Campesinos colombianos concretan un preacuerdo con el Gobierno para buscar las salidas a la crisis que atraviesan
los agricultores por el abandono gubernamental. (Foto: Archivo)
Otro campesino muere en las protestas del Catatumbo
Hasta el momento, se conoce que tres personas han fallecido por impactos de bala.
Aquí están en el sepelio de uno de los campesinos muertos durante las protestas en la región del Catatumbo. Foto: EFE
Al menos un campesino murió este martes y otros cuatro quedaron heridos de bala en enfrentamientos con la fuerza pública en el municipio colombiano de Ocaña, escenario desde hace dos semanas de un paro contra el abandono en que vive la región del Catatumbo, dijeron a Efe fuentes de los manifestantes.
Con esta víctima son ya tres los muertos registrados en Ocaña desde que inició el paro, el pasado 10 de junio.
Uno de los portavoces de los campesinos, César Jerez, explicó que el enfrentamiento se dio en el sitio conocido como La Y, una intersección de carreteras de Ocaña hacia la costa Caribe y a los vecinos municipios de Convención y Teorama, que los labriegos tienen bloqueada.
Al parecer hubo una ráfaga de disparos desde el sector en el que estaban posicionadas unidades del Ejército y del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía (Esmad) contra el grupo de campesinos, que en ese momento eran entre 500 y 1.000, según la fuente.
"Hay un muerto que tiene un tiro de bala en el pecho", dijo Jerez, quien explicó además que otro campesino "quedó tirado" en el lugar de la refriega y no saben si está herido o también falleció.
Aparte de ese manifestante que quedó tendido en el suelo, otros tres resultaron heridos de bala, de acuerdo con Jerez.
El sábado la protesta se cobró sus dos primeras víctimas mortales en una refriega con la fuerza pública en el mismo sector, cuando un grupo de campesinos trataba de tomarse el control del aeropuerto de Ocaña, que queda en la misma vía.
Los campesinos comenzaron hace 15 días la movilización para reclamar que se suspenda la erradicación de cultivos ilícitos y se implanten proyectos productivos, así como la creación de una zona de reserva campesina y el respeto a los Derechos Humanos en la región del Catatumbo.
La protesta congrega unos 16.000 manifestantes de la zona, de los cuales 11.000 se han congregado en Ocaña, la segunda ciudad del departamento de Norte de Santander, y 5.000 en Tibú, una importante zona petrolera, según los propios campesinos.
Tras conocerse esta nueva víctima mortal, la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo emitió un comunicado en el que exige al Gobierno "que no siga asesinando al campesinado del Catatumbo".
"Responsabilizamos al presidente Juan Manuel Santos por estos hechos y le exhortamos a que de la orden inmediata de cese al fuego", agrega el comunicado.
Por otro lado, representantes de los campesinos recibieron este martes en Tibú, uno de los focos de la protesta, a la comisión enviada por el Gobierno nacional para negociar con manifestantes e integrada además por autoridades del Norte de Santander.
Los representantes del Gobierno pidieron a los manifestantes que para iniciar una negociación se mitigue la situación alimentaria en la zona, que tras dos semanas de protesta sufre problemas de abastecimiento.
http://www.semana.com/nacion/articulo/otro-campesino-muere-protestas-del-catatumbo/348792-3
La protesta campesina en el Catatumbo
Ya lleva más de una semana la protesta campesina en la región del Catatumbo –campesinos de doce municipios se han sumado a la misma- y las demandas sociales no se diferencian a las de muchas regiones del país: carencia de servicios públicos básicos, problemas de alternativas productivas rentables –que es una de las razones para la presencia de cultivos de uso ilícito-.
Ya lleva más de una semana la protesta campesina en la región del Catatumbo –campesinos de doce municipios se han sumado a la misma- y las demandas sociales no se diferencian a las de muchas regiones del país: carencia de servicios públicos básicos, problemas de alternativas productivas rentables –que es una de las razones para la presencia de cultivos de uso ilícito-, en fin, presencia precaria o inexistente del Estado.
Pero en el centro de la misma aparece con fuerza el tema de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y la demanda de conformación de una zona de reserva campesina –que está en curso desde antes de los diálogos de La Habana-, porque los campesinos consideran que es una forma de garantizar su propiedad de la tierra y los programas de desarrollo.
Pero la respuesta estatal ha guardado el estándar histórico de este tipo de movilizaciones sociales. Primero, dejar las cosas sin atención, exclusivamente en manos de las autoridades locales que no tienen la capacidad para poderlas resolver –entre otras cosas porque la mezquina descentralización es poco lo que les ha transferido a estos funcionarios en cuanto a capacidad de decisión- y de la Fuerza Pública, que normalmente tiende a ver estas movilizaciones sociales solamente como un problema de orden público –que también lo son- y como expresiones de infiltración de movimientos subversivos y por supuesto la respuesta tiende a ser básicamente represiva.
