas, según consta en el
informe Suárez [103] . Edgar Iván Flórez Maestre, el ex teniente del
Batallón Calibío citado anteriormente, también dijo que
los soldados orquestaron la ejecución para que pareciera una muerte en
combate. Informó a la Procuraduría que él había
estado cuando mataron a Ortiz y que se había comunicado con el
comandante del batallón, el “Coronel Ramírez”, quien
le dijo que un sargento traería un “paquete”. Flórez
contó que el sargento llegó más tarde con una bolsa que
contenía uniformes, elementos de las FARC y una radio, y que los
soldados los pusieron en el lugar del hecho [104] . (El Teniente Coronel Ramírez Cedeño fue comandante del
Batallón Calibío durante al menos parte de 2008, y es uno de los
27 militares que el gobierno pasó a retiro en octubre de ese año.
Fue arrestado en 2009 en relación con dos ejecuciones extrajudiciales
que supuestamente habrían cometido soldados del batallón en enero
de 2008 [105]).
Ortiz resultó ser el padre de un
soldado que había pertenecido hasta poco tiempo antes al Batallón
Calibío. Al enterarse de que su padre había sido asesinado, el
hijo, Jhon Fredy Ortiz, decidió revelar a las autoridades otros
homicidios que la unidad había cometido. Entre otras cosas,
informó a la Procuraduría que el 7 de agosto de 2005,
había participado en una operación con el Batallón
Calibío en la cual un grupo de soldados se llevaron por la fuerza de su
vivienda a un civil de nombre Wilsifredo, lo ejecutaron, le colocaron un arma,
la accionaron con su mano sin vida e informaron que se trataba de una muerte en
combate [106] . Jhon Fredy Ortiz contó que el entonces comandante del
batallón luego le dio instrucciones sobre lo que debía decir a la
Justicia Penal Militar acerca de la muerte [107] .
Jhon Fredy Ortiz informó además
a las autoridades sobre un incidente posterior, en el cual un oficial del
Batallón Calibío, a quien se refiere como “Coronel
Ramírez”, le propuso que reclutara víctimas para un falso
positivo [108] . Flórez, el teniente cuyo testimonio también se
mencionó precedentemente, dijo asimismo a las autoridades que el
Batallón Calibío reclutaba a víctimas. Indicó que
había un soldado que iba a Medellín con 300.000 pesos colombianos
(USD 150), buscaba allí a “vendedores ambulantes o por ahí
personas que no tuvieran familias”, les compraba ropa y les
ofrecía trabajo en una finca en Puerto Berrío. Las tropas
interceptaban a las víctimas en el camino a Puerto Berrío, y el
oficial de inteligencia y el comandante de la compañía hablaban
con el comandante del batallón “para que diera el aval de la
operación”,dijo Flórez [109] .
Décima Primera Brigada
La Décima Primera Brigada, adscrita a la
Séptima División, opera en Córdoba y en partes de
Antioquia y Sucre[110] . La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 214
ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2004 y 2008 por
varias unidades adscritas a esta brigada.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Décima Primera Brigada que son investigadas por la
Unidad de Derechos Humanos
Unidad
|
‘04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre
|
0
|
0
|
7
|
31
|
2
|
40
|
Batallón Junín
|
0
|
5
|
8
|
13
|
0
|
26
|
Batallón Rifles
|
1
|
6
|
14
|
5
|
5
|
31
|
BCG N.º 10
|
3
|
0
|
9
|
9
|
0
|
21
|
Gaula Córdoba
|
0
|
0
|
2
|
50
|
2
|
54
|
Batallón Juan José Reyes
Patria
|
2
|
2
|
9
|
3
|
0
|
16
|
Una combinación de unidades
tácticas de la Décima Primera Brigada
|
2
|
0
|
4
|
14
|
2
|
22
|
Otras unidades/unidades no identificadas de
la Décima Primera Brigada
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
4
|
Total de la Décima Primera
Brigada
|
9
|
14
|
53
|
125
|
13
|
214
|
Comandantes
de la brigada: General (r)
Luis Roberto Pico (al menos parte de 2004); General Javier Fernández
Leal [111] (al menos parte de 2005 y 2006); Coronel William Hernán
Peña Forero (al menos parte de 2006 y 2007); General Jorge Arturo
Salgado Restrepo (al menos parte de 2007 y 2008).
Un alto oficial del Ejército que
comandó tropas adscritas a la Décima Primera Brigada
informó a la Fiscalía que todas las unidades de la brigada
participaban en falsos positivos. Se refirió a estos casos como una
modalidad de actuación dentro de la brigada en 2007 y 2008, y
acusó a los comandantes de la brigada de haber tenido conocimiento de
las ejecuciones en ese momento [112] .
El ex comandante contó que, en tres
ocasiones, el comandante de su brigada le pidió que generara una muerte
en combate en el término de un día, para que pudiera alcanzar la
cuota mensual. También se refirió a un incidente en el cual
manifestó su preocupación al comandante de su brigada por las
ejecuciones, y el comandante le contestó que no debía preocuparse
porque iría a la cárcel con él. Según el ex
comandante, un nuevo comandante de brigada le pidió más adelante
que continuara asegurando tres muertes en combate por mes, y en distintas
reuniones también pedía a comandantes de otras unidades que
produjeran muertes en combate [113] .
Un fiscal que investiga falsos positivos por
parte de tres unidades adscritas a la Décima Primera Brigada dijo que
todas tenían un modus operandi similar y que apuntaban a un perfil de
víctimas parecido: personas de bajos recursos, miembros de comunidades
indígenas, trabajadores informales, recolectores de hojas de coca,
personas con adicción a las drogas y ladrones. El fiscal informó
que los soldados normalmente engañaban a las víctimas para que
acudieran a otro municipio con la promesa de darles trabajo o dinero, y luego
las ejecutaban e informaban que eran muertes en combate [114] .
BCG N.º 10
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 21 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el BCG
N.º 10 entre 2004 y 2007. Nixón de Jesús Cárcamo, un
soldado que perteneció a la unidad, informó a la Fiscalía
que participó en un caso de junio de 2007, en el cual varios soldados se
llevaron por la fuerza de su vivienda a un hombre, lo obligaron a ponerse botas
y una camisa de tipo militar, lo ejecutaron y luego hicieron otros disparos
para “armar el montaje que se estaba haciendo de combate”.
Cárcamo dijo que, más tarde ese día, el comandante de la
unidad “nos dio la mano, nos felicitó… y nos mandó
cinco días de permiso para la casa” [115] .
Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre (FTCS)
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 40 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la FTCS
entre 2006 y 2008. El Coronel (r) Luis Fernando Borja, quien estuvo al mando de
la FTCS en 2007 y 2008, habría admitido su responsabilidad por 57 falsos
positivos [116] . Una sentencia judicial dictada en 2011, que lo condenó en
relación con un falso positivo ocurrido el 3 de noviembre de 2007 en San
Benito Abad, Sucre, describe la naturaleza sistemática de los
crímenes perpetrados por la FTCS en los siguientes términos:
Se creó o estructuró toda una industria criminal, en la que obtenían la materia prima de humildes pobladores desempleados y sin un porvenir definido, con la proclama de producir en forma urgente los mal llamados “falsos positivos” para incrementar falsamente las estadísticas operacionales de las fuerzas militares.... En dicha empresa criminal cada miembro tenía un determinado rol... unos debían encargarse de seleccionar las potenciales y seguras victimas... otros de transportarlas y entregarlas al personal militar, unos de amortizar o retribuir económicamente y otros los encargados de ejecutarla [la misión]… La labor que cumplió [el Coronel Borja] fue la de actuar como uno de los organizadores y promotores de la industria criminal [117] .
Gaula Córdoba
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 54 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Gaula
Córdoba entre 2006 y 2008. El Capitán (r) Antonio Rozo Valbuena
formó parte del Gaula Córdoba en 2006 y 2007, y ha admitido a la
Fiscalía que la unidad cometió numerosos falsos positivos durante
ese período [118] . Habría aseverado que oficiales del Ejército
medían el éxito en términos de muertes en combate, y que
los superiores daban órdenes de “no me reporte nada sino
bajas”. Informó a la Fiscalía que, en marzo de 2006, el
comandante del Gaula Córdoba ordenó las ejecuciones de cinco
personas para destacarse en ocasión de la visita del entonces Presidente
Álvaro Uribe a la región, según el periódico El
Espectador, que tuvo acceso a su testimonio [119] . Según El Espectador, Rozo dijo que varios “altos
oficiales” —cuyos nombres el periódico no
publicó— “entregaban armas, coordinaban la logística,
repartían dinero y en coordinación con otros agentes del Estado
simulaban combates, acomodaban las escenas de los crímenes, plantaban
armas a las víctimas y cobraban los méritos y las
recompensas” [120] .
Décima Sexta Brigada
La Décima Sexta Brigada, adscrita a la
Cuarta División en la época en que tuvieron lugar la
mayoría de las ejecuciones, tiene jurisdicción sobre el
departamento de Casanare y en partes de Boyacá [121] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 113 ejecuciones
extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2004 y 2008 por varias unidades
tácticas de la brigada.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Décima Sexta Brigada que son investigadas por la Unidad
de Derechos Humanos
Unidades
|
‘04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Gaula Casanare
|
2
|
0
|
2
|
16
|
0
|
20
|
Batallón Birno
|
1
|
0
|
5
|
21
|
0
|
27
|
BCG N.º 65
|
0
|
1
|
7
|
9
|
0
|
17
|
Grupo de Caballería Mecanizado 16
|
11
|
0
|
1
|
3
|
0
|
15
|
Una combinación de unidades
tácticas de la Décima Sexta Brigada
|
0
|
6
|
2
|
2
|
0
|
10
|
Otras unidades/unidades no identificadas de
la Décima Sexta Brigada
|
2
|
1
|
8
|
12
|
1
|
24
|
Total de la Décima Sexta Brigada
|
16
|
8
|
25
|
63
|
1
|
113
|
Comandantes
de la brigada: General Henry
William Torres Escalante (al menos, de enero de 2006 al 8 de junio de 2007; 66
presuntas ejecuciones); Coronel Cipriano Peña Chivatá (al menos
parte de 2007).
Varios fiscales que llevan casos de falsos
positivos en Casanare informaron que, en función de sus investigaciones,
resulta evidente que la Décima Sexta Brigada cometía estos
crímenes de manera sistemática[122] .
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad al menos 66 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por
tropas de la Décima Sexta Brigada durante la época en que el
General Henry William Torres Escalante estuvo al mando. Asimismo, el Teniente
(r) Marco Fabián García, ex comandante de un grupo Delta adscrito
a la Décima Sexta Brigada, ha declarado que Torres Escalante
ordenó, planificó y encubrió falsos positivos mientras
estuvo al mando de la brigada. Un ejemplo es la ejecución, el 16 de
marzo de 2007, de un padre y su hijo de 16 años que, según indica
la sentencia judicial que condenó a García, eran campesinos y no
estaban armados [123] . García dijo que, al planificar la operación, Torres
Escalante aseveró que los dos hombres pertenecían a la guerrilla
y dio “la orden directa” de matarlos [124] . García contó que él y sus soldados
posteriormente acudieron a la vivienda del padre, lo ejecutaron junto a su
hijo, les colocaron armas, comunicaron a Torres Escalante que las tropas
habían “cumplido con la misión”, y García le
informó que había colocado armas a las víctimas debido a
que no estaban armadas. García dijo que Torres Escalante lo
felicitó por la “buena labor” [125] .
García también implicó a
Torres Escalante en la ejecución del líder comunitario Alcides
Castillo, que tuvo lugar el 2 de mayo de 2007. Dijo que poco antes de la
ejecución, informó a Torres Escalante que sus soldados
habían encontrado elementos y documentos del ELN [126] . Torres Escalante supuestamente le ordenó que conservara el
material para “poder utilizarlo” y le dijo que debía
“dar resultados”. García afirmó que recibió la
orden de matar a Castillo esa misma noche. Poco después, sus soldados
detuvieron a Castillo, lo ejecutaron y le colocaron armas y los documentos del
ELN. García dijo que informó sobre la muerte de Castillo a Torres
Escalante, y que este lo felicitó [127] . “Yo era el héroe por ese resultado”,
expresó García.
García también informó a
las autoridades judiciales que Torres Escalante tenía conocimiento de
otros falsos positivos que él había cometido [128] . En función del testimonio de García y de otras
evidencias, la Fiscalía y al menos un juez han solicitado que fiscales
con competencia respecto de generales investiguen el presunto rol de Torres
Escalante en los falsos positivos [129] . Actualmente, está siendo investigado en relación con
presuntos falsos positivos [130] .
Gaula Casanare
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 20 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el Gaula
Casanare entre 2004 y 2007. En una acusación formal contra un reclutador
civil que colaboró con las ejecuciones de dos hombres perpetradas en
octubre de 2006 por el Gaula Casanare, un fiscal sostuvo que el incidente fue
“un caso más de eventos criminales en los que se vieron incursos
varios de los integrantes del Gaula Casanare, en cuyo interior se
constituyó una empresa criminal dedicados a cegar la vida de
personas…para demostrar resultados ‘positivos’ a sus
superiores y la sociedad y de esta manera lograr prebendas como felicitaciones
y permisos entre otros” [131] .
El Mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte,
quien fue comandante del Gaula Casanare al menos en 2007, ha sido condenado por
falsos positivos [132] . Un reclutador civil que la unidad utilizó en los casos
contó a la Fiscalía que Soto Bracamonte seleccionaba a las
víctimas y organizaba las ejecuciones [133] .
Batallón Birno
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 27 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el
Batallón Birno entre 2004 y 2007. Por ejemplo, la Fiscalía ha
acusado formalmente al Teniente Coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo,
entonces comandante del Batallón Birno, en relación con el
asesinato, perpetrado el 27 de julio de 2007, de tres jóvenes
trabajadores de una fábrica de ladrillos, que fueron secuestrados por
miembros de la unidad, trasladados a una zona remota, ejecutados e informados
como delincuentes muertos en combate. Según la Fiscalía, las
víctimas fueron ejecutadas “cumpliendo las precisas
instrucciones” de Acosta Pardo, y no eran delincuentes, sino
“honorables trabajadores honestos, y de sanas costumbres” [134] .
Séptima Brigada
La Séptima Brigada, adscrita a la
Cuarta División, tiene sede en Villavicencio, departamento de Meta [135] . La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 66
ejecuciones ilegales presuntamente cometidas entre 2002 y 2008 por varias de
sus unidades tácticas.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Séptima Brigada que son investigadas por la Unidad de
Derechos Humanos
Unidad
|
‘02
|
‘03
|
‘04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Batallón Pantano de Vargas
|
2
|
20
|
5
|
2
|
5
|
7
|
0
|
41
|
Gaula Meta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
14
|
0
|
17
|
Otras unidades tácticas/unidades
tácticas no identificadas de la Séptima Brigada
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
2
|
8
|
Total de la Séptima Brigada
|
2
|
20
|
6
|
2
|
10
|
24
|
2
|
66
|
Comandantes
de la brigada: General (r)
Luis Antonio Coronado León (al menos parte de 2004 y 2005); General
Francisco Ardila Uribe (al menos parte de 2005, 2006, y 2007).
Batallón Pantano de Vargas
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 41 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el
Batallón Pantano de Vargas entre 2002 y 2007. El batallón
ejecutó falsos positivos de manera sistemática, aplicando un
modus operandi común que consistía en utilizar paramilitares para
que les entregaran las víctimas, según indica la Fiscalía [136] . Por ejemplo, un documento de la Fiscalía señala que la
“sistematicidad” de la connivencia del batallón con
paramilitares resulta evidente en 15 casos de ejecuciones extrajudiciales, que
involucran a 23 víctimas, y que un fiscal está llevando adelante
contra miembros de la unidad. Todos los casos compartían
“similares circunstancias de tiempo, modo y lugar”, e involucraban
tanto a militares como paramilitares, y que “cada uno de ellos fueron
encargados de realizar su tarea, los unos de entregar las [víctimas] en
total estado de indefensión y los otros presentándolas como
muertos en combate”[137] .
Al menos un paramilitar y un soldado han
informado a la Fiscalía que el Teniente Coronel (r) Héctor
Alejandro Cabuya de León, comandante del Batallón Pantano de
Vargas en 2002 y 2003, planificó y ordenó falsos positivos [138] . En 2011, la Fiscalía emitió una orden de captura contra
Cabuya de León por supuestos vínculos con paramilitares [139] .
