Mineros acusan al Gobierno colombiano de cometer delitos de lesa humanidad
A pesar de la represión policial efectuada el día de ayer en el departamento de Caldas contra mineros en huelga, el día de hoy los trabajadores de las minas decidieron mantener el paro. Datos extraoficiales señalan que ayer murieron dos personas en los enfrentamientos entre los mineros y los cuerpos antidisturbios, y varias personas, entre ellos niños, sufrieron daños por asfixia debido al lanzamiento de gases lacrimógenos. Hoy los mineros continuarán sus protestas para exigir al gobierno de Juan Manuel Santos nuevas políticas mineras que protejan al pequeño minero y no permita los atropellos de las compañías transnacionales. teleSUR
Los mineros aseguran que el Ejecutivo está cometiendo delitos bárbaros para reprimir el bloqueo en las vías del sector Irra (centro-este), lo que califican como una arremetida brutal. Mientras tanto, los campesinos del Catatumbo continúan en pie de lucha para exigir atención gubernamental.
Los mineros colombianos, declarados en huelga en contra de las políticas del Gobierno de Juan Manuel Santos, aseguraron este jueves que el Ejecutivo “está cometiendo delitos bárbaros propios del fascismo” al reprimir las manifestaciones que lleva acabo este sector.
Antonio Gutiérrez, un asesor de los mineros, sostuvo que las acciones de Santos para coaccionar el bloqueo en Irra, localidad ubicada entre los departamentos de Risaralda y Caldas (centro-oeste), es una arremetida brutal.
La víspera, el corresponsal de teleSUR en Colombia, Paúl Bacarés, informó que las protestas del sector minero se encontraban en “su punto más álgido” cuando fue atacada con gases lacrimógenos.
Igualmente, agregó que el mandatario colombiano ordenó que más grupos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), de la Policía Nacional de Colombia se hicieran presentes en el lugar.
El periodista indicó que por efecto de esta de represión “una bebé de tres meses ha sido afectada luego de que los gases llegaran hasta las casas cercanas al sector”. De igual manera, agregó que otros menores de edad residentes de la zona han sido perjudicados por efecto de los gases.
Bacarés informó los bloqueos se mantienen y los mineros “siguen resistiendo con piedras y con palos” el ataque policial que señalan “es el resultado de la orden de Juan Manuel Santos” de impedir los bloqueos de las vías bajo cualquier medida.
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminerco), Ramiro Restrepo, detalló que “estamos pidiendo que el Gobierno derogue el Decreto 2235, que faculta a la fuerzas públicas para destruir la maquinaría de los trabajadores de la minería que no posean título de autorización, que -de acuerdo a las estadísticas que poseemos- representan el 95 por ciento”.
En declaraciones para teleSUR, agregó que también exigen la adecuación de la normativa vigente en esta materia, para poder ejercer su labor legalmente. “Queremos que la actividad minera recupere su dignidad”, expresó.
El paro minero se da de forma paralela con la huelga campesina que tiene lugar en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander (noreste), desde el pasado 11 de junio. Al menos 15 mil campesinos se mantienen en pie de lucha, exigiendo al Gobierno el establecimiento de una zona de reserva campesina y otras reivindicaciones.
Ambos sectores han denunciado la falta de voluntad de diálogo del presidente Santos, ya que el Gobierno condiciona las conversaciones al levantamiento de las vías, lo que agudiza aún más la crisis social en ese país suramericano.
Este jueves, líderes agrarios y autoridades gubernamentales se mantienen a la expectativa de reanudar las conversaciones, después de tres intentos frustrados.
La movilización en el Catatumbo, que comenzó de manera pacífica, ha dejado un saldo de cuatro agricultores muertos y más de 50 heridos.
teleSUR-mt - FC
Fiscalía confirma que fueron asesinados con tiros de fusil tres de los campesinos del Catatumbo
Agencia Prensa Rural
La Fiscalía General de la Nación reconoció que las heridas que presentaban tres de los campesinos que fueron asesinados durante las protestas en Ocaña corresponden a las que deja un fusil de largo alcance de munición de “alta velocidad”, que podría ser automático o semiautomático.
El cuerto asesinado tuvo que ser exhumado para poder dar a conocer la naturaleza de sus heridas dada la precaria necropsia que se habría practicado en Ocaña. Sin mucho lugar a la duda serán las mismas causas.
De esta manera se puede calificar, ya de manera oficial, como masacre los hechos acontecidos durante la represión en la vía Ocaña-Convención.
Paralelamente, la fiscalía anuncia capturas e imputaciones por los “desordenes públicos” durante la quema de la sede del ente investigador en Tibú y anuncia que abrirá investigaciones y realizará capturas con los cargos de terrorismo, obstrucción de vías y daño en bien ajeno, además de cargos por violencia contra servidor público.