Segundo, como normalmente no se resuelven de esta forma, sino que tienden a crecerse –el Gobierno no debería olvidar que en una sociedad como la nuestra con tantas carencias sociales represadas la posibilidad de replicación de estas protestas en otras regiones del país es muy grande-, entonces aparece el nivel central del Gobierno tratando de resolver un problema que hubiera podido evitar si tuviera una capacidad de acción proactiva y no solamente reactiva.
En el caso colombiano, en el pasado y en el presente –refresquemos la memoria con la masacre de las bananeras en 1928, la muerte violenta de nueve estudiantes de la Universidad Nacional, entre el 8 y 9 de junio de 1954 al ser reprimida la manifestación de jóvenes universitarios liberales y conservadores durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas, el tratamiento a múltiples movilizaciones sindicales y campesinas- la situación no es muy diferente: toda expresión de protesta social -sea de campesinos, pobladores, sindicalistas o estudiantes-, como expresiones o manipulaciones de los ‘terroristas’, pero todo ello para deslegitimar la protesta frente a los ciudadanos y justificar casi siempre tratamientos solamente represivos. En Colombia la presencia del conflicto interno armado crónico les ha dado argumentos a los gobernantes para esta descalificación.
El poder establecido siempre tiende a descalificar a quienes lo cuestionan o lo confrontan y casi siempre terminan dándoles calificativos y valoraciones equivocados. Durante la Guerra Fría eran los ‘comunistas’ quienes supuestamente estaban detrás de todo tipo de expresión de descontento social. Después del 11 de septiembre de 2001 son los ‘terroristas’ los nuevos demonios. Pero realmente lo que hay en el fondo es la incapacidad de los gobernantes -sin importar mucho el signo político, todos reaccionan de manera similar- de reconocer la protesta ciudadana como una de las expresiones legítimas del descontento social.
Porque claramente lo que expresa la protesta social es un descontento que se manifiesta por las vías de hecho, fundamentalmente porque hay poca o nula credibilidad en los canales institucionales. Este es de los grandes desafíos de las democracias contemporáneas, que tienden a creer que la democracia se agota en los mecanismos de representación institucional y minimizan o subvaloran las expresiones de la participación ciudadana. A propósito, ¿donde están los congresistas de la región del Catatumbo, de los distintos partidos políticos ayudando a resolver un problema social relevante?
Ojalá el Gobierno Nacional, a través de sus distintos funcionarios, con el acompañamiento de la Iglesia católica que ha sido fundamental y de los gobernantes municipales, encuentren el camino apropiado de solución, vía el medio básico para resolver conflictos en democracia: el diálogo con los ciudadanos descontentos. Y que la tentación propia de los gobernantes autoritarios, que creen que todo se resuelve solamente con el uso de la fuerza no prime, porque muy seguramente el problema no se resuelve sino que se empeora. Sensatez esperamos de los gobernantes, especialmente con regiones totalmente abandonadas de la acción pública, como esta del Catatumbo.
ALEJO VARGAS
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Responsabilizan al Gobierno por masacre de campesinos en el norte colombiano
Colombianos se solidarizan con los campesinos del Catatumbo (foto: EFE)
La presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo afirmó que los agricultores se sienten indignados por el fallecimiento de sus compañeros producto de la represión policial durante las protestas que llevan a cabo por el estado de abandono de la localidad y para exigir atención del Estado.
Campesinos del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), responsabilizaron este miércoles al Gobierno colombiano por la muerte de cuatro labriegos y las heridas causadas a cerca de 30 durante la represión ejercida por las fuerzas policiales contra la protestas en la zona.
La presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Gilma Tellez, afirmó que los agricultores se sienten indignados por la muerte de sus compañeros de lucha durante las manifestaciones que llevan a cabo para exigir la atención del Estado por el abandono que sufre la localidad. “Culpamos al Gobierno por esta clase de atropellos”, señaló.
“Responsabilizamos al Estado de masacrarnos, el Ejército le disparó a los campesinos para que se desmovilizaran”, reiteró Tellez en entrevista para teleSUR.
“Como campesinos pedimos las cosas dignamente, desde hace 70 años se explota el petróleo en el Catatumbo y no tenemos vías. Nosotros estamos en miseria mientras las transnacionales siguen explotando nuestros recursos”, sostuvo.