Brigada Móvil N.º 12
Creada en 2005, la Brigada Móvil
N.º 12 operaba en los departamentos de Meta y Guaviare [140] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 27 ejecuciones
extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2005 y 2007 por varias unidades
tácticas de la brigada.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Brigada Móvil N.º 12 que son investigadas por la
Unidad de Derechos Humanos
Unidad
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
Total
|
BCG N.º 86
|
0
|
0
|
6
|
6
|
BCG N.º 85
|
0
|
2
|
5
|
7
|
BCG N.º 84
|
1
|
1
|
2
|
4
|
BCG N.º 83
|
0
|
3
|
2
|
5
|
Otras unidades tácticas/unidades
tácticas no identificadas en la Brigada Móvil N.º 12
|
2
|
0
|
3
|
5
|
Total de la Brigada Móvil
N.º 12
|
3
|
6
|
18
|
27
|
Comandantes
de la brigada: Coronel (r)
Carlos Hugo Ramírez Zuluaga (al menos parte de 2005 y 2006); Coronel
Cipriano Peña Chivatá (al menos parte de 2007).
BCG N.º 83
La Unidad de Derechos Humanos investiga
actualmente cinco ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por
soldados del BCG N.º 83 en 2006 y 2007. El Teniente Coronel Miguel Antonio
Beltrán Chacón está siendo procesado por haber presuntamente
ordenado la ejecución de tres hombres en Vista Hermosa, Meta, mientras
se desempeñó como comandante del batallón. El incidente
comenzó el 26 de octubre de 2006, cuando las tropas informaron a
Beltrán Chacón que habían encontrado armas en un
automóvil, según indicó la Fiscalía. Un guía
civil que acompañaba a las tropas informó a la Fiscalía
que escuchó cuando Beltrán Chacón le decía a un
teniente por radio que capturara “tres personas para legalizarlas como
guerrilleros” con las armas[141] . Al día siguiente, los soldados se llevaron por la fuerza a
tres civiles que no estaban armados mientras transitaban a pie por un camino,
los ejecutaron, los vistieron con indumentaria de tipo militar, les colocaron
armas y les quitaron sus documentos de identidad [142] .
Beltrán Chacón emitió de
inmediato un “informe de patrullaje” oficial, donde indicaba que
con “valor, coraje y decisión” sus soldados habían
matado a tres “terroristas” en combate [143] . A la semana siguiente, la Brigada Móvil N.º 12
emitió su boletín semanal, en el cual “felicit[ó] de
manera especial” a Beltrán Chacón y otros soldados por los
“resultados operacionales”, al haber matado a los tres hombres [144] .
Vigésima Octava Brigada
La Vigésima Octava Brigada, que estaba
adscrita a la Cuarta División al momento de las ejecuciones, opera en
Vichada y en partes de Guainía y Meta [145] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 45 ejecuciones
ilegales presuntamente cometidas entre 2006 y 2007 por el Batallón
Efraín Rojas Acevedo (Batallón Rojas) que operaba bajo el mando
de la brigada.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Vigésima Octava Brigada que son investigadas por la
Unidad de Derechos Humanos
Unidad
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Batallón Rojas
|
21
|
20
|
2
|
43
|
Otras unidades/unidades no identificadas de
la Vigésima Octava Brigada
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Total de la Vigésima Octava
Brigada
|
21
|
20
|
4
|
45
|
Comandantes
del brigada: Human Rights
Watch no pudo identificar información sobre los ex comandantes de la
Vigésima Octava Brigada.
Batallón Rojas
El Coronel Óscar Orlando Gómez
Cifuentes, comandante del Batallón Rojas en 2006 y 2007, está
siendo juzgado en relación con falsos positivos. Un soldado que operaba
una radio para el Batallón Rojas ha declarado con respecto a por lo
menos 10 falsos positivos que fueron presuntamente ordenados y/u organizados
por Gómez Cifuentes en 2006 y 2007, a veces con la colaboración
de paramilitares. Por ejemplo, el soldado declaró que un día de
diciembre de 2006, escuchó que su teniente y Gómez Cifuentes
hablaban por radio satelital acerca de que un cabo estaba llevando dos
“regalos” en un camión, y que Gómez Cifuentes
ordenó al teniente que los informara como muertos en combate.
Aproximadamente una hora después, los dos hombres, que no estaban
armados, fueron ejecutados por soldados, quienes les pusieron armas y los
informaron como muertos en combate [146] .
Octava Brigada
La Octava Brigada, que estaba adscrita a la
Tercera División en el momento en que se produjeron la mayoría de
las presuntas ejecuciones, tiene jurisdicción en zonas de
Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca [147] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 56 ejecuciones
extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2003 y 2008 por varias de sus
unidades tácticas.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Octava Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos
Humanos
Unidad
|
‘03
|
‘04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
BCG N.º 57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
8
|
10
|
Batallón Ayacucho
|
1
|
0
|
1
|
3
|
2
|
3
|
10
|
Batallón Cisneros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
0
|
7
|
Una combinación de unidades de la Octava
Brigada y otras brigadas (contabilizadas sólo una vez)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|
Otras unidades tácticas/unidades
tácticas no identificadas de la Octava Brigada
|
0
|
3
|
2
|
6
|
6
|
8
|
25
|
Total de la Octava Brigada
|
1
|
3
|
3
|
9
|
21
|
19
|
56
|
Comandantes
de la brigada: General Jairo
Herazo Marzola (al menos parte de 2006 y 2007); General Emiro José
Barrios (al menos parte de 2007, 2008 y 2009).
BCG N.º 57
La Unidad de Derechos Humanos investiga
actualmente 10 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el BCG
N.º 57 en 2007 y 2008. El Teniente Coronel (r) González del
Río estuvo al mando del BCG N.º 57 en 2006 y 2007 [148] . Indicó a la Fiscalía que, cuando estuvo al mando de la
unidad, sus soldados persuadían a delincuentes comunes para que se
trasladaran a sitios remotos, ofreciéndoles participar en hechos
ilícitos, como extorsión [149] . Los soldados esperaban a las víctimas en el lugar y les
disparaban al llegar, para luego informar que se trataba de muertes en combate [150] .
El BCG N.º 57 continuó cometiendo
falsos positivos en 2008, luego de que González del Río se fuera
de la unidad para quedar al mando del Gaula Antioquia. Por ejemplo, un
teniente, un cabo y tres soldados fueron condenados en un caso de febrero de
2008, en el cual un reclutador engañó a tres hombres de una
ciudad próxima a Manizales, supuestamente con un falso ofrecimiento de
participar en un robo. Mientras los hombres, que no estaban armados, se
dirigían a Manizales en un automóvil, fueron interceptados por
soldados, que ejecutaron a dos de ellos y los informaron como muertos en
combate. El tercer hombre logró escapar [151] . (Ver información relativa a la autorización, emitida
por comandantes de la brigada y el batallón, para que se efectuara un
pago a un supuesto informante en el caso, en la sección “Autorización
de pagos y premios”).
Una de las víctimas resultó ser
el primo de un soldado que había estado en el BCG N.º 57 desde
2004, pero que no participó en la operación. Tras el homicidio de
su primo, el soldado dijo a la Fiscalía que la mayoría de las muertes
en combate informadas por el batallón eran ilegales. Contó que,
por lo general, la unidad utilizaba a un reclutador, y que después de
matar a los “reclutados” a “mansalva”, los soldados
colocaban armas en las manos de las víctimas y las gatillaban para
aparentar que se había producido un combate. Según
señaló el soldado, el problema de los falsos positivos en la
unidad comenzó con la llegada de González del Río como
comandante. Dijo que González del Río preguntaba a las tropas si
preferían pasar tiempo en las montañas o “relajados en la
casa”, presuntamente refiriéndose a los días de vacaciones
que se otorgaban como recompensa por muertes en combate [152] .
Novena Brigada
La Novena Brigada, adscrita a la Quinta
División, opera en el departamento de Huila [153] . La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 119 ejecuciones
extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2004 y 2008 por varias unidades
bajo el mando de la Novena Brigada.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Novena Brigada que son investigadas por la Unidad de Derechos
Humanos
Unidad
|
‘04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Batallón Pigoanza
|
0
|
4
|
11
|
17
|
13
|
45
|
Batallón Magdalena
|
0
|
3
|
7
|
19
|
18
|
47
|
Otras unidades tácticas/unidades
tácticas no identificadas en la Novena Brigada
|
5
|
0
|
3
|
5
|
14
|
27
|
Total de la Novena Brigada
|
5
|
7
|
21
|
41
|
45
|
119
|
Comandantes
del brigada: General Jaime
Alfonso Lasprilla Villamizar (al menos del 10 de julio de 2006 al 23 de julio
de 2007; 48 presuntas ejecuciones); General William Fernando Pérez
Laiseca (al menos parte de 2007).
Batallón Pigoanza
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 45 ejecuciones ilegales presuntamente cometidas por el
Batallón Pigonaza entre 2005 y 2008. Entre ellas se incluye la
ejecución, el 15 de diciembre de 2006, de Otoniel Oviedo en Gigante,
Huila, en relación con la cual la Fiscalía ha ordenado la captura
de un teniente y cuatro soldados [154] . Los soldados habían informado que Oviedo era un miembro de las
FARC muerto en combate; sin embargo, la investigación del fiscal
determinó que la víctima era en realidad un campesino y
líder comunitario [155] .
Batallón Magdalena
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 47 ejecuciones ilegales presuntamente cometidas por el
Batallón Magdalena entre 2005 y 2008. Esto incluye la ejecución
de Albeiro Hernández Cerón en Isnos, Huila, el 15 de agosto de
2007. Otro hombre fue engañado y detenido junto con Hernández en
el mismo incidente, pero logró sobrevivir[156]. El hombre contó que a él y a Hernández les
habían ofrecido un trabajo temporal en una finca, pero que cuando estaban siendo llevados al lugar, los soldados detuvieron
el automóvil y los ataron. Tras recibir un disparo en la
clavícula, echó a correr y pudo escapar. Dijo que también
recibió disparos en los testículos mientras huía[157].
Décima Brigada
La Décima Brigada, adscrita a la
Primera División, tiene jurisdicción en los departamentos de
Cesar y Guajira[158] . Fiscales de la Unidad de Derechos Humanos investigan en la actualidad
146 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por soldados de la
brigada entre el momento en que esta se creó, en agosto de 2004, y 2008 [159] . Se cree que al menos ocho unidades tácticas serían
responsables, incluidos el Batallón Popa y el Batallón Juan
José Rondón, que también operaban antes de la
creación de la brigada.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Décima Brigada que son investigadas por la Unidad de
Derechos Humanos
Bridgada
|
n/a
|
n/a
|
n/a
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Unidad
|
‘02
|
‘03
|
1/04
-13/8/04
|
14/8/04-31/12/04
|
‘05
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
Batallón Popa
|
27
|
20
|
5
|
6
|
15
|
11
|
16
|
7
|
107
|
Batallón Juan José Rondón
|
0
|
7
|
9
|
5
|
5
|
25
|
8
|
1
|
60
|
Una combinación de unidades
tácticas de la Décima Brigada
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
5
|
3
|
0
|
10
|
Otras unidades tácticas/unidades
tácticas no identificadas de la Décima Brigada
|
4
|
0
|
2
|
1
|
0
|
22
|
10
|
0
|
39
|
Una combinación de unidades
tácticas de la Décima Brigada y otras brigadas (contabilizadas
una única vez aquí)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
Total Décima Brigada[160]
|
n/a
|
n/a
|
n/a
|
12
|
22
|
67
|
37
|
8
|
146
|
Comandantes de la brigada: General Hernán Giraldo Restrepo (al
menos parte de 2004 y 2005); General (r) Fabricio Cabrera Ortiz (al menos parte
de 2006).
Batallón Popa
La Unidad de Derechos Humanos investiga en la
actualidad 107 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por el
Batallón Popa entre 2002 y 2008, incluidos 55 casos desde la
creación de la Décima Brigada en agosto de 2004. Por ejemplo,
soldados del Batallón Popa mataron a Frank Enrique Martínez y a
Claudino Manuel Olmedo Arlante el 14 de mayo de 2005 en el municipio de La Paz,
departamento Cesar, e informaron que se trataba de miembros de las FARC muertos
en combate. Martínez, un joven de 17 años con discapacidad
mental, había desaparecido varios días antes [161] . Según la Fiscalía, ambas víctimas vivían
en la ciudad de Valledupar, no pertenecían a las FARC y no murieron en
situación de combate [162] . Un tribunal administrativo dispuso que el Batallón Popa
debía ofrecer disculpas públicamente por la muerte de
Martínez; sin embargo, según se informa, su madre se
rehusó a aceptar las disculpas y dijo al respecto: “Nada me va a
devolver a mi muchacho” [163] .
Brigada Móvil N.º 15
La Brigada Móvil N.º 15
operó en el departamento de Norte de Santander dentro de la Segunda
División entre 2006 y principios de 2009, cuando fue cerrada tras el
escándalo de los falsos positivos de Soacha. La Unidad de Derechos
Humanos investiga en la actualidad 38 ejecuciones extrajudiciales presuntamente
cometidas entre 2006 y 2008 por varias de las unidades de la brigada.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
atribuidas a la Brigada Móvil N.º 15 que son investigadas por la
Unidad de Derechos Humanos
Unidad
|
‘06
|
‘07
|
‘08
|
Total
|
BCG N.º 98
|
0
|
8
|
5
|
13
|
BCG N.º 96
|
1
|
6
|
0
|
7
|
BCG N.º 95
|
5
|
6
|
0
|
11
|
Una combinación de unidades de la
Brigada Móvil N.º 15
|
0
|
3
|
0
|
3
|
Unidades no identificadas/otras unidades de
la Brigada Móvil N.º 15
|
0
|
0
|
4
|
4
|
Total de la Brigada Móvil
N.º 15
|
6
|
23
|
9
|
38
|
Comandante
de la brigada: Coronel (r)
Santiago Herrera Fajardo (al menos durante parte de 2006 y 2007).
La Brigada Móvil N.º 15 fue
responsable de los falsos positivos de jóvenes y adolescentes que, con
falsas ofertas de trabajo, fueron llevados engañados de sus casas en
Soacha y luego ejecutados en Ocaña, Norte de Santander. Tras la
repercusión mediática de estas muertes, el gobierno pasó a
retiro al Coronel Rubén Darío Castro y al Coronel Santiago
Herrera Fajardo, entonces comandante y ex comandante de la Brigada Móvil
N.º 15, respectivamente, así como al Teniente Coronel Gabriel de
Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones de la brigada[164].
Herrera está siendo procesado—y
Rincón Amado ya ha sido condenado—por el asesinato, en abril de
2007, de un conductor de mototaxi que fue ejecutado por soldados, los cuales
informaron que se trataba de una muerte en combate. En la condena a
Rincón Amado se cita el testimonio de un soldado y un paramilitar que
acusan tanto a él como a Herrera de haber organizado los falsos
positivos atribuidos a la brigada [165] .
Testimonios contra militares en posiciones superiores al nivel de brigada
Human Rights Watch examinó
transcripciones o grabaciones de testimonios prestados a la Fiscalía, en
los cuales se acusa de manera directa a varios militares que eran entonces
comandantes de división, al entonces jefe del Comando Conjunto del
Caribe, General (r) González Peña, y al entonces comandante del
Ejército Nacional, el General (r) Mario Montoya, de haber tenido
conocimiento de falsos positivos, o de haberlos planificado o intentado
facilitar su comisión, mientras ocuparon estos cargos. Por ejemplo:
- González del Río indicó a la Fiscalía que, entre junio de 2006 y mediados de 2007, estuvo al mando del BCG N.º 57 y que reportaba directamente al General (r) Hernando Pérez Molina, entonces comandante de la Tercera División [166] . Indicó que recibía presiones constantes de Pérez Molina para que informara muertes en combate, y que este participaba en la planificación de operaciones en las cuales tropas del BCG N.º 57 engañaban a presuntos delincuentes comunes para que acudieran a sitios con falsos pretextos, y cuando llegaban allí los asesinaban. Se refirió a un caso de febrero de 2007, en el cual un supuesto extorsionista “mediante engaño” fue llevado a Romelia, Cauca, “con el objetivo de nosotros realizar la neutralización”. Dijo que sus tropas habían planeado matar al hombre desde un primer momento y que “a nivel de comandante de división… estaban enterados de que se realizaría esa baja porque ellos sabían que necesitaban ese resultado por la presión que ejercía en esa época Montoya, comandante del Ejército” [167] . El testimonio de González permitió a la Fiscalía iniciar una investigación preliminar contra Pérez Molina[168] . (La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por más de una decena de unidades tácticas adscritas a distintas brigadas que operaban dentro de la Tercera División durante la época en que Pérez Molina estuvo al mando [169] ).
- Un alto oficial del Ejército que comandó tropas adscritas a la Décima Primera Brigada, bajo la Séptima División, indicó a la Fiscalía que el comandante de la división sabía que sus tropas y otras estaban cometiendo falsos positivos. Como indicio de que el comandante de la división estaba al tanto de lo que ocurría, dijo que en una ocasión, después de informar que sus tropas habían matado a dos delincuentes comunes, el comandante de la división le ordenó que modificara el informe para que dijera que las víctimas eran guerrilleros, a pesar de que le explicó al comandante que no se trataba de insurgentes [170] .
