Venezuela hoy: la maldición del 'rentismo'
Raúl Zelik
Diagonal
Ya durante los primeros momentos de estancia en el país, se muestra toda la magnitud de la crisis venezolana: quien no quiere cambiar dinero ilegalmente con los taxistas y acude a una oficina de cambio estatal, se enfrenta a una situación a lo Monty Python. Tres personas empleadas están sentadas tras un cristal blindado y esperan a que termine su turno. Se trata sólo de 20 dólares, pero desde que el Gobierno bolivariano está intentando luchar contra la especulación financiera y la fuga de capitales mediante restricciones en el cambio de divisas, los negocios cambiarios en Venezuela están fuertemente regulados. El cambio sólo se puede realizar previa presentación de un documento de identidad.
Es patente que la empleada más joven, que recibe el pasaporte, no ha realizado este trabajo a menudo. Puede que incluso pretenda darle a uno la posibilidad de pensárselo mejor. 15 minutos de reloj tarda en introducir el nombre y el número de pasaporte en el sistema. Entonces expende por fin la divisa estatal: unos 12 bolívares, tras la deducción de la comisión y las tasas –lo justo para tomarse dos minúsculos cafés con leche en vaso de plástico–.
En esta instantánea se condensan los problemas de Venezuela. La cotización oficial del dólar está en 6,3 bolívares, sin embargo en el mercado negro se pagan 175, y además hay dos cotizaciones de cambio oficiales: una de 1:12, la otra de 1:50. Como los precios de los bienes de consumo se orientan por la cotización en el mercado negro, el sueldo mensual de un asalariado medio se ha hundido hasta los 50-60 dólares. Es cierto que el Estado ha proporcionado a millones de venezolanas y venezolanos pan y sueldo, pero se ha vuelto todavía más ineficaz. La Administración pública funciona, en general, aún peor que la oficina de cambio. La causa de ello es también que la mayoría de la población venezolana no vive de su trabajo, sino de negocios paralelos: el comercio de divisas, la especulación o la venta de artículos que están sometidos a la regulación de precios y por ello son escasos –entre ellos, muchos productos de uso cotidiano como el agua potable, el papel higiénico o el jabón–. Sin olvidar que los alquileres también se han disparado. Los sectores de clase media que poseen viviendas mantienen su poder adquisitivo al elevar los precios de los alquileres. La crisis venezolana es omnipresente.
Sin embargo, es falso en Venezuela no haya cambiado nada para mejor. En Caracas se ven con claridad las diferencias con otras grandes ciudades latinoamericanas, así como con las metrópolis de Estados industrializados. No hay apenas mendicidad callejera, al contrario que en Bogotá, Berlín o Nueva York. Los barrios del centro han sido saneados sin que se haya desplazado a la población.
Precisamente los caraqueños más empobrecidos son los que usan los nuevos cines estatales y de las instituciones culturales en el centro. La zona peatonal está llena de trabajadoras y trabajadores haciendo compras, y el transporte público de corta distancia se ha ampliado mucho. Nuevas líneas de autobús y tren unen Caracas con los suburbios, los barrios pobres situados en las laderas han sido conectados mediante funiculares a la red de transportes. Cierto es que el metro está crónicamente atestado durante todo el día, sin embargo, es prácticamente gratuito.
Pagar soborno
En los grandes medios rara vez se habla de ello, pero de hecho la política social de Venezuela es modélica en muchos aspectos. En una sociedad donde en los 90 tres tercios de la población trabajaba y vivía en unas condiciones de extrema precariedad, el Estado garantiza hoy en día el suministro básico. Los productos de alimentación se venden a precios extremadamente bajos en los supermercados o a través de los camiones de los programas de alimentación estatales. Se han construido y proporcionado 600.000 viviendas sociales. E incluso, aunque la prestación de servicios sanitarios en los hospitales públicos esté marcada por la escasez, la prestación básica en los barrios pobres funciona de forma impecable. El problema de Venezuela es otro: aunque en el plano de la política social se haya hecho mucho, la estructura económica sigue siendo en gran parte la antigua.
