La democracia en la mira de la recentralización
Carlos Alberto Lerma Carreño
Miembro de la Red Nacional de Planeación local y Presupuestos Participativos
Asistimos a una coyuntura clave en la vida política del país, empujada por la destitución del alcalde Gustavo Petro, una coyuntura que ha abierto la reflexión en muchos sectores sobre la institucionalidad democrática y específicamente sobre los alcances de la procuraduría. En la ciudadanía existe una convicción que lo que está en juego no es solo la destitución de un funcionario indisciplinado, se trata fundamentalmente de un exceso de poder ejercido por un funcionario público con probadas actuaciones en contra de las libertades y derechos de las personas, es decir se trata de una afrenta a la democracia.
El tema aunque ha emergido con mucha fuerza no es nuevo, y no solo porque existen casos anteriores como el de Piedad Córdoba y Alonso Salazar entre otros, sino porque refleja una tensión permanente en la sociedad colombiana entre las fuerzas liberales y las conservadoras, fuerzas sociales, no partidos. Podríamos traer a colación las reformas de 1850 iniciadas por José Hilario López, con el apoyo de las sociedades democráticas, compuestas por artesanos, que impulsaron cambios en la economía y la sociedad que llevaron al federalismo, con su expresión violenta y que desembocó en el movimiento de la regeneración que da luz a la constitución de 1886.
Algunas personas han manifestado como una exageración de Petro el recordar y vincularse con la historia del país, con líderes como Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, esa molestia de una parte de la sociedad constituye una de nuestras dificultades para mirar el futuro y superar las dificultades, corresponde a una memoria débil que da por sentado que el pasado ha sido superado y que nuestro momento nada tiene que ver con esas rencillas del siglo XVIII, de un país “patirrajado”, y tampoco con esa violencia que nace en la mitad del siglo XX y que se cree superada y sin ninguna conexión con la violencia guerrillera y paramilitar, sufrimos de la enfermedad del adanismo todo hasta la violencia nos parece nuevo sin vínculo con nuestra historia centenaria.
La explicación más adecuada, me parece, del conflicto en Colombia, y no solo del actual sino de los varios conflictos con expresiones violentas por los que ha pasado el país tiene una raíz en la exclusión del “otro” que ha generado una cultura política y partidista peligrosa porque no avanza en acuerdos reales sino en calculadas maniobras estratégicas para obtener el poder. Angelino Garzón ha declarado que los constituyentes se equivocaron por no haber previsto la segunda instancia para los funcionarios públicos investigados por la procuraduría esa culpa es exagerada si se piensa que el espíritu de la constitución era el pluralismo y el avance precisamente en la inclusión de sectores sociales y políticos excluidos, es decir, si se tenía la certeza de la fundación de un nuevo marco constitucional, no había razón para pensar que lo planteado se convertiría en instrumento de exclusión del opositor político. Y aunque tampoco podría aducirse una conspiración permanente teledirigida y sistemática desde la derecha, si puede decirse que nunca se ha planteado realmente la inclusión de los “otros” y que acecha en espera del momento oportuno para debilitar al contrario y volver al poder.
¿De qué estamos hablando?
El trámite y aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, un tema en el cual desde las regiones se esperaba un mayor impulso a su autonomía y a la descentralización, entre otras una deuda con la constitución de 1991. El resultado una Ley inocua que no avanza un ápice en la descentralización que no le da salida a las demandas regionales y al contrario ajusta mucho más la correa centralizadora. Los “otros” las regiones continúan excluidos.
La ley Estatutaria de participación ciudadana y la ley de modernización municipal (1551) la primera en estudio de la corte constitucional y la segunda en vigencia, aunque para algunos académicos y líderes estas leyes contienen aspectos respetables y rescatables vale la pena resaltar que allí están puestas las bases del límite a la participación ciudadana, primero al restarle la importancia e incidencia a la consulta ciudadana y segundo al atar la participación ciudadana a los escenarios tradicionales de la participación, es decir al Consejo y las Juntas de Acción Comunal. Esto último refleja una crisis institucional profunda donde las maneras que ha asumido la democracia representativa durante años se impone a las necesidades de una nueva institucionalidad que sea capaz de incorporar la nuevas demandas de las democracia participativa.
La locomotora minera, una de las prioridades del gobierno Santos que busca aprovechar los altos precios de los minerales para obtener ingresos. Un primer problema es el atentado que esta política hace sobre los municipios, al restar su autonomía para decidir sobre su territorio y ello se hace a expensas de una supuesta utilidad pública e interés social de la minería, un segundo problema son las excesivas concesiones que ha hecho el gobierno nacional para incentivar la inversión extranjera lo cual le niega importantes recursos al Estado, ligado a ello está el impacto social y ambiental de la actividad minera, la cual no tiene control y tampoco genera retornos para mitigar los impactos y vale la pena mencionar que ella incluso se impone sobre la decisión de la ciudadanía, que aun a pesar de las consultas ciudadanas que se han adelantado en diferentes municipios, estas son vistas por el gobierno nacional como decisiones inferiores a la decisión del gobierno de centrar el desarrollo en la minería.