- El Comando Conjunto del Caribe comenzó a operar en 2005 y tenía jurisdicción en toda la costa norte de Colombia y en los departamentos de Antioquia y Chocó, incluso sobre la Segunda, Cuarta, Décima, Décima Primera y Décima Séptima Brigadas, así como elementos de la Fuerza Aérea y la Armada [171] . El General (r) González Peña estuvo al frente del Comando Conjunto del Caribe entre principios de 2006 y noviembre de 2008, cuando fue designado comandante del Ejército Nacional [172] . Tropas de brigadas bajo la jurisdicción del Comando Conjunto del Caribe están siendo investigadas por cientos de ejecuciones extrajudiciales en ese período. El Teniente Coronel (r) González del Río dio una declaración ante la Fiscalía que indica que cuando comandó el Gaula Antioquia (Cuarta Brigada), González Peña, entonces comandante del Comando Conjunto del Caribe, le habría sugerido que trabajara con organizaciones criminales para cometer falsos positivos [173] . (Para ampliar la información sobre González Peña, ver la sección “Cuarta Brigada” [174] ).
- Un oficial de alto rango en el Ejército que ha admitido responsabilidad por falsos positivos señaló a la Fiscalía que el General (r) Mario Montoya sabía de las ejecuciones mientras fue comandante del Ejército Nacional. (Montoya estuvo al mando del Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008). Dijo que las ejecuciones se debían a la “política” de Montoya de exigir muertes en combate en lugar de capturas [175] . En este mismo sentido, González del Río dijo a la Fiscalía que mientras fue comandante del Ejército Nacional, Montoya presionaba a comandantes subordinados para que elevaran el número de bajas y los castigaba si no lo hacían, y que era el principal “motivador” de los falsos positivos [176] .
No se trata de las primeras
acusaciones de esta índole contra Montoya, quien está siendo
investigado por la Fiscalía en relación con su posible
responsabilidad por falsos positivos mientras fue comandante del
Ejército Nacional[177]. En
2009, el inspector general del Ejército, que entonces estaba
investigando casos de falsos positivos, informó a la Embajada de Estados
Unidos en Bogotá que la presión constante ejercida por Montoya
para que hubiera muertes en combate era uno de los factores principales
detrás de las ejecuciones, según se indica en un cable de la
embajada divulgado por Wikileaks. En el cable también se señalaba
que, según el inspector general, Montoya había “iniciado la
práctica” de los falsos positivos mientras comandó la
Cuarta Brigada en 2002 y 2003, y era uno de los oficiales del Ejército
que estuvo “involucrado” en casos de falsos positivos o que los
“aprobó tácitamente”[178].
La Unidad de Derechos Humanos investiga actualmente 806, 1.161 y 559 presuntas
ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en 2006, 2007 y
2008, respectivamente, los tres años en que estuvo al mando de
Ejército. Estos representan, por lejos, los tres totales anuales
más elevados que haya habido en cualquier año desde 1985, el
primer año sobre el cual hay datos disponibles[179].
(Se puede ampliar la información sobre Montoya en las secciones
“Motivos comunes: Presiones para incrementar el número de bajas y
premios” y “Ejecuciones habituales a lo largo de un período
de siete años”)[180].
[76] Por ejemplo, en diciembre de 2014, la Unidad de Derechos Humanos
estaba investigando más de 80 presuntas ejecuciones extrajudiciales
cometidas por soldados del Ejército en Antioquia entre 2002 y 2008, en
las cuales los fiscales no habían registrado a la unidad concreta
responsable.
[77] Ejército Nacional de Colombia, “Cuarta Brigada –
Medellín”, sin fecha,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239193 (consultado el 23 de abril de
2015).
[78]Datos relativos a investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos
sobre ejecuciones extrajudiciales hasta diciembre de 2014, en los registros de
Human Rights Watch.
[79] Pico es uno de los 27 militares que el gobierno destituyó en
octubre de 2008 tras la investigación interna de las Fuerzas Militares
sobre falsos positivos. En ese momento, era comandante de la Séptima
División del Ejército, que tiene bajo su mando varias brigadas en
el norte de Colombia, incluidas la Cuarta, la Décima Primera y la
Décima Cuarta.
[80] En 2009, el entonces inspector general del Ejército Nacional
informó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que Rodríguez
Clavijo se encontraba entre los oficiales que estuvieron
“involucrados” en falsos positivos o que los “aprobaron
tácitamente”, según un cable de la embajada divulgado por
Wikileaks. “Army IG Ordered to Stop ‘False Positive’
Investigations, Recommendations Dismissed”, Wikileaks, 25 de junio de
2009, https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA2050_a.html (consultado el
18 de mayo de 2015).
[81] Se puede consultar en el Anexo 1 una descripción más
detallada de los comandantes de cada una de las 11 brigadas analizadas en este
informe, incluidas las fuentes correspondientes a los períodos que se
informa que estuvieron al mando. La lista de comandantes de brigadas incluye
solamente los nombres de los comandantes que Human Rights Watch pudo confirmar
que se desempeñaron durante el período de los presuntos
crímenes. No se trata de una lista exhaustiva de los comandantes de las
11 brigadas durante el período. Indicamos la cantidad de presuntas
ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el período de mando con
respecto a casos en los cuales encontramos datos creíbles de las fechas
exactas en que el oficial estuvo al mando de la brigada, o pudimos determinar
con bastante aproximación el período en función de las
primeras y últimas noticias o informes del Ejército que lo
mencionan como comandante de la brigada.
[82] Fiscalía General de la Nación, declaraciones juradas
prestadas por dos ex miembros de la Cuarta Brigada (los nombres, el
número de radicado y las fechas se mantienen bajo reserva).
[83] En 2009, el inspector general del Ejército informó a la
Embajada de Estados Unidos en Bogotá que González Peña
también había “intentado intimidar a testigos para que no
declararan sobre los homicidios cometidos por la Décima Primera Brigada
en Sucre”, según un cable de la embajada divulgado por Wikileaks.
“Military’s Human Rights Initiatives Meet Resistance,” Wikileaks,
20 de febrero de 2009, https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA542_a.html
(consultado el 18 de mayo de 2015); documento de la Fiscalía General de
la Nación (el número de radicado y la fecha se mantienen bajo
reserva).
[84] Grabaciones de audio con declaraciones juradas prestadas por Robinson
González del Río a la Fiscalía General de la
Nación, junio de 2014. El testimonio que se presenta a
continuación en este apartado corresponde íntegramente a las
declaraciones efectuadas por González del Río a la
Fiscalía en junio de 2014.
[85] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario
judicial, mayo de 2015.
[86] “Fiscalía pide investigar a 11 generales por supuestos
falsos positivos y corrupción”, El Colombiano, 4 de
septiembre de 2014, http://www.elcolombiano.com/fiscalia_pide_investigar_a_11_generales_por_falsos_positivos-LGEC_309615
(consultado el 18 de mayo de 2015); entrevista de Human Rights Watch con
fiscales, diciembre de 2014.
[87] Grabación de audio de audiencia preliminar de
formulación de imputación contra William Darley García
Ospina y Manuel Alejandro Cuellar Urrutia, Juzgado 3 Penal con Función
de Control de Garantías Municipal de Medellín, radicado n.º
0500126000206200705152, 18 de noviembre de 2014.
[88]“Coronel Ávila se despidió con resultados del Pedro
N. Ospina”, El Colombiano, sin fecha,
http://www.elcolombiano.com/historico/coronel_avila_se_despidio_con__resultados_del_pedro_n_ospina-AVEC_AO_4329888
(23 de abril de 2015); “El Batallón que ganó el concurso de
falsos positivos”, La Silla Vacía, 8 de diciembre de 2014.
[89] Grabación de audio de audiencia preliminar de
formulación de imputación contra William Darley García
Ospina y Manuel Alejandro Cuellar Urrutia, Juzgado 3 Penal con Función
de Control de Garantías Municipal de Medellín, radicado n.º
0500126000206200705152, 18 de noviembre de 2014.
[90] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014.
[91] Fiscalía General de la Nación, declaraciones de dos ex
miembros del Batallón Bajes (los nombres, fechas y números de
radicado se mantienen bajo reserva).
[92] Fiscalía General de la Nación, declaración de ex
soldado del Batallón Bajes (el nombre, la fecha y el número de
radicado se mantienen bajo reserva).
[93]Datos relativos a investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos
sobre ejecuciones extrajudiciales hasta diciembre de 2014, en los registros de
Human Rights Watch. “Coronel Barrera ya tenía antecedentes”,
Noticias Uno, 3 de noviembre de 2008, http://noticiasunolaredindependiente.com/2008/11/03/noticias/antesedentes-cr-barrera/
(consultado el 17 de mayo de 2015).
[94] Fiscalía General de la Nación, declaración jurada
prestada por oficial del Ejército (el nombre, el número de
radicado y la fecha se mantienen bajo reserva).
[95] Documento de la Fiscalía General de la Nación (la fecha
y el número de radicado se mantienen bajo reserva).
[96] Fiscalía General de la Nación, declaración de
suboficial retirado (el nombre, el número de radicado y la fecha se
mantienen bajo reserva).
[97] Ibíd.
[98] Procuraduría General de la Nación, declaración de
suboficial retirado (el nombre y la fecha se mantienen bajo reserva).
[99] Ejército Nacional de Colombia, “Décima Cuarta
Brigada – Puerto Berrío”, sin fecha,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239215 (consultado el 23 de abril de
2015).
[100] El Coronel (r) Juan Carlos
Barrera Jurado había estado previamente al mando del Batallón
Bajes (Cuarta Brigada) durante al menos parte de 2004. La Unidad de Derechos
Humanos investiga actualmente 31 presuntas ejecuciones extrajudiciales
cometidas ese año por tropas del Batallón Bajes.
[101] Procuraduría General de la Nación, denuncia presentada
por Edgar Iván Flórez Maestre, 15 de diciembre de 2009.
[102] Fuerzas Militares de Colombia, “Informe—Comisión
Transitoria”, octubre de 2008, págs. 5 y 6.
[103] Ibíd.
[104] Procuraduría General de la Nación, denuncia presentada
por Edgar Iván Flórez Maestre, 15 de diciembre de 2009.
[105] Fiscalía General de la Nación, “Por homicidio en
persona protegida asegurados 15 militares”, 20 de octubre de 2009,
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/por-homicidio-en-persona-protegida-asegurados-15-militares/
(consultado el 5 de junio de 2015).
[106] Procuraduría General de la Nación, declaración
jurada de Jhon Fredy Ortiz, 31 de julio de 2008.
[107] Procuraduría General de la Nación, declaración
jurada de Jhon Fredy Ortiz, 18 de julio de 2008. Dos meses después de la
muerte de Wilsifredo, soldados del Batallón Calibío se llevaron a
un civil llamado Luis Amilcar Calle Fernández de su vivienda, le
advirtieron que correría la misma suerte que Wilsifredo, intentaron
obligarlo a que se pusiera un uniforme camuflado, lo torturaron y luego,
repentinamente, lo liberaron cuando recibieron el aviso de que había
llegado a la zona un observador internacional de derechos humanos. Juzgado
Primero Penal del Circuito, Rionegro-Antioquia, radicado n.º
056513104001201200102, decisión del 9 de mayo de 2013.
[108] El testimonio no indica la fecha exacta en la cual se produjo la
conversación con el “Coronel Ramírez”; sin embargo, como
se indicó anteriormente, el Teniente Coronel (r) Wilson Ramírez
Cedeño estuvo al frente del Batallón Calibío durante al
menos parte de 2008. Procuraduría General de la Nación,
declaración jurada de Jhon Fredy Ortiz, 18 de julio de 2008.
[109] Procuraduría General de la Nación, denuncia presentada
por Edgar Iván Flórez Maestre, 15 de diciembre de 2009.
[110] Ejército Nacional de Colombia, “Décima Primera Brigada
– Montería”, sin fecha,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239211 (consultado el 23 de abril de
2015).
[111] En 2009, el inspector general del Ejército informó a la
Embajada de Estados Unidos en Bogotá que Leal se encontraba entre los
comandantes que “habían permitido que continuara la
práctica [de los falsos positivos]”, según un cable de la
embajada divulgado por Wikileaks. “MOD Overrules Army Commander’s
Transfer of Key Human Rights Official”, Wikileaks, 17 de noviembre de
2009, https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA3393_a.html (consultado el
18 de mayo 2015).
[112]Fiscalía General de la Nación, declaración
prestada por alto oficial del Ejército (el nombre y la fecha se
mantienen bajo reserva).
[113] Ibíd.
[114] Entrevista de Human Rights Watch con un fiscal, diciembre de 2014.
[115] Fiscalía General de la Nación, declaración de
Nixón de Jesús Cárcamo, radicado n.º 4538, 16 de
julio de 2014.
[116] “El nuevo lío del coronel que confesó 57
‘falsos positivos’”, Semana,
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-nuevo-lio-del-coronel-confeso-57-falsos-positivos/330375-3
(consultado el 23 de abril de 2015).
[117] Equipo Nizkor, “Sentencia del Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo condenando al Coronel (r) Luis Fernando Borja
Aristizábal por un caso de ‘falsos positivos’ y
absolviéndole de concierto para delinquir”, sin fecha,
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/falsos27.html (consultado el 23 de
abril de 2015).
[118] “Confesiones siniestras”, El Espectador, 8 de
octubre de 2011,http://www.elespectador.com/noticias/judicial/confesiones-siniestras-articulo-304349
(consultado el 23 de abril de 2015).
[119] Ibíd.
[120] Ibíd.
[121] Ejército Nacional de Colombia, “Décima Sexta
Brigada – Yopal”, sin fecha,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239219 (consultado el 23 de abril de
2015).
[122] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014 y
febrero de 2015.
[123] Distrito Judicial de Yopal, Juzgado Segundo Penal del Circuito,
radicado n.º 85001-31-04-002-2011-0015-00, decisión del 26 de junio
de 2013.
[124] Distrito Judicial de Yopal, Juzgado Segundo Penal del Circuito,
“Acta de audiencia dentro del proceso No. 2011-0011-00, seguido en contra
de Marco Fabián García Céspedes”, 18 de mayo de
2012.
[125] Ibíd.
[126]Fiscalía General de la Nación, declaración jurada
de Marco Fabián García Céspedes, radicado n.º 4977,
26 de octubre de 2013.
[127] Ibíd.
[128] García dijo asimismo: “Quiero dar a conocer y de
qué manera se realizaban estas operaciones donde mal lo podemos llamar
un falso positivo[.] Este grupo especial al cual yo comandaba se tenía
para realizar esta clase de trabajo y por órdenes directas del
[entonces] Coronel Torres Escalante, comandante de la Brigada 16”.
Distrito Judicial de Yopal, Juzgado Segundo Penal del Circuito, “Acta de
audiencia dentro del proceso No. 2011-0011-00, seguido en contra de Marco
Fabián García Céspedes”, 18 de mayo de 2012.
[129] Distrito Judicial de Yopal, Juzgado Segundo Penal del Circuito,
radicado n.º 85001-31-04-002-2011-0015-00, decisión del 26 de junio
de 2013; entrevista de Human Rights Watch con fiscal, febrero de 2015;
comunicación oficial de la Unidad de Derechos Humanos al Coordinador de
Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, 5 de diciembre de 2013.
[130] Entrevista de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014.
[131]Fiscalía General de la Nación, decisión de imponer
medida de aseguramiento contra Gustavo Enrique Soto Bracamonte y otros,
radicado n.º 7313, 4 de julio de 2012.
[132] Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare, radicado
n.º 2014-0046, decisión del 1 de diciembre de 2014; Fiscalía
General de la Nación, “Condenados ex comandante del Gaula Casanare
y otros seis uniformados”, 1 de diciembre de 2010,
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenados-ex-comandante-del-gaula-casanare-y-otros-seis-uniformados/
(consultado el 2 de junio de 2015).
[133] Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal Casanare –
Adjunto de Descongestión, radicado n.º 2010-0035, Decisión
del 29 de abril de 2011.
[134] Fiscalía General de la Nación, resolución de
acusación contra el Coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo y el
Teniente (r) César Augusto Combita Eslava, radicado N.º 5690, 31 de
octubre de 2013.
[135] Ejército Nacional de Colombia, “Séptima Brigada
– Villavicencio”, sin fecha,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239206 (consultado el 23 de abril de
2015).
[136] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014.
[137] Fiscalía General de la Nación, calificación
jurídica provisional, radicado n.º 8538, 29 de octubre de 2014.
[138]Fiscalía General de la Nación, informe sobre la
viabilidad de la gestión por la Unidad de Derechos Humanos de las
investigaciones en los radicados n.º 0030-2002, 089-2003, 0110-2003,
135-2003 y 174-2004, 1 de julio de 2011; Fiscalía General de la
Nación, resolución de acusación contra José Eyner
Arango Bernal et al., radicado n.º 8545, 15 de octubre de 2013.
