El triunfo de la Resistencia Civil sobre un Frankestein de 10 billones de pesos
Aurelio Suárez Montoya
El artículo “Costos y eficiencia de la Rama Judicial en Colombia”, de la revista Carta Financiera de la Anif (enero 2012) advertía, en cuanto a la reforma a la justicia, “focalizar en temas de superación de los cuellos de botella mediante la implementación de esquemas de choque”. Reiteraba, al iniciarse la legislatura definitiva para la Reforma, que lo principal era descongestionar los procesos judiciales mediante utilización de agentes ajenos a la Rama, abogados, notarios, centros de conciliación y otros, para cuya remuneración se volvía norma constitucional el arancel judicial como peaje para el acceso al derecho.
Los estudios del Banco Mundial, de Anif y de la Asociación Bancaria apuntaban en la misma dirección, ya que, de 1,5 millones de procesos activos (existen otros 800 mil sin trámite por las partes), el 33% son ejecutivos, singulares, mixtos e hipotecarios, correspondientes a entidades financieras. Un ejercicio del Banco Mundial asumió la suma de $20 millones como valor promedio de cada proceso, con lo cual el sector financiero tiene embolatados en despachos judiciales algo más de $10 billones. Por esto, el presidente del Grupo Aval pidió $2 billones extras del presupuesto nacional para la cruzada: gastar dos del erario para que la banca recupere 10.
Según ANIF, mientras en la “vecindad” (América) el gasto promedio en Justicia es de 0,81% del PIB, en Colombia es de 0,86%: sin embargo, cuando se mira la Rama Judicial, sin la Fiscalía, el promedio regional es de 0,5% del PIB y el nacional cae al 0,36%. Al comparar el número de jueces por cada 100 mil habitantes, el resultado es igual, 10,2; pero si se coteja, con el mismo parámetro, el total de empleados judiciales, aquí es de 99 y en la región de 107.
Lo grave es el número de procesos. En nuestros juzgados, por cada 100 mil habitantes, es de 6.337, en USA de 686 y en el vecindario de 2.991. Esta cifra no está relacionada solamente con pleitos bancarios, el 22%, 300 mil, corresponde a seguridad social y salud, de los cuales el 40%, 120 mil, son tutelas.
Al proyecto de privatización de la Justicia-para rescatar los $10 billones- se le colgaron otras especies, permitidas en aras de su objetivo primordial, pese a reparos fuera y dentro del Congreso, como los del Observatorio de Justicia y los del Polo Democrático, hasta convertirse en un Frankestein.
Juan Manuel Santos, puesto en evidencia por la opinión, decidió, como con el monstruo de marras, eliminarlo sin respetar pinta ni norma y en operación de salvamento de su imagen y reelección. Por ahora, los $10 billones siguen enredados, triunfó la Resistencia Civil.
Twitter: @AurelioSuarez