Existe coincidencia en que la firma de un acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno genera un escenario de postconflicto con muchos cambios y retos y que una gran parte de ellos serán en zona rural, dentro de esos retos esta la participación de amplios sectores sociales que ya sea por convicción o descreimiento en el Estado y sus gobiernos o por que fueron constreñidos no han participado y que en el escenario de postconflicto, sin lugar a dudas esos espacios de participación reflejaran las contradicciones que permanecen en las zonas rurales. ¿Qué pasará cuando amplios sectores se muestren en desacuerdo con el Gobierno nacional y el plan de desarrollo o alguno de sus componentes?
Una reflexión permanente en la Red ha sido la descentralización versus la recentralización y que tiene que ver con lo planteado hasta ahora, por ejemplo, nos podemos preguntar ¿es posible la superación del postconflicto sin un avance real en la descentralización y la autonomía de las regiones?, o ¿es posible avanzar en la democracia participativa desde los espacios de participación instituidos por la democracia representativa? Es más ¿es posible construir la sociedad de la paz, la inclusión del “otro” sin cambiar las instituciones y las maneras de la democracia que vivimos?
Seguramente las respuestas a estos interrogantes son negativos y la necesidad del cambio en las maneras de la democracia se hace más palpable, pero preocupa sobre manera que la política recentralizadora inmovilice la democracia, es decir no basta con que la democracia se cumpla formalmente sino que ella genere procesos efectivos de inclusión, no podemos salir a sacar pecho porque el congreso cumplió con el trámite de la ley orgánica de ordenamiento territorial cuando su contenido no hace avanzar el marco constitucional y al contrario inmoviliza a la sociedad porque hace aparecer el tema como algo superado que no tiene discusión por lo menos en un buen tiempo, tampoco podemos defender esa democracia que impone desde el gobierno el contenido de la ley estatutaria y ordinaria de salud, aun a costa de millones de ciudadanos que han manifestado su inconformidad con esos contenidos y que una vez aprobados por el congreso coloca a la ciudadanía en estado suspendido porque igualmente se considerara un tema superado.
La democracia recentralizadora no le apuesta al avance de la sociedad en la garantía de sus derechos, esta democracia le interesa mostrar las formas y evidenciar que existe democracia, pero sin cambiar el contenido de fondo, participación sin participación, salud sin salud, autonomía sin autonomía. Así las cosas se puede plantear que el reto más importante de la participación y de las diferentes experiencias regionales es con la democracia misma, con la necesidad de avanzar, como lo plantearía Boaventura de Souza, a una democracia de alta intensidad, que más que una utopía, como la han tildado algunos, es cada vez con mayor fuerza un imperativo social.
La Red PL y PP
En este año la red ha fortalecido su trabajo con la realización del Encuentro Departamental de Planeación Local y Presupuesto Participativo, realizado el 21 y 22 de agosto en Medellín al cual asistieron 250 personas de 125 municipios del Departamento, en este evento se refrendó la declaración oficial de voluntades para impulsar la red y el nodo Antioquia firmada por 40 municipios, la gobernación y 44 organizaciones sociales. La conclusión del evento puede resumirse en la frase “Darle la voz a las personas…para la transformación local…”1. También se llevó a cabo el segundo encuentro nacional de nodos que reflexionó entorno al seguimiento y evaluación de los procesos participativos, se presentó la experiencia de Pasto que ha sido acompañada por el Ministerio de Hacienda. Las mujeres presentes en la red realizaron dos encuentros del nodo de mujeres reflexionando sobre la política pública y la incidencia de las mujeres en ella, sobre los instrumentos y mecanismos para hacer efectiva su participación, las metodologías para la realización de procesos de presupuesto participativo sensibles al género y su contribución al fortalecimiento del territorio, la descentralización y la paz.
En noviembre se realizó el encuentro nacional en la ciudad de Pasto cuya reflexión central fue la “Paz, territorio: descentralización vs recentralización”, al cual asistieron 1024 personas de 77 municipios, 18 departamentos y una delegación de Ecuador. Fueron varios los propósitos de este encuentro entre ellos reflexionar sobre cómo se afecta en un escenario de post conflicto las políticas descentralizadoras, Intercambiar experiencias y metodologías para el seguimiento y evaluación de procesos participativos y específicamente de procesos de presupuestos participativos, reflexionar sobre la articulación de los planes de desarrollo con los presupuestos participativos, los megaproyectos y la minería y su afectación de la planeación local y la participación ciudadana y sobre la incidencia de la ruralidad en la planeación local y el PP. Todas estas reflexiones conllevan una apuesta central que se expresa en la necesidad de avanzar la descentralización y la autonomía regional.
Existe en el país un deseo por parte de distintos sectores de consolidar procesos que conlleven la participación efectiva de la ciudadanía y en ese sentido se plantea la necesidad de enfrentar las políticas recentralizadoras que limitan la participación y por lo tanto la necesidad de multiplicar las experiencias de participación ciudadana en los diferentes temas y sectores de la política pública.
Edición N° 00382 – Semana del 20 al 26 de Diciembre – 2013
Edición N° 00382 – Semana del 20 al 26 de Diciembre – 2013
1 Álvaro Córdoba Obando y Carlos Montoya Suárez. Artículo Se consolida el Nodo Antioquia de la Red Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Semanario Virtual Viva la Ciudadanía.
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0382/articulo08.html