De igual manera, aseguró que irán hasta las últimas consecuencias. No obstante, aclaró que los labriegos tienen la disposición de dialogar y no se ha podido llegar a ningún acuerdo, pues “todavía no se ve ninguna respuesta por parte del Gobierno (...) Ellos quieren instaurar la mesa únicamente con sus condiciones y no toman en cuenta las de los campesinos”.
La víspera, el ministro de Interior colombiano, Fernando Carrillo, afirmó que el Gobierno instalaría la mesa de negociación en el Catatumbo “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”.
Tras un encuentro en la Casa de Nariño -sede de la Presidencia- con siete alcaldes de esa zona de Norte de Santander, el gobernador de esa región y el presidente Juan Manuel Santos, Carrillo subrayó que en la mesa de concertación "solo se discutirán los temas puntuales sobre condiciones sociales del área afectada y con los voceros legítimos de las comunidades", según reseñó un diario local.
Este martes, la coacción por parte de las fuerzas de seguridad colombianas en el municipio de Ocaña causó dos muertes y al menos 13 campesinos resultaron heridos, cuando los agricultores se dirigían por el sector Aguas Claras del Catatumbo para manifestar sus reclamos.
Más temprano, los labriegos habían denunciado la militarización de esa zona, como parte de la política represiva emprendida por Santos, que el pasado sábado cobró otras dos vidas y dejó más de 16 personas heridas.
Sobre ese aspecto, Tellez indicó que “es una política que tiene el Gobierno en contra de los campesinos (…) Ellos no tienen en cuenta que como civiles trabajamos dignamente, ellos se niegan a reconocer nuestro trabajo”.
Desde el pasado 11 de junio, tensas jornadas viven los agricultores que salieron a la calle a exigir la definición de una Zona de Reserva y la sustitución gradual de cultivos ilícitos mediante proyectos productivos sostenibles.
Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia de Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.
“Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia”, apunta el texto.
Campesinos colombianos logran preacuerdo con representantes del Gobierno
Este jueves se reunieron en Tibú, representantes del gobierno colombiano y campesinos que protestan por mejorías en temas agrarios y sociales. El pliego petitorio y las quejas por los abusos policíacos —que han dejado cuatro muertos y 30 heridos en los últimos días— fueron entregados por los delegados en la llamada Mesa de integración y acuerdos. Con este encuentro en la región del Catatumbo se establecen las reglas de diálogo para buscar soluciones en favor del campesinado en el país suramericano. teleSUR
Líderes campesinos del Catatumbo del norte de Santander iniciaron diálogo con una comisión gubernamental bajo la Mesa de Integración y Acuerdos donde establecieron la ruta de trabajo y la exigencia de instalar con inmediatez la Zona de Reserva Campesina.
Autoridades del Gobierno colombiano y representantes de los Campesinos del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), establecieron un preacuerdo este jueves donde se concreta la ruta de trabajo y las carteras que el Gobierno evaluará en materia agraria.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao, reportó que el gobierno colombiano y los campesinos del Catatumbo ya iniciaron conversaciones bajo la denominada Mesa de Integración y Acuerdos, en el que ambas partes evaluarán los motivos por los cuales se manifiestan estas luchas.
Henao informó desde el municipio de Tibú (norte) que “ya existe un preacuerdo firmado entre ambas partes donde se comprometen a establecer una ruta de trabajo y qué carteras evaluará el Gobierno en materia agraria”.
Los campesinos, por su parte, entregaron a las autoridades gubernamentales un pliego de peticiones donde se exige la activación con caracter de inmediatez de la Zona de Reserva Campesina, así como la investigación de las cuatro muertes y 16 heridos durante las protestas.
El gobierno colombiano, a través del viceministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo hizo una exposición de cuentas sobre las inversionas realizadas en esta región, sin embargo, admitieron que es necesario ampliar las políticas para la zona.
Esta mesa de negociación busca darle una salida a la crisis que atraviesan los agricultores por el abandono gubernamental. Desde el pasado 11 de junio los campesinos dieron inicio a una serie de protestas que fueron reprimidas brutalmente por las fuerzas del orden dejando un saldo de cuatro campesinos fallecidos.
Henao señaló que los siete municipios que componen la región del Catatumbo (norte de Santander), se encuentran en asambleas permanentes y expectantes a las conclusiones de esta reunión.
En el municipio de Ocaña (noroccidente de Santander), los campesinos se agruparon nuevamente luego de haberse dispersado tras los hechos violentos que dejaron un lamentable saldo de cuatro personas fallecidas.
En la reunión participan una comisión integrada por el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan; el viceministro de Defensa y miembros de Departamento de Planeación Nacional.
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