[139]Fiscalía General de la Nación, “Coronel (r)
asegurado por concierto para delinquir”, 22 de febrero de 2011,
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/coronel-r-asegurado-por-concierto-para-delinquir/
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[140] “Arrancó la Brigada Móvil 12” El Tiempo,
18 de enero de 2005, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1635487
(consultado el 27 de abril de 2015).
[141] Varios soldados también informaron a la Fiscalía que el
“superior” del teniente le había dado la orden de ejecutar
los falsos positivos en este caso. Fiscalía General de la Nación,
resolución de acusación contra Miguel Antonio Beltrán
Chacón, radicado n.º 3967, 7 de marzo de 2013.
[142] Ibíd.
[143] Ibíd.
[144] Ibíd.
[145] Ejército Nacional de Colombia, “Vigésima Octava
Brigada – Puerto Carreño”, sin fecha, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=240198
(consultado el 27 de abril de 2015).
[146] Grabación de audio sobre audiencia en causa contra Óscar
Orlando Gómez Cifuentes, radicado n.º 7915, 10 de julio de 2013.
[147] Ejército Nacional de Colombia, “Octava Brigada–
Armenia”, sin fecha, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239208
(consultado el 23 de abril de 2015).
[148] González del Río indicó a la Fiscalía que
estuvo al mando del BCG N.º 57 entre junio de 2006 y noviembre de 2007.
Contó que el BCG N.º 57 funcionó bajo el mando directo del
comandante de la Tercera División hasta aproximadamente agosto de 2007,
cuando la unidad se trasladó al departamento de Caldas y comenzó
a operar bajo la autoridad directa del comandante de la Octava Brigada. Todas
las 10 ejecuciones extrajudiciales que se indican en el cuadro se produjeron en
algún momento después de agosto de 2007. Grabaciones de audio de
declaraciones juradas prestadas por Robinson González del Río a
la Fiscalía General de la Nación, junio de 2014; video de declaración
jurada prestada por Robinson González del Río a la
Fiscalía General de la Nación en el radicado n.º
170016000030200800096, 31 de julio de 2014.
[149] Ibíd.
[150]Si bien González del Río
sostuvo que los soldados gritaban “alto” y abrían fuego tan pronto
la víctima hacía algún movimiento intentando tomar un arma
o mostraba cualquier otra “actitud hostil”, hay pruebas de que las
tropas en verdad ejecutaban a las víctimas sin que estas intentaran
tomar un arma ni hubiera ningún otro tipo de provocación.
Distintos subordinados de González del Río, tanto del BCG
N.º 57 como del Gaula Antioquia, que estuvieron presentes en los lugares
donde se produjeron los hechos, han confirmado esta última
versión de los sucesos ante la Fiscalía. Un comunicado de prensa
de la Fiscalía que describe las ejecuciones en las cuales estuvo
implicado González del Río mientras dirigió el BCG
N.º 57 también indica que las víctimas sencillamente eran
ejecutadas sin que mediara provocación alguna: “[las
víctimas] eran recogidas y transportadas hasta un paraje rural en el que
los militares, atrincherados en posición de fusilamiento, los
ejecutaban”. Las dos ejecuciones de falsos positivos que se describen en
esta sección son otro indicio de que la unidad no esperaba a que las
víctimas atinaran a tomar un arma o tuvieran alguna “actitud
hostil” antes de dispararles. Fiscalía General de la
Nación, “Ante Comisión de Investigación y
Acusación la Fiscalía compulsa copias para que investigue a
magistrado del Consejo Superior de la Judicatura por supuesta asesoría
ilegal”, 28 de octubre de 2013, http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/ante-comision-de-investigacion-y-acusacion-la-fiscalia-compulsa-copias-para-que-investigue-a-magistrado-del-consejo-superior-de-la-judicatura-por-supuesta-asesoria-ilegal/
(consultado el 20 de mayo de
2015).
[151] Juzgado Quinto Penal del Circuito, Distrito Judicial de Manizales,
radicado n.º 17-001-31-09-005-2011-00085-00, decisión del 19 de
abril de 2012.
[152] Ibíd.
[153] Ejército Nacional de Colombia, “Novena Brigada –
Neiva”, sin fecha, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239209
(consultado el 27 de abril de 2015).
[154] “Ordenan captura de militares por ‘falso
positivo’”, La Nación, 6 de enero de 2014,
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/228049-ordenan-captura-de-militares-por-falso-positivo
(consultado el 2 de junio de 2015); “Medida de aseguramiento contra un
oficial por falso positivo en Huila”, Radio Caracol, 6 de enero de
2014, http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/medida-de-aseguramiento-contra-un-oficial-por-falso-positivo-en-huila/20140106/nota/2049266.aspx
(consultado el 2 de junio de 2015).
[155] Ibíd.
[156] “Testigo relata el horror de ejecuciones extrajudiciales en
Colombia”, El Nuevo Herald, 14 de junio de 2009,
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article1996382.html
(consultado el 27 de abril de 2014); CINEP, “Deuda con la Humanidad 2: 23
años de falsos positivos (1988-2011)”, octubre de 2011,
pág. 163.
[157] Ibíd.
[158] Ejército Nacional de Colombia, “Décima Brigada
Blindada – Valledupar”, sin fecha,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239210 (consultado el 27 de abril de
2015).
[159]Presidencia de Colombia, “Activada ‘Décima Brigada
Blindada’ para Cesar y la Guajira”, 13 de agosto de 2004,
http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/agosto/13/18132004.htm
(consultado el 17 de mayo de 2015).
[160] La cantidad total de víctimas (146) incluye únicamente a
aquellas presuntamente ejecutadas tras la creación de la Décima
Brigada el 14 de agosto de 2004. Varias de las unidades tácticas de la
brigada existían antes de esa fecha, y con respecto a 2004 hemos
expuesto los datos correspondientes a antes y después de la creación.
[161] CINEP, “Deuda con la Humanidad 2: 23 años de falsos
positivos (1988-2011)”, octubre de 2011, pág. 92.
[162] Fiscalía General de la Nación, “Fiscalía
llamó a juicio a 29 militares por caso de ‘falso
positivo’”, 15 de septiembre de 2010,
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-juicio-29-militares-por-homicidio-en-persona-protegida/
(consultado el 2 de junio de 2015); “Mi hijo no era un
guerrillero”, El Tiempo, 3 de junio de 2005,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1640788 (consultado el 27 de
abril de 2015).
[163] “No perdono al Ejército por la muerte de mi hijo”, El
Heraldo, 21 de noviembre de 2011,
http://www.elheraldo.co/regi-n/no-perdono-al-ej-rcito-por-la-muerte-de-mi-hijo-46751
(consultado el 27 de abril de 2015); “Ejército ofreció
disculpas por dos ‘falsos positivos’ en el Cesar”, El
Pilón, 14 de octubre de 2011,
http://elpilon.com.co/inicio/ejercito-ofrecio-disculpas-por-dos-%E2%80%98falsos-positivos%E2%80%99-en-el-cesar/
(consultado el 27 de abril de 2015).
[164] “Purga histórica en el Ejército por desapariciones”,
El Espectador, 29 de octubre de 2008,
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo86671-purga-historica-el-ejercito-desapariciones
(consultado el 27 de abril de 2015).
[165]Juzgado Penal Especializado de Descongestión, San José de
Cúcuta, radicado n.º: 2010-0161, decisión del 10 de marzo de
2014.
[166] Durante este período, el BCG N.º 57 operaba en los
departamentos de Valle del Cauca y Cauca, según indicó
González del Río. En una entrevista ofrecida a medios de noticas,
González del Río admitió su responsabilidad por 27 falsos
positivos ocurridos en esos departamentos. “‘Acepto 27 muertes por
falsos positivos’: González del Río”, Semana,
9 de junio de 2014.
[167] Video de declaración jurada prestada por Robinson
González del Río a la Fiscalía General de la Nación
en el radicado n.º 170016000030200800096, 31 de julio de 2014; grabaciones
de audio de declaraciones juradas prestadas por Robinson González del
Río a la Fiscalía General de la Nación, junio de 2014.
[168] “Fiscalía pide investigar a 11 generales por supuestos
falsos positivos y corrupción”, El Colombiano, 4 de
septiembre de 2014,
http://www.elcolombiano.com/fiscalia_pide_investigar_a_11_generales_por_falsos_positivos-LGEC_309615
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[169] Sobre la base de noticias creíbles e informes del
Ejército, Human Rights Watch determinó que Pérez Molina
estuvo al mando de la Tercera División, al menos, entre abril de 2006 y
agosto de 2007. “General fired as officers linked to cocaine cartel”,
Chicago Tribune, 12 de agosto de 2007,
http://articles.chicagotribune.com/2007-08-12/news/0708110270_1_cocaine-cartel-colombia-gen-hernando-perez-molina
(consultado el 18 de mayo de 2015); Ejército Nacional de Colombia,
Tercera División, “Presión de tropas del Ejército
permitió entrega voluntaria de cabecilla de las FARC”, 19 de abril
de 2006, http://www.terceradivision.mil.co/?idcategoria=89510 (consultado el 18
de mayo de 2015).
[170]Fiscalía General de la Nación, declaración
prestada por alto oficial del Ejército (el nombre y la fecha se mantienen
bajo reserva).
[171]“Colombians Create New Caribbean Joint Command for Inter-Service
Cooperation,” WikiLeaks, 2 de diciembre de 2004,https://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=04BOGOTA12360
(consultado el 23 de abril de 2015); Ejército Nacional de Colombia,
“Exitoso balance del Comando Conjunto No. 1 Caribe”, sin fecha,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=82413 (consultado el 2 de junio de
2015). Entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal, junio de
2015.
[172]Ejército Nacional de Colombia, Primera División,
“Nuevo Comandante del Comando Conjunto No. 1 ‘Caribe’”,
4 de marzo de 2006, http://www.primeradivision.mil.co/?idcategoria=94377
(consultado el 2 de junio de 2015);
[173] González del Río dijo en este sentido: “Entonces
en una conversación que yo tengo con mi General González,
él me dice… ‘aquí hay que trabajar, güevón,
... grabe algunos nombres para que tome contacto con una gente para que
trabaje’… Entonces yo le dije, ‘Mi General… yo para
trabajar con gente que no sea militar, yo para esto no me presto’.
Entonces me dice, ‘es que aquí toca hacer
resultados’…. A raíz de eso a mí me tratan de
abordarme que, para que, por ejemplo a mi celular me llamaron muchas
veces… [y me dijeron] ‘necesitamos hablar con usted mayor para que
usted trabaje con nosotros. Mire nosotros movemos gran parte de aquí de
la ciudad, nosotros trabajamos con el mayor que se fue antes [de
usted]’…”. González dijo que invitó a estas
personas a su oficina pero nunca se reunió con ellos, y que “Le
dije al capitán … no nos pongamos a trabajarle, a… prestarle
usted para trabajar para hacerle favores al narcotráfico. De que saquen
unos manes y los resulte usted pelando y que nosotros reportándolos como
muertos…. Entonces nosotros nunca nos prestamos para eso, siempre hubo
ese distanciamiento de nosotros con la parte de, de mi General González.
Él se molestaba mucho por esto y mi General Montoya
también”. Grabación de audio con declaración jurada
prestada por Robinson González del Río a la Fiscalía
General de la Nación, junio de 2014.
[174] En 2009, el inspector general del Ejército informó a la
Embajada de Estados Unidos en Bogotá que González Peña era
uno de los oficiales que habían estado “involucrados” en
falsos positivos o que los “aprobaron tácitamente”,
según un cable divulgado por Wikileaks. El embajador de Estados Unidos
informó que, como comandante del Ejército Nacional,
González Peña estaba haciendo un “esfuerzo evidente por
frustrar las investigaciones [del inspector general del Ejército] sobre
‘falsos positivos’”. “Army IG Ordered to Stop
‘False Positive’ Investigations, Recommendations Dismissed”, Wikileaks,
25 de junio de 2009; “MOD Overrules Army Commander’s Transfer of
Key Human Rights Official”, Wikileaks, 17 de noviembre de 2009.
[175]Fiscalía General de la Nación, declaración
prestada por alto oficial del Ejército (el nombre y la fecha se
mantienen bajo reserva).
[176] Grabaciones de audio con declaraciones juradas prestadas por Robinson
González del Río a la Fiscalía General de la
Nación, junio de 2014.
[177] Entrevista de Human Rights Watch con fiscales, febrero de 2015.
[178]
“Army IG ordered to Stop ‘False Positive’ Investigations,
Recommendations Dismissed”, Wikileaks, 25 de junio de 2009.
[179]Mensaje de correo electrónico
enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a
Human Rights Watch, 15 de mayo de 2015.
[180] La Unidad de Derechos Humanos investiga 44 presuntas ejecuciones
extrajudiciales cometidas por soldados de la Cuarta Brigada durante el
período en que Montoya comandó la brigada, entre diciembre de
2001 y diciembre de 2003.
III. Obstáculos a la rendición de cuentas
Los fiscales que intervienen en casos de
falsos positivos enfrentan graves obstáculos:
- Cuando los fiscales solicitan archivos a batallones y brigadas del Ejército, es común que el personal militar no los proporcione oportunamente.
- Los soldados que declaran contra sus superiores a menudo sufren represalias, como estigmatización por parte de altos mandos del Ejército, así como amenazas de muerte y agresiones.
- Los soldados que se abstienen de denunciar lo sucedido—si se considera como antecedente a la experiencia del Teniente Coronel (r) González del Río en los meses siguientes a su detención—tienen motivos para creer que podrían obtener privilegios y apoyo de oficiales del Ejército.
- Numerosos casos de falsos positivos todavía están en el ámbito de la Justicia Penal Militar, a pesar de que el derecho colombiano y el derecho internacional disponen que los casos de violaciones de derechos humanos deberían estar a cargo de autoridades de la justicia penal ordinaria.
- Con frecuencia, los abogados defensores recurren a tácticas dilatorias para extender los procedimientos en el tiempo.
- Asimismo, hay problemas dentro del ámbito de la Fiscalía, incluido un volumen de expedientes que algunos fiscales han calificado como abrumador, y la ausencia del tipo de investigaciones contextualizadas y sistemáticas que permitirían identificar a responsables de alto rango.
Estos obstáculos se analizan en
secciones separadas más adelante.
Falta de cooperación de autoridades militares con las investigaciones
Los fiscales a cargo de casos de falsos
positivos indican que, con frecuencia, miembros del Ejército interponen
obstáculos al acceso a archivos que son cruciales para sus
investigaciones, como “órdenes de operaciones” y documentos
donde se autorizan pagos a informantes [181] . Afirman que cuando envían a investigadores a brigadas y
batallones para obtener posibles evidencias, a veces les anuncian que el
oficial a cargo de los archivos no se encuentra presente, a pesar de haber
avisado con anticipación sobre la visita, u otras veces los militares
presentes obligan a los investigadores a esperar horas antes de permitirles consultar
la información. Algunos fiscales también señalan que, en
ocasiones, las autoridades militares aseveran de manera irrazonable que la
información es reservada, o demoran meses en responder a pedidos de
información básicos. “Es una manera de entorpecer”
las investigaciones, expresó un fiscal [182] .
En una comunicación oficial enviada en
junio de 2014, un fiscal que estaba investigando falsos positivos
planteó esta situación al titular de la Jefatura de Derechos
Humanos del Ejército. En el reclamo se indica que “en
general” los militares:
No permiten el acceso a la documentación requerida y el acceso a los archivos de inteligencia lo restringen, es decir, no se puede realizar la diligencia de inspección judicial, toda vez que aducen reserva de la información. En otros casos, no se encuentra la persona que presuntamente atenderá la diligencia…[o] [l]a información la suministran, pero el servidor de policía judicial debe suscribir un acta de compromiso sobre la Reserva de la Información… [183].
Represalias contra testigos clave
Los miembros del Ejército que declaran
contra superiores con frecuencia sufren represalias, que incluyen desde
agresiones y amenazas de muerte contra ellos y sus familiares, hasta
hostigamiento y estigmatización por parte de altos oficiales del
Ejército. Los abusos sirven de advertencia a otros posibles testigos, de
que podrían ser castigados si deciden contar lo que saben.
Asesinato de Nixón de Jesús Cárcamo
El 27 de octubre de 2014, Nixón de
Jesús Cárcamo fue hallado muerto en un centro de reclusión
militar en la Décima Primera Brigada del Ejército en
Montería, Córdoba, donde se encontraba detenido por su presunta
responsabilidad en casos de falsos positivos. La autopsia determinó que
su muerte había sido un “homicidio por asfixia” [184] . Cárcamo había declarado antes a la Fiscalía
sobre el presunto rol de oficiales y soldados del Ejército en varios
casos de falsos positivos en los cuales él había participado
mientras formó parte de la Décima Primera Brigada [185] . Once días antes de su homicidio, advirtió a la
Fiscalía que temía por su vida en los siguientes términos:
“En el sitio de reclusión hay rumores que peligra mi vida porque
estoy colaborando con la justicia... [Y]o siento mucho miedo. Dejo constancia
que... el caso de sucederme algo declaro responsables a las personas que estoy
señalando en estos casos...” [186] .
