JUSTICIA PERSONALIZADA
Cuando la administración de justicia se personaliza, se corrompe; así está el poder judicial en colombia.
Ulises Casas Jerez
Crítica Política Numero: 222
Si analizamos detenida y profundamente la actividad judicial en Colombia, y también en el resto de países del mundo, encontramos que el poder Judicial se ha erigido en un ente politizado que asume funciones de poder ejecutivo. En efecto los procesos penales han venido dirigidos de acuerdo a la naturaleza y condiciones económicas, sociales y políticas de las partes en el mismo. Si el victimario pertenece a los elevados estratos económicos y, en consecuencia, sociales y políticos, el juez o magistrado interpretará de tal manera los elementos del proceso que concluirá en su absolución o en decisiones muy favorables del procesado; si, por el contrario, es la víctima la que se encuentra en esas condiciones económico-sociales, la otra parte, el procesado, sufrirá los rigores del consiguiente artículo correspondiente del código penal.
En medio de todo este andamiaje jurídico procesal se mueven inmensas sumas de dinero que se deslizan por las manos de abogados, auxiliares de la justicia, hasta llegar al mismo juez o magistrado ya sea en forma directa o indirecta, pero real. No es necesario poseer condiciones de elevado carácter intelectual, jurídico o administrativo para llegar a estas conclusiones: todo esto es lo general; lo excepcional es lo contrario; podemos pensar que solo un dos o tres por ciento de la masa de jueces y magistrados es inmune a la corrupción o a la simpatía por uno u otro de los actores de la acción penal. En la rama civil, administrativa y laboral podremos pensar que se encuentra en similares condiciones ya que allí se mueve ya no la libertad o condena del procesado sino sumas inmensas de dinero en pleitos de todo orden.
La causa de todo este fenómeno se encuentra en la estructura material económica de la sociedad actual a nivel mundial: el capitalismo posee como esencia la ganancia. Todo ser humano, en la búsqueda de riqueza acude a todos los medios posibles para acceder a ella; si posee poder político tiene un medio muy poderoso para lograrlo; en la estructura del Estado se encuentra la riqueza de la Nación constituida por toda clase de bienes y fundamentalmente por el monto tributario que todos los ciudadanos allegan a él en forma permanente.
Los fondos dinerarios de la Nación se encuentran en las arcas del gobierno nacional, en las de los gobiernos departamentales y en las de los municipios; además en gran número de entidades descentralizadas pero que pertenecen al País. Es un monto inmenso de dinero en manos de toda clase de personajes cuya mayoría poseen la ideología de propietarios y, en consecuencia, el deseo permanente de obtener más y más bienes y riquezas de las que poseen, así éstas sean grandes. La ambición por la riqueza no tiene límites en la inmensa mayoría de la población.
El poder judicial, en consecuencia, se ha contaminado de la ideología de la ambición por el dinero, por la adquisición de inmensas riquezas; ese deseo no tiene límites; así es como entendemos que por elevados sueldos que tengan jueces y magistrados, siempre afirmarán que son bajos y que necesitan se les eleven; un magistrado con más de veinte millones de pesos al mes desea que se le aumenten, un juez con tres o cuatro millones al mes con mayor razón pensará lo mismo; y mientras todo esto sucede en sus cerebros contaminados por el consumismo y la ambición, ideará toda clase de medios, en el ejercicio de sus funciones, para lograr adquirir más y más. De ello solo se salva, como dijimos, un mínimo porcentaje, tal vez aquellos cuyo cerebro posee otros fines ya sean culturales, intelectuales o de una vida digna y tranquila en medio de ese cuadro de corrupción generalizada.
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