Todas estas imputaciones pretenden dar a la protesta una apariencia criminal después de los continuos señalamientos por parte del gobierno y las fuerzas armadas que afirman, sin ninguna prueba, que la protesta se encuentra infiltrada y está instigada por la insurgencia. De la misma manera pretenden asociar la revuelta en el casco urbano de Tibú, con las protestas que se encuentran fuera, en la vía, y además pretenden diluir la responsabilidad estatal en un supuesto contexto donde no había otra salida para disolver a los manifestantes que dispararles, con más razón si se trata de miembros de grupos guerrilleros, extremo rechazado frontalmente por ASCAMCAT.
La Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno colombiano la investigación de los hechos que produjeron el asesinato de 4 manifestantes durante los enfrentamientos de ejército, policía y ESMAD contra el campesinado en protesta la semana pasada, después de visitar el lugar de los sucesos y señalar que era evidente el uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas armadas. Ese extremo ya lo confirmaron las diferentes comisiones de verificación que se realizaron tanto en Tibú como en Ocaña, compuestas por organizaciones sociales nacionales, con acompañamiento internacional humanitario.
La fiscalía no confirma, pero aún así, se entiende que habrían evidencias de la responsabilidad entre los diferentes cuerpos represivos y podrían haber imputados.
Efectivamente, miembros de la policía contraguerrilla y del ejército Nacional estaban apostados en las lomas y estaban disparando contra la manifestación con armas que podrían coincidir con las descritas por la fiscalía, como muestran las imágenes de TeleSur y de la Agencia Prensa Rural.
De la misma manera, mientras en los diferentes noticieros se criminaliza la protesta social y se muestran imágenes donde se presumen ilegalidades y desordenes, la nota sobre la confirmación que llevaría a la evidencia de los asesinatos a manos del Estado, se limita a unos pocos segundos o un pequeño párrafo.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article11397
Campesinos, mineros y cafeteros protagonizan ola de protestas en Colombia
Colombia vive desde hace un mes una ola de protestas iniciada por campesinos de la localidad del Catatumbo, departamento del Norte de Santander, en reclamo de atención por parte del Gobierno ante el abandono en el que está sumida la región.
Los labriegos, que han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad en hechos que han dejado como saldo cuatro muertos, habían iniciado conversaciones con representantes del Ejecutivo. No obstante, el diálogo quedó suspendido el lunes pasado, cuando el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, insistió en que se levantara el bloqueo de rutas pero los manifestantes reiteraron que lo harán cuando se logre avanzar en algunas de sus exigencias.
Los campesinos exigen la suspensión de cultivos ilícitos, la implementación de una Zona de Reserva Campesina, como lo establece la Ley 160, de 1994, que fijó esta figura de ordenamiento territorial con el fin de consolidar la supervivencia y la economía rural.
Asimismo, piden detener el desarrollo de grandes proyectos mineros en la región y la garantía de que se respeten los Derechos Humanos.
Mineros en huelga
A la protesta de los campesinos se suma la paralización de mineros, que este miércoles iniciaron una huelga indefinida en 18 de los 32 departamentos del país para protestar contra las políticas del Ejecutivo hacia el sector, en las que declaran que no se puede practicar la actividad minera sin tener una licencia o un título que lo permita.
El presidente de Conalminerco, Ramiro Restrepo, aclaró que existe una diferencia entre minería artesanal y la ilegal.
“Existen al menos dos millones de personas que sustraen de manera artesanal los minerales. Pedimos que por medio de normas se establezca la diferencia entre la minería artesanal y la ilegal, que es la que afecta al país”, expresó el líder minero.
En el primer día de huelga, convocada por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), fallecieron dos personas, luego de la represión policial contra los manifestantes, reseñó Prensa Latina.
A través de un comunicado, el Comité Nacional del Paro Minero denunció que una de las personas murió de un paro cardíaco por la inhalación de los gases lacrimógenos lanzados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios en el departamento de Risaralda.
Los enfrentamientos más fuertes se produjeron en el corregimiento de Irra, donde fueron heridas una decena de personas y al menos 40 niños permanecen hospitalizados por el efecto de los gases.
“El Comité Nacional del Paro Minero rechaza firmemente la cruda represión de la protesta que llevan a cabo miles de mineros en todo el país por la nefasta y antinacional política liderada por Juan Manuel Santos”, señalaron los trabajadores del sector en el comunicado.
Cafeteros se paralizarán
Entretanto, el movimiento de Dignidad Cafetera convocó una huelga para el 19 de agosto, cuando está previsto en Colombia un paro nacional agropecuario, reseñó Telesur.
Los cafeteros se paralizarán para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos asumidos en marzo pasado. Dignidad Cafetera informó que los pequeños productores no tienen acceso a las ayudas estatales prometidas en esa fecha.
A pesar de la convocatoria, Luis Gaviria, representante por la Dignidad Cafetera, destacó que el gremio mantiene la disposición de mantener el diálogo con el Gobierno, siempre y cuando se garanticen los beneficios para todos los productores, sin excepción.
El presidente Santos consideró “injusto y contraproducente” el paro anunciado por los cafeteros y aseguró que ese sector “ha recibido más ayudas de su Gobierno que de cualquier otro”.
AVN