Según un fiscal, de los cuatro soldados
que reconocieron su responsabilidad en la ejecución de un falso positivo
en 2007, Cárcamo era “quien siempre manifestó mayores
detalles en cuanto a la conducta de tenientes, capitanes, y comandantes”
del batallón [187] .
Varios fiscales se mostraron profundamente
consternados por el efecto amedrentador que el asesinato de Cárcamo
podría tener para otros soldados que consideraran la posibilidad de
declarar contra sus superiores[188] . Algunos miembros del Ejército que cooperan con investigaciones
contra altos mandos militares de otras regiones dijeron a Human Rights Watch
que la noticia del homicidio los atemorizaba [189] .
Amenazas y hostigamiento a Carlos Eduardo Mora
Mientras estuvo asignado a la Brigada
Móvil N.º 15 en 2007, el Sargento Carlos Eduardo Mora
presenció la estrecha colaboración entre miembros del
Ejército y paramilitares para cometer falsos positivos. Mora se
negó a participar en los crímenes e intentó denunciarlos,
pero sus superiores lo amenazaron para que guardara silencio. En 2008, Mora
comenzó a prestar su testimonio a la Fiscalía en relación
con casos de falsos positivos. Las evidencias que aportó ya han permitido
a la Fiscalía conseguir que se condenara a un teniente coronel y a
varios oficiales y soldados, y es además testigo en otras causas en
curso, incluida una contra un ex comandante de la Brigada Móvil N.º
15 [190] .
Mora indica que el 30 de agosto de 2013,
presuntamente con la intención de desacreditarlo, funcionarios del
Ejército intentaron ingresarlo en una clínica psiquiátrica
contra su voluntad. En octubre de 2013, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Mora y su familia,
y señaló que estaban en peligro y que las amenazas e
intimidaciones que había denunciado parecían ser “una
retaliación” debido a su rol como testigo [191] .
Tras las medidas cautelares, las autoridades
colombianas le asignaron escoltas. No obstante, Mora afirma que fue
ulteriormente objeto de hostigamiento e intimidación por parte de
generales del Ejército. Asevera que el 14 de marzo de 2014, cuatro
días después de que la justicia condenara a un teniente coronel
contra quien había prestado su testimonio, un general del
Ejército realizó declaraciones frente a él y a un grupo
numeroso de soldados, insinuando claramente que Mora era un
“traidor” [192] . Según Mora, durante el encuentro semanal en la oficina de
contrainteligencia donde trabajaba, el general dijo que “el
ejército viene siendo blanco de una campaña de desprestigio
mediático” y que las “personas que hablen mal de la
institución son unos traidores son unos traidores (sic) son judas y me
imagino que nadie quiere ser un judas”. Luego caminó hasta donde
estaba Mora, le puso su mano en el hombro, y le dijo “¿No es
así mi Cabo Mora?” [193] .
El 19 de marzo de 2014, Human Rights Watch
envió una carta al Presidente Santos, en la cual solicitó que el
Ejército transfiriera a Mora y a su familia a un sitio fuera de Colombia
para garantizar su seguridad [194] . Mora señaló que la comunicación se
remitió al comando del Ejército y que, poco después, un
general que está al frente de la Jefatura de Derechos Humanos del
Ejército lo convocó a una reunión y le dijo que
había perdido su “espíritu de soldado” y que
debería pensar en los soldados que están detenidos por falsos
positivos y en sus familias. Según contó Mora, el general
agregó que el Ejército no iba a reconocer los falsos positivos y
que tendría que encontrar la forma de “defenderse” de sus
declaraciones [195] .
La presión ejercida sobre Mora
está teniendo efecto [196] . Afirma que cuando otros militares le confiesan que también
tienen información sobre delitos en los cuales han estado implicados
miembros del Ejército, él les advierte sobre el altísimo
costo que ha tenido para él denunciar lo sucedido. [197]
Violación sexual de la esposa de un testigo clave
Existen evidencias serias de que, en 2013,
hombres no identificados violaron sexualmente a Julia (seudónimo), la
esposa de un soldado, como represalia debido a que el soldado había
declarado contra un coronel del Ejército[198] . El soldado, que también ha recibido amenazas de muerte, es un
testigo clave en procesos sobre falsos positivos contra el coronel en
cuestión y otros oficiales y soldados [199] . Julia contó que, aproximadamente una semana antes de la
violación, se había reunido con el coronel en el centro de reclusión
militar donde este se encontraba detenido y se negó a aceptar un
ofrecimiento de soborno para que su esposo se retractara de su
declaración. Al concluir el encuentro, le dijo “dígale a su
marido saludos y que gracias por sapo desleal”. Julia señaló
que durante la violación sexual, los agresores se referían a ella
como la esposa del “sapo” [200] .
Otras agresiones contra testigos
El 12 de agosto de 2012, en Soacha, al menos
un hombre armado no identificado disparó y mató al testigo Jhon
Fredy Garces, quien había dado su testimonio a la Fiscalía con
respecto al caso de un falso positivo por el cual sería responsable una
unidad militar donde se había desempeñado como guía civil [201] . El proceso estaba a punto de ir a juicio, y dos semanas antes del
asesinato, Garces había llamado a un fiscal para informarle que algunos
militares lo habían visitado [202] . Sobre la base de las evidencias disponibles, Human Rights Watch no
pudo determinar el móvil del asesinato, pero debido a las circunstancias
del caso es importante que se investigue si la muerte de Garces estuvo
vinculada a su rol como testigo [203] .
Apoyo al Teniente Coronel González del Río
Los abusos padecidos por los testigos que se
describieron precedentemente contrastan radicalmente con el trato impartido por
oficiales del Ejército al Teniente Coronel (r) González del
Río en los meses inmediatamente posteriores a su detención en
relación con falsos positivos, durante los cuales se abstuvo de declarar
sobre la presunta participación de superiores.
En febrero de 2014, la revista Semana
publicó decenas de grabaciones ordenadas judicialmente y efectuadas por
la Fiscalía, correspondientes a conversaciones mantenidas por
González del Río a través de su teléfono celular
entre octubre de 2012 (poco después de su detención) y abril de
2013 [204] . Según se informó en Semana, las decenas de
grabaciones—al igual que otras a las cuales la revista tuvo acceso pero
no publicó— indican que González del Río pasó
gran parte del tiempo fuera del centro de reclusión militar, haciendo
recados y ocupándose de otros asuntos personales; contó con
soldados activos a disposición suya y de su familia a tiempo completo; y
hablaba habitualmente con coroneles y generales del Ejército, que
parecen haberle dado obsequios y fondos oficiales del Ejército, y
haberle permitido el uso de alojamiento y vehículos militares, entre
otros favores. Asimismo, en conversaciones con un presunto socio comercial,
González del Río también aseveró que estaba
recibiendo ayuda de altos oficiales del Ejército para conseguir la
adjudicación de lucrativos contratos militares[205] . (González del Río negó inmediatamente numerosos
aspectos del informe de Semana, y aseveró que nunca había
hablado con los generales que nombraba el informe y que ninguno de los
contratos mencionados en las grabaciones de audio se había concretado
finalmente [206] ).
Dos días después del informe de Semana,
el Ministerio de Defensa anunció que cinco generales saldrían del
servicio activo, entre ellos el entonces comandante general de las Fuerzas
Militares, el General Leonardo Barrero, quien confirmó la autenticidad
de una grabación de una llamada telefónica, en la cual le
decía a González del Río que “hagan una mafia”
para denunciar a fiscales [207] .
Human Rights Watch ha analizado las
grabaciones publicadas por Semana y también ha obtenido y
examinado copias de miles de otras grabaciones ordenadas judicialmente,
correspondientes a conversaciones mantenidas por González del Río
a través de su teléfono celular, las cuales fueron registradas
por la Fiscalía entre octubre de 2012 y abril de 2013, y que
todavía no se han difundido al público. Las conversaciones
contienen otros numerosos ejemplos de apoyo aparentemente prestado a
González del Río por coroneles y generales, algunos de los cuales
no fueron nombrados en el informe de Semana.
Aunque hubiera explicaciones inocentes
con respecto al trato privilegiado recibido por González del Río,
sería esperable que los soldados lo interpreten como un mensaje de que
quienes guarden silencio serán recompensados.
A continuación se exponen algunos
ejemplos de los privilegios y el apoyo que aparentemente recibió
González del Río antes de que se difundieran las grabaciones, y
él empezara a denunciar el presunto rol que habrían tenido
superiores suyos en relación con falsos positivos.
Contratos militares y otros fondos del Ejército
Semana
publicó una conversación telefónica en la cual
González del Río y un presunto socio comercial llamado
“Eduardo” discuten sobre el supuesto apoyo que el General Fabricio
Cabrera Ortiz [208] habría ofrecido para conseguir la adjudicación de
contratos de la División de Aviación de Asalto Aéreo del
Ejército. La grabación indica que esperaban recibir por lo menos
una parte de un contrato por valor de 3.000 millones de pesos (USD 1,2
millones), pero que otro general, al cual se refieren como el “General
Mejía”, dispuso que el contrato fuera asignado a otro oficial del
Ejército, que también estaba detenido en un centro de
reclusión militar [209] .
En una grabación del 8 de enero de
2013, González del Río indicó a otro presunto socio
comercial que, durante las dos semanas que estuvo fuera del centro de
reclusión durante las vacaciones, se había reunido con Cabrera
Ortiz para conversar sobre la posibilidad de proveer equipos a la
División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército:
“Le hablé de algunos materiales que vamos a traer para Asalto
Aéreo… le hablé del equipo de nosotros, que ese
equipo… da más flotabilidad, más liviano… entonces
él me dice que, pues, que lo mostremos en equipo, para él poderlo
dar entrada por División de Asalto Aéreo... Me dijo,
‘Güevón, lo que usted necesite, yo le colaboro
aquí’” [210] .
El 14 de noviembre de 2012, González
del Río recibió una llamada de un hombre que sería un
oficial en una escuela de entrenamiento del Ejército en la base
Tolemaida. González del Río indicó al hombre que
debería haber recibido 2 millones de pesos (USD 1.000) en
viáticos, ante lo cual el hombre respondió que le enviaría
inmediatamente los fondos [211] .
Automóviles y alojamiento para la defensa de González del Río, y otros obsequios
Según surge de las conversaciones,
cuando González del Río, sus abogados e investigadores privados
se trasladaron a Manizales para asistir a audiencias judiciales y participar de
otras actividades relacionadas con su defensa, el comandante del
batallón local del Ejército (con la aparente autorización
de su comandante de brigada), aceptó poner a su disposición
alojamiento, un vehículo militar y conductores.
Por ejemplo, durante una llamada
telefónica mantenida el 15 de enero de 2013 con el Coronel Juan Carlos
Galán Galán, entonces comandante del Batallón Ayacucho,
González del Río le comentó que dos de sus investigadores
pasarían una semana en la zona y le preguntó si podían
quedarse en el club de suboficiales del batallón y utilizar un
vehículo de la unidad [212] . Galán aceptó y dijo “a la orden por
acá”. Una semana más tarde, González del Río
se comunicó por teléfono con el coronel Marcos Evangelista Pinto,
entonces comandante de la Octava Brigada, a la cual está adscrito el
Batallón Ayacucho. González del Río le manifestó al
comandante de brigada que tenía una audiencia judicial programada en
Manizales y que en ella solicitaría que su caso fuera remitido a la
Justicia Penal Militar. Pinto dijo a González del Río que
indicaría a Galán que le prestara un automóvil y lo
escoltara [213] .
El 19 de noviembre de 2012, González
del Río dijo a un hombre a quien se dirigía como
“general” que estaba “agradecido mi general por el detalle
que llegó a la casa el día de hoy”. El general respondió:
“No hermano, le pido excusas. Demorado pero es en nombre de todos los
directores que se unieron para tener un detalle chiquitico, hermano”.
Luego le dijo a González del Río: “lo más importante
es que salga de allá, hermano”, aparentemente en referencia a su detención.
Semana identificó al interlocutor como el General Fernando Pineda[214] .
La Justicia Penal Militar
De acuerdo con fiscales que investigan falsos
positivos en distintas regiones, muchos de estos casos—si no
cientos—continúan en la Justicia Penal Militar, a pesar de los
reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que indican que todas las presuntas
violaciones de derechos humanos deberían investigarse y ser impulsadas
por las autoridades de la justicia penal ordinaria [215] .
Por ejemplo, un fiscal comentó que se
está preparando para solicitar la competencia sobre más de 30
casos que considera que se trata de falsos positivos y que han estado
archivados en la Justicia Penal Militar desde 2004. Otra fiscal
manifestó que los soldados que han aceptado responsabilidad por falsos
positivos le habían informado sobre, por lo menos, otros 15 casos en los
cuales habían participado y que se encuentran actualmente en el ámbito
de la Justicia Penal Militar. Esta misma fiscal estima que, en general, la
mayoría de los casos de falsos positivos están archivados en la
Justicia Penal Militar. Un funcionario judicial con amplia experiencia en la
investigación de falsos positivos en toda Colombia también cree
que pueden ser miles los casos que están en dicho sistema [216] .
Son varios los motivos por los cuales la
jurisdicción militar en esos casos representa un obstáculo
sustancial para la posibilidad de justicia. Entre ellos se incluyen los
antecedentes de impunidad de casos de derechos humanos en la Justicia Penal
Militar, que esta no adoptó medidas básicas para investigar
falsos positivos cuando la mayoría de los casos se encontraban bajo su
jurisdicción, y las grabaciones de conversaciones telefónicas
mantenidas por González del Río con un juez militar y un hombre
que parece ser un coronel vinculado con una oficina de alto nivel dentro de la
Justicia Penal Militar, quienes en ambos casos ofrecen a González del
Río su ayuda, lo cual aporta mayores evidencias sobre la falta de
independencia y de credibilidad del sistema.
Debido a estos problemas, que se analizan en
los apartados a continuación, resultó particularmente alarmante
que entre 2011 y 2015 el gobierno colombiano procurara aprobar una serie de
leyes para ampliar la jurisdicción de la Justicia Penal Militar, lo cual
habría causado que los casos de falsos positivos se transfieran de los
fiscales de la justicia ordinaria a los tribunales militares [217] . Cabe reconocer que, en abril de 2015, el gobierno eliminó las
disposiciones más problemáticas de su proyecto de reforma
constitucional más reciente, las cuales hubieran ampliado la
jurisdicción militar y provocado tal remisión de casos [218] .
Ausencia de investigación de falsos positivos
Informados como bajas de combate, en general
los casos de falsos positivos fueron investigados en un primer momento por
jueces militares. Recién alrededor de 2008, la Justicia Penal Militar
comenzó a transferir masivamente los casos a los fiscales de la justicia
ordinaria. La actuación que tuvo la Justicia Penal Militar en esos
primeros años otorga un importante motivo para asegurarse de que todos
los casos sean transferidos a la justicia ordinaria.
Los fiscales que actualmente se ocupan de
investigaciones de falsos positivos de distintas regiones manifestaron que,
según surge de los expedientes que ahora están a su cargo, hubo
jueces militares que omitieron pasos básicos en la investigación
de los delitos mientras las causas estuvieron bajo su jurisdicción[219] . Según expresaron, el patrón general es que los jueces
militares entrevistaban a soldados que participaron en combates simulados y
luego cerraban el caso, a menudo aunque existieran claras irregularidades en
las ejecuciones. Entre esas irregularidades puede mencionarse que las armas que
supuestamente empuñaban las víctimas no funcionaban, las
evidencias forenses que mostraban que las víctimas habían
recibido disparos a quemarropa y contradicciones en los testimonios de los
soldados. Además, cuando los jueces militares sí tomaban declaración
a familiares de las víctimas, en general las desestimaban alegando que
no eran creíbles[220] .
Un fiscal a cargo de más de 50 falsos
positivos expresó que “a pesar de la prueba técnica de
disparo a corta distancia, o que el arma no funciona, [los jueces militares]
proceden a archivar [el caso]… Fue sistemático que cerraban casos
sin investigar nada” [221] .
