DELINCUENTES LEGISLAN PARA Sí.
El congreso de colombia, pleno de delincuentes, rompe la institucionalidad.
Ulises Casas Jerez [casasulises@...]
El gobierno envió al Congreso un proyecto de supuesta reforma a la justicia. Por tratarse de un acto reformatorio de la Constitución, debió discutirse en ocho sesiones de las respectivas cámaras legislativas. Al final, una conciliación llevó a la plenaria la aprobación y en esa forma, la Constitución de 1991 fue liquidada en algunos de sus esenciales principios.
Lo que los parlamentarios establecieron como reforma a la justicia constituye una serie de normas constitucionales mediante las cuales ellos mismos se blindan hacia el futuro de la posibilidad de ser llevados a los tribunales por delitos cometidos o por faltas propias de su investidura. Esto pudo llevarse a cabo porque decenas de ellos se encuentran incursos en investigaciones de orden penal y muchos de sus colegas se hallan pagando largas condenas por delitos de carácter común. A la vez, muchos funcionarios de gobiernos anteriores y del presente también se hallan investigados y otros sancionados e inhabilitados para ocupar cargos públicos por muchos años.
A fin de lograr impunidad en sus acciones delictivas y actos de corrupción, los parlamentarios establecieron normas mediante las cuales el proceso se convierte en un burladero de la ley penal y de las sanciones administrativas.
El proceso legislativo reformatorio de la Constitución estuvo planificado en tal forma que del mismo formaron parte el Poder Ejecutivo que elaboró el proyecto, el Poder Judicial que obtuvo prebendas como el aumento de los períodos en su ejercicio judicial y mayores sumas en el presupuesto del mismo con el consiguiente aumento de sus respectivas pensiones; el Poder Legislativo legislando en causa propia como queda dicho.
Ahora, cuando la opinión nacional se ha dado cuenta del acuerdo delictivo todos los intervinientes en el mismo se culpan recíprocamente y el Presidente acude a una exculpación leguleya pretendiendo objetar por inconstitucional e inconveniente el acto legislativo cuando sabe o debe saber que, por tratarse de reforma a la Constitución, no puede hacerlo. En ese sentido se ha establecido, por la Corte Constitucional, en obedecimiento a la norma de la misma Constitución.
La violación de los principios constitucionales vigentes, por parte de los parlamentarios, en el caso que comentamos, ha levantado una ola de indignación que, incluso, los mismos dirigentes políticos de los partidos representados en el Congreso se han manifestado en contra de lo sucedido; naturalmente que lo hacen hipócritamente como políticos tradicionales incursos en la corrupción y el sostenimiento de privilegios que da el poder del Estado al cual han estado vinculados siempre.
Algunas organizaciones están planificando llevar a cabo un referendo revocatorio de la referida enmienda constitucional convocando a la opinión nacional. Esta movilización debe reunir a la mayor parte del pueblo colombiano en un acto de protesta y denuncia de la corrupción, de la delincuencia parlamentaria, judicial y administrativa del Estado.
Sin embargo, entendemos que estas manifestaciones, aunque justas y necesarias, son apenas formas de expresión popular, que no pueden incidir en la estructura real del régimen que gobierna; el régimen es la expresión de los intereses de los sectores del gran capital tanto nacional como internacional y la corrupción es inherente al mismo. Mientras exista la propiedad privada individual sobre los medios e instrumentos de la estructura económica dominante, el capitalismo, esta clase de situaciones en la supraestructura de la nación seguirán existiendo así sea en diferente forma. La corrupción ha penetrado todos los estamentos de la Administración a tal punto que sectores como los de la salud y la educación han sido aprovechados por los funcionarios de turno. Solo formas nuevas de organización social en lo económico podrán dar origen a una sociedad en la cual estos fenómenos políticos desaparezcan.