"Sencillamente, no se produce". Alberto Torres, nacido en España, pero nacionalizado ya desde los 90, es un revolucionario de la vieja guardia. Desde hace 15 años trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, donde dirige el desarrollo de los sindicatos y desde el que ha intentado estimular la producción local de alimentos. Tras más de una década de política de izquierdas, su balance es decepcionante.
"Llevamos 12 meses intentando construir una huerta de hortalizas fuera de Caracas. Hemos importado los invernaderos, el Ministerio ha contratado a 50 trabajadores". Torres, de 55 años, no puede evitar reírse cuando cuenta la historia. "Las instalaciones se han quedado paradas un año en la aduana. Hemos pagado a los trabajadores por no hacer nada. Ellos por lo demás tampoco tenían ninguna gana de trabajar... La aduana no ha soltado las instalaciones, ¡y eso que era un proyecto estatal! Si hubiéramos sido una empresa privada, habríamos recibido los invernaderos de inmediato. Sencillamente habríamos pagado un soborno. Pero así no hubo nada que hacer".El Gobierno venezolano argumenta que tales incidentes se deben al sabotaje y las conspiraciones.
Pero Torres no da crédito a esa explicación: "Por supuesto que hay algo así como una guerra económica y EE UU quiere derrocar al Gobierno por todos los medios. Pero las razones principales de la crisis son otras. Que tantos productos básicos, los que están sometidos al control de precios, no estén disponibles en los supermercados, tiene una razón muy simple: con ellos se puede hacer mucho dinero en el mercado negro. La relación con el contrabando es, según él, aún más clara. "En las regiones fronterizas con Colombia están todos metidos: los de derechas, los chavistas, los guerrilleros colombianos, los cárteles de droga, campesinos normales: todos. Por la sencilla razón de que los márgenes de ganancia son inimaginablemente altos. Un litro de gasolina cuesta en Colombia 200 veces más que en Venezuela".
Sin embargo, Torres no responsabiliza de la situación principalmente a Maduro, cuyo índice de popularidad en las encuestas se ha hundido hasta un dramático 22%. El problema tiene que ver con la estructura económica del Estado petrolero, según Torres. "100 años de petrodólares han habituado a los venezolanos y las venezolanas a que se vive mejor trepando a un puesto en el Estado o importando productos de consumo que trabajando de forma productiva... Que la aduana no haya devuelto las instalaciones para los invernaderos es muestra de ello. A la gente simplemente le da igual".
Problemas agravados
Ciertamente los problemas estructurales de la economía venezolana se han agudizado aún más bajo el chavismo. 15 años de revolución han democratizado el 'rentismo', es decir, la economía de materias primas, improductiva y orientada al consumo. Y aunque también durante la última década se han producido manejos corruptos que han proporcionado sumas de miles de millones a empresas privadas, es cierto que en general los ingresos se han repartido mejor. Eso fue posible no sólo gracias a la creación de puestos de trabajo, sino también al establecimiento de bancos estatales, más generosos que los bancos privados en la concesión de créditos y límites de descubierto.
La inflación elevada, que hoy en día asciende a entre un 40 y un 70%, no es en este contexto simplemente el resultado de una política económica fallida, sino también de una mejor distribución de la riqueza. Los precios ascienden meteóricamente porque hay más gente que quiere participar del consumo. El problema es, sin embargo, que este modelo no sobrevivirá al 2015. El precio del petróleo ha caído de 140 dólares por barril en 2008 a menos de 50 dólares por el fracking, pero también debido a las operaciones militares de EE UU en Iraq y Libia, que han destruido la OPEP como cártel de precios.
El Gobierno de Maduro debe emprender un cambio radical de rumbo y abandonar el 'rentismo'. No obstante, el problema es que para ello debería aplicar políticas como la eliminación de las subvenciones al combustible o la devaluación del bolívar, que en el país son vistas como la quintaesencia de la política neoliberal.