Los fiscales han destacado una grave falla en
la investigación: que los jueces militares no adoptaban medidas para
verificar la identidad de las víctimas, a quienes los soldados a menudo
quitaban sus documentos de identidad, para conseguir que sus delitos quedaran
impunes. (Resultaba más sencillo hacer pasar por guerrilleros a
víctimas que no tenían identificación). Un fiscal
señaló que, si bien los jueces militares no identificaron a
víctimas durante los varios años en que los casos estuvieron a su
cargo (a veces, hasta siete años), la Fiscalía pudo determinar
sus identidades al cabo de algunas semanas. En un caso de falsos positivos en
el cual soldados ejecutaron a dos hombres en 2004, la Fiscalía
observó que el juez militar archivó la investigación en
menos de cinco meses, “sin hacerse el más mínimo esfuerzo
en averiguar por la identidad de los occisos” [222] .
En algunos casos, la Fiscalía incluso
ha solicitado que se inicien investigaciones contra jueces militares por
actuación negligente en relación con falsos positivos [223] .
Presunto rol de j ueces militares en el encubrimiento de falsos positivos
Existen además evidencias de que
algunos jueces militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir falsos
positivos.
Una fiscal manifestó que tenía
conocimiento de dos jueces militares que habrían dado instrucciones a
soldados sobre cómo manipular las escenas del crimen en casos de falsos
positivos, para que parecieran muertes en combate [224] .
Un suboficial retirado contó a la Fiscalía que
cuando su unidad en Antioquia ejecutaba falsos positivos, una jueza militar
acudía a la escena del supuesto combate y asesoraba a los soldados sobre
qué debían decir a los investigadores de la Fiscalía[225].
También dijo que siempre que debía declarar en la Justicia Penal
Militar, la jueza lo orientaba acerca de qué tenía que decir para
encubrir los delitos.
Un sargento del Ejército perteneciente al
Batallón Pedro Nel Ospina contó a la Fiscalía un incidente
de falsos positivos que había presenciado, en el cual una jueza militar
se apersonó en la escena del crimen inmediatamente después de que
las tropas informaran a su comandante cuatro bajas en combate simuladas. Luego
de que llegara la jueza, una de las víctimas heridas, a quien se
había dado por muerta, recobró el conocimiento y comenzó a
gritar. Según el testigo, los soldados lo ejecutaron y la jueza dijo
“Yo no he visto ni he escuchado nada”[226].
Expectativas de impunidad
En octubre de 2013, la prensa colombiana
divulgó transcripciones de las conversaciones mantenidas por
González del Río a través de un teléfono celular,
las cuales demostraban que, después de haber sido detenido en
relación con falsos positivos, mantuvo comunicación en forma
reiterada con Henry Villarraga, entonces magistrado del Consejo Superior de la
Judicatura, que interviene en conflictos de competencia entre la Justicia Penal
Militar y la justicia ordinaria [227] . Según surge de las grabaciones, mientras González del
Río estuvo detenido, los dos se encontraban personalmente y hablaban por
teléfono sobre la posibilidad de remitir el caso a la justicia militar,
donde, como se señaló en un informe del Departamento de Estado de
2014, González del Río “consideraba que podía
recibir un trato más favorable” [228] .
Nuestra revisión de miles de otras
grabaciones de González del Río, que fueron ordenadas
judicialmente y que no fueron publicadas, también demuestra que
realizó esfuerzos sustanciales para que su caso y el de otros
subordinados por falsos positivos se remitieran a tribunales militares, donde
creía que su impunidad estaría garantizada [229] .
Una llamada de abril de 2013 con el General
Jorge Enrique Navarrete indica que el general también era de la
opinión que remitir el caso a la Justicia Penal Militar
garantizaría un trato más favorable. Creyendo, aparentemente, que
la decisión inminente del Consejo Superior de la Judicatura sobre el
conflicto de competencia se resolvería de manera favorable,
González del Río llamó a Navarrete y le dijo:
“Logramos plantear la colisión de competencias y resolver a favor
y devolvieron los procesos a la Justicia Penal Militar”. Navarrete
respondió complacido: “¡Qué verraquera hombre! Me alegra
hombre… me alegra, hermano, que haya solucionado su problema”.
González del Río dijo al General Navarrete que sería
puesto en libertad en una semana [230] . (Consultar más información relativa al General
Navarrete en la sección “Autorización de pagos y
premios”).
Falta de credibilidad e independencia
Las grabaciones de audio de conversaciones de
González del Río indican que, luego de su detención, se
comunicó con un alto funcionario de la Justicia Penal Militar y con
jueces militares, quienes se ofrecieron a ayudarlo en varias procesos en su
contra.
Una de las grabaciones sugiere de manera
persuasiva que un coronel presuntamente vinculado con la oficina del
“Coordinador del Ejército” de la Justicia Penal Militar, que
asesora de manera directa al director ejecutivo de este fuero, llamó a
González del Río y habló con él sobre esfuerzos
conjuntos para que su causa fuera remitida de la justicia ordinaria a la
justicia militar [231] . González del Río recibió la llamada el 26 de
diciembre de 2012, desde el número (1) 283-2861, según el
registro oficial de llamadas correspondiente a las grabaciones. En documentos
del Ejército, este número aparece como perteneciente a la
línea de la oficina del “coordinador” de la Justicia Penal
Militar [232] . Human Rights Watch llamó al número y confirmó
que se trata de la línea de la oficina de “Coordinación del
Ejército” de la Justicia Penal Militar. (El Coronel (r) Edgar
Emilio Ávila Doria, cuya detención se ordenó en 2015 en
relación con falsos positivos, se desempeñó como
“Coordinador del Ejército” de la Justicia Penal Militar
entre 2008 y 2010 [233] . Se puede ampliar la información sobre él en el apartado
“Batallón Pedro Nel Ospina”).
En la llamada del 26 de diciembre de 2012, el
coronel expresó que tenía la esperanza de que González del
Río fuera liberado próximamente y recomendó que se
contactara con el magistrado auxiliar de Henry Villarraga, un magistrado del
Consejo Superior de la Judicatura, que resuelve conflictos de competencia. A
continuación, se presentan algunos extractos de la conversación:
González del Río: ¿A mi Coronel, cómo ha
estado?
Coronel: Cómo le ha ido hermano feliz navidad, hermano…
González del Río: ...Oiga mi Coronel, pero muy agradecido
por su apoyo.
Coronel: No, no marica, no es nada güevón... Esto no es nada
comparado con lo que ustedes necesitan…
González del Río: …Necesito hablar con usted
personalmente… Esta semana busco o mi Coronel me dirá
cuándo para poder hablar personalmente para poderle decir a los jueces
[militares] que me planteen la colisión de competencias…
Coronel: Sí.
González del Río: Listo mi coronel, yo estoy muy agradecido
con usted, de verdad…
Coronel: Ojala hijueputa salga rápido usted de ahí
marica…
González del Río: No, tengo mucha fe mi coronel con esa
colisión de competencias… si la planteamos como es, ya los
magistrados me dijeron listo…
Coronel: …Esto de [el magistrado del Consejo Superior de la
Judicatura] Villarraga… ¿usted ya tomó contacto con el
magistrado auxiliar?
González del Río: No.
Coronel: Que es el que le hace todo el trabajo de él que es un
teniente de nosotros…. Mejor dicho cuando hablemos personalmente le
cuento todo. Y yo le timbro al teniente y le comunico todo, marica… [234] .
Posteriormente, González del Río mantuvo una serie
de llamadas con un único número de celular, en las cuales el
interlocutor parece ser el mismo coronel vinculado con la oficina del
Coordinador del Ejército. Al igual que en la primera
comunicación, González del Río llamaba a este hombre
“coronel”, tenía una voz muy parecida y ofreció
asesoramiento y ayuda en temas relativos a la Justicia Penal Militar [235] .
González del
Río también mantuvo varias conversaciones
telefónicas con un juez militar del Juzgado 52 de Instrucción
Penal Militar en Palmira, Valle del Cauca. Según el testimonio que
González del Río
prestó a la Fiscalía, ese tribunal militar está a cargo de
varias investigaciones archivadas sobre casos de supuestas bajas en combate del
BCG N.º 57, ocurridas en la época en que este era comandado por
González del Río[236].
El juez mantuvo un trato informal y cordial con González del Río, y se ofreció a
ayudarlo. El 2 de noviembre de 2012, por ejemplo, llamó a
González del Río, se identificó
como el juez del Juzgado 52, habló sobre un fax que le había
enviado a un coronel (aparentemente para ayudar a que concedieran a
González del Río un permiso
temporal para salir del centro de reclusión) y concluyó la
conversación con las siguientes palabras: “Registre mi
número… por si alguna vaina, hermano, me timbra. Usted sabe que yo
estoy QAP las 24 [horas del día],
güevón …Un abrazo, mi hermano. Cuídate”[237].
Tácticas dilatorias de abogados defensores
Casi todos los fiscales a cargo de casos de falsos
positivos con quienes hablamos dijeron que las tácticas dilatorias
empleadas por abogados defensores representan un gran obstáculo para que
haya avances en sus casos. Según señalaron, los abogados
defensores cancelan habitualmente audiencias invocando excusas aparentemente
falsas (como que su vuelo no llegó a tiempo, que tienen una cita
médica o que se enfermaron a último momento) o presentan, a los
efectos de demorar los procedimientos, recursos manifiestamente infundados. Un
fiscal contó que, en un caso, durante más de un año no
pudo celebrar una audiencia preliminar debido a ese tipo de tácticas
empleadas por abogados defensores [238] .
En mayo de 2011, la ex Fiscal General Viviane
Morales envió una carta al presidente del Consejo Superior de la Judicatura,
en la cual solicitaba a ese organismo que adoptara medidas para poner freno al
uso de tácticas dilatorias en casos de falsos positivos. La entonces
Fiscal General Morales escribió que era “costumbre” que los
acusados en casos de falsos positivos “acud[ieran] al cambio reiterado y
sistemático de defensores para dilatar el procedimiento” [239] .
Son varias las formas en que las
tácticas dilatorias podrían beneficiar a los acusados y frustrar
su procesamiento. Cuando las causas se prolongan innecesariamente—y
cuando los fiscales se trasladan para asistir a audiencias que se cancelan a
último momento—, se desperdicia tiempo que podrían destinar
a los muchos otros casos de falsos positivos que tienen a su cargo.
Según los fiscales, los abogados defensores también han empleado
tácticas dilatorias para contribuir a que los acusados sean puestos en
libertad debido al vencimiento de términos de la detención
preventiva y con la esperanza de demorar la resolución de los casos en
la justicia penal ordinaria, a fin de beneficiarse con la eventual
aprobación de proyectos legislativos de ampliación de la
jurisdicción de la Justicia Penal Militar.
Deficiencias en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación
En 2012, la Fiscalía redujo la cantidad
de fiscales de la Unidad de Derechos Humanos asignados a casos de falsos
positivos. Los fiscales de esa unidad aseveran que, en la actualidad, la
cantidad de expedientes a su cargo es abrumadora. La situación se ve
agravada debido a que la unidad en general no ha distribuido los casos entre
los fiscales en función de la unidad militar responsable, lo cual impide
que los fiscales puedan llevar adelante el tipo de investigaciones
sistemáticas y contextualizadas que resultan necesarias para identificar
y procesar a responsables en grados más altos de la jerarquía
militar.
Otro aspecto preocupante es que la Unidad de
Derechos Humanos y el grupo de fiscales que investigan a generales en
relación con falsos positivos no parecen haber compartido
información y coordinado sus investigaciones de manera efectiva. (Los
generales acusados de delitos solamente pueden ser juzgados en la Corte
Suprema; en estos casos, intervienen fiscales a quienes el Fiscal General
delega el ejercicio de la acción penal ante este tribunal, y que se
denominan aquí “fiscales delegados ante la Corte Suprema”).
En 2015, la Fiscalía adoptó
medidas para abordar algunos de estos problemas. Incrementó la cantidad
de fiscales e investigadores que impulsan casos contra generales, y
designó a un funcionario como punto de contacto entre ellos y la Unidad
de Derechos Humanos. Asimismo, funcionarios de la Fiscalía
también señalaron que prevén incrementar la cantidad de
fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que investigan falsos positivos y
empezar a distribuir los casos entre ellos en función de la unidad
militar responsable.
Volumen de casos
Muchos fiscales con quienes dialogó
Human Rights Watch manifestaron que tienen a su cargo un volumen de casos
inmanejable, y que debido a esto se ven obligados a concentrarse en algunos
casos de falsos positivos y a desatender otros casi por completo [240] . Por ejemplo, un fiscal contó que cuando la sede regional a la
cual pertenece fue creada dentro de la Unidad de Derechos Humanos, el objetivo
era que cada fiscal tuviera a su cargo alrededor de 40 casos, pero que ahora el
promedio es de más del doble. Dijo que, en el último año,
se ha concentrado exclusivamente en un batallón, y que esto
implicó que no trabajara en ninguno de los casos que lleva de otra
brigada [241] .
En vez de aumentar la cantidad de fiscales de
la Unidad de Derechos Humanos dedicados a falsos positivos, la Fiscalía
de hecho redujo este número en los últimos años. En 2012,
12 fiscales que trabajaban en casos de falsos positivos fueron separados de la
Unidad de Derechos Humanos y destinados a integrar la recién creada
Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC) y trabajar en las
investigaciones que esta impulsa sobre diversas violaciones de derechos humanos
cometidas por todo tipo de actores armados. Otros 25 cargos vacantes de
fiscales, de los cuales estaba previsto que al menos algunos se dedicaran a
casos de falsos positivos, también fueron eliminados de la Unidad de
Derechos Humanos [242] .
Al principio, la UNAC, adonde se
reubicó a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, asignó
una cantidad significativa de fiscales y otros miembros del personal a la
investigación de generales del Ejército en relación con
casos de falsos positivos. El primer director de la unidad era un fiscal
delegado ante la Corte Suprema y, por lo tanto, tenía
jurisdicción sobre generales. A partir de 2013, encabezó un
equipo dedicado exclusivamente a investigar a cuatro generales por falsos
positivos. El equipo estaba conformado por otros siete fiscales, dos asistentes
de fiscales, once analistas y ocho policías judiciales [243] .
Sin embargo, el primer director de la UNAC
renunció repentinamente a principios de 2014 y, cinco meses
después, el 10 de julio de 2014, el nuevo director firmó una
resolución que redujo en más del 80 por ciento la cantidad de
integrantes del equipo dedicado a investigar a generales. Por efecto de la
resolución de julio, el equipo quedó integrado con dos fiscales
de apoyo, un asistente de fiscal y dos investigadores, que colaboraban con el
único fiscal delegado ante la Corte Suprema al frente de las
investigaciones [244] .
A fines de 2014 y mediados de 2015, ante el
aumento en la cantidad de generales investigados por falsos positivos, la
Fiscalía destinó más personal a estos casos. Para mayo de
2015, un total de 3 fiscales delegados ante la Corte Suprema, 6 fiscales de
apoyo, 10 investigadores y 10 analistas investigaban a 16 generales por casos
de falsos positivos [245] . Por consiguiente, hay, en total, apenas algunos fiscales,
investigadores y analistas más dedicados a investigar a generales por
casos de falsos positivos que a principios de 2014, cuando únicamente
investigaban a cuatro generales.
Al menos dos de los tres fiscales delegados
dividen su atención entre casos de falsos positivos y otros casos de
gran envergadura. Uno está investigando el denominado “carrusel de
la contratación”, uno de los más resonados casos de
corrupción en la historia colombiana reciente. El otro impulsa el
procesamiento por desapariciones vinculadas con la toma del Palacio de Justicia
en 1985, uno de los casos de derechos humanos más significativas de
Colombia [246] .
Distribución ineficaz de los casos
Varios fiscales de la Unidad de Derechos
Humanos indicaron a Human Rights Watch que la manera más efectiva de
investigar casos de falsos positivos sería dividirlos entre los fiscales
en función de cuál es el batallón y/o la brigada
presuntamente responsable de los delitos. Esto les permitiría detectar
patrones en la comisión de delitos por parte de una unidad militar específica,
lo cual los ayudaría a identificar a todos los responsables, incluidos
los comandantes. A pesar de la conveniencia de este enfoque, la mayoría
de los casos de falsos positivos de la Unidad de Derechos Humanos actualmente
no se distribuyen entre los fiscales según la unidad militar responsable [247] .
Distintos fiscales de la Unidad de Derechos
Humanos reconocieron este problema. Por ejemplo, uno de ellos dijo que
está investigando 90 casos de falsos positivos de diversos batallones y
que, como sólo examina casos aislados de estas unidades, sin poder
apreciar el espectro total de casos atribuidos a cada una, “es
difícil estructurar la responsabilidad de un coronel o general” [248] .
Entre los ejemplos de la distribución
ineficaz de casos se incluyen los siguientes:
- Seis fiscales distintos están a cargo de 19 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2007 por el Batallón Magdalena;
- Cuatro fiscales distintos están a cargo de 33 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2006 y 2007 por el Batallón Juan José Rondón;
- Un fiscal en Bogotá está a cargo de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2005 y 2008 por 11 unidades tácticas adscritas a 6 brigadas distintas [249] .
Algunas de las sedes regionales de la Unidad
de Derechos Humanos han comenzado a dividir los casos entre sus fiscales
según la unidad militar responsable. En Medellín, por ejemplo,
los fiscales han conseguido avances sustanciales aplicando este enfoque. A
principios de 2015, fiscales de Medellín dispusieron la captura de cinco
coroneles que anteriormente habían estado al frente del Batallón
Pedro Nel Ospina [250] .
Funcionarios de la Fiscalía
reconocieron las virtudes del modelo de la oficina de Medellín para la
distribución de casos, y dijeron que tienen previsto implementarlo en toda
la Unidad de Derechos Humanos [251] .
Falta de coordinación efectiva entre unidades de la Fiscalía
Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos
han acumulado un volumen importante de evidencias que podría resultar de
vital utilidad para los fiscales delegados ante la Corte Suprema que
están investigando a generales. Los primeros están investigando
la gran mayoría de los incidentes de falsos positivos y como parte de
esto han recabado testimonios de testigos contra comandantes, han obtenido
documentación militar oficial relativa a los delitos y, en muchos casos,
han adquirido un profundo conocimiento del modus operandi de los autores.
Los fiscales delegados ante la Corte Suprema
no parecen haber procurado obtener esta información efectivamente. En
febrero de 2015, una de estas fiscales comentó que había
inspeccionado apenas 10 expedientes a cargo de la Unidad de Derechos Humanos [252] . Además, algunos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos
expresaron que, en ciertas oportunidades en que enviaron evidencias sobre
generales a los fiscales delegados ante la Corte Suprema y les solicitaron que
abrieran investigaciones, los fiscales a veces no respondían ni enviaban
a investigadores para consultar los expedientes en cuestión [253] .
Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos
expresó que, tras remitir evidencias a fiscales delegados ante la Corte
Suprema, “no vienen a revisar los casos; no inspeccionan los casos; no
contestan; no preguntan… Para nosotros es desmotivante porque sacamos el
pecho, llegamos al coronel, pero de ahí no pasa nada” [254] .
[181] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014 y
febrero de 2015.
[182] Entrevista de Human Rights Watch con un fiscal, diciembre de 2014.
[183] Comunicación oficial de un fiscal de la Unidad de Derechos
Humanos al titular de la Jefatura de Derecho Internacional Humanitario y
Derechos Humanos del Ejército, 6 de junio de 2014.
[184] Entrevista de Human Rights Watch con un fiscal, diciembre de 2014.
[185] Comunicación oficial de fiscal de sede regional de la Unidad de
Derechos Humanos a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá, 31 de
octubre de 2014.
[186] Fiscalía General de la Nación, declaración de
Nixón de Jesús Cárcamo, 16 de octubre de 2014.
[187] Comunicación oficial de fiscal de sede regional de la Unidad de
Derechos Humanos a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá, 31 de
octubre de 2014.
[188] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014.
[189]Entrevistas de Human Rights Watch con miembros del Ejército que
declararon en casos de falsos positivos, diciembre de 2014.
[190]Entrevista de de Human Rights Watch con Carlos Eduardo Mora,
Bogotá, 23 de septiembre de 2013; Medida Cautelar N.º 186-13,
“Asunto Carlos Eduardo Mora y familia respecto de Colombia”,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 3 de octubre de 2013,
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/MC186-13Resolucion3-13esp.pdf
(consultado el 23 de abril de 2015).
[191] Ibíd.
[192] Procuraduría General de la Nación, denuncia presentada
por Carlos Eduardo Mora, 18 de marzo de 2014.
[193] Ibíd.
[194] Carta enviada por José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la
división de las Américas de Human Rights Watch, a Juan Manuel
Santos, presidente de la República de Colombia, 19 de marzo de 2014.
[195] Comunicación oficial de Carlos Eduardo Mora a Emilio
Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 15 de mayo de 2014.
[196] Ibíd.
[197] Entrevista de Human Rights Watch con Carlos Eduardo Mora,
Bogotá, 14 de diciembre de 2014.
[198] Entrevista de Human Rights Watch con Julia (seudónimo), febrero
de 2015; entrevista de Human Rights Watch con abogado que representa a soldado,
diciembre de 2014; Fiscalía General de la Nación, denuncia
presentada por Julia (seudónimo) 2013 (la fecha exacta se mantiene bajo
reserva).
[199] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, febrero de 2015.
[200] Entrevista de Human Rights Watch con Julia (seudónimo), febrero
de 2015.
[201] Garces señaló que, tras el operativo, informó al
comandante del batallón sobre las ejecuciones. Fiscalía General
de la Nación, declaración de Jhon Fredy Garces, 16 de septiembre
de 2011; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad
Básica Soacha, protocolo de necropsia n.º 230 de 2012, 25 de
octubre de 2012.
[202] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, diciembre de 2014.
[203] Human Rights Watch también documentó los casos de tres
miembros del Ejército que aportaron su testimonio con respecto a casos
de falsos positivos y que señalaron haber recibido información de
que se estaban ofreciendo dinero por sus vidas. Diversos fiscales se refirieron
a otros ejemplos de soldados, reclutadores y familiares de estos que han
recibido amenazas debido a haber declarado en casos de falsos positivos.
Entrevista de Human Rights Watch a dos testigos, diciembre de 2014;
Fiscalía General de la Nación, declaración de soldado,
febrero de 2013 (el nombre, la fecha exacta y el número de radicado se
mantienen bajo reserva); entrevistas de Human Rights Watch con fiscales,
diciembre de 2014.
[204] “Exclusivo: Los negocios del Ejército”, Semana, 16
de febrero de 2014, http://www.semana.com/nacion/articulo/red-de-corrupcion-entre-los-militares/377311-3
(consultado el 23 de abril de 2015).
[205] Ibíd.
[206] “Coronel González del Río
dice que 'nunca hubo asignación de contratos'”, El Tiempo,
17 de febrero de 2014, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13513735
(consultado el 23 de abril de 2015).
[207] Armada Nacional de la República de Colombia, “Comunicado
del Ministerio de Defensa Nacional”, 18 de febrero de 2014,
https://www.armada.mil.co/eng/node/13516 (consultado el 23 de abril de 2015);
“Las inquietudes que sembró el ministro de Defensa”, Semana,
18 de febrero de 2014,
http://www.semana.com/nacion/articulo/las-respuestas-que-quedo-debiendo-en-inistro-de-defensa/377667-3
(consultado el 23 de abril de 2015).
[208] El General (r) Fabricio Cabrera estuvo al mando de la Décima
Brigada al menos durante parte de 2006. Por lo menos 60 presuntas ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por soldados de la Décima Brigada ese
año están siendo investigadas por la Fiscalía. Cabrera fue
retirado del servicio activo luego de que Semanadifundiera las
grabaciones de audio.
[209] “El contrato de los 14.000 millones de pesos”, Semana, 15
de febrero de 2014,
http://www.semana.com/nacion/articulo/corrupcion-en-el-ejercito-contrato-de-14000-millones/377316-3
(consultado el 23 de abril de 2015).
[210] Fiscalía General de la Nación, grabación de audio de
conversación telefónica mantenida por Robinson González
del Río el 8 de enero de 2013.
[211] Fiscalía General de la Nación, grabación de audio
de conversación telefónica mantenida por Robinson González
del Río el 14 de noviembre de 2012.
[212] Fiscalía General de la Nación, grabación de audio
de conversación telefónica mantenida por Robinson González
del Río el 15 de enero de 2013.
[213] Fiscalía General de la Nación, grabación de audio
de conversación telefónica mantenida por Robinson González
del Río el 22 de enero de 2013.
[214] “Agradecido mi general por el detalle que llegó a la casa
el día de hoy”, Semana,
http://www.semana.com/nacion/multimedia/corrupcion-en-el-ejercito-general-fernando-pineda-coronel-robinson-gonzalez/377385-3
(consultado el 23 de abril de 2015).
[215] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014 y
febrero de 2015; ver, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia, Sentencia
C-358/97; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vélez Restrepo y familiares c. Colombia,
Sentencia del 3 de septiembre de 2012, Corte I.D.H., Serie C. N.º 248,
párrs. 240-244.
[216] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, diciembre de 2014.
[217] El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón fue el principal
promotor de estos proyectos legislativos. Pinzón también ha
realizado declaraciones públicas en las cuales cuestionó las
decisiones de fiscales en casos de falsos positivos, así como las
condenas obtenidas por estos. Por ejemplo, en septiembre de 2014, luego de que
en los medios de comunicación se diera a conocer que los fiscales
habían solicitado que se abrieran investigaciones contra nueve generales
del Ejército por su posible participación en falsos positivos a
partir del testimonio de González del Río, el Ministro de Defensa
Pinzón manifestó que se estaba prestando “un exceso de
atención” al testimonio. Pinzón también ha insinuado
que existe una agenda política pro-guerrilla detrás de
señalamientos que vinculan a altos mandos con estos delitos. Durante un
debate parlamentario sobre falsos positivos en noviembre de 2014, un legislador
y reconocido abogado de derechos humanos presentó cuantiosa
información sobre las ejecuciones y sostuvo que altos oficiales del
Ejército serían responsables. El Ministro de Defensa
Pinzón respondió denunciando una supuesta “agenda
ideológica, con fines políticos, que busca desprestigiar las
fuerzas armadas y que probablemente busca alcanzar, por medios de la mentira, de
la calumnia, de la falsedad, aquello que no alcanzaron con los atentados
terroristas, la violencia, los crímenes contra el pueblo
colombiano…y los intentos de la subyugación a
la nación entera. Y ahora, entonces, a punto de desprestigio, a punto de
mentiras, en agendas coordinadas, pretenden simplemente convertir cada
acción de nuestras fuerzas armadas en eso que llaman ‘falso
positivo’…”. En mayo de 2015, Pinzón fue nombrado
nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, y deberá dejar el
Ministerio de Defensa a finales de junio. “Hay un exceso de
atención a lo que dice un delincuente”: Mindefensa”, Radio
Caracol, 4 de septiembre de 2014,
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/hay-un-exceso-de-atencion-a-lo-que-dice-un-delincuente-mindefensa/20140904/nota/2399155.aspx
(consultado el 23 de abril de 2015); “Férrea defensa de FF.AA,
hizo mindefensa Juan Carlos Pinzón”, 12 de noviembre de 2014,
videoclip, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=UQpiIGl_464 (consultado el
27 de abril de 2015).
[218] En abril de 2015, el gobierno incorporó cambios importantes al
proyecto de reforma constitucional número 167/14 (Cámara de
Representantes) - 022/14 (Senado). Los cambios eliminaron disposiciones que
habrían permitido que casos de falsos positivos se transfirieran a
tribunales militares. Actualmente el Congreso está analizando varios
otros proyectos legislativos que han supuesto un riesgo de ampliación de
la jurisdicción militar a casos de falsos positivos, incluidos los
proyectos número 210/14 (Cámara de Representantes) - 085/2013
(Senado) y 129 (Cámara de Representantes). En abril, miembros del
Congreso propusieron cambios al anterior proyecto que parecen abordar algunos
de sus aspectos más preocupantes, y el último proyecto, que
contravendría principios básicos de derecho internacional
humanitario, aún no ha sido sometido a debate en el Congreso. Para
consultar un análisis de estos y otros proyectos anteriores impulsados
por el gobierno para ampliar la jurisdicción militar, incluida una reforma
constitucional que se aprobó en diciembre de 2012 y luego fue anulada
por vicios de procedimiento por la Corte Constitucional en octubre de 2013,
ver: Carta enviada por Human Rights Watch al Presidente Juan Manuel Santos, 12
de diciembre de 2011, http://www.hrw.org/es/news/2011/12/12/colombia-debe-retirar-proyecto-que-ampliar-el-fuero-militar;
carta enviada por Human Rights Watch al Presidente Juan Manuel Santos, 25 de
octubre de 2012,
http://www.hrw.org/es/news/2012/10/25/colombia-carta-al-presidente-santos-criticando-ampliaci-n-del-fuero-militar;
carta enviada por Human Rights Watch a Catherine Ashton, Alta Representante de
la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
27 de septiembre de 2013; carta enviada por Human Rights Watch al entonces
Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, 8 de julio de 2014,
http://www.hrw.org/es/news/2014/07/08/colombia-proyecto-de-ley-amplia-alcance-del-fuero-militar-sobre-falsos-positivos;
José Miguel Vivanco y Max Schoening, “Colombia’s Compromise
with Murder”, New York Times, http://www.nytimes.com/2014/11/13/opinion/colombias-compromise-with-murder.html?_r=0(consultado el 10 de junio de 2015).
[219] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014 y
febrero de 2015.
[220] Ibíd.
[221] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, febrero de 2015.
[222] Fiscalía General de la Nación, resolución de
acusación contra José Eyner Arango Bernal y otros, radicado
n.º 8545, 15 de octubre de 2013.
[223]Por ejemplo, un fiscal pidió que se investigara a una jueza
militar debido a que, en su decisión de no seguir investigando un caso
de cuatro presuntas ejecuciones, había indicado que las víctimas
murieron en un enfrentamiento armado a distancia, a pesar de que los
“tatuajes” de residuos de pólvora en tres de las cuatro
víctimas eran “signo inequívoco” de que, en realidad,
se les había disparado a corta distancia. Documento de la
Fiscalía General de la Nación, radicado n.º 8538, 12 de
febrero de 2014.
[224] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, diciembre de 2014.
[225] Fiscalía General de la Nación, declaración de
suboficial retirado (el nombre, el número de radicado y la fecha se
mantienen bajo reserva).
[226] “La juez que vio un falso positivo y no hizo nada”, Semana,
8 de junio de 2015,
http://www.semana.com/nacion/articulo/luz-marina-polanco-la-juez-que-conocio-un-falso-positivo-no-hizo-nada/430642-3
(consultado el 10 de junio de 2015).
[227] “Las grabaciones que incomodan al magistrado Villarraga”, El
Espectador, 27 de octubre de 2013,
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/grabaciones-incomodan-al-magistrado-villarraga-articulo-454953
(consultado el 27 de abril de 2015).
[228] Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Memorandum of
Justification Concerning Human Rights Conditions with Respect to Assistance for
the Colombian Armed Forces”, septiembre de 2014, pág. 9.
[229] Por ejemplo, Fiscalía General de la Nación,
grabación de audio de conversación telefónica mantenida
por Robinson González del Río el 7 de marzo de 2013.
[230] Fiscalía General de la Nación, grabación de audio
de conversación telefónica mantenida por Robinson González
del Río el 4 de abril de 2013. En la conversación
telefónica, el General Navarrete también parece aceptar comprar
billetes para una rifa que González del Río afirmaba estar
organizando con otros soldados del BCG N.º 57, quienes presumiblemente
también estaban detenidos en relación con falsos positivos.
[231] En el organigrama de la Justicia Penal Militar, el “Coordinador
del Ejército” aparece inmediatamente debajo del director
ejecutivo. Sus funciones son actuar como “asesores del Director para la
toma de decisiones” y como enlace entre la oficina del Director Ejecutivo
y el mando del Ejército. Justicia Penal Militar de Colombia,
“Organigrama y estructura Justicia Penal Militar”, sin fecha,
http://www.justiciamilitar.gov.co/irj/portal/JPM?NavigationTarget=navurl://72d430af1d227d76e5f895fcfe6f6063
(consultado el 27 de abril de 2015); Justicia Penal Militar de Colombia,
“Noti Justicia Militar – Avanzar con Justicia, Autonomía e
Independencia”, agosto de 2010, edición N.º 30,
http://www.justiciamilitar.gov.co/irj/go/km/docs/documents/Portales/JPM/Servicios/Publicaciones/Publicaciones%202012/Notijusticia/Notijusticia%2030.pdf
(consultado el 27 de abril de 2015), pág. 8.
[232] Ejército Nacional, “Protocolo”, 2008,
http://intranet2.agencialogistica.gov.co/www/resources/hcc_protocolo%20ejercito%20a%F1o%202008.doc
(consultado el 27 de abril de 2015), pág. 27; Ejército Nacional,
“Protocolo”, 2010,
http://www.basen.mil.co/recursos_user/PROTOCOLO%20EJC%20%202010%20%20MARZO.doc
(consultado el 27 de abril de 2015), pág. 30.
[233] Justicia Penal Militar de Colombia, “Noti Justicia Militar
–Avanzar con Justicia, Autonomía e Independencia”, agosto de
2010, edición n.º 30, pág. 8.
[234] Fiscalía General de la Nación, grabación de audio
de conversación telefónica mantenida por Robinson González
del Río el 26 de diciembre de 2012.
[235] Fiscalía General de la Nación, grabación de audio
de conversación telefónica mantenida por Robinson González
del Río el 22 de enero de 2013.
[236] Grabaciones de audio con declaraciones juradas prestadas por Robinson
González del Río a la Fiscalía General de la
Nación, junio de 2014.