Y no obstante Elías Jaua, el ministro para el Poder Popular de la Comunas y los Movimientos Sociales y el hombre más importante en la dirección del Estado junto con Maduro y el general Diosdado Cabello, mencionó claramente el reto en un escrito a mediados de enero: "El rentismo conlleva no sólo una dependencia del petróleo según su precio en el mercado mundial, sino también una cultura en la cual se lucha incesantemente en torno a la renta petrolífera. Y eso lleva a su vez a una cultura de la especulación que se está extendiendo como veneno en el sistema capitalista de Venezuela".
Jaua y seguramente también el mismo presidente Maduro se imaginan claramente en qué dirección habría que ir. Con apoyo del Ministerio de las Comunas dirigido por Jaua también han surgido en los últimos años impresionantes proyectos de autoayuda. Los habitantes de barrios pobres han realizado cientos de proyectos autogestionados de construcción de viviendas por todo el país. Parte de los nuevos asentamientos están situados en las mejores zonas residenciales de Caracas: en descampados ocupados ilegalmente, los movimientos barriales han construido nuevos bloques de viviendas para hasta 1.000 habitantes. Lo más llamativo de ello es que las y los habitantes han planificado y construido sus proyectos de forma autónoma. El papel del Estado se ha limitado a proporcionar dinero para los materiales de construcción. De este modo, se ha construido a precios claramente más económicos de lo habitual en las viviendas estatales y, sobre todo, han surgido auténticas estructuras comunitarias: ese "poder popular" del que tanto se habla en el país.
A tales formas de autorresponsabilidad democrática y solidaria debería llegar Venezuela si quisiera escapar del círculo vicioso de riqueza petrolífera, corrupción, ineficiencia y dependencia del mercado mundial. "Si no queremos caer de nuevo en la pesadilla neoliberal de la que despertamos en 1998, tenemos que corregir nuestro rumbo", escribe el ministro Elías Jaua, "pero no sólo el Gobierno bolivariano, sino la sociedad entera". Sin embargo, está por ver si ese cambio político aún es posible.
El aparato chavista está completamente desacreditado a ojos de la población y la oposición derechista, que ya a principios de 2014 demostró que no le espantan las confrontaciones similares a una guerra civil, ya está en la parrilla de salida. El dirigente opositor Capriles ha convocado protestas, y los ultraderechistas de Colombia y EE UU siguen apostando por un derrocamiento violento del chavismo. Una situación prácticamente sin salida para el primer proyecto antineoliberal del segundo milenio.
Bonos basura
La situación económica de Venezuela se ha agudizado dramáticamente en los últimos meses. Diversas agencias de calificación financiera han rebajado los bonos de deuda estatal venezolanos a la categoría de bonos basura y grandes fondos de inversión están especulando sobre la insolvencia del país sudamericano.
En el mercado negro se ha duplicado el valor del dólar en 6 semanas, el déficit presupuestario es extremadamente alto, con una estimación de un 15-18%. Venezuela intenta salvarse, y no como última opción, mediante una alianza más fuerte con China. Como Argentina, que pudo superar su insolvencia el pasado verano con relativa facilidad suministrando capital fresco a China, el Gobierno de Maduro intenta también escapar a la presión de los mercados financieros y del FMI a través de una mayor orientación hacia Asia oriental. Por ello firmó el Gobierno a principios de enero en Caracas nuevos contratos de cooperación por valor de 20.000 millones de dólares estadounidenses.
Sin embargo estos acuerdos, con los que China se asegura a largo plazo el acceso al petróleo venezolano, no bastarán para superar la crisis. Desde hace meses los economistas chavistas apremian al Gobierno para que suprima la adjudicación estatal de divisas, que sobre todo fomenta la especulación y la corrupción, así como las populares pero absurdas subvenciones al combustible. El presidente Maduro, sin embargo, retrasa una y otra vez estas medidas por miedo a las protestas sociales y a la oposición de las élites del aparato estatal.
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