[237] Fiscalía General de la Nación, grabación de audio
de conversación telefónica mantenida por Robinson González
del Río el 2 de noviembre de 2012.
[238] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, febrero de 2015.
[239] “Fiscalía, preocupada por dilación en
procesos”, Semana, 31 de mayo de 2011,
http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-preocupada-dilacion-procesos/240659-3
(consultado el 23 de abril de 2015).
[240] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014.
[241] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, diciembre de 2014.
[242] Ibíd.
[243] Entrevista de Human Rights Watch con una fuente que conoce en
profundidad el trabajo de la UNAC, Bogotá, febrero de 2015; Director de
la UNAC, Fiscalía General de la Nación, “Resolución
00005”, 17 de enero de 2014.
[244] Director de la UNAC, Fiscalía General de la Nación,
“Resolución 000051”, 10 de julio de 2014.
[245] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, febrero y mayo de
2015.
[246] Entrevista de Human Rights Watch con fiscales, febrero de 2015.
[247] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014 y
febrero de 2015; datos sobre investigaciones realizadas por la Unidad de
Derechos Humanos acerca de ejecuciones extrajudiciales a diciembre de 2014, en
los registros de Human Rights Watch.
[248] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, diciembre de 2014.
[249] Datos relativos a investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos
sobre ejecuciones extrajudiciales hasta diciembre de 2014, en los registros de
Human Rights Watch.
[250] Entrevista de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014;
“Caen los coroneles del batallón que ganó el concurso de
falsos positivos”, La Silla Vacía, 19 de marzo de 2015.
[251] Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación, diciembre de 2014 y mayo de 2015.
[252] Entrevista de Human Rights Watch con fiscales, febrero de 2015.
[253] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales, diciembre de 2014 y
febrero de 2015.
[254] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, diciembre de 2014.
Agradecimientos
La investigación y la redacción
de este informe estuvieron a cargo de Max Schoening, experto sobre Colombia de
Human Rights Watch. El informe fue editado por José Miguel Vivanco,
director ejecutivo de la división de las Américas, Joe Saunders,
subdirector de programas, y Aisling Reidy, asesora legal sénior. Alex
Merchant, experto de la división de las Américas, Dana Brown,
consultora de investigación, y los pasantes Hope McKenney, Christine
White y Joseph Epstein colaboraron de manera sustancial con la
investigación. Nina Elizondo, asociada en la división de las
Américas, contribuyó con aspectos de logística y
producción. El mapa incluido en el informe fue preparado por Grace Choi.
Fitzroy Hepkins colaboró con la producción. El informe fue
traducido al español por Gabriela Haymes.
Human Rights Watch desea agradecer a la
Fundación Ford por su generoso aporte para nuestro trabajo en Colombia.
Deseamos expresar nuestro profundo
agradecimiento a los familiares de víctimas, abogados, testigos y
fiscales que aceptaron hablar con nosotros. Muchos de ellos persisten en su
reclamo de justicia en casos de falsos positivos a pesar de los riesgos para su
propia seguridad.
Anexo 1: Lista de comandantes de las 11 brigadas analizadas en este informe
La siguiente lista de comandantes de brigadas
incluye únicamente los nombres de comandantes sobre quienes Human Rights
Watch pudo confirmar que se desempeñaron durante el período de
los presuntos delitos. No se trata de una lista exhaustiva de los comandantes
de las 11 brigadas durante el período. Indicamos la cantidad de
presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el período de
mando con respecto a oficiales sobre quienes encontramos datos creíbles
de las fechas exactas en que estuvieron al mando de la brigada, o cuando
pudimos determinar con bastante aproximación el período en función
de las primeras y últimas noticias o informes del Ejército que lo
mencionan como comandante de la brigada. La cantidad de presuntas ejecuciones
extrajudiciales se basa en nuestro análisis de datos de la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía.
Comandantes de la Cuarta Brigada
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
General (r) Mario Montoya
|
28.12.2001 – 15.12.2003 [255]
|
44
|
General (r) Óscar González
Peña
|
16.12.2003 – 16.07.2005 [256]
|
113
|
General (r) Luis Roberto Pico
|
16.07.2005 – 16.10.2006 [257]
|
124
|
General Jorge Ernesto Rodríguez
Clavijo
|
17.10.2006 – por lo menos 8 de mayo de
2007 [258]
|
79
|
General Juan Carlos Piza Gaviria
|
Al menos parte de octubre y noviembre de 2007[259]
|
N/A
|
General Juan Pablo Rodríguez
Barragán
|
13.11.2007 – 28.11.2009 [260]
|
28 (casos
únicamente hasta ‘08)
|
Comandantes de la Décima Cuarta
Brigada
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
General Jorge A. Segura Manonegra
|
febrero de 2006 - 31 de octubre de 2007 [261]
|
39
(esto contabiliza todo el mes de febrero de 2006)
|
Coronel (r) Juan Carlos Barrera Jurado
|
31 de octubre de 2007 – 30 de octubre
de 2008 [262]
|
12
|
Comandantes de la Décima Primera
Brigada
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
General (r) Luis Roberto Pico
|
Al menos parte de 2004[263]
|
N/A
|
General Javier Fernández Leal
|
Al menos parte de 2005 y 2006[264]
|
N/A
|
Coronel William Hernán Peña Forero
|
Al menos parte de 2006 y 2007[265]
|
N/A
|
General Jorge Arturo Salgado Restrepo
|
Al menos parte de 2007 y 2008[266]
|
N/A
|
Comandantes de la Décima Sexta
Brigada
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
General Henry William Torres Escalante
|
Al menos enero de 2006 - 8 de junio de 2007[267]
|
66
|
Coronel Cipriano Peña Chivatá
|
Al menos parte de 2007[268]
|
N/A
|
Comandantes de la Séptima Brigada
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones durante el
período bajo investigación
|
General (r) Luis Antonio Coronado León
|
Al menos parte de 2004 y 2005[269]
|
N/A
|
General Francisco Ardila Uribe
|
Al menos parte de 2005, 2006 y 2007[270]
|
N/A
|
Comandantes de la Brigada Móvil
N.º 12
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
| |
Coronel (r) Carlos Hugo Ramírez
Zuluaga
|
Al menos parte de 2005 y 2006[271]
|
N/A
| |
Coronel Cipriano Peña Chivatá
|
Al menos parte de 2007[272]
|
N/A
|
Comandantes de la Vigésima Octava Brigada
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
Human Rights Watch no pudo identificar
información sobre los anteriores comandantes de la Vigésima
Octava Brigada.
|
N/A
|
N/A
|
Comandantes de la Octava Brigada
Comandantes
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
General (r) Jairo Herazo Marzola
|
Al menos parte de 2006 y 2007[273]
|
N/A
|
General José Emiro Barrios
|
Al menos parte de 2007, 2008 y 2009[274]
|
N/A
|
Comandantes de la Novena Brigada
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
General Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar
|
Al menos10 de julio de 2006 – 23.10.2007[275]
|
48
|
General William Fernando Pérez Laiseca
|
Al menos parte de 2007[276]
|
N/A
|
Comandantes de la Décima Brigada
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
General Hernán Giraldo Restrepo
|
Al menos parte de 2004 y 2005[277]
|
N/A
|
General (r) Fabricio Cabrera Ortiz
|
Al menos parte de2006[278]
|
N/A
|
Comandantes de la Brigada Móvil
N.º 15
Comandante
|
Período de mando informado
|
Cantidad de presuntas ejecuciones
durante el período bajo investigación
|
Coronel (r) Santiago Herrera Fajardo
|
Al menos parte de 2006 y 2007[279]
|
N/A
|
[255] Ejército Nacional de Colombia, “El Ejército
Nacional celebra 95 años de honor y gloria de la Cuarta Brigada”,
sin fecha, http://www.ejercito.mil.co/wap//?idcategoria=374520 (consultado el
18 de mayo de 2015).
[256] Ibíd.
[257] “Nuevo comandante en IV Brigada,” El Tiempo, 16 de
julio de 2005, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1960054
(consultado el 18 de mayo de 2015); Ejército Nacional de Colombia,
Séptima División, “El Comandante del Ejército, Mayor
General Mario Montoya, presidió cambio de mando en IV Brigada y VII
División”, 18 de octubre de 2006,
http://septimadivision.mil.co/index.php?idcategoria=112731 (consultado el 18 de
mayo de 2015).
[258] Ejército Nacional de Colombia, Séptima División,
“El Comandante del Ejército, Mayor General Mario Montoya,
presidió cambio de mando en IV Brigada y VII División”, 18
de octubre de 2006; Ejército Nacional de Colombia, Séptima
División, “Guerrilleros de las FARC abandonan la
organización al margen de la ley en Antioquia”, 8 de mayo de 2007,
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=191696 (consultado el 18 de mayo de
2015).
[259] Ejército Nacional de Colombia, Séptima División,
“Nuevo comandante en IV Brigada”, 14 de noviembre de 2007,
http://www.septimadivision.mil.co/index.php?idcategoria=196052 (consultado el
18 de mayo de 2015); “Nuevo comandante para la IV Brigada”, El
Mundo, 18 de octubre de 2007,
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=67154#.VUjMu_lVhBc
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[260] Ejército Nacional de Colombia, “El Ejército
Nacional celebra 95 años de honor y gloria de la Cuarta Brigada”,
sin fecha.
[261] Ejército Nacional de Colombia, Séptima División,
“Trayectoria de la Decimacuarta Brigada -
Reseña Histórica”, 19 de octubre de 2010,
http://www.septimadivision.mil.co/?idcategoria=91112 (consultado el 18 de mayo
de 2015); Ejército Nacional de Colombia, Séptima División,
“Nuevo Comandante para la Décima Cuarta Brigada”, 2 de
noviembre de 2007, http://www.septimadivision.mil.co/?idcategoria=195791
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[262] Ibíd.
[263] “Las AUC proponen crear más Ralitos”, El Tiempo,
20 de mayo de 2004, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1576185
(consultado el 18 de mayo de 2005); “Cancelan cumbre presidencial”,
El Tiempo, 29 de octubre de 2004,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1499416 (consultado el 18 de mayo
de 2015).
[264] Presidencia de la República de Colombia, “Presidente
Uribe ratifica cúpula militar”, 11 de noviembre de 2005,
http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/noviembre/11/10102005.htm
(consultado el 18 de mayo de 2015); “Montaron laboratorio en zona
erradicada”, El Tiempo, 6 de mayo de 2006,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2012890 (consultado el 15 de mayo
de 2015).
[265]“Gobierno anticipa cambios en dos divisiones, nueve brigadas y
dos unidades élite”, El Tiempo, 20 de septiembre de 2006,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3250592 (consultado el 18 de mayo
de 2015); Gudilfredo Avedaño Méndez, “Soldado campesino
mató a subteniente”, El Tiempo, 3 de julio de 2007,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3622766 (consultado el 18 de mayo
de 2015).
[266] Ejército Nacional de Colombia, “Coronel Jorge Arturo
Salgado Restrepo”, sin fecha, http://www.ejercito.mil.co/wap/?idcategoria=318962
(consultado el 18 de mayo de 2015); “Banda ‘Los Paisas’
sería dueña de arsenal decomisado en Cáceres”, W
Radio, 22 de octubre de 2008,
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/banda-los-paisas-seria-duena-de-arsenal-decomisado-en-caceres/20081022/nota/695186.aspx
(consultado el 18 de mayo de 2015); “Nuevo comandante para la IV
Brigada”, El Mundo, 18 de octubre de 2007.
[267] Un artículo publicado en un periódico del
Ejército indica que el General Torres Escalante traspasó el mando
de la Décima Sexta Brigada al Coronel Peña Chivatá el 8 de
junio de 2007, tras haber comandado la brigada durante 18 meses. Esto indica
que Torres Escalante comenzó a estar al mando de la Décima Sexta
Brigada, como muy tarde, en enero de 2006. “Nuevo comandante para la
Décima Sexta Brigada en Casanare”,En Guardia, Periódico
del Ejército Nacional, agosto de 2007, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=194002&download=Y
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[268] Ibíd.
[269] “Cambio en mandos militares”, El Tiempo, 14 de
diciembre de 2004, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1538139
(consultado el 18 de mayo de 2015); “Ardila Uribe, nuevo comandante de la
Brigada”, 16 de noviembre de 2005, http://llanera.com/?id=2202
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[270] “Investigan muerte de tres campesinos a quienes el
Ejército acusa de guerrilleros y extorsionistas”, El Tiempo,
21 de agosto de 2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3688810
(consultado el 18 de mayo de 2015); “Ardila Uribe, nuevo comandante de la
Brigada”, 16 de noviembre de 2005.
[271] “Arrancó la Brigada Móvil 12”, El Tiempo,
18 de enero de 2005, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1635487
(consultado el 18 de mayo de 2015); Procuraduría General de la
Nación, “PGN elevó pliego de cargos a oficiales del
ejército por presunta captura ilegal”, 7 de diciembre de 2008,
http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2008/noticias_588.htm (consultado
el 18 de mayo de 2015).
[272] Carta enviada por Cipriano Peña Chivatá a Flavio Enrique
Ulloa Echeverri el 6 de abril de 2007, publicada en la página web de la
Fuerza Aérea Colombiana,
https://www.fac.mil.co/inglesrevista/correo-aeron%C3%A1utico-3 (consultado el
18 de mayo de 2015).
[273] Ejército Nacional de Colombia, Quinta División,
“Quinta División tiene nuevo comandante”, 16 de noviembre de
2007, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=196127 (consultado el 18 de mayo
de 2015); “Risaralda pide más seguridad para el Parque Nacional de
los Nevados”, Caracol radio, 19 de abril de 2006,
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/risaralda-pide-mas-seguridad-para-el-parque-nacional-de-los-nevados/20060419/nota/277412.aspx
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[274] “Entre desmovilizaciones, captura y muertes, Farc pierde seis de
sus miembros en el Eje Cafetero”, El Tiempo, 11 de noviembre de
2007, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3811087 (consultado el 18
de mayo de 2015); “Wilson Bueno Largo, alias ‘Isaza’,
rindió indagatoria por rebelión”, El Tiempo, 7 de
noviembre de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4652606
(consultado el 18 de mayo de 2015); “El Aurelio Rodríguez, de las
Farc, reducido por desmovilizaciones, capturas y muertes”, El Tiempo,
23 de febrero de 2009, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4835563
(consultado el 18 de mayo de 2015).
[275] Human Rights Watch tuvo acceso a información creíble que
indicaba que el General Lasprilla fue comandante de la Novena Brigada entre el
27 de junio de 2006 y el 17 de noviembre de 2007, pero no pudo confirmar esas
fechas con otras fuentes de pública consulta. El período
comprendido entre el 10 de julio de 2006 y el 23 de octubre de 2007 se determina
en función de las fechas primera y última para las cuales Human
Rights Watch identificó información pública creíble
que indicaba que el General Lasprilla era comandante de la Novena Brigada en
ese momento. “Hablan Néstor García padre del soldado
abusado y el coronel Lasprilla de la 9a brigada”, Radio Caracol,
10 de julio de 2006,
http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/hablan-nestor-garcia-padre-del-soldado-abusado-y-el-coronel-lasprilla-de-la-9a-brigada/20060710/oir/307489.aspx
(consultado el 18 de mayo de 2015); Ejército Nacional de Colombia,
Quinta División, “Izar el Pabellón Nacional un honor que
exalta la Novena Brigada”, 23 de octubre de 2007,
http://www.quintadivision.mil.co/?idcategoria=195468 (consultado el 18 de mayo
de 2015).
[276] Ejército Nacional de Colombia,
“Halladas dos caletas que contenían abundante material de
guerra”, 6 de diciembre de 2007, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=196538 (consultado el 18 de mayo de 2015).
[277] “Nuevo comandante de la Décima Brigada”,
Valledupar.com, 28 de diciembre de 2004,
http://www.valledupar.com/reportajes/index.php?subaction=showfull&id=1104252896&archive=&start_from=&ucat=1&
(consultado el 18 de mayo de 2015); Presidencia de la República de
Colombia, “Presidente Uribe ratifica cúpula militar”, 11 de
noviembre de 2005.
[278] Ejército Nacional de Colombia, Primera División,
“Comunicado de prensa”, 25 de agosto de 2006,
https://ejercito.mil.co/?idcategoria=110593 (consultado el 18 de mayo de 2015);
Ejército Nacional de Colombia, Primera División, “En Uribia
Ejército realiza primera jornada de libretas militares”, 15 de
octubre de 2006, https://ejercito.mil.co/?idcategoria=112702 (consultado el 18
de mayo de 2015).
[279] “Gobierno anticipa cambios en dos divisiones, nueve brigadas y
dos unidades élite”, El Tiempo, 20 de septiembre de 2006;
Juzgado Penal Especializado de Descongestión, San José de
Cúcuta, radicado n.º: 2010-0161, decisión del 10 de marzo de
2014.
